{"id":103196,"date":"2026-07-02T18:29:59","date_gmt":"2026-07-02T18:29:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103196"},"modified":"2026-07-02T18:29:59","modified_gmt":"2026-07-02T18:29:59","slug":"stc17005-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17005-2019\/","title":{"rendered":"STC17005-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC17005-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04109-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel Rojas Su\u00e1rez y Henry Alonso Galvis Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso penal seguido contra los accionantes con el radicado 2014-00023. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Los accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia los cuales consideran vulnerados por los accionados por cuanto resultaron condenados por un delito equivocado bajo una valoraci\u00f3n parcializada de las pruebas y no contaron con una debida defensa t\u00e9cnica que hiciera valer sus derechos dentro del juicio. <\/p>\n

Pretenden, en consecuencia se ordene \u00ab[revocar] las sentencias del 19 de noviembre de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, la del 4 de abril de 2018 por el Tribunal Superior de Bucaramanga y la decisi\u00f3n del 14 de noviembre del corriente a\u00f1o por la Corte Suprema de Justicia\u00bb y \u00abse decrete la nulidad de lo actuado por los despachos accionados por la evidente violaci\u00f3n de los derechos fundamentales descritos\u00bb. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 17 de julio de 2003, aproximadamente a las 02:30 a.m., en el sitio conocido como Alto de Los Padres, ubicado en la v\u00eda que de C\u00facuta conduce a Bucaramanga (a 12 kil\u00f3metros de \u00e9sta), se desplazaban en caravana tres veh\u00edculos, uno de los cuales, conducido por Samuel Enrique Jaimes Romero en un puesto de control instalado por la Polic\u00eda de Carreteras Santander, fue detenido por los Subintendentes Daniel Rojas Su\u00e1rez y Henry Alonso Galvis Hern\u00e1ndez ahora accionantes. <\/p>\n

2. Luego de una minuciosa inspecci\u00f3n al automotor, en la parte interior del cap\u00f3 hallaron cuatro platinas de oro que, por la inusual forma de transporte, se dedujeron de dudoso proceder, raz\u00f3n para que el primero de los gendarmes mencionados le exteriorizara a Jaimes Romero \u00abc\u00f3mo vamos a hacer con eso\u00bb, a lo que \u00e9ste respondi\u00f3, que no habr\u00eda problema en lo que ellos dijeran. <\/p>\n

3. A fin de no realizar la incautaci\u00f3n del metal, los uniformados demandaron la suma de $80.000.000 que luego redujeron a $30.000.000 la cual deb\u00eda ser entregada el d\u00eda siguiente, no sin antes quedarse con dos de los lingotes para garantizar el pago. <\/p>\n

4. El 18 de julio de 2003, una vez Samuel Enrique Jaimes Romero informara de lo sucedido a la Unidad Investigativa de Polic\u00eda Judicial Gaula Urbano, en un operativo artificial dise\u00f1ado para la cancelaci\u00f3n del dinero y la devoluci\u00f3n del met\u00e1lico, se logr\u00f3 dar captura a los actores. <\/p>\n

5. Despu\u00e9s de surtir el tr\u00e1mite de rigor en el marco de la justicia castrense, mediante decisi\u00f3n de fecha 31 de octubre de 2008, el Juzgado de Primera Instancia de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 se declar\u00f3 incompetente para continuar con la investigaci\u00f3n y orden\u00f3 el env\u00edo de las diligencias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, no sin antes proponer colisi\u00f3n de competencias, en virtud de lo previsto en los art\u00edculos 273 y siguientes de la Ley 522 de 1999. <\/p>\n

6. El 21 de abril de 2009 la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Bucaramanga, bajo la ritualidad de la Ley 600 de 2000, aunque \u00abno discute y acepta la competencia\u00bb, remiti\u00f3 el encuadernamiento a la Fiscal\u00eda 151 Penal Militar de igual ciudad para que anulara el cierre investigativo y la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida en contra de los encartados, situaci\u00f3n a la que accedi\u00f3 la \u00faltima de las autoridades judiciales a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 11 de mayo siguiente, decisi\u00f3n recurrida por la defensa y desestimada el 18 de mayo de 2011 por la Fiscal\u00eda Primera Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar de Bogot\u00e1, la cual se abstuvo de resolver. <\/p>\n

7. El 21 de junio de ese a\u00f1o, nuevamente la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Bucaramanga avoc\u00f3 la instrucci\u00f3n y dispuso escuchar en indagatoria a los policiales. <\/p>\n

