{"id":103200,"date":"2026-07-02T18:30:42","date_gmt":"2026-07-02T18:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103200"},"modified":"2026-07-02T18:30:42","modified_gmt":"2026-07-02T18:30:42","slug":"stc17032-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17032-2019\/","title":{"rendered":"STC17032-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC17032-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-03366-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hoteles Honda S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron citados las partes e intervinientes en el pelito n\u00ba 2018-00050. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la sociedad solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, al revocar la desestimaci\u00f3n de pretensiones que hab\u00eda declarado el juzgado de primer grado dentro del ejecutivo antes referido. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, expuso que Gerardo Flori\u00e1n Polania impetr\u00f3 ejecuci\u00f3n contra \u00abla sociedad Hoteles Honda e Inversiones Guali\u00bb, para hacer efectivo \u00abel pago extempor\u00e1neo\u00bb de $122\u00b4738.626 por concepto de impuesto predial del bien rematado a su favor, pese a que tales tributos \u00aberan sujetos de prescripci\u00f3n (a\u00f1o 2002) ante la Tesorer\u00eda Municipal\u00bb pero el ejecutante en menci\u00f3n realiz\u00f3 la cancelaci\u00f3n \u00aba motu proprio\u00bb y \u00absin cerciorarse (\u2026) de lo que realmente se adeudaba (\u2026) con el af\u00e1n de que estos le fueran devueltos por el juzgado rematante\u00bb. <\/p>\n

Explic\u00f3 que no obstante haberse acreditado el pago en comento el 15 de mayo de 2015, el Juzgado Laboral del Circuito de Honda, quien conoc\u00eda de dicho pleito, accedi\u00f3 a su \u00abreembolso\u00bb mediante auto del 22 de mayo de 2015, pero, apelada esa decisi\u00f3n, su superior jer\u00e1rquico la revoc\u00f3 con prove\u00eddo del 7 de junio de 2016, al encontrar que se solicit\u00f3 \u00abpor fuera de los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n

Ya bajo el conocimiento del Juzgado Primero Civil del mismo circuito, el proceso ejecutivo recibi\u00f3 sentencia de primera instancia el 7 de febrero de 2019, en la que se declararon probadas las excepciones de \u00abcobro de lo no debido\u00bb e \u00abinexistencia de t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, y como consecuencia se revoc\u00f3 el mandamiento de pago librado el 16 de febrero de 2017, \u00aby en consecuencia se niega el mandamiento ejecutivo solicitado\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que apelada la anterior determinaci\u00f3n por el ejecutante, \u00abla segunda instancia derrumba toda la argumentaci\u00f3n del juez [a-quo] y ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, con lo que \u00abcontradice las normas sustanciales y procesales\u00bb por la \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea del t\u00edtulo valor\u00bb y \u00ablos requisitos formales y sustanciales para la configuraci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, y acota que \u00abno existe ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n sustancial entre las partes\u00bb, el actor \u00abten\u00eda un t\u00e9rmino perentorio (\u2026) a favor del rematante y \u00e9ste lo dej\u00f3 vencer\u00bb, y se desconoci\u00f3 por el tribunal que conforme al \u00abnumeral 7 del art\u00edculo 100 del c\u00f3digo general del proceso puede desestimarse una acci\u00f3n cuando se ha escogido un tr\u00e1mite inadecuado\u00bb. <\/p>\n

3. \tPretende, \u00abse revoque la decisi\u00f3n judicial proferida por el Tribunal (\u2026) el 28 de agosto de 2019\u00bb, y como consecuencia, \u00abdebe quedar en firme la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda Tolima de fecha 7 de febrero de 2018\u00bb (fls. 1 a 9). <\/p>\n

La magistrada ponente de la decisi\u00f3n confutada, se remiti\u00f3 a \u00ablas razones all\u00ed consignadas\u00bb, comoquiera que para revocar lo decidido por el a-quo, \u00abfueron valorados los argumentos esgrimidos por la parte recurrente a la luz del ordenamiento jur\u00eddico y la realidad probatoria\u00bb (fl. 70). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, actuando como juzgador de segundo grado dentro del ejecutivo n\u00ba 2018-00050, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la sociedad querellante, al revocar el fallo que declar\u00f3 pr\u00f3speras las excepciones propuestas dentro del pleito, para en su lugar, seguir adelante la ejecuci\u00f3n por concepto del reembolso de lo pagado por el rematante a t\u00edtulo de impuestos. <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que el auxilio no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3. \tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Realizado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional, de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala advierte que la decisi\u00f3n proferida por el juzgador ad quem dentro del ejecutivo n\u00ba 2018-00050, constituye un yerro procedimental y con ello la vulneraci\u00f3n a las prerrogativas superiores de la accionante, que amerita la injerencia del fallador constitucional para remediar tal situaci\u00f3n quebrantando la actuaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n

3.1.\tPreliminarmente, se precisa que para declarar probadas las excepciones de inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo y cobro de lo no debido que propusieron Inversiones Gual\u00ed y Hoteles Honda S.A., ambas en liquidaci\u00f3n, y en consecuencia \u00abrevocar el mandamiento de pago librado (\u2026) a favor de Gerardo Flori\u00e1n Polania , el 16 de febrero de 2017 por el Juzgado Laboral del Circuito de Honda\u00bb, el juzgado de primer grado determin\u00f3 que los documentos aducidos como base de la ejecuci\u00f3n, no constitu\u00edan t\u00edtulo ejecutivo por \u00abno contener una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, para exigir de los ejecutados (\u2026) el pago de la suma de dinero demandada\u00bb. <\/p>\n

