{"id":103193,"date":"2026-07-02T18:29:43","date_gmt":"2026-07-02T18:29:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103193"},"modified":"2026-07-02T18:29:43","modified_gmt":"2026-07-02T18:29:43","slug":"stc17002-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17002-2019\/","title":{"rendered":"STC17002-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC17002-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00680-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieseis (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a todas las autoridades, partes e intervinientes dentro del asunto objeto de queja computacional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al no aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en la controversia popular que se tramita bajo el radicado No. 2016-00495. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se conceda la protecci\u00f3n implorada, y en consecuencia, se ordene \u00abi) al juez querellado aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, ii) al juzgado querellado, que aporte copia f\u00edsica de todas las acciones populares donde haya presentado tutela solicitando aplicaci\u00f3n al 121 y iii) a la defensor\u00eda que presente todas las acciones legales a fin que me garantice el art 29 de la CN en las acciones populares que se tramitan en el juzgado tutelado y se ordene cumplir la ley 734 de 2002\u00bb. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 17 de noviembre de 2016, el actor present\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de Audifarma, sucursal de la carrera 17b Calle 13 de Barranquilla, pues en su sentir, la entidad no ten\u00eda ba\u00f1o apto para ciudadanos que se movilizaran en silla de ruedas. <\/p>\n

2. El conocimiento del litigio, lo asumi\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, bajo el radicado No. 2016-00495, quien el 23 de noviembre seguido, admiti\u00f3 el libelo, le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite de rigor y orden\u00f3 las notificaciones propias de la cuesti\u00f3n. <\/p>\n

3. M\u00e1s adelante, el 18 marzo 2019 se notific\u00f3 la entidad demandada y 2 abril siguiente contest\u00f3 el libelo. <\/p>\n

4. Posteriormente, el 31 mayo 2019, el tutelante pidi\u00f3 aplicaci\u00f3n del art 121 del C\u00f3digo General del Proceso,
\n5. El 31 mayo del a\u00f1o que avanza, el despacho neg\u00f3 tal solicitud, con sustento en que el enteramiento de la pasiva se surti\u00f3 el 18 de marzo de \u00e9stas calendas, por lo que no se hab\u00eda cumplido el a\u00f1o para fallar. <\/p>\n

6. Inconforme el quejoso, interpuso petici\u00f3n de salvaguarda, la que se conoci\u00f3 en segunda instancia por \u00e9sta Sala bajo el radicado No. 2019-460-01. <\/p>\n

7. Sin embargo; en providencia del 22 agosto de la presente anualidad, se confirm\u00f3 el fallo impugnado, al referir que el impulsor no recurri\u00f3 el auto atacado, por lo que no hab\u00eda atendido al requisito de subsidiariedad. <\/p>\n

8. Agotadas las etapas procesales pertinentes, el 26 septiembre 2019, el fallador de instancia, emiti\u00f3 sentencia en la que no accedi\u00f3 las pretensiones del escrito genitor. <\/p>\n

9. En desacuerdo el gestor apel\u00f3 y a su vez formul\u00f3 nulidad de lo actuado, por no aplicarse el art\u00edculo ib\u00eddem de la norma procesal civil. <\/p>\n

10. El 16 octubre contiguo, el juez corri\u00f3 traslado de la invalidez, al extremo convocado, por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas y actualmente se encuentra pendiente de resolverse. <\/p>\n

11. El reclamante acudi\u00f3 el 25 de octubre anterior, a este mecanismo constitucional, con el fin de exigir la defensa de sus prerrogativas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, las transgrede al no declarar la p\u00e9rdida de competencia, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 28 de octubre de 2019, se admiti\u00f3 la queja constitucional y se orden\u00f3 el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 12, c. 1] <\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Procurador 12 Judicial II para asuntos civiles, rog\u00f3 denegar la protecci\u00f3n deprecada, dada su improcedencia, por cuanto carec\u00eda de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, aunado a que se deb\u00eda examinar si las decisiones tomadas en aquella instancia, no ten\u00edan un debido argumento jur\u00eddico. <\/p>\n

2.1. Por su parte, el Procurador Regional de Risaralda, se mostr\u00f3 ajeno a los hechos en los cuales el censor fundament\u00f3 su reproche, puesto que su intervenci\u00f3n, como ente de control, se dirige exclusivamente a propender por los derechos e intereses colectivos, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n. <\/p>\n