8. El 18 de marzo de 2013, la instructora decret\u00f3 la nulidad de las resoluciones que en la justicia penal militar resolvieron la situaci\u00f3n jur\u00eddica a los sindicados y el 4 de septiembre de ese a\u00f1o hizo lo propio; a este efecto, por el delito de concusi\u00f3n profiri\u00f3 medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, pero se abstuvo de materializarla. <\/p>\n

9. Clausurada la fase instructiva, el 28 de noviembre de 2013 se calific\u00f3 el sumario con resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra de los actores como coautores del reato contemplado en el art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n

10. En firme la anterior decisi\u00f3n \u201317 de enero de 2014\u2013, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga adelant\u00f3 la fase del juicio; acorde con ello, el d\u00eda 19 de noviembre de 2015 conden\u00f3 a los tutelantes a las penas de 74 meses de prisi\u00f3n, multa de 51 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el t\u00e9rmino de 64 meses, al hallarlos responsables del punible de concusi\u00f3n. Adem\u00e1s, se abstuvo de condenar por da\u00f1os y perjuicios y neg\u00f3 cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad. <\/p>\n

11. En desacuerdo los accionantes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

12. La Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, mediante sentencia del 4 de abril de 2018, confirm\u00f3 en su integridad la condena. <\/p>\n

13. Contra este prove\u00eddo, los actores interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 por auto del 6 de noviembre de 2018. <\/p>\n

14. El 6 de noviembre de 2019 no se cas\u00f3 la sentencia del Tribunal al considerar que no se demostraron las irregularidades denunciadas respecto a la valoraci\u00f3n de la prueba y el derecho de defensa ante un ejercicio inadecuado del abogado, pues los medios probatorios de cargo y descargo fueron analizados en conjunto y los actores fueron asistidos por profesionales del derecho que presentaron los recursos de ley frente a las decisiones adoptadas. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 10 de diciembre de 2019 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de la decisiones proferidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, el Tribunal Superior de esa ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Corte solamente se ocupar\u00e1 de la \u00faltima autoridad, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n para no casar la sentencia del Tribunal que confirm\u00f3 la condena impuesta a los quejosos de 74 meses de prisi\u00f3n por el delito de concusi\u00f3n y se les neg\u00f3 cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n la Sala accionada
\nmanifest\u00f3 que no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad el reparo efectuado por los actores respecto a que se debe declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n por falta de competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria para conocer de ese asunto por cuanto en los hechos investigados se encontraban cumpliendo actos de servicio como patrulleros por tanto la investigaci\u00f3n y juzgamiento debi\u00f3 adelantarse por la justicia penal militar.
\nLo anterior por cuanto \u00ab[en] el tema sometido a examen, la exigencia monetaria realizada por Rojas Su\u00e1rez y Galvis Hern\u00e1ndez no constituye actos relacionados con el servicio, con base en lo disciplinado en los art\u00edculos 218 de la Carta Pol\u00edtica y 1 y 5 de la Ley 62 de 1993 pues, a la fuerza policial le corresponde el \u00abmantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades p\u00fablicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz\u00bb; por tanto, jam\u00e1s est\u00e1 instituida para consumar conductas antijur\u00eddicas, so pretexto de ejercer un cargo p\u00fablico (CSJ SP, 18 ag. 2010, rad. 29934). <\/p>\n

De este modo, si bien, los acusados hac\u00edan parte de la Polic\u00eda Nacional, la conducta orientada a obtener un ofrecimiento dinerario a cambio de omitir una labor propia de la funci\u00f3n p\u00fablica que cumpl\u00edan, no integra un acto relacionado con el servicio, ni con las atribuciones a ellos encomendadas, pues, en los t\u00e9rminos denunciados y acreditados probatoriamente \u2013como m\u00e1s adelante se detallar\u00e1\u2013, en su condici\u00f3n de Subintendentes de la Polic\u00eda de Carreteras no les correspond\u00eda inducir la entrega de suma alguna y retener parte del metal precioso hallado al interior de un veh\u00edculo que inspeccionaron, para luego dejar que su tenedor transportara libremente el resto, a cambio de la d\u00e1diva provocada, circunstancias que indican que los gendarmes ejecutaron una actividad ajena al cumplimiento de sus funciones en aquella instituci\u00f3n y carecen de relaci\u00f3n con el servicio p\u00fablico que les es inherente, toda vez que ninguna operaci\u00f3n policial conlleva la necesidad de solicitar dinero a los ciudadanos, acto que lo distancia de su deber legal. <\/p>\n

