{"id":103208,"date":"2026-07-02T18:32:00","date_gmt":"2026-07-02T18:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103208"},"modified":"2026-07-02T18:32:00","modified_gmt":"2026-07-02T18:32:00","slug":"stc17294-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17294-2019\/","title":{"rendered":"STC17294-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC17294-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01860-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 de octubre de 2019, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n en su nombre y como agente oficioso de Julia Torres Calvo, Margarita Bar\u00f3n de Castro y Abel de Jes\u00fas Barahona Castro frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Universidad Nacional, el Instituto Penitenciario y Carcelario \u2013Inpec- y el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan -Farc-. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

2. Del confuso, extenso y ambiguo ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

Narra el actor que, es primo hermano del \u201cdesaparecido\u201d sacerdote Abel de Jes\u00fas Barahona Castro, con quien fue poseedor de la hacienda \u201cEl Carmen\u201d, situada al lado del \u201cterminal sat\u00e9lite del norte, de donde fue despojado. <\/p>\n

Indica que \u201cla extinta guerrilla FARC sac\u00f3 unos panfletos en donde exig\u00eda dinero a cambio de la liberaci\u00f3n\u201d de Barahona Castro; en consecuencia, elev\u00f3 una petici\u00f3n dirigida a ese movimiento pol\u00edtico solicitando informaci\u00f3n sobre el paradero de aqu\u00e9l, sin que a la fecha haya recibido respuesta. <\/p>\n

Acota que sus familiares Margarita Bar\u00f3n de Castro, y Julia Torres Calvo aqu\u00ed agenciadas, fueron secuestradas por los hijos del actor, con el fin de apropiarse del aludido predio. <\/p>\n

Asevera que, en la actualidad, se encuentra privado de la libertad en la c\u00e1rcel La Picota y su vida est\u00e1 en riesgo, pues se quieren quedar \u201ca toda costa\u201d con su heredad.
\nSostiene que present\u00f3 acci\u00f3n de tutela con radicado 2019-00021, contra la Universidad Nacional, el Instituto Penitenciario y Carcelario Inpec y el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan -Farc-, aduciendo cuestiones similares a las aqu\u00ed planteadas; empero, la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n \u201cno la tramit\u00f3\u201d. <\/p>\n

3. Suplica, en concreto, (i) ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral admitir el amparo 2019-0021, (ii) se \u201cobligue\u201d a las -FARC- a pronunciarse sobre la desaparici\u00f3n de Barahona Castro e, (iii) imponerle al INPEC le autorice cambio de patio, por estar en riesgo su vida (fols. 1 al 155, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde los accionados y vinculados <\/p>\n

1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, inform\u00f3 que Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n promovi\u00f3 un auxilio an\u00e1logo al aqu\u00ed debatido, inadmitido el 28 de enero de 2019 y rechazado el 1 de febrero posterior, por no ser subsanado (fol. 184, \u00eddem). <\/p>\n

2. La Universidad Nacional de Colombia manifest\u00f3 que Abel de Jes\u00fas Castro Barahona, de quien se pretende la protecci\u00f3n de sus derechos a trav\u00e9s de agente oficioso \u201cno ha hecho parte de esa comunidad universitaria\u201d (fol. 180, \u00eddem). <\/p>\n

3. No se observa respuesta de los dem\u00e1s convocados <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la protecci\u00f3n exigida, por cuanto (i) el actor no acredit\u00f3 tener legitimidad para concurrir en nombre de Torres Calvo, Bar\u00f3n de Castro y Barahona Castro; (ii) no hall\u00f3 arbitrariedad en la actuaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al rechazar la salvaguarda censurada; (iii) indic\u00f3 que no obraba constancia del \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d dirigido a las Farc; (iv) adujo la inexistencia de elementos de prueba para inferir que la vida del mencionado ciudadano se encuentra en riesgo y, (v) respecto a la Universidad Nacional manifest\u00f3: \u201cno logra entenderse cu\u00e1l es la pretensi\u00f3n [concreta] frente a dicha instituci\u00f3n educativa\u201d; (fols. 185 a 195, \u00eddem). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 el gestor, insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor (fols. 212 a 259 \u00eddem). <\/p>\n