Ello, porque \u00ablos documentos aportados por el ejecutante correspondiente a la factura de impuesto predial y complementario con fecha de pago 15 de mayo de 2015 (\u2026), la certificaci\u00f3n expedida por la Secretar\u00eda de Hacienda y Tesoro Municipal y el paz y salvo expedido por la misma entidad (\u2026), que dan cuenta que el demandante pag\u00f3 la suma de $122\u00b4738.626 por concepto de impuesto predial del bien inmueble con ficha catastral 000000080126000 a nombre de Hoteles Honda S.A., no cumplen los requisitos para ser considerado t\u00edtulo ejecutivo ni simple ni complejo, en tanto que en ninguno se encuentra especificada constancia escrita de los sujetos aqu\u00ed en contienda ni se verifica entre ellos una relaci\u00f3n jur\u00eddica que los una como deudor ni como acreedor, [por consiguiente] ninguna obligaci\u00f3n aparece en los referidos documentos y tampoco aparece el requisito de exigibilidad\u00bb <\/p>\n

Advirti\u00f3 que conforme a lo indicado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u00abal resolver la apelaci\u00f3n interpuesta contra el mandamiento de pago (\u2026), la orden de apremio dada por el juez laboral [el 16 de febrero de 2017] fue equivocada\u00bb, y en tales condiciones, haciendo uso de \u00abla obligaci\u00f3n del juzgador de ejercer control oficioso del mandamiento de pago\u00bb, en la sentencia revis\u00f3 \u00ablos requisitos del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb para determinar si se encontraba \u00abajustado a tal cartular\u00bb, ya que ese deber por parte del juez de instancia, \u00abse hace m\u00e1s exigible cuando los medios exceptivos [en particular el de inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo] est\u00e1n relacionados con dicho aspecto\u00bb. <\/p>\n

Contra la resoluci\u00f3n desfavorable de pretensiones, el ejecutante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, soportando su disenso en que se trataba de un \u00abt\u00edtulo ejecutivo complejo\u00bb, y por tanto, la juzgadora \u00abdebi\u00f3 escudri\u00f1ar m\u00e1s a fondo y mirar razonablemente cada uno de estos documentos\u00bb, adosados al expediente, aunado a que con la declaraci\u00f3n rendida por el representante legal de Inversiones Gual\u00ed, se probaba que los demandados conoc\u00edan la deuda por impuestos. <\/p>\n

Al desatar \u00abla alzada\u00bb, la sala enjuiciada destac\u00f3 que el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil contemplaba la manera en que el juez deb\u00eda \u00abdistribuir\u00bb, entre el acreedor y el deudor, el dinero obtenido por el remate, donde al primero \u00able correspond\u00eda el producto del remate hasta la concurrencia de su cr\u00e9dito m\u00e1s el monto de las costas y al deudor (\u2026) el remanente, siempre y cuando no estuviera embargado\u00bb, previniendo que \u00abel juez deb\u00eda deducir la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito que se hubieran causado hasta la entrega del bien rematado, pues la idea era transferir el bien al rematante saneado y sin obligaciones pendientes\u00bb, y que al rematante se le impon\u00eda \u00abuna carga\u00bb consistente en que \u00abdentro de los 15 d\u00edas siguientes a la aprobaci\u00f3n del remate deb\u00eda solicitar la entrega del bien o el reembolso de los referidos gastos, so pena de que el juez ordenara entregar a la parte ejecutante el producto del remate\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que si bien esa misma l\u00f3gica se conserva en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, reduciendo el plazo de 15 a 10 d\u00edas, \u00aben ning\u00fan momento el legislador sancion\u00f3 el vencimiento de tales t\u00e9rminos con la preclusi\u00f3n del derecho del rematante a que se le reconozcan tales gastos\u00bb, y pese a que el reembolso fue denegado por la sala laboral del tribunal al resolver la apelaci\u00f3n contra el auto dictado por el juzgado el 22 de mayo de 2015, \u00abpor haber sido solicitado por fuera de los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 530 del C.P.C.\u00bb, se hab\u00eda acreditado el pago que las demandadas adeudaban al municipio de Honda, por ende, tales empresas estaban obligadas a devolver esa suma a quien hab\u00eda saldado esa obligaci\u00f3n, por lo que desechando las excepciones propuestas, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n (fls. 63 a 69). <\/p>\n

3.2.\tEsta Corporaci\u00f3n no comparte la postura adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la medida en que siendo clara y di\u00e1fana la norma aplicable en este asunto, no le era dable al ad quem entrar a realizar interpretaciones y menos cuando con ellas se reviv\u00edan t\u00e9rminos fenecidos, generando con ello un desequilibrio entre las partes y un evidente favorecimiento a un interviniente que, en su momento procesal, fue incurioso frente al cumplimiento de una carga impuesta por la ley. <\/p>\n

Efectivamente, el inciso 2\u00ba del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicable para cuando se produjo la aprobaci\u00f3n del remate en el ejecutivo laboral (rad. 2002-00083), preve\u00eda que \u00absi el bien rematado se encuentra en poder del ejecutado el producto del remate s\u00f3lo se entregar\u00e1 al ejecutante cuando aqu\u00e9l haya sido entregado al rematante y se le haya desembolsado lo que hubiere pagado por impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito, causados hasta la fecha de la entrega, a menos que hayan transcurrido m\u00e1s de quince d\u00edas desde la aprobaci\u00f3n del remate sin que el rematante haya solicitado la entrega o el reembolso de gastos\u00bb. <\/p>\n

