{"id":103204,"date":"2026-07-02T18:31:21","date_gmt":"2026-07-02T18:31:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103204"},"modified":"2026-07-02T18:31:21","modified_gmt":"2026-07-02T18:31:21","slug":"stc17253-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17253-2019\/","title":{"rendered":"STC17253-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

STC17253-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-04031-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jaime Alberto Almario Mu\u00f1oz, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, concretamente contra el magistrado \u00c1lvaro Enrique L\u00f3pez Valera, los Juzgados Primero Promiscuo del Circuito y Promiscuo de Familia, ambos de Aguachica (Cesar) y M\u00f3nica Paola Castilla C\u00f3rdoba, con ocasi\u00f3n del juicio de regulaci\u00f3n de visitas adelantado por el gestor contra M\u00f3nica Paola Castilla C\u00f3rdoba. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El querellante reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, igualdad, familia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

En el decurso criticado, el 10 de mayo de 2018, el juzgado de familia querellado declar\u00f3 su impedimento para conocer el asunto, decisi\u00f3n recurrida por el gestor en reposici\u00f3n, medio impugnativo rechazado el d\u00eda 28 posterior, ordenando, en consecuencia, la remisi\u00f3n de las diligencias a la colegiatura convocada. <\/p>\n

Asevera que no tuvo conocimiento de la suerte del proceso en la corporaci\u00f3n cuestionada y solo hasta el 22 de julio de 2019, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Aguachica se pronunci\u00f3 al respecto, no aceptando el \u201cimpedimento\u201d exteriorizado por la juez de familia y disponiendo el env\u00edo del cartulario al tribunal, prove\u00eddo recibido con asombro, pues ten\u00eda idea de que el expediente estaba ante el superior. <\/p>\n

Afirma que se ha dilatado el juicio desconociendo tanto sus derechos fundamentales como los de su hijo, dado que su progenitora est\u00e1 ejerciendo arbitrariamente la custodia del menor sin permitirle las visitas con su padre. <\/p>\n

3. Solicita, en concreto, (i) ordenar al tribunal pronunciarse sobre el impedimento manifestado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica; (ii) compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura; y (iii) disponer que el ICBF restablezca las prerrogativas del menor permiti\u00e9ndole las visitas con su padre. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Aguachica solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, aduciendo haber actuado de conformidad con lo ordenado por su superior (folio 42). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El amparo se compendia en establecer si el colegiado encartado menoscab\u00f3 las garant\u00edas superiores del petente, al incurrir en una tardanza injustificada en el asunto materia de este auxilio, pues no ha resuelto sobre el \u201cimpedimento\u201d exteriorizado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica (Cesar) para conocer el proceso de regulaci\u00f3n de visitas por \u00e9l adelantado contra M\u00f3nica Paola Castilla C\u00f3rdoba. <\/p>\n

2. Delanteramente, se advierte la improcedencia de la censura, por cuanto, en \u00faltimas, lo pretendido por el querellante es obtener resoluci\u00f3n respecto del \u201cimpedimento\u201d anteriormente referenciado. Seg\u00fan la informaci\u00f3n obrante en el plenario, fue decidido el 6 de diciembre de este a\u00f1o, pues en auto emitido en esa data, no se acept\u00f3 la separaci\u00f3n expuesta por la juez de familia cuestionada y se orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias a su despacho. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se disipan los supuestos f\u00e1cticos sobre los cuales el gestor encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas fundamentales, de manera que administrar justicia constitucional para el caso en concreto, se torna inane. <\/p>\n

En lo atinente a la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3. Ahora bien, si el actor estima que la autoridad reprochada incurri\u00f3 en proceder que requiera ser investigado, est\u00e1 facultado para ponerlo en conocimiento del organismo competente, quien definir\u00e1 el m\u00e9rito de sus aseveraciones y de hallar configurada alguna falta, seguro, adoptar\u00e1 los correctivos pertinentes. <\/p>\n

4. Finalmente, los reparos frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no se abren paso, dado que no existe evidencia de la cual se extraiga que el querellante concurri\u00f3 ante esa entidad a solicitar su intervenci\u00f3n y que aquel haya desestimado tal pedimento. <\/p>\n

5.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla:
\n\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tLa salvaguarda impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Jaime Alberto Almario Mu\u00f1oz, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, concretamente contra el magistrado \u00c1lvaro Enrique L\u00f3pez Valera, los Juzgados Primero Promiscuo del Circuito y Promiscuo de Familia, ambos de Aguachica (Cesar) y M\u00f3nica Paola Castilla C\u00f3rdoba, con ocasi\u00f3n del juicio de regulaci\u00f3n de visitas adelantado por el gestor frente a M\u00f3nica Paola Castilla C\u00f3rdoba. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

(Ausencia justificada)
\nOCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

(Ausencia justificada)
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ STC de \t13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros \ten fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n9 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n10 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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