Siendo ello as\u00ed, no resulta evidente \u2013como as\u00ed reclama el censor\u2013 el v\u00ednculo entre el delito perpetrado contra la administraci\u00f3n p\u00fablica y alg\u00fan acto del servicio, habida cuenta que la conducta arriba detallada nada tiene que ver con pr\u00e1cticas institucionales asignadas a los uniformados. Por el contrario, lo que exhibe es una deliberada infracci\u00f3n de la ley penal ordinaria, desde luego, extra\u00f1a al servicio que ellos deb\u00edan desempe\u00f1ar\u00bb. <\/p>\n

De igual modo se\u00f1al\u00f3 que respecto al segundo y tercer cargo formulados en el sentido que se present\u00f3 un error en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta investigada pues no se trat\u00f3 de un delito de concusi\u00f3n sino del il\u00edcito de cohecho propio y no existi\u00f3 imparcialidad de los falladores en la apreciaci\u00f3n de la prueba, tales reparo no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad toda vez que \u00ab[contrario] a lo pregonado por el actor, ning\u00fan reproche admite el an\u00e1lisis del Tribunal, pues, en efecto, la conducta atribuida a Daniel Rojas Su\u00e1rez y Henry Alonso Galvis Hern\u00e1ndez, encuadra t\u00edpicamente en lo previsto por el art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal, esto es, concusi\u00f3n, por las razones que a continuaci\u00f3n se condensan y que, en un todo, se identifican con el concepto rendido por la agencia del Ministerio P\u00fablico en esta sede. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n al dise\u00f1o delictivo que exige el tipo penal en comento, la Sala ha efectuado un amplio an\u00e1lisis dogm\u00e1tico (Cfr. entre otras, CSJ SP7830\u20132017, 1 jun. 2017, rad. 46165) en el que se precisa la concurrencia de los siguientes elementos: (i) un sujeto activo cualificado \u2013el servidor p\u00fablico\u2013; (ii) el abuso del cargo o de las funciones; (iii) la ejecuci\u00f3n de cualquiera de los verbos incluidos en la norma: constre\u00f1ir, inducir o solicitar un beneficio o utilidad indebidas, y (iv) relaci\u00f3n de causalidad entre el acto del servidor p\u00fablico y la promesa de dar o entregar el dinero o la utilidad indebidos. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la coloquial expresi\u00f3n \u00abc\u00f3mo vamos a hacer con eso\u00bb, desplegada por los acusados, si bien no se enmarca, en estricto sentido, en el verbo rector de constre\u00f1ir, o acaso el de solicitar (modalidad aducida por el juez plural), s\u00ed refiere un claro ejemplo de inducci\u00f3n, en la que, por diferentes medios, se persuade a alguien para que haga algo. <\/p>\n

Inducir es \u00abmover a alguien a algo o darle motivo para ello\u00bb \u00abprovocar o causar algo\u00bb. <\/p>\n

\u00abEn la inducci\u00f3n, el resultado se obtiene por medio de un exceso de autoridad que va oculto, en forma sutil, en el abuso de las funciones o del cargo, el sujeto pasivo se siente intimidado, cohibido porque si no hace u omite lo pedido, puede resultar perjudicado en sus derechos por el agente\u00bb (CSJ SP14623\u20132014, 27 oct. 2014, rad. 34282). <\/p>\n

\u00abEn la inducci\u00f3n, el resultado doloso se concreta por un exceso de autoridad, subrepticio, como es obvio, para presentar como leg\u00edtimo un acto que no lo es y, de paso, generar temor o intimidar al sujeto pasivo con el fin de que omita o haga aquello que el funcionario quiere, so pretexto de evitar o extender a\u00fan m\u00e1s un perjuicio en su contra\u00bb [negrilla original del texto] (CSJ SP, 18 ag. 2010, rad. 29934).\u00bb <\/p>\n