De dicho contenido normativo se colige que el rematante contaba con una oportunidad para hacer valer lo que pag\u00f3 por los conceptos de impuestos, administraci\u00f3n y servicios p\u00fablicos causados respecto del bien adjudicado, puesto que ni el ejecutante estaba obligado a esperar m\u00e1s tiempo para recibir el producto del remate, ni el ejecutado para que se le devolviera el saldo que pudiere surgir de la venta forzada. <\/p>\n

Al resolver un caso en el que se cuestionaba el no pago de cuotas de administraci\u00f3n con antelaci\u00f3n a la entrega del producto del remate, la Sala indic\u00f3 que antes de la reforma incluida por la Ley 1395 de 2010, no hab\u00eda claridad en relaci\u00f3n con el reembolso de los dineros que pagaban los adjudicatarios por dicho \u00edtem, pero a partir de esa normativa tal situaci\u00f3n qued\u00f3 definida en tanto que el citado precepto 530 \u00abdetermina expresamente el caso en que el juez de conocimiento debe negar la devoluci\u00f3n de los dineros que hubiere pagado el rematante por concepto de cuotas de administraci\u00f3n, y es \u00fanicamente en el evento que la solicitud de reembolso se presente luego de haber transcurrido m\u00e1s de quince d\u00edas desde la aprobaci\u00f3n del remate\u00bb (CSJ STC13708-2015, 8 oct. 2015, rad. 00641-01). <\/p>\n

Espec\u00edficamente en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, ya con antelaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hab\u00eda abordado su estudio, encontrando que aunado al desinter\u00e9s que inicialmente mostr\u00f3 el accionante para reclamar el pago del impuesto predial del producto subastado, era razonable la postura adoptada por el Juzgado Laboral del Circuito de Honda en prove\u00eddo del 5 de mayo de 2015, consistente en negar la solicitud para que se dedujera tal importe, por lo que \u00abmal podr\u00eda configurarse una violaci\u00f3n constitucional en este espec\u00edfico aspecto, pues se itera, lejos de cuestionar la negaci\u00f3n del juzgado a su primigenia petici\u00f3n, fue el propio accionante quien encauz\u00f3 su proceder en atenci\u00f3n a la norma transcrita, al margen de que el resultado obtenido no le haya sido favorable\u00bb (CSJ STL11996-2016, 24 ago. 2016, rad. 44382).
\nEsa providencia fue ratificada por la hom\u00f3loga Penal, al precisar que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, al confirmar lo decidido por el juzgado a-quo, lo hizo \u00abcon estricto apego de lo se\u00f1alado por el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 530 del C.P.C., el cual establece que el reembolso por dichos rubros de funcionamiento del inmueble, ser\u00e1n negados cuando ello no se hubiere solicitado dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la aprobaci\u00f3n del remate el adjudicatario, plazo que se dej\u00f3 fenecer por parte del ahora demandante en el asunto sub examine. Si bien afirma el petente present\u00f3 la solicitud con anterioridad al 14 de mayo, lo cierto es que este solo vino a plantear el reembolso, el d\u00eda 15 de ese mismo mes, por lo que super\u00f3 en un d\u00eda el t\u00e9rmino legal establecido como l\u00edmite para tornar viable su ruego\u00bb (CSJ STP14482-2016, 6 oct. 2016, rad. 88047). <\/p>\n

3.3.\tAs\u00ed, al haberse revocado por el tribunal accionado la desestimaci\u00f3n del ejecutivo impetrado por el hoy tutelante, y en su lugar ordenar que siguiera la ejecuci\u00f3n, pese a que en el escenario jur\u00eddico adecuado desaprovech\u00f3 la oportunidad para cobrar la obligaci\u00f3n a su favor, conlleva la incursi\u00f3n en un defecto de \u00edndole procedimental por actuar al margen de lo prevenido en la regla 7\u00aa del canon 530 de la codificaci\u00f3n adjetiva que reg\u00eda el punto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que en virtud de los medios exceptivos propuestos por la hoy accionante y la otra sociedad demandada, el juzgado entr\u00f3 a revisar nuevamente el mandamiento de pago y encontr\u00f3 que deb\u00eda ser revocado, pues el t\u00edtulo aducido como b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n, carec\u00eda de las exigencias de que trataba el art\u00edculo 488 del anterior estatuto adjetivo, hoy 422 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Lo anterior, en la medida en que el razonamiento expuesto por el juzgador de primera instancia sobre la documentaci\u00f3n incorporada al expediente, si bien inicialmente se estim\u00f3 suficiente y capaz de constituir un \u00abt\u00edtulo ejecutivo complejo\u00bb, en verdad no lo era, pues el comprobante de pago del impuesto predial y complementarios del inmueble de matr\u00edcula n\u00ba 362-10138 por la suma de $122\u00b4738.626, el recibo de consignaci\u00f3n, el paz y salvo y la certificaci\u00f3n expedidos por la Secretar\u00eda de Hacienda y Tesoro de Honda, no configuran, respecto de la hoy querellante, la existencia de \u00abobligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante\u00bb como lo exig\u00eda la normativa en cita. <\/p>\n