1. Delanteramente, ha de precisarse que, el accionante est\u00e1 legitimado para actuar como como agente oficioso de Julia Torres Calvo, Margarita Bar\u00f3n de Castro y Abel de Jes\u00fas Barahona, pues, seg\u00fan afirma, aquellos se encuentran \u201csecuestrados\u201d; no obstante, la protecci\u00f3n respecto de dichos sujetos, no se abre paso porque, de un lado, no se probaron las circunstancias de vulnerabilidad alegadas y, de otro, aqu\u00e9l debe poner en conocimiento de las autoridades penales competentes, los hechos materia del punible aqu\u00ed denunciado. <\/p>\n

2. Precisado lo anterior, es palmario el fracaso del resguardo incoado por Castro Bar\u00f3n porque \u00e9l mismo acudi\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n en pasadas oportunidades, alegando cuestiones similares a las ahora expuestas. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha rechazado la protecci\u00f3n reclamada en eventos como el presente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Si] la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela (\u2026), [esto es, cuando se establece] que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos a la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3. Visto lo anterior, corresponde advertir que esta Sala ha resuelto en reiteradas ocasiones acciones constitucionales impetradas por el aqu\u00ed gestor, la \u00faltima de ellas mediante providencia STC13595-2018 de 19 de octubre de dos mil dieciocho 2018, expediente No. 11001-02-30-000-2018-00357-01, en la cual el ataque se dirigi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, providencia donde se concluy\u00f3:
\n\u201c(\u2026) Como acreditaci\u00f3n, en lo concerniente con la queja constitucional, obra el prove\u00eddo ut supra, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela al considerar que \u00aba partir de la informaci\u00f3n obrante en el expediente y en el Sistema de consulta de jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se advierte que el accionante ha promovido varias acciones de tutela con ocasi\u00f3n del presunto ataque sistem\u00e1tico que varias autoridades adelantan en su contra para despojarlo de la posesi\u00f3n de la Hacienda \u201cEl Carmen\u201d, el cual presuntamente dio lugar a diferentes procesos judiciales y disciplinarios en su contra, a la perpetraci\u00f3n de actos que han puesto en peligro su integridad personal y a la desaparici\u00f3n de su familiar Abel de Jes\u00fas Barahona Castro (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) Resalt\u00f3, que \u00abcomo fue evidenciado en las decisiones STL19360-2017, STL11854-2017 y STC14436-2017, se trata de solicitudes de amparo que han sido declaradas improcedentes por temerarias, al constatar la identidad de objeto, actores y pretensiones\u00bb por lo que \u00abse rechazar\u00e1, la solicitud de amparo respecto de los hechos relacionados con el presunto ataque sistem\u00e1tico que varias autoridades adelantan en su contra para despojarlo de la posesi\u00f3n de la Hacienda \u201cEl Carmen\u201d, resaltando al accionante que con fundamento en los mismos deber\u00e1 abstenerse de formular una nueva acci\u00f3n de tutela porque se configur\u00f3 una cosa juzgada, de manera que no puede haber m\u00e1s pronunciamientos, e intentar algo en ese sentido se considerar\u00eda nuevamente temerario y dar\u00eda lugar a eventuales sanciones (\u2026)\u201d.
\n4. En relaci\u00f3n con la aseveraci\u00f3n hecha por el actor atinente al riesgo que corre su vida, esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9rita oportunidad le expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En lo que respecta a la primera pretensi\u00f3n, analizado tanto lo alegado por Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n como las respuestas recibidas en este tr\u00e1mite, advierte la Corte, que con el objeto de proteger de manera especial a las personas que con ocasi\u00f3n del ejercicio de su cargo, actividades o funciones pol\u00edticas, p\u00fablicas, sociales o humanitarias, que se encuentran en circunstancia de riesgo extraordinario o extremo de sufrir da\u00f1os a su vida, integridad personal o libertad, el Estado cre\u00f3 la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, la que junto con la Polic\u00eda Nacional y el Ministerio del Interior tiene a su cargo el Programa de Prevenci\u00f3n y Protecci\u00f3n de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de las personas, grupos y comunidades que est\u00e1n en situaci\u00f3n de riesgo extraordinario, consagrando el Decreto 4912 de 2011, en su art\u00edculo 40, el procedimiento a seguir en el evento de que un individuo considere que necesita medidas de protecci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Conforme lo explica el propio accionante, fue \u00e9l quien se neg\u00f3 a recibir la protecci\u00f3n que ahora pretende, puesto que en su escrito manifiesta que la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n le comunic\u00f3 \u00abde unos requisitos que debo cumplir, pero no me atrev\u00ed a hacerlo (\u2026) No me atrev\u00ed a ir a la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n por esa raz\u00f3n y porque tengo temores fundados de que puedo ser desaparecido o muerto por obra directa o indirecta o por interpuesta persona, por la Personera de Bogot\u00e1 (\u2026) y\/o por la Administraci\u00f3n de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda, o en fin por el Estado\u00bb, lo que pone de presente la inexistencia de la vulneraci\u00f3n del derecho a la vida que ahora reclama en relaci\u00f3n con la UNP (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En consonancia con lo expuesto, y como raz\u00f3n adicional para la desestimaci\u00f3n del amparo, observa igualmente esta Sala que conforme a las respuestas y documentaci\u00f3n recibida, Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n ha promovido tutelas anteriores contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, la Polic\u00eda Nacional, el Alcalde Mayor de Bogot\u00e1, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, por los mismos hechos que ahora alega (ver: STP6148-2016, STP16479-2016, STP250-2017, STP17061-2016 y 2017-01023), sin que exista justificaci\u00f3n para entender la presentaci\u00f3n de esta nueva tutela, en la que, por lo dem\u00e1s, afirma \u00abatendiendo lo dispuesto por el Decreto 2591 de 10991, en su art\u00edculo 37, bajo la gravedad del juramento declaro que por estos mismos hechos e invocando iguales derechos y en contra de las mismas autoridades\u00bb (f. 123 y 124), motivo por el que debe se\u00f1alarse entonces, que el accionante incurri\u00f3 en temeridad, y en aplicaci\u00f3n a la consecuencia prevista en el citado art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, se deber\u00e1n denegar esas pretensiones de la presente demanda\u00bb (ff. 307 a 327) (\u2026)2\u201d(subrayado para destacar). <\/p>\n

