{"id":103207,"date":"2026-07-02T18:31:52","date_gmt":"2026-07-02T18:31:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103207"},"modified":"2026-07-02T18:31:52","modified_gmt":"2026-07-02T18:31:52","slug":"stc17293-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17293-2019\/","title":{"rendered":"STC17293-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC17293-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2019-00422-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 23 de octubre de 2019, dictada por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Luc\u00eda Jaimes de Hern\u00e1ndez contra del Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n intestada de Daniel Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, radicado bajo el n\u00ba 2017-00331. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, supuestamente lesionada por la autoridad jurisdiccional querellada.
\n2.\tLa causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n

Ante el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, Edisson Wilber Hern\u00e1ndez Jaimes demand\u00f3 la apertura del juicio de sucesi\u00f3n del causante Daniel Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez (q.e.p.d.), con radicaci\u00f3n n\u00ba 2017-00331. <\/p>\n

El 2 de agosto de 2017, fue declarado abierto ese tr\u00e1mite y se orden\u00f3 citar a la aqu\u00ed actora en calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente y a los herederos conocidos del de cujus, Jos\u00e9 Daniel, Jhon Alexander y Luz Viviana Hern\u00e1ndez Jaimes. <\/p>\n

Una vez notificada, Jaimes de Hern\u00e1ndez \u201ccontest\u00f3 la demanda\u201d; sin embargo, el despacho accionado la requiri\u00f3 para indicar \u201cbajo qu\u00e9 condici\u00f3n o figura jur\u00eddica participar\u00eda en la sucesi\u00f3n\u201d aqu\u00e9lla manifest\u00f3 \u201coptar por porci\u00f3n conyugal\u201d. <\/p>\n

El 24 de agosto siguiente, se aprobaron los inventarios y aval\u00faos, teniendo como \u00fanico activo el inmueble ubicado en la carrera 20 No. 25-19, de Gir\u00f3n, identificado con matr\u00edcula No. 300-209616. <\/p>\n

Luego de varias inconsistencias relacionadas con el trabajo de partici\u00f3n, el 30 de noviembre posterior, se alleg\u00f3 uno nuevo; empero, el estrado convocado advirti\u00f3 que, por error, le fue asignado a la consorte sup\u00e9rstite el 50% de la heredad antes descrita, cuando \u00e9sta \u201copt\u00f3 por porci\u00f3n conyugal\u201d y de admitirlo, se desconocer\u00eda la voluntad por ella plasmada; en consecuencia, el 9 de abril de 2019, orden\u00f3 \u201crehacer la partici\u00f3n\u201d, lo cual tuvo lugar, el 12 de abril ulterior. <\/p>\n

El 9 de mayo de 2019, el despacho confutado requiri\u00f3 a las partes adelantar les gestiones atinentes de paz y salvo ante la DIAN. <\/p>\n

Frente a esa determinaci\u00f3n, la accionante present\u00f3 un escrito de \u201creconsideraci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n\u201d y, en subsidio, apelaci\u00f3n, se\u00f1alando que los sucesores hab\u00edan llegado a un acuerdo el 24 de agosto de 2018, para adjudicarle el 50% de la propiedad objeto de la litis; no obstante, dichas herramientas fueron declaradas improcedentes, pues el prove\u00eddo controvertido, en nada se refiri\u00f3 a la distribuci\u00f3n de bienes. <\/p>\n

El 30 de agosto anterior, se dict\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n reelaborado. Aunque la censora recurri\u00f3 en alzada ese pronunciamiento, tal remedio fue denegado el 13 de agosto \u00faltimo, por omitirse la objeci\u00f3n correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 590 del C.G.P. <\/p>\n

Asevera que la sede judicial querellada desconoci\u00f3 el pacto verbal al cual llegaron las partes el 24 de agosto de 2018, donde convinieron otorgarle el 50% del bien ra\u00edz. <\/p>\n

3.\tExige, en concreto, ordenar rehacer el trabajo de partici\u00f3n (fols. 50 al 54, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta de \t\tlos accionados y vinculados <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las afirmaciones de la c\u00f3nyuge sobreviviente son malintencionadas, toda vez que trata de culpar a este despacho por la opci\u00f3n que ella escogi\u00f3, raz\u00f3n por la cual se aclara que en ning\u00fan momento esta juzgadora acord\u00f3 o coordin\u00f3 la distribuci\u00f3n de los bienes (\u2026)\u201d (fols. 61 y 62, cdno. 1). <\/p>\n