Concordante con los argumentos que en su momento plante\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda para acceder a las pretensiones denominadas \u00abinexistencia del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb y \u00abcobro de lo no debido\u00bb, es importante precisar sobre los requisitos de los documentos aducidos como t\u00edtulos ejecutivos, que el Consejo de Estado \u2013 secci\u00f3n 3\u00aa, en sentencia 16868 del 5 de octubre de 2000, record\u00f3 que de ellos debe existir nitidez en cuanto que la obligaci\u00f3n all\u00ed contenida se halle \u00abexpresamente declarada\u00bb, de modo que den margen a \u00abelucubraciones o suposiciones\u00bb; tambi\u00e9n, que se satisface la exigencia de claridad \u00abcuando adem\u00e1s de expresa aparece determinada en el t\u00edtulo; debe ser f\u00e1cilmente inteligible y entenderse en un solo sentido\u00bb, y que \u00abes exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condici\u00f3n. Dicho de otro modo la exigibilidad de la obligaci\u00f3n se debe, a la que deb\u00eda cumplirse dentro de cierto t\u00e9rmino ya vencido, o cuando ocurriera una condici\u00f3n ya acontecida, o para la cual no se se\u00f1al\u00f3 t\u00e9rmino pero cuyo cumplimiento s\u00f3lo pod\u00eda hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurri\u00f3, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condici\u00f3n, previo requerimiento\u00bb. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) se invoca en este asunto, se ha dicho que encuentra\u00a0soporte normativo en los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que se refieren a los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
\n\u00a0
\nLa jurisprudencia de la Corte ha reconocido dos modalidades de este defecto: i)\u00a0absoluto, que se genera cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido [-620\/13; T-707\/ 07 y T-654\/98]\u00a0y ii) por\u00a0exceso ritual manifiesto, \u201cque\u00a0tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales [-268\/10]. <\/p>\n

(\u2026) A su vez, la providencia incurre en error absoluto si el juez\u00a0i) sigue un tr\u00e1mite totalmente ajeno al dispuesto para el asunto sometido a su competencia (T- 996\/03, T-638\/11, T-781\/11, y T-620\/13, entre otras], ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento y, de esa forma, conculca derechos de alguna de las partes [SU-159\/02, T-996\/03 y T-264\/09],\u00a0y iii) pasa por alto el debate probatorio, vulnerando los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los intervinientes en la actuaci\u00f3n [T-996\/03, T-388\/06 y T-310\/09, entre muchas otras]. La procedencia de la acci\u00f3n contra una providencia judicial por esta causal se halla, de todas formas, condicionada a que no exista posibilidad de corregirla irregularidad por ninguna otra v\u00eda [T-264\/09,\u00a0SU-159\/02, C-590\/05 y T-737\/07]\u00a0y a que ocasiones una vulneraci\u00f3n ostensible, definitiva y notoria que se refleje en la decisi\u00f3n judicial cuestionada [T-017\/07]\u00bb (CC T-655\/15). <\/p>\n

En este orden, habi\u00e9ndose tornado defectuosa la deducci\u00f3n que dio lugar a que la sala convocada revocara la decisi\u00f3n del a-quo dentro del cobro compulsivo promovido contra la ac\u00e1 reclamante, se justifica la concurrencia del juez de tutela para restablecer los derechos fundamentales conculcados, por la incursi\u00f3n en defecto procedimental del sentenciador de segunda instancia, al quebrantar la razonable decisi\u00f3n del de primera. <\/p>\n

Ello, porque la denegaci\u00f3n de pretensiones al ejecutante al encontrar fundadas las excepciones de m\u00e9rito, corresponde a un proceder que no contraviene las disposiciones que regulan la materia seg\u00fan el C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con la normativa superior, y como corolario, habr\u00e1 de ordenarse que se vuelva a examinar la situaci\u00f3n atendiendo las circunstancias antes explicadas. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

De conformidad con lo antes discurrido, se otorgar\u00e1 el amparo al derecho fundamental al debido proceso invocado por la sociedad accionante, y para remediar los desafueros observados, se invalidar\u00e1 la sentencia de segundo grado proferida el 28 de agosto de 2019 dentro del ejecutivo singular n\u00ba 2018-00050-02, as\u00ed como todas aquellas decisiones que de tal providencia dependan; en su lugar, se le ordenar\u00e1 a la corporaci\u00f3n querellada que proceda nuevamente a resolver el recurso de apelaci\u00f3n atendiendo las consideraciones se\u00f1aladas en esta instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONCEDE la tutela invocada por la sociedad Hoteles Honda S.A. en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, se DEJA sin efecto jur\u00eddico alguno la providencia dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 28 de agosto de 2019, dentro del pleito n\u00ba 2018-00050-02, as\u00ed como todas aquellas decisiones que de tal providencia dependan, y se le ordena que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n, renueve la actuaci\u00f3n resolviendo de nuevo el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 7 de febrero de 2019, corrigiendo los yerros que dieron lugar a la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n

Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03366-00
\nCon el respeto acostumbrado, expresamos las razones por las cuales no compartimos la decisi\u00f3n que accedi\u00f3 al resguardo reclamado por la accionante, pues en sentir de los suscritos, la salvaguarda debi\u00f3 denegarse.
\n1. La determinaci\u00f3n de la cual nos apartamos juzg\u00f3 errada la sentencia proferida el 28 de agosto de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, la cual revoc\u00f3 la emitida por el a-quo para, en su lugar, seguir adelante la ejecuci\u00f3n incoada por Gerardo Flori\u00e1n Polan\u00eda en contra de la accionarte -Hoteles Honda S.A.- con el fin de recuperar los $122.738.626 que, como rematante, cancel\u00f3 por impuestos prediales debidos respecto al predio que le fuera adjudicado en un 50% en el juicio ejecutivo laboral que Luz Rubiela Walteros, Luis Alberto Rubio, Armando Fl\u00f3rez, Amparo Vanegas, Mery Ram\u00edrez y Cristina Mauricia C\u00f3rdoba le promovieron a Hoteles Honda S.A. (el cual curs\u00f3 en el Juzgado Laboral de Honda), para lo cual adjunt\u00f3 como t\u00edtulo \u00abel recibo original de pago por valor de $122.738.626.00, del 15\/5\/2015[;] [la] certificaci\u00f3n original del Secretario de Hacienda y del Tesoro [del Municipio de Honda] donde consta que… pag\u00f3] este valor en esa fecha[;]
\n[y] copia [del] paz y salvo municipal de la misma fecha\u00bb. <\/p>\n