Igualmente resalt\u00f3 que \u00ab[La] insinuaci\u00f3n de los policiales, transmiti\u00f3 al receptor el mensaje que bastaba un acuerdo entre las partes, pues, ya estaba impl\u00edcita la voluntad de aquellos de acceder al mismo, siempre y cuando resultara acorde a sus ilegales expectativas cremat\u00edsticas, para lo cual se valieron del temor al poder p\u00fablico (metus publicae potestatis) bajo el se\u00f1alamiento que, de no acceder a la suma pretendida (en \u00faltima instancia de $30\u2019000.000,00), se \u00abiba para abajo\u00bb, dicho en otras palabras, que ser\u00eda judicializado o incautado el material aur\u00edfero, o ambos, suficiente para que Jaimes Romero, so pena de asumir los perjuicios negativos, sucumbiera ante la demanda de los agentes y se viera obligado a pagar o prometer el dinero indebido, m\u00e1xime al estar acompa\u00f1ado de su n\u00facleo familiar, entre ellos un infante. No se trat\u00f3, entonces, de temor a perder la mercanc\u00eda que se le incautaba o de \u00abp\u00e1nico\u2026 de saber que lleva algo il\u00edcito y que lo va a perder todo y resuelve comprar la Justicia\u00bb, argumento que sustenta la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Al margen de la ilegalidad del oro hallado, lo que no es objeto de investigaci\u00f3n en este asunto, lo reprochable es el abuso de autoridad por parte de Daniel Rojas Su\u00e1rez y Henry Alonso Galvis Hern\u00e1ndez, al aprovechar la condici\u00f3n funcional que ostentaban y disponer de la funci\u00f3n p\u00fablica para la prosecuci\u00f3n de una finalidad il\u00edcita. En palabras del sentenciador de segundo grado, no resulta \u00abdescabellado postular que el contrabando bien pudo fungir como la excusa perfecta para intimidar al particular a plegarse a la solicitud de la autoridad policiva so pena de aplicarle el procedimiento de rigor\u00bb. <\/p>\n

De igual forma advirti\u00f3 que \u00abno es de recibo la tercera censura, en la que se acusa de parcialidad a los jueces de instancia a la hora de fallar, como quiera que, contrario a las manifestaciones del recurrente, tanto los medios cognoscitivos de cargo, como los de descargo fueron analizados en conjunto, asign\u00e1ndole mayor valor a los primeros, pero no que la sentencia condenatoria se hubiera basado exclusivamente en estos. <\/p>\n

Baste mencionar que el Tribunal, en esencia, se soport\u00f3 en: (i) las declaraciones de Samuel Enrique Jaimes Romero, en cuanto al se\u00f1alamiento que efectuara en contra de los policiales; (ii) las versiones rendidas por los involucrados; (iii) tangencialmente, en lo testimoniado por Lina Lorena Lara, Clara Maritza Jaimes Romero y H\u00e9ctor Julio Reyes Quintero (familiares de la v\u00edctima), y por Jos\u00e9 Ra\u00fal Cuchivaque Patarroyo, Iv\u00e1n Dar\u00edo Cardonas Echavarr\u00eda, Hernando Ort\u00edz Pedraza, Oscar Cort\u00e9z Uribe, Daniel C\u00e1ceres Romero, Juan Carlos Cerdera Bustos, Nilson S\u00e1nchez Pe\u00f1a, Walter Juli\u00e1n Sandoval Quintero, Wilfer Adri\u00e1n Salazar, Rub\u00e9n Dar\u00edo Medina Gallego, Rolando Antonio Ram\u00edrez Giraldo, Carlos Alberto Oviedo Galvis, Diego Fernando Ortiz Afanador, agentes todos de la Polic\u00eda Nacional que hicieron parte del ret\u00e9n vial en la madrugada del 17 de julio de 2013; y, (iv) lo testimoniado por Luis Arturo Fajardo, Leonardo Arteaga Daza y James Dur\u00e1n Ayala, miembros del GAULA que participaron en el procedimiento de aprehensi\u00f3n de los procesados, junto con el informe respectivo. <\/p>\n

De hecho, aunque en la atestaci\u00f3n de Jaimes Romero encontr\u00f3 alguna inconsistencia, lo que demuestra la mirada escrupulosa con que fue observada a la hora de su valoraci\u00f3n, la misma no revisti\u00f3 mayor trascendencia, como para desvirtuar su capacidad suasoria. <\/p>\n

