{"id":103226,"date":"2026-07-02T18:35:07","date_gmt":"2026-07-02T18:35:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103226"},"modified":"2026-07-02T18:35:07","modified_gmt":"2026-07-02T18:35:07","slug":"stl9988-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stl9988-2019\/","title":{"rendered":"STL9988-2019"},"content":{"rendered":"
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STL9988-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 56432
\nActa 23 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 LAURA ROC\u00cdO ESPINOSA MARCKA contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA y el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincularon a las partes y los intervinientes del proceso ordinario laboral n\u00famero 2018-000204-00. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

La accionante instaur\u00f3 el presente mecanismo constitucional, con el fin de obtener la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad y al m\u00ednimo vital. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que, el 17 de noviembre de 2016, solicit\u00f3 a la Administradora Colombiana de Pensiones el reconocimiento y pago de la pensiona de sobrevivientes, en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Luis Ra\u00fal Gratz Rodr\u00edguez (q.e.p.d.), petici\u00f3n que fue negada mediante Resoluci\u00f3n GNR388154 del 22 de diciembre siguiente, con fundamento en que el afiliado no cumpl\u00eda con los requisitos contenidos en el Decreto 758 de 1990; que, luego de agotar los recursos procedentes, que resultaron desfavorables a sus intereses, ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, interpuso demanda ordinaria laboral contra la Administradora, para obtener la mencionada prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, establecida en el Acuerdo 049 de 1990 en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; que, tras surtirse las etapas procesales pertinentes, el Juzgado neg\u00f3 las pretensiones del escrito inicial, decisi\u00f3n que al ser apelada, fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, mediante sentencia del 27 de febrero de 2019. <\/p>\n

Sostuvo que el causante, \u00abpara el momento de su fallecimiento, contaba con el requisito exigido por la norma para que sus familiares accedieran a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por tener cotizado m\u00e1s de 300 semanas en cualquier tiempo (\u2026) \u00bb. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que el juez plural desconoci\u00f3 el precedente sentado por la Corte Constitucional sobre la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y la \u00ab acumulaci\u00f3n de tiempos de servicios\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que es una persona de escasos recursos y, que depend\u00eda econ\u00f3micamente de su difunto esposo. <\/p>\n

Pidi\u00f3, finalmente, con apoyo en los hechos manifestados, que se le protegiera sus derechos presuntamente conculcados y se dejara sin efecto la sentencia proferida el 27 de febrero de 2019, para que, en su lugar se ordenara al Tribunal que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, profiriera otra decisi\u00f3n en la dispusiera el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n por ella perseguida. <\/p>\n

Por auto de fecha 2 de julio de 2019, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, en el que se corri\u00f3 traslado a las autoridades judiciales accionadas para que ejercieran su derecho de defensa, al tiempo que se orden\u00f3 vincular, para los mismos efectos, a las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite del proceso ordinario que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n del mecanismo constitucional. <\/p>\n

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja pidi\u00f3 que se denegara el amparo y remiti\u00f3 copia del expediente cuestionado. <\/p>\n

I.CONSIDERACIONES <\/p>\n

La acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, que se encuentra consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. A trav\u00e9s del mismo, todas las personas pueden acudir ante los jueces para obtener la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos hayan sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o, en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n

El referido instrumento constitucional se encuentra sometido a varios principios que regulan su ejercicio, cuya aplicaci\u00f3n contribuye a su uso racional, al tiempo que evita su ejercicio arbitrario y desmedido. Entre dichos principios resulta especialmente relevante, para resolver el presente asunto, el de subsidiariedad. <\/p>\n

En efecto, debe decirse que la acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente es procedente cuando se han agotado por el titular todos los mecanismos que ha puesto el legislador a su alcance en cada escenario procesal. As\u00ed, en los casos en que la queja constitucional deriva de presuntas irregularidades cometidas por las autoridades judiciales, es necesario que \u00e9stas hayan sido previamente alegadas o puestas en conocimiento de los jueces naturales, de manera que se garantice que el interesado ha hecho uso de los recursos ordinarios y extraordinarios, que, en forma preferente, han sido establecidos como id\u00f3neos para cada caso. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Sala, en la sentencia CSJ STL14017-2018 se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Corte ha considerado de tiempo atr\u00e1s, que la acci\u00f3n constitucional se instituy\u00f3, en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la salvaguarda de derechos fundamentales, y al desarrollarse tal prerrogativa en el Decreto 2591 de 1991, dispuso, en su art\u00edculo 6\u00b0, las causales por las cuales ser\u00eda improcedente, entre ellas, que exista recurso o medio de defensa judicial, salvo cuando se utilice para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese sentido, en principio, y as\u00ed lo ha decantado esta Sala en innumerables oportunidades, se hace necesario que previo a interponer la acci\u00f3n de tutela, las partes agoten las herramientas jur\u00eddicas con las que cuentan para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos, y luego de ello, si estiman que persiste la vulneraci\u00f3n, expongan la controversia ante el Juez Constitucional para que la decida. <\/p>\n

De esta manera, al analizarse el presente asunto, a la luz del razonamiento precedente, se advierte que la accionante desatendi\u00f3 el principio de subsidiariedad o residualidad que fue estudiado, ya que, seg\u00fan lo manifest\u00f3 en el escrito originario de la tutela y se corrobor\u00f3 con la informaci\u00f3n de la p\u00e1gina web http:\/\/procesos.ramajudicial.gov.co\/consultaprocesos, no instaur\u00f3 contra la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Tunja, que mereci\u00f3 su reproche, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que legalmente resultaba procedente, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es evidente que, con la omisi\u00f3n antedicha, la tutelante desatendi\u00f3 la herramienta procesal que le otorgaba la ley para discutir, en el escenario id\u00f3neo y ante la autoridad competente, sus discrepancias con la sentencia que se profiri\u00f3 en el proceso ordinario en el que fue parte, de manera que no puede ahora aspirar a su quebrantamiento en sede de tutela, pues, se insiste, este mecanismo no se encuentra instituido como una instancia adicional de revisi\u00f3n de decisiones judiciales ni como un procedimiento para revivir t\u00e9rminos u oportunidades pretermitidas en los procesos ordinarios. <\/p>\n

Ahora bien, aunque el incumplimiento del principio previamente se\u00f1alado podr\u00eda, eventualmente, resultar indiferente ante la existencia de un perjuicio grave, inminente o irremediable, lo cierto es que en el presente asunto el tutelante no acredit\u00f3 una afectaci\u00f3n de tal entidad, circunstancia que impide habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n

Por las anteriores razones, se negar\u00e1 la salvaguarda implorada. <\/p>\n

II.DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la acci\u00f3n de tutela impetrada. <\/p>\n

SEGUNDO: ENTERAR de esta decisi\u00f3n a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n del fallo pronunciado, si \u00e9ste no fuere impugnado. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n

CLARA CECILIA DUE\u00d1AS QUEVEDO <\/p>\n

JORGE LUIS QUIROZ ALEM\u00c1N <\/p>\n

SCLAJPT-11 \tV.00<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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