{"id":103211,"date":"2026-07-02T18:32:33","date_gmt":"2026-07-02T18:32:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103211"},"modified":"2026-07-02T18:32:33","modified_gmt":"2026-07-02T18:32:33","slug":"stc17297-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc17297-2019\/","title":{"rendered":"STC17297-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC17297-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2019-00302-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el auxilio promovido por Leonardo Tangarife Hurtado frente a los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Treinta y Cuatro Civil Municipal, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tenencia incoado por el quejoso a Miguel Angulo Carabal\u00ed, radicado bajo el n\u00ba 2017-00830. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, supuestamente vulnerada por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n

2. De la lectura del documento genitor y el examen de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte del presente amparo los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Santiago de Cali, conden\u00f3 a Eyhicela Zabala Vidal por los delitos de \u201cfalsedad en documento privado, falsedad en documento p\u00fablico y fraude procesal\u201d, por la venta espuria del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula n\u00b0 370-96702, propiedad del fallecido Jaime Tangarife Hurtado; en consecuencia, dispuso: i) la cancelaci\u00f3n de esa enajenaci\u00f3n y las subsiguientes; y ii) la restituci\u00f3n de dicho predio a favor de la sucesi\u00f3n del citado causante. <\/p>\n

Con base en la aludida providencia, Leonardo Tangarife Hurtado1 reclam\u00f3 de Miguel Antonio Angulo Carabal\u00ed2 la restituci\u00f3n del se\u00f1alado bien ra\u00edz, demanda repartida al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de esa localidad. <\/p>\n

El antelado despacho, mediante sentencia anticipada dictada el 28 de mayo de 2019, deneg\u00f3 la petici\u00f3n del all\u00ed querellante, hoy tutelante, por falta de \u201clegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d porque, en su criterio, Angulo Carabal\u00ed no ostentaba la calidad de tenedor, pues \u00e9ste adquiri\u00f3 la condici\u00f3n de poseedor, luego de la aniquilaci\u00f3n de su t\u00edtulo de dominio, por v\u00eda judicial. <\/p>\n

Esa determinaci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa urbe, el 23 de octubre pasado; empero, clarificando el ad quem, que tampoco se hallaba acreditada la \u201clegitimaci\u00f3n\u201d del extremo actor. <\/p>\n

El censor critica la postura acogida por los falladores encartados, por cuanto, con ella se <\/p>\n

\u201c(\u2026) desconoce la orden emitida por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Cali, quien claramente [lo] reconoci\u00f3 como v\u00edctima y legitimado para formular la acci\u00f3n que en derecho correspondiera (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. En concreto, el promotor ruega se invalide los prove\u00eddos cuestionados y, en su lugar, se de curso a su petici\u00f3n restitutoria. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

Las autoridades objetadas, en escritos separados, se reafirmaron en los pronunciamientos fustigados por esta senda. <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al no hallar desafuero en la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 el actor insistiendo en las explicaciones del escrito introductor. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDelanteramente, ha de precisarse que el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida por el fallador de segundo grado pues con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n

2. El ruego no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, pues no se advierte desafuero en la determinaci\u00f3n emitida por el juzgador del circuito querellado. <\/p>\n

