{"id":103209,"date":"2026-07-02T18:32:16","date_gmt":"2026-07-02T18:32:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103209"},"modified":"2026-07-02T18:32:16","modified_gmt":"2026-07-02T18:32:16","slug":"stc17295-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17295-2019\/","title":{"rendered":"STC17295-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC17295-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-02022-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el auxilio promovido por Carlos Julio Coronado Hern\u00e1ndez, V\u00edctor Hernando Jaime Salazar y Luis Alfredo Raba Rubio frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y Dise\u00f1os y Confecciones HT S.A., en Liquidaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n del juicio coercitivo adelantado por Jushi Designs Ltda., a la \u00faltima de las mencionadas, radicado bajo el n\u00ba 2013-00075. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos promotores exigen el resguardo de la garant\u00eda al trabajo, presuntamente quebrantada por la autoridad jurisdiccional accionada. <\/p>\n

2. En sustento de su queja acotan que, se encontraban vinculados como trabajadores de la empresa Dise\u00f1os y Confecciones H.T. S.A., y en diciembre de 2012, en forma arbitraria los enviaron a vacaciones colectivas \u201cpara facilitar su posterior despido\u201d, como en efecto acaeci\u00f3 el 31 de enero de 2013. <\/p>\n

Ante esta circunstancia, demandaron a la aludida sociedad en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, solicitando el pago de los salarios y prestaciones adeudadas, donde se acogieron sus pretensiones. <\/p>\n

Sostienen haber acudido a la Superintendencia de Sociedades y Ministerio de Trabajo \u201cpara que obligaran a la empleadora a responder por sus acreencias\u201d; no obstante, les informaron que, por estar liquidada, no cuenta con activos. <\/p>\n

Aseveran que en el estrado convocado cursa el litigio materia de esta salvaguarda de Jushi Designs Ltda., a Dise\u00f1os y Confecciones H.T. S.A. El 14 de julio de 2016, las partes suscribieron un contrato de transacci\u00f3n y peticionaron la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n

El 19 de julio siguiente, el juzgado querellado indic\u00f3 que previo a aceptar lo solicitado, se debe \u201csatisfacer la obligaci\u00f3n que posee la sociedad ejecutada con la DIAN por valor de $569.754.000\u201d de acuerdo con lo dispuesto por el Juzgado Trece Civil del Circuito de esta urbe. <\/p>\n

El 1\u00ba de octubre de 2018, los interesados le informaron al despacho accionado tener en cuenta \u201cque como los dineros no hab[\u00edan] sido desembolsados a la DIAN\u201d diera cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil relativo a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de los trabajadores, petici\u00f3n negada el 24 de octubre posterior, se\u00f1al\u00e1ndoles \u201cque ese [capital] embargado no va a ser cancelado a [ellos] sino a la DIAN\u201d. <\/p>\n

Aducen que han transcurrido m\u00e1s de 6 a\u00f1os sin reconocerles sus garant\u00edas iusfundamentales adquiridas. <\/p>\n

3.\tExigen, en concreto, ordenar a la sede judicial querellada (\u2026) el reconocimiento de sus derechos a pro rata teniendo en cuenta que el monto que se encuentra depositado en el juzgado no alcanza para cubrir todas las acreencias laborales condenadas (\u2026)\u201d (fols. 40 al 59, cdno. 1).
\n1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

La Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias inform\u00f3 que la titular de la c\u00e9lula judicial confutada \u201cse encuentra asignada como escrutadora\u201d (fol. 83, cdno. 1). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a-quo constitucional neg\u00f3 la s\u00faplica, tras inferir la falta de legitimaci\u00f3n de los actores y la ausencia del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n

El primero, por cuanto los promotores no son parte ni terceros reconocidos en el proceso de \u201c(\u2026) marras, por [tanto], carecen de inter\u00e9s jur\u00eddico (\u2026) para cuestionar, en sede constitucional, la orden dispuesta por el juzgado en torno a poner a disposici\u00f3n de la DIAN una suma de dinero (\u2026)\u201d y, el segundo, porque han transcurrido m\u00e1s de once (11) meses desde el auto de 24 de octubre de 2018, mediante el cual el juzgado convocado no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. (fols. 139-145, \u00eddem). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La incoaron los censores insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito introductor e indicando que de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional la inmediatez se supera cuando \u201cla vulneraci\u00f3n permanece en el tiempo\u201d (fols. 123 al 127, \u00eddem). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Delanteramente, surge evidente la falta de legitimaci\u00f3n de Carlos Julio Coronado Hern\u00e1ndez, V\u00edctor Hernando Jaime Salazar y Luis Alfredo Raba Rubio para rebatir la gestion realizada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, dentro del compulsivo iniciado por Jushi Designs Ltda., contra Dise\u00f1os y Confecciones HT S.A., en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

Lo acotado porque aqu\u00e9llos no fueron reconocidos como parte, coadyuvantes o terceros en el asunto controvertido, y tampoco se decret\u00f3 en su favor y en otro juicio el \u201cembargo de remanentes\u201d dentro del decurso censurado; por lo cual, se insiste, no pueden aducir el quebranto de sus garant\u00edas por la mencionada autoridad jurisdiccional a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n

\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2. Refuerza la denegaci\u00f3n del auxilio el desconocimiento del presupuesto de inmediatez, pues el resguardo fue incoado tard\u00edamente el 10 de octubre pasado (fol. 59), habiendo transcurrido m\u00e1s de once (11) meses desde cuando se dict\u00f3 el prove\u00eddo censurado, de 24 de octubre de 2018, a trav\u00e9s del cual, el estrado fustigado neg\u00f3 la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos peticionada, per\u00edodo que supera el lapso de seis (6) meses adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si los gestores se demoraron en presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per se es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al funcionario querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte del amparo. <\/p>\n

3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las actuaciones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93, ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

4. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la decisi\u00f3n examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

(Ausencia justificada) <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

(Ausencia justificada) <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tCSJ. STC de \t21 \tde enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01.
\n2\u0002 \tCSJ. STC 2 \tde agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n3\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n4\u0002 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n

6\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7\u0002 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares c. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo c. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8\u0002 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n9\u0002 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC17295-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-02022-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2019, por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103209\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}