Para arribar a esa conclusi\u00f3n esta Sala de Casaci\u00f3n, en posici\u00f3n mayoritaria y en lo medular, concluy\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n proferida por el juzgador ad quem… constituye un evidente yerro procedimental\u00bb, comoquiera que el Tribunal acusado, tras mencionar el contenido de los art\u00edculos 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 455 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abse\u00f1al\u00f3 que… \u00aben ning\u00fan momento el legislador sancion\u00f3 el vencimiento de tales t\u00e9rminos con la preclusi\u00f3n del derecho del rematante a que se le reconozcan tales gastos\u00bb, y pese a que consider\u00f3 que el reembolso fue denegado por la sala laboral del tribunal al resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto dictado por el juzgado el 22 de mayo de 2015, \u00abpor haber sido solicitado por fuera de los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 530 del C.P.C.\u00bb, se hab\u00eda acreditado el pago que las empresas demandadas adeudaban al municipio de Honda y, por ende, estaban obligadas a devolver \u00e9sa suma a quien hab\u00eda saldado esa obligaci\u00f3n, por lo que desechando las excepciones propuestas, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n…\u00bb.
\nPor ese rumbo, se argument\u00f3 en el fallo del cual me aparto, que:
\n…Esta Corporaci\u00f3n no comparte la postura adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la medida en que siendo clara y di\u00e1fana la norma aplicable en este concreto asunto, no le era dable al juzgador entrar a realizar interpretaciones y menos cuando con ellas se reviv\u00edan t\u00e9rminos fenecidos, generando con ello desequilibrio entre las partes y favorecimiento a un interviniente que en su momento procesal fue incurioso frente al cumplimiento de las cargas que la ley le <\/p>\n

impon\u00eda atender.
\nEfectivamente, el inciso 2\u00b0 del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicable para cuando se produjo la aprobaci\u00f3n del remate en el ejecutivo laboral (rad. 2002\u001f00083), preve\u00eda que \u00ab(…) si el bien rematado se encuentra en poder del ejecutado el producto del remate s\u00f3lo se entregar\u00e1 al ejecutante cuando aqu\u00e9l haya sido entregado al rematante y se le haya desembolsado lo que hubiere pagado por impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito, causados hasta la fecha de la entrega, a menos que hayan transcurrido m\u00e1s de quince d\u00edas desde la aprobaci\u00f3n del remate sin que el rematante haya solicitado la entrega o el reembolso de gastos\u00bb.
\nDe dicho contenido normativo se colige que hay una oportunidad para que el rematante haga valer lo que pag\u00f3 por los conceptos de impuestos, administraci\u00f3n y servicios p\u00fablicos causados respecto del inmueble adjudicado, ya que en caso contrario, ni el ejecutante est\u00e1 obligado a esperar m\u00e1s tiempo para recibir el producto del remate, ni el ejecutado el saldo que pudiere surgir de dicha venta forzada…
\nEspecfficamente en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, ya con antelaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hab\u00eda abordado su estudio, encontrando que aunado al desinter\u00e9s que inicialmente mostr\u00f3 el accionante para reclamar el pago de tal importe, era razonable la postura adoptada por el Juzgado Laboral del Circuito de Honda en prove\u00eddo del 5 de mayo de 2015, consistente en negar la solicitud para que se dedujera la deuda por impuesto predial del producto subastado, por lo que \u00abmal podr\u00eda configurarse una violaci\u00f3n constitucional en este especifico aspecto, pues se itera, lejos de cuestionar la negaci\u00f3n del juzgado a su primigenia petici\u00f3n, fue el propio accionante quien encauz\u00f3 su proceder en atenci\u00f3n a la norma transcrita, al margen de que el resultado obtenido no le haya sido favorable\u00bb (CSJ STL11996-2016, 24 ago. 2016, rad. 44382).
\nEsa providencia fue ratificada por la homologa Penal, al precisar que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, al confirmar lo decidido por el juzgado a quo, lo hizo \u00abcon estricto apego de lo se\u00f1alado por el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 530 del C.P.C., el cual
\nestablece que el reembolso por dichos rubros de funcionamiento <\/p>\n

del inmueble, ser\u00e1n negados cuando ello no se hubiere solicitado dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la aprobaci\u00f3n del remate el adjudicatario, plazo que se dej\u00f3 fenecer por parte del ahora demandante en el asunto sub examine. Si bien afirma el petente present\u00f3 la solicitud con anterioridad al 14 de mayo, lo cierto es que este solo vino a plantear el reembolso, el d\u00eda 15 de ese mismo mes, por lo que super\u00f3 en un d\u00eda el t\u00e9rmino legal establecido como l\u00edmite para tornar viable su niego\u00bb (CSJ STP14482-2016, 6 oct. 2016, rad. 88047).
\nDe donde se extrajo que \u00abal haberse revocado por el tribunal accionado la desestimaci\u00f3n del ejecutivo impetrado por el hoy tutelante (sic), pese a que en el escenario jur\u00eddico adecuado desaprovech\u00f3 la oportunidad para cobrar la obligaci\u00f3n a su favor, conlleva la incursi\u00f3n en un yerro de \u00edndole procedimental por actuar al margen de lo prevenido en la regla 7a del cam\u00f3n 530 de la codificaci\u00f3n adjetiva que reg\u00eda el punto en cuesti\u00f3n\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00aben virtud de los medios exceptivos propuestos por la hoy accionante y la otra sociedad demandada, el juzgado entr\u00f3 a revisar nuevamente el mandamiento de pago y encontr\u00f3 que deb\u00eda ser revocado, pues el t\u00edtulo aducido como b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n, carec\u00eda de las exigencias de que trataba el art\u00edculo 488 del anterior estatuto adjetivo, hoy 422 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.
\n2. Ahora, el epicentro de nuestro disentimiento se sit\u00faa en que, m\u00e1s all\u00e1 de que se pudieran compartir los argumentos expuestos por la Colegiatura acusada en la decisi\u00f3n que se le critica, lo cierto es que los suscritos no encuentran que en ella se haya incurrido en arbitrariedad aberrante alguna que impusiera la intervenci\u00f3n del juez
\nconstitucional. <\/p>\n