5. Refulge entonces, la materializaci\u00f3n de un abuso en la formulaci\u00f3n de este resguardo, a pesar de que entre las demandas var\u00edan los querellados, circunstancia advertida, incluso, en los amparos antes rese\u00f1ados. Es claro, la finalidad de la actual demanda es id\u00e9ntica a la de las pasadas. <\/p>\n

La divergencia ut supra percatada, no descarta la repetici\u00f3n de amparos, pues es palmario que existe igualdad de causa petendi derivada del presunto \u201cdesalojo\u201d de la hacienda \u201cEl Carmen\u201d, as\u00ed como de la desaparici\u00f3n del sacerdote Abel de Jes\u00fas Barahona Castro. <\/p>\n

En un auxilio como el actual, adujo la Sala:
\n\u201c(\u2026) [D]ebe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria (\u2026) sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos (\u2026)\u201d3 (subraya original). <\/p>\n

6. En consecuencia, como ya se realiz\u00f3 el examen tutelar sobre el presente asunto, es inviable insistir en replantear la censura para obtener otra decisi\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso desmedido de esta excepcional v\u00eda, pues, insistir en cuestiones ya resueltas por este medio, como sustento de su reclamo, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f34 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n reiterada de resguardos con igual finalidad, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida impartici\u00f3n de justicia. <\/p>\n

7. Tampoco se halla desafuero en la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, frente a la protecci\u00f3n radicada bajo el N\u00ba 2019-00021, por cuanto dicha Colegiatura manifest\u00f3 que Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n promovi\u00f3 un auxilio con identidad de partes al aqu\u00ed criticado, inadmitido el 28 de enero de 2019 y rechazado el 1 de febrero posterior, por no ser subsanado, de lo anterior, se colige, una fundamentaci\u00f3n razonada, acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 175 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se descarta la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho en el prove\u00eddo rese\u00f1ado porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener6, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del estrado arriba indicado, por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de este particular amparo, reservado para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n