2. La apoderada de Jos\u00e9 Daniel, Jhon Alexander y Luz Viviana Hern\u00e1ndez Jaimes, manifest\u00f3: \u201c(\u2026) ninguno de los herederos se opone a la petici\u00f3n de partici\u00f3n, donde se le adjudique a la se\u00f1ora Ana Luc\u00eda Jaimes el 50% por gananciales y reciba la suma de $72.500.000 (\u2026)\u201d, tal como se concert\u00f3 el 24 de agosto de 2018. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a-quo constitucional neg\u00f3 la s\u00faplica, tras inferir la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto, la sede judicial querellada el 9 de abril de 2019: <\/p>\n

\u201c(\u2026) dej\u00f3 sin efecto el auto de 20 de noviembre de 2018, y orden\u00f3 rehacer el trabajo de partici\u00f3n y no se present\u00f3 reparo alguno, siendo \u00e9sta la oportunidad procesal que ten\u00eda la accionante, quien se encontraba representada por un profesional del derecho para controvertir la tesis del fallador de instancia, en torno a (\u2026) adjudicarle el 50% del inmueble. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Incluso, la partidora designada alleg\u00f3 nuevamente el trabajo de partici\u00f3n el 12 de abril de 2019, contra el cual las partes tampoco presentaron objeci\u00f3n alguna (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La instaur\u00f3 la quejosa y los herederos, en escritos separados, insistiendo en los reparos expuestos en el l\u00edbelo genitor (fols. 106 a 109 y 126 a 129, \u00eddem). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha demandado la necesidad de verificar la existencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad como requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, previo a efectuar otro estudio sobre el fondo del asunto debatido, de manera que, a falta de alguna de las aludidas exigencias, deber\u00e1 negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

La presentaci\u00f3n oportuna es una caracter\u00edstica derivada de la naturaleza propia de esta acci\u00f3n, al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, al autorizar el amparo supralegal \u00fanicamente cuando se requiera la protecci\u00f3n inmediata de las prerrogativas fundamentales, o a\u00fan para evitar un perjuicio irremediable. Quien alega una transgresi\u00f3n o amenaza a sus derechos esenciales debe acudir a la jurisdicci\u00f3n pronta y urgentemente. <\/p>\n

3. Sin dificultad se advierte el fracaso de este auxilio, por la desatenci\u00f3n de la quejosa en relaci\u00f3n con el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto, de las probanzas adosadas, se observa que aquella no formul\u00f3 reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n confutada de 9 de abril de 2019. <\/p>\n

Ese instrumento resultaba procedente, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso e id\u00f3neo para controvertir la reelaboraci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, en cuanto a la adjudicaci\u00f3n en favor de la petente del 50% del inmueble con matr\u00edcula No. 300-209616. En esa oportunidad debi\u00f3 ponerse en conocimiento del estrado atacado, el presunto pacto suscrito por los herederos sobre la distribuci\u00f3n del bien; empero, as\u00ed no se hizo. <\/p>\n

De igual manera, como lo acot\u00f3 el a-quo constitucional, frente al nuevo trabajo de partici\u00f3n, la petente no propuso ninguna objeci\u00f3n, conforme lo permit\u00eda el canon 5092 \u00eddem, por lo cual perdi\u00f3 la oportunidad de apelar el fallo aprobatorio del mismo. <\/p>\n

Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar mecanismos al alcance de todo litigante, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican esta herramienta constitucional. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

4. Adem\u00e1s, la peticionaria no demostr\u00f3 ni aleg\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable, de caracter\u00edsticas graves e inminentes, con entidad suficiente para facultar la injerencia de esta excepcional justicia en el caso confutado, m\u00e1xime si los sucesores, conformes con transferirle a la tutelante el 50% del rese\u00f1ado predio, bien pueden, si as\u00ed lo desean, disponer de sus cuotas y cederle ese porcentaje a aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u201d4. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tDe acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

(Ausencia justificada) <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

(Ausencia justificada) <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tFol. \t2 cdno 1
\n2\u0002 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t509. Presentaci\u00f3n de la partici\u00f3n, objeciones y \taprobaci\u00f3n \t(\u2026)\u201d.
\n3\u0002 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n4\u0002 \tCSJ \tSTC 11 de mayo de 2010, exp, 00249-01.
\n5\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n9\u0002 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n10\u0002 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n11\u0002 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n12\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n13\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC17293-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2019-00422-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 23 de octubre de 2019, dictada por la Sala Civil – Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103207","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103207\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}