{"id":103202,"date":"2026-07-02T18:31:09","date_gmt":"2026-07-02T18:31:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103202"},"modified":"2026-07-02T18:31:09","modified_gmt":"2026-07-02T18:31:09","slug":"stc17034-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17034-2019\/","title":{"rendered":"STC17034-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC17034-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2019-02220-01
\n(Aprobado en Sala de doce de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de noviembre de 2019, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Argos Productos de Cart\u00f3n y Papel S.A. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la sociedad accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que consider\u00f3 vulnerados por la autoridad convocada en el tr\u00e1mite ejecutivo que en contra suya (y otro) adelant\u00f3 Latin Pack S.A. <\/p>\n

2.\tEn sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 incorpor\u00f3 un aval\u00fao de los bienes en disputa y dio traslado de aquel por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, dentro del referido interregno, present\u00f3 \u00abobservaciones al aval\u00fao\u00bb y, para ello, acompa\u00f1\u00f3 su solicitud \u00abcon un dictamen pericial\u00bb; sin embargo, el 8 de noviembre de 2018, el juzgado no se pronunci\u00f3 frente a tal pedimento pretextando que, \u00ab[S]er\u00eda del caso pronunciarse respecto de las observaciones efectuadas por el apoderado del ejecutado al aval\u00fao comercial aportado por el extremo actor (\u2026) si no fuera porque al estudiar el mismo se evidencia que procedi\u00f3 a realizar el aval\u00fao integral de la empresa Continental Paper S.A. quien no es parte y sobre quien no ha reca\u00eddo cautela alguna\u00bb, en raz\u00f3n de ello, dispuso \u00abno tener en cuenta las observaciones presentadas por el ejecutado\u00bb. <\/p>\n

Inconforme, interpuso \u00ablos recursos del caso\u00bb, los cuales fueron resueltos \u00abconfirmando el auto impugnado y fijando fecha de remate, bajos los mismos argumentos, es decir, no se examina (sic) las observaciones porque de acuerdo con el an\u00e1lisis del juzgado, el aval\u00fao que se adjunt\u00f3 con esas adolece de un error al no mencionar en su ac\u00e1pite final el valor de las acciones\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que esa determinaci\u00f3n quebrant\u00f3 sus garant\u00edas iusfundamentales porque \u00abimpidi\u00f3 que se materializara el ejercicio de contradicci\u00f3n\u00bb, respecto del dictamen aportado. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, pidi\u00f3 revocar las siguientes providencias: \u00abauto de fecha 8 de noviembre de 2018, notificado en estado del 9 de noviembre de 2018 y, ordenar se proceda por el juzgado a valorar y pronunciarse respecto de las observaciones presentadas en memorial del 13 de julio de 2018 y al an\u00e1lisis del aval\u00fao presentado en esa misma\u00bb; \u00abel auto de fecha 12 de marzo de 2019, notificado en estado del 13 de marzo de 2019\u00bb; \u00abel auto notificado en estado del 24 de julio de 2019, sin fecha de providencia\u00bb; \u00abel auto de fecha 9 de septiembre de 2019, notificado en estado del 20 de septiembre de 2019\u00bb.
\nRESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que los supuestos f\u00e1cticos que sirvieron de soporte al amparo \u00abno se acompasan a la realidad procesal, ya que si bien en el t\u00e9rmino de traslado el extremo ejecutado present\u00f3 observaciones al aval\u00fao las mismas no corresponden a los bienes previamente embargados en el proceso\u00bb. <\/p>\n

En ese sentido se\u00f1al\u00f3 que \u00aba favor del proceso se encuentran embargadas 450.000 acciones propiedad del ejecutado Argos Productos de Cart\u00f3n y Papel S.A., de la Sociedad Continental Paper S.A., por lo tanto deb\u00eda determinarse el valor de cada una de ellas; sin embargo, al presentar las observaciones se dedic\u00f3 a refutar los gastos reportados por la sociedad Continental Paper S.A. a controvertir sus estados financieros y el valor informado por la sociedad como activos y pasivo de las empresa\u00bb. <\/p>\n

Dijo entonces que, como \u00abel aval\u00fao aportado\u00bb no tuvo \u00abrelaci\u00f3n alguna con los bienes cautelados[,] no tuvo en cuenta las objeciones plateadas (sic) y aprob\u00f3 el aval\u00fao allegado por el extremo actor, sin que sea dable ahora revivir una etapa procesal legalmente precluida o tomar la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia\u00bb y, por lo tanto, \u00abla decisi\u00f3n proferida por el despacho se ajust\u00f3 a derecho\u00bb. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del reguardo.
\nFALLO DE PRIMERA INSTANCIA
\nEl tribunal desestim\u00f3 las pretensiones del amparo, habida cuenta que \u00ablo perseguido con esta acci\u00f3n es la creaci\u00f3n de otra instancia procesal y propiciar que el juez constitucional se arrogue plena competencia para examinar la cuesti\u00f3n litigiosa ya definida. N\u00f3tese que los reparos que en sede constitucional enarbola fueron el sustento de los recursos presentados, es as\u00ed como obrante a folio 8 reposa el auto de 12 de marzo que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de 8 de noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n