N\u00f3tese, para justificar la confirmaci\u00f3n del fallo del a quo, la autoridad convocada, reflexion\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l objeto del presente proceso es \u201cla restituci\u00f3n de (\u2026) cualquier clase de bienes dados en tenencia a cualquier t\u00edtulo distinto al arrendamiento (\u2026) de donde surge evidente la exigencia legal de acreditar la existencia de un t\u00edtulo entre el tenedor y quien demanda la restituci\u00f3n de tenencia, sea cual fuere (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y agreg\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [A]dem\u00e1s de lo anterior, en el presente proceso se requiere acreditar por el demandante, seg\u00fan la sentencia del Juzgado [S\u00e9ptimo] Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento [de Cali,] que la restituci\u00f3n del inmueble en favor del se\u00f1or Jaime Tangarife Hurtado (q.e.p.d.), a fin de no hacer nugatorio el derecho que se pretende restablecer mediante esta providencia, coloc\u00f3 el requisito de acreditar a la persona el derecho para ello en virtud del fallecimiento del titular del bien (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Entonces, como no se] demostr\u00f3 que el demandante ostentara la calidad de heredero de Jaime Tangarife [Hurtado], es decir, si bien demostr\u00f3 [ser] hermano [del decujus], no se [acredit\u00f3] que tuviera la [condici\u00f3n] de heredero (\u2026) y tampoco [clarific\u00f3] que el inmueble ingresar\u00eda a la masa herencial del causante para efectos de que (sic) la propiedad del bien quedara en cabeza de los herederos del [aludido causante, el gestor adolece de facultad para accionar] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Con base en lo acabado de trasuntar, la autoridad querellada concluy\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Es por ello que se evidencia la falta de legitimaci\u00f3n por activa y pasiva en este proceso, consistente en que (sic) no se comprob\u00f3 la condici\u00f3n de tenedor del demandado ni el derecho a que (sic) se le restituya el inmueble a favor del demandante, por ello es necesaria la intervenci\u00f3n de este juzgado y por ser viable actuar de manera oficiosa en estudio de legitimaci\u00f3n en la causa, la decisi\u00f3n del juez de primera instancia, se encuentra ajustada a derecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el sentenciador encausado efectu\u00f3 un estudio adecuado de los lineamientos normativos y los elementos probatorios que lo condujeron a la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n

En efecto, debe remembrarse que de anta\u00f1o esta Sala ha dilucidado que la \u201clegitimaci\u00f3n en la causa\u201d es la facultad o titularidad legal de una persona en concreto para reclamar de otra el derecho controvertido, por ser esta \u00faltima la llamada a solventarlo.
\nObs\u00e9rvese, cuando el fallador dictamina la ausencia de ese presupuesto en cualquiera de los extremos de la lid, afirma a su vez que el demandante o demandado, seg\u00fan el caso, no es la persona habilitada por la ley sustancial para afrontar una precisa relaci\u00f3n jur\u00eddica, por tanto, ser\u00e1 tal asunto cuyo estudio debe abordar delanteramente el sentenciador. <\/p>\n

En pret\u00e9rita oportunidad esta Corte, haciendo suyo un concepto de Chiovenda, reflexion\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]stos requisitos de m\u00e9rito son llamados condiciones de la acci\u00f3n, porque respaldan y determinan su acogida y \u00e9xito. Estas condiciones consisten en la tutela de la acci\u00f3n por una norma sustancial, en la legitimaci\u00f3n en la causa y en el inter\u00e9s para obrar. Se cumple la primera de estas condiciones cuando el hecho o hechos que le sirven de fundamento a la acci\u00f3n (causa petendi) y la pretensi\u00f3n que constituye su objeto (petitum) coinciden con el hecho o hechos previstos por la ley sustancial y con el efecto jur\u00eddico que \u00e9sta atribuye a los mismos hechos. Apareciendo esta concordancia, resulta la acci\u00f3n tutelada por la ley y satisface una de las condiciones de su prosperidad. La legitimaci\u00f3n en la causa es en el demandante la calidad de titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la calidad de obligado a ejecutar la obligaci\u00f3n correlativa. Y el inter\u00e9s para obrar o inter\u00e9s procesal, no es el inter\u00e9s que se deriva del derecho invocado (inter\u00e9s sustancial), sino que surge de la necesidad de obtener el cumplimiento de la obligaci\u00f3n correlativa, o de disipar la incertidumbre sobre la existencia de ese derecho, o de sustituir una situaci\u00f3n jur\u00eddica por otra (…)3\u201d. <\/p>\n