2.1. En efecto, all\u00ed el ad-quem atacado fij\u00f3 que \u00ab[cJonforme los alegatos expuestos por la parte recurrente, se presenta como tema a dilucidar…, el determinar si del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n se deriva una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible en contra de las sociedades… ejecutadas\u00bb; y tras aludir al contenido del inciso 2\u00b0 del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como del numeral 7\u00b0 del canon 455 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1al\u00f3:
\nN\u00f3tese como en ambas normas el legislador fij\u00f3 un t\u00e9rmino: a) de 15 d\u00edas para que el remata nte solicitara el rembolso de los gastos relacionados con impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas – de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito, en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y b) de 10 d\u00edas para que el rematante solicitara los respectivos soportes de los montos adeudados por esos mismos conceptos para acreditarlos ante el juez, con la finalidad de que \u00e9ste reserve las sumas necesarias para su pago, en el C\u00f3digo General del Proceso.
\nDe forma tal que si no lo hace, en cualquiera de los dos casos…, la sanci\u00f3n es que el juez ordena la entrega a las partes del producto del remate. En ning\u00fan momento el legislador sancion\u00f3 el vencimiento de tales t\u00e9rminos con la preclusi\u00f3n del derecho del rematante a que se le reconozcan tales gastos.
\nEn este punto conveniente se hace traer a colaci\u00f3n la sentencia C-158 de 2016, expedida por la Corte Constitucional, que examin\u00f3 la constitucionalidad de la norma del C\u00f3digo General del Proceso a la que hemos venido haciendo referencia, que en lo atinente a este punto se\u00f1al\u00f3:
\n"Obs\u00e9rvese que la disposici\u00f3n normativa solo establece una regla de cierre que conmina al juez, so pena de incurrir en falta' grav\u00edsima, a aprobar el remate en corto tiempo y, a su vez, le ofrece al rematante la seguridad de que la adquisici\u00f3n del bien no se dilatar\u00e1 injustificadamente. En ning\u00fan momento, el legislador ampl\u00eda el escenario de regulaci\u00f3n a otros procesos
\nejecutivos adelantados para perseguir el pago de impuestos, <\/p>\n

servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito, que est\u00e9n relacionados con el bien rematado. Es decir…, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, impacta solo el proceso ejecutivo en el cual tuvo lugar el remate de los bienes perseguidos por el ejecutante y no otros procesos ejecutivos adelantados en contra del sujeto ejecutado, en donde se pretenda el pago de las obligaciones descritas, o de otras distintas, pues estos transcurrir\u00e1n y finalizar\u00e1n conforme a los tiempos y tr\u00e1mites procesales establecidos por el legislador".
\nEstas argumentaciones resultan aplicables al caso que nos ocupa, en tanto, como arriba se indic\u00f3, esta norma regula de manera similar el tema, a cont\u00f3 lo regulaba el C\u00f3digo de Procedimiento Civil.
\nEstos planteamientos guardan estrecha relaci\u00f3n con la reiterada jurisprudencia especializada que, desde vieja data, ha se\u00f1alado que "El remate de bienes… corresponde a una venta en la que, por fuerza de… ley, el juez que lo pr\u00e1ctica act\u00faa en representaci\u00f3n del vendedor y, por ende, debe velar porque, como en toda enajenaci\u00f3n, su objeto sea entregado al comprador (que ser\u00eda el rematante), libre de todo gravamen. De suyo, por eso, se ha entendido que los valores correspondientes a los impuestos causados antes de la subasta respecto de la cosa vendida, son de cargo del enajenante y que si el rematante, con miras a obtener la aprobaci\u00f3n del remate, paga y acredita la cancelaci\u00f3n de los mismos, deben reintegrarse a \u00e9l las sumas que por tal concepto sufrag\u00f3, del precio mismo del remate…" (… Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 18 de febrero de 1999, exp. 5834).
\nBajo esos postulados y de cara al material suasorio recolectado en el caso concreto, dijo que:
\n…se tiene como hecho cierto que i) al se\u00f1or Gerardo Flori\u00e1n Polan\u00eda el 21 de abril del 2015 le fue adjudicado en remate adelantado por el Juzgado Laboral del Circuito de Honda, dentro de proceso ejecutivo con radicado 2002-00083, el 50% del inmueble con matr\u00edcu la inmobiliaria Nro. 362-10138; ii) que el 5 de mayo de 2015, el rematante le solicit\u00f3 al juzgado pagar con el producto del remate el valor del impuesto predial del inmueble <\/p>\n