Como colof\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que la aspiraci\u00f3n de la gestora \u00abes que se haga un control de legalidad sobre la actuaci\u00f3n del juez natural y le imponga a este el razonamiento que favorezca su posici\u00f3n y con esa finalidad no fue concebida la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El ente societario convocante recurri\u00f3 la providencia porque, contrario a lo entendido por el tribunal a quo, \u00abla acci\u00f3n de tutela no busca por ning\u00fan motivo variar, modificar, cambiar o revocar ninguna decisi\u00f3n que hubiese adoptado el juez de conocimiento con respecto a la valoraci[\u00f3]n del aval[\u00fa]o que present[\u00e9]\u00bb. <\/p>\n

En tal sentido, reiter\u00f3 que se quebrant\u00f3 su garant\u00eda fundamental al debido proceso en la medida en que, el juez de la causa \u00abse abstuvo\u00bb de emitir pronunciamiento frente a su particular petici\u00f3n, constituyendo as\u00ed \u00abun defecto procedimental absoluto\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante al, presuntamente, no pronunciarse frente al escrito de \u00abobservaciones\u00bb que la quejosa radic\u00f3 en contra del aval\u00fao presentado por su contraparte. <\/p>\n

2.\tEl requisito de inmediatez. <\/p>\n

Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01).
\nM\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resaltado y negrillas fuera de texto. <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

En efecto, en auto del 8 de noviembre de 2018, mantenido en su integridad (v\u00eda reposici\u00f3n) el 12 de marzo de 2019 el despacho convocado zanj\u00f3 las disquisiciones en torno a las observaciones que la gestora present\u00f3 frente al aval\u00fao presentado por su contraparte, mientras que el resguardo se present\u00f3 el 1 de noviembre de 2019, de modo que se super\u00f3 el t\u00e9rmino considerado por la jurisprudencia como razonable, esto es, seis meses desde que se expidi\u00f3 la \u00faltima decisi\u00f3n estimada como trasgresora de los derechos invocados en la demanda. <\/p>\n

Cabe agregar que tampoco se adujo en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n

Por el contrario, la pretensora no ofreci\u00f3 ninguna justificaci\u00f3n de por qu\u00e9, dentro del lapso transcurrido desde la resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n, no acudi\u00f3 a la salvaguarda constitucional. <\/p>\n

Lo dicho en precedencia permite establecer que, desde la expedici\u00f3n de las providencias que cuestiona la convocante, hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio, se super\u00f3 con amplitud el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia, por lo que habr\u00e1 de confirmarse la negativa del amparo. <\/p>\n

Y, es que si bien, con posterioridad la promotora quiso cuestionar, una vez m\u00e1s, la negativa de la tramitaci\u00f3n de las \u00abobservaciones\u00bb a trav\u00e9s de un \u00abincidente de nulidad\u00bb, tambi\u00e9n es cierto que, esa petici\u00f3n se rechaz\u00f3 de plano por no responder tal pedimento a ninguna de las causales de anulaci\u00f3n previstas por la ley, situaci\u00f3n que denota la pretensi\u00f3n de reabrir debates que ya fueron zanjados por la autoridad competente. <\/p>\n

En un caso de similares contornos jur\u00eddicos al que ahora se examina, esta Corporaci\u00f3n dijo que \u00ab[A] diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta por prove\u00eddo de 25 de febrero de 2011, retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad por auto de 7 de abril de 2008, que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio analizado, como razonadamente lo consider\u00f3 el Tribunal (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00096-01)\u00bb (CSJ STC7554-2018, 13 de jun. de 2018). <\/p>\n

Entonces, bajo ese contexto, este ser\u00e1 el criterio que se impondr\u00e1 para la confirmaci\u00f3n de la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo cual releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas, lo que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n

Finalmente, frente a la solicitud de revocar la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se se\u00f1al\u00f3 fecha y hora para la diligencia de remate de las acciones objeto de cautela, no se pasa por alto que la convocante no indic\u00f3 de qu\u00e9 manera le fueron quebrantadas sus garant\u00edas. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte ha sido enf\u00e1tica en resaltar que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando una decisi\u00f3n jurisdiccional, debe detallar las razones por las cuales se desconocieron derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los defectos que, sin perjuicio de la autonom\u00eda e independencia que caracterizan la funci\u00f3n judicial, configuraron v\u00eda de hecho. <\/p>\n

As\u00ed, la Sala ha indicado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se confirmar\u00e1 la negativa del resguardo, pero particularmente porque la accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de la inmediatez, y no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara dicha tardanza. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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