{"id":103199,"date":"2026-07-02T18:30:36","date_gmt":"2026-07-02T18:30:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103199"},"modified":"2026-07-02T18:30:36","modified_gmt":"2026-07-02T18:30:36","slug":"stc17008-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17008-2019\/","title":{"rendered":"STC17008-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC17008-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2019-00687-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el trece de noviembre de dos mil diecinueve por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda \u2013 Risaralda; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la alcald\u00eda y personer\u00eda de esa localidad, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, por cuanto al interior de las acciones populares con radicados Nos. 2019-1011, 2019-1030 y 2019-1036 \u00abrechaza la acci\u00f3n, manifestando no ser competente, desconociendo art\u00edculo 16 Ley 472 de 1998, art\u00edculo 28 numeral 5 CGP\u00bb en contrav\u00eda de los precedentes de esta Corporaci\u00f3n, generando a su juicio inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n

Por tanto, pretende, se ordene \u00abdar aplicaci\u00f3n inmediata del art\u00edculo 28, numeral 5 CGP y admitir mi acci\u00f3n sin m\u00e1s dilaci\u00f3n, ya que la acci\u00f3n es constitucional y de t\u00e9rminos perentorios que se rigen por normas de orden p\u00fablico\u00bb. [Folios 1,3, y 5, c.1] <\/p>\n

1. Augusto Becerra Largo present\u00f3 tres acciones populares contra el Banco Davivienda por la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, asuntos donde el accionante act\u00faa como coadyuvante. <\/p>\n

2. Las acciones fueron radicadas en el Juzgado \u00danico Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda \u2013 Risaralda, autoridad que mediante autos del 21 de mayo de 2019 las rechaz\u00f3 por competencia al manifestar que resultaba \u00abrazonable remitir el asunto al juez civil del circuito del sitio donde se encuentra la sucursal o agencia donde ocurri\u00f3 la vulneraci\u00f3n\u00bb y consider\u00f3 que lo era el juez de esa especialidad en Bogot\u00e1. <\/p>\n

3. En desacuerdo el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

4. El 3 de julio siguiente el despacho mantuvo su decisi\u00f3n y remiti\u00f3 los expedientes mediante oficios a los Juzgados Civiles del Circuito \u2013 reparto de esta ciudad. <\/p>\n

5. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos por cuanto las acciones populares fueron rechazadas por competencia con total desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales y la normatividad que rige la materia. [Folio 1, 3 y 5 c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 5 de noviembre de 2019 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado al accionado y vinculados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 8-9, c.1] <\/p>\n

2. Los Procuradores Regional de Risaralda y 4 Judicial II para Asuntos Civiles solicitaron su desvinculaci\u00f3n por cuanto no han vulnerado derecho fundamental alguno al accionante toda vez que la acci\u00f3n se dirige contra el juzgado que le correspondi\u00f3 el tr\u00e1mite de las acciones populares cuestionadas. [Folios 12 y 14,c.1] <\/p>\n

Por su parte, el Juzgado \u00danico Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda \u2013 Risaralda se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas al interior de los procesos censurados e inform\u00f3 que se encuentran en la ciudad de Bogot\u00e1 para la decisi\u00f3n correspondiente. [Folio 16, c.1]
\n3. En sentencia de 13 de noviembre de 2019, el Tribunal Superior neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional tras considerar que si los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e1 a donde se remitieron las acciones populares cuestionadas, no han adoptado a\u00fan determinaci\u00f3n alguna respecto a si asumen el conocimiento, la acci\u00f3n se torna prematura, pues todav\u00eda est\u00e1 por definirse lo relativo a la competencia, en raz\u00f3n que al recibir el expediente, tendr\u00e1n la opci\u00f3n de asumirlo o en caso contrario generar el conflicto correspondiente. [Folios 24-26,c.1] <\/p>\n

4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n el promotor de la acci\u00f3n la impugn\u00f3 sin expresar las razones de su discrepancia. [Folio 30, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el presente asunto, la solicitud de amparo no cumple con el comentado principio pues se observa conforme a la respuesta ofrecida por la autoridad accionada que las referidas acciones populares fueron remitidas a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 y que el despacho receptor, no se ha pronunciado si acoge el criterio del funcionario remitente, pues en caso de discrepancia, deber\u00e1n dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone: <\/p>\n

\u00ab\u2026 Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso. <\/p>\n

El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional. <\/p>\n

El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. <\/p>\n

El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos. <\/p>\n

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deber\u00e1 resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada. <\/p>\n

La declaraci\u00f3n de incompetencia no afecta la validez de la actuaci\u00f3n cumplida hasta entonces.\u00bb <\/p>\n

3. Significa lo anterior, que al sentenciador de tutela no le corresponde definir el funcionario judicial al cual le compete conocer la litis, conforme lo pretende el accionante porque con ese proceder se estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada a esta Corporaci\u00f3n en el respectivo tr\u00e1mite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia. <\/p>\n

En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

4. Finalmente, no se demostr\u00f3 la transgresi\u00f3n del derecho a la igualdad, pues no existe prueba de que el encausado hubiese dispensado un trato diferente al actor en relaci\u00f3n con otras personas puestas en la misma situaci\u00f3n o en igualdad de condiciones a las de \u00e9l, ni tampoco se acredit\u00f3 de manera alguna que la autoridad accionada hubiese procedido de manera arbitraria o caprichosa, de lo que se concluye la improcedencia de este mecanismo. <\/p>\n

5. En consecuencia se confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. <\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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