2.2. El apoderado judicial de la Alcald\u00eda de Pereira, indic\u00f3 que no le constan los hechos rese\u00f1ados por el querellante y que se atiene a lo resuelto en la tutela. <\/p>\n

2.3. La Procuradur\u00eda Provincial de Pereira, puntualiz\u00f3 que no era viable acceder a la petici\u00f3n de amparo, conforme a los preceptos del Decreto 2591 de 1991, e implor\u00f3 no acceder a lo pretendido. <\/p>\n

2.4. Finalmente la Alcald\u00eda de Barranquilla, requiri\u00f3 desestimar los pedimentos tutelares e invoc\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n

3. En resoluci\u00f3n de 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la defensa suplicada, tras concluir que el recurrente no cumpli\u00f3 con los requisitos generales de subsidiariedad, toda vez que \u00abla solicitud de amparo se torna prematura, por cuanto la misma fue interpuesta el 25 de octubre pasado, esto es, antes de que el juzgado resolviera sobre la nulidad formulada (\u2026)\u00bb. [Folios 62- 65, c.1] <\/p>\n

4. El tuteante impugn\u00f3, insistiendo en los mismos argumentos iniciales. [Folio 69, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la custodia oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la defensa de las garant\u00edas de los ciudadanos. <\/p>\n

Acorde con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 como causal de improcedencia, la de disponer el interesado de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara de forma provisional para evitar un da\u00f1o que no pudiera corregirse, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos instrumentos ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. Hecho el anterior recuento, evidente es la no procedencia de \u00e9sta acci\u00f3n, toda vez que la misma no re\u00fane los requisitos para su excepcional viabilidad, en la medida en que al momento en que se acudi\u00f3 a \u00e9sta, estaba pendiente de resolverse la solicitud de invalidez que el recurrente interpuso, luego de que se emitiera la decisi\u00f3n de primera instancia, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, y en ese sentido, la misma es prematura. <\/p>\n

En efecto, es claro que uno de los reproches del gestor, se circunscribi\u00f3 en recriminar que el estrado querellado no hubiera declarado su p\u00e9rdida de competencia, para seguir conociendo del tr\u00e1mite popular que relacion\u00f3, en aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, del an\u00e1lisis de los elementos probatorios que se allegaron a la presente acci\u00f3n tutelar, se evidencia que con los mismos argumentos la suplicante, interpuso en la sustentaci\u00f3n de aquella petici\u00f3n nulitaria. <\/p>\n

De ah\u00ed, que estando a\u00fan a la espera de desatarse tal reclamo formulado, tras considerar que las actuaciones surtidas en el asunto, fueron lesivas a sus prerrogativas fundamentales, no resulta viable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia que compete, de manera exclusiva, a la autoridad cognoscente del procedimiento censurado. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que el resguardo constitucional es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural de la respectiva diligencia judicial o administrativo no logran protegerse los derechos superior invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento la protecci\u00f3n se puede entender como un mecanismo instituido para anticiparse a las decisiones administrativas o judiciales, desplazar o sustituir los ordenamientos legales. <\/p>\n

3. En lo concerniente a las dem\u00e1s intenciones que hace el peticionario, se advierte que este dispositivo no est\u00e1 dise\u00f1ado para establecer si un funcionario p\u00fablico incurri\u00f3 en alguna falta disciplinaria, como lo sugiere; y, en segundo t\u00e9rmino, que si estima necesario promoverlas, es a \u00e9l a quien corresponde hacerlo ante la autoridad competente, con los fundamentos f\u00e1cticos y legales del caso y los respectivos soportes probatorios. <\/p>\n

4. Finalmente, en cuanto a que se ordene al administrador de justicia acusado, la expedici\u00f3n de \u00abcopia f\u00edsica completa de todas las acciones populares donde se haya presentado tutela solicitando aplicaci\u00f3n al 121 y que el TSSCV de Pereira haya negado\u00bb se advierte que es ante tal funcionario, que aquel debe acudir, pues \u00e9ste mecanismo no fue creado para atender a tales pedimentos. <\/p>\n

5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, del fallo emitido en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

10<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC17002-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00680-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., dieseis (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Sala Civil – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103193","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}