cuyo monto ascend\u00eda a $122.738.626, solicitud que ese mismo d\u00eda le fue denegada por el juez del conocimiento, conmin\u00e1ndolo a realizar el pago y a solicitar el reembolso; iii) que el 15 de mayo de 2015, el rematante alleg\u00f3 la constancia del pago de impuesto predial solicitando el reembolso de su valor, a lo cual accedi\u00f3 el juzgado en prove\u00eddo del 22 de mayo de 2015, sin embargo, apelada tal decisi\u00f3n, fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial en auto de 7 de junio de 2016, negando el reembolso por haber sido solicitado por fuera de los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.
\nAs\u00ed mismo, obran en las presentes actuaciones, la factura No. 334 donde consta que las sociedades ejecutadas le adeudaban al Municipio de Honda, por concepto de impuesto predial correspondiente al per\u00edodo comprendido de enero de 2002 y diciembre de 2015, la suma de $122.738.626, valor que fue cancelado por el aqu\u00ed ejecutante…; certificando el Secretario de Hacienda y del Tesoro del Municipio de Honda, que tal pago lo hizo… Gerardo Flori\u00e1n Polan\u00eda…
\nY luego, tras indicar que para el juzgador a-quo \u00abninguno de estos documentos prestan m\u00e9rito ejecutivo, en tanto no provienen de los ejecutados ni en ellos consta que aqu\u00e9llos se hayan obligado para con el ejecutante a pagar la suma de dinero que se pretende cobrar\u00bb; sostuvo qu\u00e9, al momento del remate, las .ejecutadas estaban inscritas como copropietarias del inmueble y \u00abadeudaban a mayo 15 de 2015, por concepto de impuesto predial, la suma de $122.738.626\u00bb, para a continuaci\u00f3n se\u00f1alar que: <\/p>\n

La Ley 1430 de 2010 en su art\u00edculo 54, modificado por el… 11 de la Ley 1607 de 2012, establece que: "Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jur\u00eddicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se realice el hecho gravado a trav\u00e9s de consorcios, uniones temporales, patrimonios aut\u00f3nomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto".
\nY el art\u00edculo 60 establece que el impuesto predial es un "gravamen real que recae sobre los bienes ra\u00edces, podr\u00e1 hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el respectivo municipio podr\u00e1 perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier t\u00edtulo que lo haya adquirido".
\n"Esta disposici\u00f3n… no tendr\u00e1 lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en p\u00fablica subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deber\u00e1 cubrirlos con cargo al producto del remate".
\n"Para autorizar el otorgamiento de escritura p\u00fablica de actos de transferencia de dominio sobre el inmueble, deber\u00e1 acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al d\u00eda por concepto del impuesto predial".
\nEl Acuerdo 001 del 9 febrero de 2015, "por el cual se adopta la normativa sustantiva tributaria para el Municipio de Honda Tolima", expedido por el Concejo Municipal de esa ciudad, en su art\u00edculo 25 establece que:
\n"El sujeto pasivo del impuesto predial unificado es la persona natural o jur\u00eddica, propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicci\u00f3n del Municipio.
\nResponder\u00e1n solidariamente por el pago del impuesto el propietario y el poseedor del predio.
\nCuando se trata de predios sometidos al r\u00e9gimen de comunidad ser\u00e1n los sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporci\u00f3n a su cuota, acci\u00f3n o derecho sobre el predio indiviso".
\nY el art\u00edculo 43 del mismo acuerdo dispone: <\/p>\n

"LIQUIDACI\u00d3N DEL IMPUESTO. El impuesto predial unificado lo liquidar\u00e1 anualmente la Secretar\u00eda de Hacienda y Tesorer\u00eda Municipal sobre el aval\u00fao catastral respectivo, fijado para la vigencia en que se causa el impuesto.
\nPAR\u00c1GRAFO PRIMERO. Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos al r\u00e9gimen de comunidad ser\u00e1n sujetos pasivos del gravamen, los respectivos propietarios, cada cual en proporci\u00f3n a su cuota, acci\u00f3n o derecho al bien indiviso. Para facilitar la facturaci\u00f3n del impuesto, \u00e9ste se har\u00e1 a quien encabece la lista de propietarios, entendi\u00e9ndose que los dem\u00e1s ser\u00e1n solidarios y responsables del pago del impuesto para efectos de paz y salvo".
\nY frente al paz y salvo establece el art\u00edculo 39 que: "El paz y salvo por concepto del pago de impuesto predial unificado, ser\u00e1 expedido por la Secretaria de Hacienda [y] Tesorer\u00eda Municipal y tendr\u00e1 vigencia durante el tiempo por el cual se est\u00e1 libre de obligaciones sobre el predio respectivo. El paz y salvo del referido impuesto se exigir\u00e1 para legalizar la venta o transferencia de toda propiedad ra\u00edz en el municipio. Solamente se expedir\u00e1 previo el pago del impuesto del respectivo a\u00f1o gravable y de los anteriores que est\u00e9n en mora".
\nA su vez, el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 51 de la Ley 633 de 2000 establece que: "en todos los casos los socios, copart\u00edcipes, asociados, cooperados, comuneros y consorcios responder\u00e1n solidariamente por los impuestos, actualizaci\u00f3n e intereses de la persona jur\u00eddica o ente colectivo sin personer\u00eda jur\u00eddica de la cual sean miembros, socios, copart\u00edcipes, 'asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual lo hubieren pose\u00eddo en el respectivo per\u00edodo gravable…
\nEn los mismos t\u00e9rminos se entienden modificados el inciso primero y el literal b) del art\u00edculo 793 y el art\u00edculo 794 de este Estatuto".
\nSeguidamente, concluy\u00f3 que todo ese recuento normativo permit\u00eda entender que las sociedades ejecutadas \u00aberan solidariamente responsables del pago del impuesto <\/p>\n

