{"id":103192,"date":"2026-07-02T18:29:37","date_gmt":"2026-07-02T18:29:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103192"},"modified":"2026-07-02T18:29:37","modified_gmt":"2026-07-02T18:29:37","slug":"stc17001-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17001-2019\/","title":{"rendered":"STC17001-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC17001-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04096-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Liliana Mahecha Quintero en contra del Consejo Superior de la Judicatura \u2013Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a los cargos de carrera \u00abpara el cumplimiento de la funci\u00f3n p\u00fablica\u00bb, toda vez que vez que considera que dentro de la Convocatoria No. 27 la cual abri\u00f3 al proceso de selecci\u00f3n y convoc\u00f3 a concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, la parte convocada aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 41 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual permite corregir las irregularidades que se presenten en la actuaci\u00f3n administrativa, pero no en el acto administrativo en s\u00ed y m\u00e1s si en cuenta se tiene, que con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n CJR19-559, culminaba la primera fase del concurso y se abr\u00eda el ingreso a la segunda etapa, por tanto no hubo una mera expectativa, ya que exist\u00eda la seguridad de haber obtenido el ingreso a la siguiente y continuar con el proceso de selecci\u00f3n. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la Resoluci\u00f3n CJR19-0679 si bien se puede calificar como un acto administrativo de contenido particular, porque define la situaci\u00f3n de un n\u00famero determinado de personas, lo cierto es que \u00abpodr\u00eda decirse que son la acumulaci\u00f3n, reuni\u00f3n o suma de actos administrativos de car\u00e1cter individual, personal y concreto\u00bb, es m\u00e1s en su caso equivale a una revocatoria directa, por cuanto hubo una variaci\u00f3n sustancial, ya que pas\u00f3 de haber aprobado a no haberlo hecho, de manera que de acuerdo con el art\u00edculo 79 ib\u00eddem al tratarse de un acto particular y concreto, no pod\u00eda sin su consentimiento ser revocado, por lo que la administraci\u00f3n solamente contaba con la posibilidad de iniciar una acci\u00f3n de lesividad, pero no lo inici\u00f3. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene a la parte accionada que \u00abse dejen sin valor y efecto las Resoluciones CJR19-0679 del 7 de junio de 2019 CJR19-0877 del 28 de octubre de 2019 y se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial, que, con fundamento en su Resoluci\u00f3n cjr18-559 DEL 28 de diciembre de 2018, me incluya en la fase siguiente del concurso de m\u00e9ritos, Convocatoria 27\u00bb. <\/p>\n

1. El Consejo Superior de la Judicatura profiri\u00f3 el Acuerdo No. PCSJA18-1107 del 16 de agosto de 2018 por medio del cual abri\u00f3 la convocatoria No. 27, para el proceso de selecci\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. <\/p>\n

2. La accionante se postul\u00f3 para el cargo de Juez Penal del Circuito, por lo que fue convocada a presentar la prueba de aptitudes y conocimiento. En relaci\u00f3n con \u00e9sta la autoridad accionada public\u00f3 sus resultados, mediante la Resoluci\u00f3n CJR18-559 del 28 de diciembre de 2018, en la cual se arroj\u00f3 como resultado el de 804.75 puntos y la anotaci\u00f3n \u00abSi aprob\u00f3\u00bb, por lo tanto continuaba en el concurso y pasaba a la fase de la verificaci\u00f3n de requisitos m\u00ednimos. <\/p>\n

3. Agreg\u00f3, que el 7 de junio de 2019 mediante la Resoluci\u00f3n CJR19-0679 la convocada dispuso que conforme al art\u00edculo 41 de la ley 1437 de 2011, se deb\u00eda corregir la actuaci\u00f3n administrativa a partir de la incorporaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n de las pruebas de aptitudes y conocimiento, incluida su publicaci\u00f3n mediante las Resoluciones CJR18-559 de 2018 y CJR19-632 de 2019. <\/p>\n

As\u00ed, procedi\u00f3 a publicar la nueva calificaci\u00f3n, el anexo 1 correspond\u00eda a quienes obtuvieron m\u00e1s de 800 en el examen, es decir, que continuaban en la fase II de la etapa de selecci\u00f3n y en el anexo 2 la de quienes tuvieron menos de 800 puntos en esa etapa, personas que entonces quedaban excluidos del concurso, por lo que al revisar los anexos se percat\u00f3 que se encontraba en el No. 2, con calificaci\u00f3n de 779.27 puntos y la anotaci\u00f3n \u00abNo Aprob\u00f3\u00bb, lo que significa que hab\u00eda sido eliminada del concurso. <\/p>\n