8. Respecto a la petici\u00f3n elevada por el gestor ante el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan -Farc- solicitando informaci\u00f3n sobre el desaparecimiento de su primo Barahona Castro, tal como lo sostuvo el a-quo constitucional, no obra prueba que acredite la existencia de la misma, donde le requiera a la referida colectividad lo aqu\u00ed expuesto, en ese sentido \u201cimposible resulta sostener la ocurrencia de una afrenta a las prerrogativas constitucionales del libelista\u201d. <\/p>\n

En lo atinente a circunstancias como la descrita, esta Corte ha esgrimido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Para] emprender un an\u00e1lisis concreto que permita establecer si hubo o no vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n, (\u2026) el accionante [debe aportar] los elementos de prueba necesarios para concluir con certeza la infracci\u00f3n del orden constitucional, y en particular, (\u2026) debe acreditar la existencia material de la petici\u00f3n, y por supuesto, el hecho mismo de haberla puesto en conocimiento de la entidad destinataria de la solicitud, lo que es esencial para analizar, entre otros factores, si se excedi\u00f3 el tiempo m\u00e1ximo de respuesta, o si en verdad la contestaci\u00f3n fue completa y de fondo (\u2026)\u201d 7. <\/p>\n

9. Finalmente, si bien la Sala no observa ning\u00fan reparo concreto frente a la Universidad Nacional de Colombia, tal como lo se\u00f1al\u00f3 dicho establecimiento educativo en la respuesta allegada a este tr\u00e1mite tutelar, los accionantes \u201cno han hecho parte de esa comunidad universitaria\u201d, as\u00ed mismo refiri\u00f3: \u201c(\u2026) una vez consultado el sistema de gesti\u00f3n, no se encontr\u00f3 registro de \u00f3rdenes contractuales de prestaci\u00f3n de servicios (\u2026) de igual manera la secci\u00f3n de contrataci\u00f3n no maneja ninguna n\u00f3mina del personal docente (\u2026)8\u201d, en consecuencia, ning\u00fan reproche se le puede endilgar. <\/p>\n

10.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

10.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

10.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n

11. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

(Ausencia justificada) <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

(Ausencia justificada) <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb16, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb17; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tCSJ. \tSTC. 13 \tfeb. 2013, rad. 00168-00; \treiterada en STC. 20 \tmar. 2013 rad. 00517-01.
\n2\u0002 \tSTC8044-2017 \tde 7 de junio, rad. 01324-00
\n3\u0002 \tCSJ. \tSTC. 11 \tsep. 2009, rad. 001280-01.
\n4\u0002 \tLa \tConstituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 \testablece \u201c(\u2026) Toda \tpersona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los \tjueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento \tpreferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a \tsu nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos \tconstitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos \tresulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n \tde cualquier autoridad p\u00fablica \t\u201c(\u2026)\u201d.
\n5\u0002 \tARTICULO \t17. CORRECCION DE LA SOLICITUD. Si no pudiere determinarse el \thecho \to la raz\u00f3n que motiva la solicitud de tutela se prevendr\u00e1 \tal solicitante para \tque \tla corrija en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, los cuales \tdeber\u00e1n se\u00f1alarse \tconcretamente \ten la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud \tpodr\u00e1 \tser rechazada de plano.
\n6\u0002CSJ. \tSTC. 17 \tabr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las \tsentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de \t2005, Rad. 00142-00.
\n7\u0002 \tCSJ. STC. sentencia \tde 27 de enero de 2011, Exp. T. 2010-00305-01; reiterada el 13 de \tseptiembre de 2013, exp. 2013-00660-01
\n8\u0002 \tFol. \t182, cdno 1.
\n9\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n10\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n11\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n12\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n13\u0002 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n14\u0002 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n15\u0002 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n16\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n17\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC17294-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01860-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 de octubre de 2019, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103208","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103208"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103208\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}