As\u00ed discurri\u00f3: <\/p>\n

Ahora, si bien le asiste raz\u00f3n al recurrente al censurar la declaraci\u00f3n del ofendido respecto a que el cami\u00f3n de la polic\u00eda lo persigui\u00f3 hasta el sitio el Alto de los Padres, pues dicha persecuci\u00f3n no ocurri\u00f3 de acuerdo a las declaraciones de los polic\u00edas que participaron en el ret\u00e9n, esta imprecisi\u00f3n no tiene entidad suficiente para minar el dicho del quejoso, pues qued\u00f3 demostrado que los polic\u00edas fueron capturados el d\u00eda siguiente, Galvis Hern\u00e1ndez en el lugar en donde se concert\u00f3 la entrega del dinero, mientras que Rojas Su\u00e1rez en el municipio del Play\u00f3n en donde estaba el oro en tenencia del agente Tasco, quien lo entreg\u00f3 apenas se enter\u00f3 de los sucesos; por tal motivo, m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n sobre la persecuci\u00f3n o no, es evidente que los acusados revisaron el veh\u00edculo del quejoso, encontraron el oro, le insinuaron qu\u00e9 iban a hacer con eso y le solicitaron una fuerte suma de dinero para la devoluci\u00f3n de dos lingotes de oro, material con el que se quedaron hasta cuando no recibieran el dinero. <\/p>\n

Lo anterior, conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que explica que el funcionario judicial tiene la carga de examinar el contenido de las diferentes declaraciones y, con apoyo en las reglas de la sana cr\u00edtica, establecer los segmentos que le merecen credibilidad y cu\u00e1les no (CSJ SP17470\u20132015, 16 dic. 2015, rad. 41587)\u00bb <\/p>\n

Finalmente, con relaci\u00f3n al cuarto cargo en el que se aleg\u00f3 que la sentencia proferida se encuentra viciada por desconocimiento a la garant\u00eda fundamental de la defensa t\u00e9cnica, tal censura tampoco era procedente pues \u00abel casacionista apenas plante\u00f3 de forma ret\u00f3rica la deficiencia de la gesti\u00f3n encomendada a la defensa precedente, m\u00e1s no atendi\u00f3 al principio de trascendencia que rige el instituto de las nulidades, por el cual le incumb\u00eda demostrar la real incidencia de la alegada torpeza en el resultado del proceso, vale decir, c\u00f3mo, de haberse incorporado los elementos suasorios que echa de menos (prueba testimonial y pericial tendiente a determinar la procedencia del oro, su autenticidad y la actividad comercial de la v\u00edctima), existir\u00eda en concreto y no especulativamente, la razonable posibilidad de que la situaci\u00f3n de los procesados sufriera sustancial modificaci\u00f3n, favorable a sus intereses, finalidad inalcanzada ya que su razonamiento no trasciende m\u00e1s all\u00e1 de su particular visi\u00f3n defensiva. <\/p>\n

El recurrente, en el presente escal\u00f3n procesal se limita a reiterar una postulaci\u00f3n que en sede de la audiencia preparatoria del juicio se formul\u00f3 con resultados adversos, tanto en primera como en segunda instancias. De esa fecha \u20132014\u2013 a la actual, ning\u00fan elemento distinto esgrimi\u00f3 el vigente defensor para procurar la invalidaci\u00f3n la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

Baste mencionar que el pedimento probatorio, en su momento, se neg\u00f3 por repetitivo, superfluo y de poca utilidad para la investigaci\u00f3n, fundamento toral que permanece intacto ante la nula resistencia que en casaci\u00f3n opuso el demandante, por ende, queda en entredicho si la presunta ineptitud defensiva en realidad acaeci\u00f3, tal y como lo refiri\u00f3 la agencia del Ministerio P\u00fablico al enlistar todas y cada una de las actividades (entre otras, peticiones probatorias, presentaci\u00f3n de memoriales e interposici\u00f3n de recursos) realizadas por los diferentes togados de la bancada de la defensa a lo largo de la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n de los gestores del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, los accionantes no pueden pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que consideran los desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.) <\/p>\n

4. De otra parte, valga precisar, que aunque los tutelantes aduzcan que se cometieron en el curso del proceso una serie de arbitrariedades porque su abogado no fue diligente en la actuaci\u00f3n y por tanto no contaron con la debida representaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en establecer que \u00abla contingente incuria de los apoderados judiciales [\u2026] en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u2018…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u00bb. (CSJ CS 9 Jun 2004, Exp. No. 00448; 26 Jul 2005, Exp. No. 00097; 27 Ene. 2006, Exp. No. 00014; y, 18 Ago. 2010, Exp. No. 00045-01). <\/p>\n

5. Bastan los precedentes razonamientos para negar la tutela deprecada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC17005-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04109-00 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel Rojas Su\u00e1rez y Henry Alonso Galvis Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103196","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103196\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}