4. Frente a la anterior determinaci\u00f3n interpuso el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

5. Mediante la Resoluci\u00f3n CJR19-0877 del 28 de octubre de 2019, se confirm\u00f3 el resultado del examen que le fue asignado en la Resoluci\u00f3n CJR19-0679, tras concluir que no era necesario el consentimiento de los participantes para rectificar la actuaci\u00f3n administrativa, toda vez que la Resoluci\u00f3n CJR18-559 de 2018 no se encontraba en firme, por tanto solo otorga una mera expectativa, ya que en este tipo de convocatorias solamente cuando existe el acto de conformaci\u00f3n del Registro Nacional de Elegibles se concretar\u00e1 alg\u00fan derecho. Adem\u00e1s, la modificaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n obedeci\u00f3 a la necesidad de ajustar a la realidad la calificaci\u00f3n de las pruebas, pues con ocasi\u00f3n a los errores presentados, \u00abpasaban 1844 aspirantes, por cuenta del error cometido por la Universidad Nacional de Colombia\u00bb. <\/p>\n

6. Agreg\u00f3, que en su caso la autoridad accionada aplic\u00f3 de forma indebida el art\u00edculo 41 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues \u00e9ste permite corregir las irregularidades que se han presentado en la actuaci\u00f3n administrativa, pero no en el acto administrativo en s\u00ed y m\u00e1s si en cuenta se tiene, que con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n CJR19-559, culminaba la primera fase del concurso y se abr\u00eda el ingreso a la segunda etapa, por tanto no hubo una mera expectativa, ya que exist\u00eda la seguridad de haber obtenido el ingreso a la siguiente etapa y continuar con el proceso de selecci\u00f3n. <\/p>\n

7. Precis\u00f3, que la Resoluci\u00f3n CJR19-0679 si bien se puede calificar como un acto administrativo de contenido particular, porque define la situaci\u00f3n de un n\u00famero determinado de personas, lo cierto es que \u00abpodr\u00eda decirse que son la acumulaci\u00f3n, reuni\u00f3n o suma de actos administrativos de car\u00e1cter individual, personal y concreto\u00bb, es m\u00e1s en su caso equivale a una revocatoria directa, por cuanto hubo una variaci\u00f3n sustancial, ya que pas\u00f3 de haber aprobado a no hacerlo, de manera que de acuerdo con el art\u00edculo 79 ib\u00eddem al tratarse de un acto particular y concreto, no pod\u00eda sin su consentimiento ser revocado, por lo que la administraci\u00f3n solamente contaba con la posibilidad de iniciar una acci\u00f3n de lesividad, pero no lo inici\u00f3. <\/p>\n

8. Manifest\u00f3, que no es ajustado a derecho lo aducido por la accionada en relaci\u00f3n con que la \u00fanica actuaci\u00f3n administrativa que genera derechos particulares durante el concurso es la conformaci\u00f3n de la lista de elegibles, pues las restantes solo comportan meras expectativas, ya que de aceptarse tal razonamiento dar\u00eda lugar a que la administraci\u00f3n en cualquier momento modifique sus decisiones al margen del procedimiento que fija la ley, \u00abpara aquellos casos en los que se altera en forma contundente la situaci\u00f3n del particular\u00bb. <\/p>\n

9. En criterio de la peticionaria, la parte accionada trasgrede sus derechos fundamentales por la modificaci\u00f3n de su situaci\u00f3n particular frente a la primera calificaci\u00f3n de la prueba de aptitudes y de conocimiento, dentro de la convocatoria PCSJA18-1107 del 16 de agosto de 2019, ya que afirma que hubo una variaci\u00f3n sustancial, pues pas\u00f3 de haber aprobado a no haberlo hecho, sin que se le hubiera solicitado su consentimiento para ello. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 9 de diciembre de 2019 se dio curso a la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando a trav\u00e9s del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica se cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario para que los particulares reclamaran la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, se parti\u00f3 del supuesto de que el titular del derecho no dispusiera de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb. A menos que la acci\u00f3n se utilizara como \u00abmecanismo transitorio\u00bb para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Debe recordarse entonces que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad; pues s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho fundamental conculcado. As\u00ed, no se puede considerar la tutela como un mecanismo alternativo o adicional a favor del particular, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de otros derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En concordancia con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, fij\u00f3 las causales de improcedencia, entre las que se resalta la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb. <\/p>\n