predial del inmueble\u00bb y qu\u00e9 si bien s\u00f3lo Hoteles Honda S.A. \u00abera la ejecutada en el proceso laboral, no puede afirmarse que el rematante deb\u00eda solo cancelar el 50% de las acreencias generadas por el inmueble…, pues el impuesto predial… se causa cada a\u00f1o y no puede fraccionarse en tal forma, por lo tanto, el rematante debi\u00f3 pagar el monto total adeudado, pues como se vio en las normas arriba transcritas, para que el remate pueda registrarse, se requiere estar al d\u00eda en el pago del impuesto predial\u00bb.
\nPor ese sendero, despu\u00e9s afirm\u00f3 que:
\n…como arriba se vio, el remate de bienes corresponde a una venta en la que, por fuerza de la ley, el juez que lo pr\u00e1ctica act\u00faa en representaci\u00f3n del vendedor, en este caso, el Juez Laboral del Circuito de Honda… autoriz\u00f3 u orden\u00f3 al rematante, …Flori\u00e1n Polan\u00eda, en prove\u00eddo del 5 de mayo de 2015, realizar el pago del impuesto predial, subrog\u00e1ndose \u00e9ste en los derechos del Municipio de Honda, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art\u00edculo 1630 de la misma normatividad; por lo tanto, al ser los aqu\u00ed demandados obligados solidarios, se pod\u00eda demandar a uno o a ambos.
\nAhora, se observa que el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 828 del Estatuto Tributario establece que son t\u00edtulos ejecutivos y prestan m\u00e9rito ejecutivo, siempre y cuando contengan una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible… las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelaci\u00f3n (se resalt\u00f3).
\nRazones todas por las cuales, en suma, de manera categ\u00f3rica sentenci\u00f3 que:
\n…contrario a lo afirmado por la… juez de instancia, la factura No.
\n334, expedida por el Municipio de Honda, por concepto de <\/p>\n

impuesto predial y complementarios, consagra una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible a cargo de Inversiones Guali S.A… y Hoteles Honda S.A…. y a favor del ente territorial, de pagar por concepto de impuesto predial del per\u00edodo comprendido entre enero de 2002 y diciembre del 2015, la suma de $122.738.626; por lo tanto, presta m\u00e9rito ejecutivo, habi\u00e9ndose subrogado el rematante Gerardo Flori\u00e1n Polan\u00eda en los derechos del acreedor fiscal, raz\u00f3n por la cual las excepciones de "cobro de lo no debido" propuesta por INVERSIONES GUAM S.A… e "inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo" propuesta por HOTELES HONDA S.A…, estaban llamadas al fracaso, raz\u00f3n por la cual la
\nsentencia de primera instancia habr\u00e1 de revocarse (se destac\u00f3).
\n2.2. As\u00ed las cosas, encontramos que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no pod\u00eda ser de recibo en esta sede excepcional.
\nY es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3, con apoyo en las normas que encontr\u00f3 aplicables al asunto, especialmente los art\u00edculos 1630 y 1668 -numeral 50- del C\u00f3digo Civil, que Gerardo Flori\u00e1n Polan\u00eda al cancelar los impuestos prediales debidos por las ejecutadas, revalidado por lo ordenado por la autoridad judicial en el asunto en el que le fue adjudicado el inmueble, se subrog\u00f3 \u00aben los derechoS del acreedor fiscal\u00bb y, por ende, los documentos que daban cuenta de tal situaci\u00f3n constitu\u00edan t\u00edtulo ejecutivo, que no valor -como indistintamente lo aduce la
\n00
\ncaso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contrarias] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).
\nSobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01).
\n3. En \trecapitulaci\u00f3n, comoquiera que la decisi\u00f3n criticada \ten sede de tutela, al margen de compartirse, no era contentiva de \tuna falencia adjetiva, sustantiva o procedimental que por su \tenvergadura impusiera la intervenci\u00f3n \tdel juez constitucional, el resguardo deb\u00eda denegarse.
\n4. Adem\u00e1s, \tdiscrepamos .en \tcuanto a la forma en que la posici\u00f3n \tmayoritaria abord\u00f3 el asunto planteado ante esta \tespecial jurisdicci\u00f3n, comoquiera que a pesar de que el <\/p>\n

caso fustigado lo es el ejecutivo que Gerardo Flori\u00e1n Polonia le promovi\u00f3 a Hoteles Honda S.A. para obtener el pago de los impuestos que como rematante cubri\u00f3 en otro asunto ejecutivo -de \u00edndole laboral-, en la decisi\u00f3n respecto de la cual salvamos el voto el an\u00e1lisis efectuado confundi\u00f3 ambos juicios, dando por sentada la inviabilidad del cobro propuesto al no haberse producido en el \u00faltimo proceso referido, en la oportunidad establecida en \u00e9ste para tal efecto, cuando esa no era la tem\u00e1tica a revisar, pues precisamente ello fue lo que motivo la acci\u00f3n coercitiva propuesta por Polonia para obtener el reintegro del dinero con el que cubri\u00f3 la obligaci\u00f3n a cargo de la accionante, sin que, por dem\u00e1s, se le diese alguna alternativa para lograr ser restituido en lo que le corresponde.
\n3. En \tlos anteriores t\u00e9rminos dejamos consignados los \tmotivos que en esta oportunidad nos llevaron a separarnos \tde la decisi\u00f3n mayoritaria.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC17032-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-03366-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hoteles Honda S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103200","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103200","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103200"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103200\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}