Ahora, por supuesto que como la \u201clegitimaci\u00f3n\u201d es una cuesti\u00f3n sustancial que ata\u00f1e a la acci\u00f3n, la carencia de ella en los litigantes conduce inexorablemente a un fallo adverso a las pretensiones formuladas en el libelo. <\/p>\n

Sobre el particular esta Colegiatura en un asunto de similares contornos precis\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a legitimaci\u00f3n en la causa es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo (\u2026)\u201d 4. <\/p>\n

En complemento de lo discurrido, debe recordarse: <\/p>\n

\u201c(\u2026)[L]a legitimaci\u00f3n en la causa, bien por activa o por pasiva, no es una excepci\u00f3n sino que es uno de los requisitos necesarios e imprescindibles para que se pueda dictar providencia de m\u00e9rito, ora favorable al actor o bien desechando sus pedimentos, porque entendida \u00e9sta \u2018como la designaci\u00f3n legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicci\u00f3n, constituye uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, sea estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ning\u00fan otro an\u00e1lisis, la expedici\u00f3n de un fallo absolutorio; de all\u00ed que se imponga examinar de entrada la legitimaci\u00f3n que le asiste a la parte demandante para formular la pretensi\u00f3n (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

Aplicados los anteriores lineamientos al asunto que concita a la Sala, emerge di\u00e1fano la ausencia de legitimaci\u00f3n del all\u00ed accionante para reclamar la restituci\u00f3n para s\u00ed, del inmueble en disputa. <\/p>\n

Ello, por cuanto, la sentencia proferida en la susodicha causa penal determin\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Consecuente con lo anterior, se conmina al Jaime Antonio Angulo Carabal\u00ed para que haga la entrega real y material del inmueble a la persona que acredite el derecho para ello, en virtud del fallecimiento del titular del bien (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Del texto transcrito emerge diamantino que ning\u00fan derecho le fue reconocido expresamente al actual tutelante, por ende, son los herederos de Jaime Tangarife Hurtado los llamados a acudir a la jurisdicci\u00f3n a reclamar la efectividad del referido decreto, seg\u00fan lo estableci\u00f3 el aludido juez penal. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, como atinadamente lo conceptu\u00f3 el ad quem, a Leonardo Tangarife Hurtado no le bastaba invocar su calidad de hermano del extinto propietario o su reconocimiento como v\u00edctima en el proceso punitivo, para pretender la restituci\u00f3n del predio ya descrito, pues deb\u00eda demostrar la mentada vocaci\u00f3n sucesoral. <\/p>\n

Se insiste, a el ahora querellante pese al reconocimiento de su calidad de v\u00edctima en el prenotado juicio penal no se le otorgo ninguna prerrogativa derivada de esa condici\u00f3n, por ende, para acudir a la jurisdicci\u00f3n para perseguir la materializaci\u00f3n de la referida condena deb\u00eda actuar en <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se denota arbitraria al punto de consentir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4.\tAunado a lo discurrido, el quejoso constitucional aun cuenta con acciones ordinarias, incluso m\u00e1s id\u00f3neas que la subex\u00e1mine, para procurar el cabal cumplimiento del memorado mandato del juzgador penal, siempre que, se insiste, demuestre tener derechos en la sucesi\u00f3n de Jaime Tangarife Hurtado. <\/p>\n

5.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con la observancia a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

(Ausencia justificada)
\nOCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

(Ausencia justificada)
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tHermano \tdel Jaime Tangarife Hurtado.
\n2 \t\u00daltimo \ttitular inscrito antes del preanotado fallo penal.
\n3 \tGaceta \tJudicial, Tomo CXXXI, 14.
\n4 \tCSJ \tSC de 10 de marzo de 2015, exp. 1993-05281.
\n5 \tCSJ \tSC \tde 23 de abril de 2007, exp. 1999-00125.
\n6 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n7 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n14 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n16<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC17297-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2019-00302-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2019, por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-103211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103211\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}