2. Por su parte, los concursos de m\u00e9ritos, son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad. <\/p>\n

Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas. <\/p>\n

Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n

3. En el caso que es objeto de estudio, se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues se observa que la quejosa cuenta con otros medios de defensa judicial para formular el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone. <\/p>\n

En efecto, el cuestionamiento y debate de los actos administrativos adoptados al interior del concurso de m\u00e9ritos al que se inscribi\u00f3 la accionante en el cargo de juez penal del circuito, y en virtud del cual aduce se quebrantaron sus garant\u00edas fundamentales, debe suscitarse y definirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante las acciones correspondientes, como la de nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n

Es en tal escenario dise\u00f1ado por el legislador, en donde el peticionario del amparo puede debatir la legalidad de las decisiones que lo excluyeron del concurso por no acreditar los requisitos m\u00ednimos para el cargo al que se present\u00f3, reparos en los que funda su queja constitucional. <\/p>\n

Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: \u00ab[e]s, entonces, en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponde, am\u00e9n de que en esta instancia tambi\u00e9n pueda solicitarse la suspensi\u00f3n provisional, medida cautelar prevista en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo contra los actos administrativos de contenido general o particular, siempre que se cumplan ciertos requisitos (arts. 152 y ss.) y que de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb1. <\/p>\n

Resulta entonces ostensible, que si el promotor del amparo a\u00fan cuenta con otros medios de defensa judicial, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discute, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

4. Aunado a lo anterior, se reitera que dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb.2 <\/p>\n

5. Por otra parte, tampoco puede predicarse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda del acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica, puesto que la jurisprudencia de esta Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que, de cara a los procesos de selecci\u00f3n, las prerrogativas de los aspirantes son meras expectativas frente a las resultas de los mismos, circunstancia que terminar de corroborar la improcedencia del amparo (CSJ STC 27 ene. 2012, Rad. 2011-01635-01; reiterado en STC400-2014). <\/p>\n

Al respecto se destaca que en los concursos de m\u00e9rito, solamente cuando se conforma la lista de elegibles, se define la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los participantes, ya que se concreta su adquisici\u00f3n de un derecho particular, el cual les da la certeza de poder acceder al cargo para el cual concursaron, dado que durante las etapas anteriores del concurso, las personas tan s\u00f3lo cuentan con una mera expectativa de pasarlo. Sobre el tema la Corte Constitucional ha sostenido: <\/p>\n

\u00abSolamente la conformaci\u00f3n de la lista de elegibles que debe adoptarse mediante acto administrativo, define la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los participantes, puesto que adquieren un derecho particular y concreto que les da la certeza de poder acceder al cargo para el cual concursaron. Durante las etapas del concurso, tan s\u00f3lo tiene una expectativa de pasarlo. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el surgimiento de derechos dentro del desarrollo de concurso de m\u00e9ritos, la Corte en sentencia T-1241 de 2001, dijo lo siguiente: <\/p>\n

\u2018(\u2026) la conformaci\u00f3n de la lista de elegibles es la formalizaci\u00f3n de un derecho subjetivo que surge de la certeza de los resultados del concurso, esto es, una vez se encuentran en firme las calificaciones, se conoce el puntaje definitivo obtenido por los aspirantes y las impugnaciones a las calificaciones presentadas por los concursantes ya han sido resueltas. La lista de elegibles organiza la informaci\u00f3n de los resultados del concurso y se\u00f1ala el orden en que han quedado los aspirantes. Esta lista tiene como finalidad hacer p\u00fablicos los nombres y lugares ocupados por los distintos aspirantes, de tal forma que se facilite tanto el proceso de nombramiento en el cargo para el cual concursaron, como la eventual impugnaci\u00f3n de la inclusi\u00f3n, ubicaci\u00f3n o puntaje de un aspirante en la lista por posible fraude, incumplimiento de los requisitos de la convocatoria, o por error num\u00e9rico que altere el orden en la lista\u2019\u00bb (CC, T- 945 de 2009, 16 Dic. 2009). <\/p>\n

6. Bastan los precedentes razonamientos para negar la tutela deprecada ante la existencia de otros medios de defensa judicial para formular el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone el actor.
\nIII. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tSentencia de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01, reiterada \tsentencia de 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y sentencia de \t14 de octubre de 2011, exp. 54001-22-13-000-2011-00201-01.
\n2\u0002 \tSentencias de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01; 21 de mayo \tde 2008, exp. 2008-00107-01 y 14 de octubre de 2011, exp. \t2011-00201-01, entre otras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC17001-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04096-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Liliana Mahecha Quintero en contra del Consejo Superior de la Judicatura \u2013Unidad de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}