{"id":103232,"date":"2026-07-02T20:22:05","date_gmt":"2026-07-02T20:22:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103232"},"modified":"2026-07-02T20:22:05","modified_gmt":"2026-07-02T20:22:05","slug":"ac1524-2020-2019-00853-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac1524-2020-2019-00853-00\/","title":{"rendered":"AC1524-2020 (2019-00853-00)"},"content":{"rendered":"
AC1524-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00853-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Tercero Civil del Circuito de Pereira y Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Banco de Colombia S.A. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl demandante aduce como fundamento de su acci\u00f3n constitucional, que la referida entidad carece de \u201cba\u00f1os p\u00fablicos aptos para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas\u201d, como lo ordena el \u201cart\u00edculo 4\u00ba de la Ley 472 de 1998\u201d; y aun cuando indica que el agravio se presenta a \u201clo largo y ancho del territorio patrio\u201d, puntualiza luego, que en la \u201cCra. 7 Nro. 30-20 Bogot\u00e1\u201d se halla el lugar donde se presenta la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos1. <\/p>\n

2.\tEl Juzgado al que se radic\u00f3 inicialmente la acci\u00f3n p\u00fablica, Tercero Civil del Circuito de Pereira, la rechaz\u00f3 y envi\u00f3 a sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, por ser \u201cla ubicaci\u00f3n o sitio de la posible vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos\u2026\u201d2. <\/p>\n

3.\tEl Juez Diecisiete Civil del Circuito de la localidad de destino rehus\u00f3 igualmente el conocimiento del asunto y provoc\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, tras considerar que \u201cpara este tipo de asuntos existe norma especial otorgada bajo los supuestos del art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998 por su especificidad\u2026\u201d y en ese orden de ideas, \u201ca quien le asiste el deber de asumir el tr\u00e1mite de la demanda es al juez de Pereira-Risaralda, por cuanto el accionante opt\u00f3 por presentarla all\u00ed y esa elecci\u00f3n resulta ser v\u00e1lida en los t\u00e9rminos de la disposici\u00f3n antes transcrita\u201d3. <\/p>\n

4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n

2.\tLos factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, raz\u00f3n por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislaci\u00f3n vigente al momento de radicaci\u00f3n, a fin de adoptar la determinaci\u00f3n de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo. <\/p>\n

3.\tDe conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, trat\u00e1ndose de acciones populares \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor (\u2026)\u201d, estableciendo as\u00ed un fuero concurrente a prevenci\u00f3n. <\/p>\n

De manera que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n

\u201cEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d4. <\/p>\n

4. Dicho lo anterior, la Corte observa que si bien en el caso analizado el reclamante seleccion\u00f3 el juez competente bajo el supuesto de que la vecindad de la entidad accionada estaba en la ciudad de Pereira, ello no es as\u00ed, de acuerdo con la informaci\u00f3n que reposa en la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, consultable sin restricci\u00f3n ninguna en la p\u00e1gina www.superfinanciera.gov.co5, y donde se determina que el domicilio principal del BANCO DE COLOMBIA S.A. es Medell\u00edn, dato certero a partir del cual se infiere que la radicaci\u00f3n realizada por aqu\u00e9l no se ajusta a la realidad, sin que la eventualidad de que la persona jur\u00eddica tenga alguna sucursal en Pereira sea suficiente para asignar a sus juzgadores el caso, en la medida que la infracci\u00f3n que se le atribuye no hace relaci\u00f3n a ese lugar. <\/p>\n

Al respecto, ha sido criterio de la Sala que <\/p>\n

\u201cLa existencia de una sucursal o agencia de la opositora en el lugar de los hechos, ninguna incidencia tiene en orden a determinar la competencia para conocer de una acci\u00f3n popular, pues, como arriba se rese\u00f1\u00f3, es el propio legislador el que, en ejercicio de sus potestades, determin\u00f3 sentar una regla especial en materia de competencia para esta especie de contiendas judiciales, y el que la circunscribi\u00f3 a los precisos lindes trazados en el citado art\u00edculo 16\u201d6. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, en el libelo examinado se deduce que el foro elegido es el de los hechos o agravio, por obra de la referencia a la sede bancaria de la carrera 7 No. 30-20 en Bogot\u00e1, de donde es claro que la asignaci\u00f3n de la competencia concierne a la autoridad judicial de esa localidad, toda vez que se ajusta a una de las alternativas que para ello fij\u00f3 el legislador en el precepto 16 de la Ley 472 de 1998, y que no se advierte manifestaci\u00f3n alguna en contrario tendiente a atribuirla en el domicilio principal de la convocada, como si ha ocurrido en otros casos promovidos por el mismo actor popular. <\/p>\n

En un asunto que guarda semejanza con el presente, expuso la Sala: \u201cSin embargo, como en ese lugar no es donde se concreta la amenaza, sino en \u2026 Armenia, debe seguirse que los estrados de esa ciudad son los llamados a gestionar la controversia sub\u00e9xamine, y as\u00ed se decidir\u00e1, asign\u00e1ndosela\u201d7. <\/p>\n

6. En definitiva, una vez el pleito en ciernes fue recibido por el prenombrado estrado judicial de Bogot\u00e1, \u00e9ste se equivoc\u00f3 al repelerlo, desconociendo el fuero que le impon\u00eda su conocimiento por ser el juzgador del lugar de ocurrencia de los hechos, de manera que se le remitir\u00e1 para que le d\u00e9 el tr\u00e1mite que legalmente corresponda y se pondr\u00e1 al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 le corresponde conocer la acci\u00f3n popular promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Banco de Colombia S.A. <\/p>\n

Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado8 <\/p>\n

1\u0002 \tFolio 3, c.1.
\n2\u0002 \tFolio 4, Ib\u00eddem.
\n3\u0002 \tFolios 10 y 11, \u00eddem.
\n4\u0002 \tCSJ \tAC3261-2018.
\n5\u0002 \thttps:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/jsp\/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694
\n6\u0002 \tCSJ AC4233-2019.
\n7\u0002 \tCSJ AC3894-2019.
\n8\u0002 \tEl presente documento se suscribe de conformidad con lo previsto en \tel art\u00edculo 11 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de \t2020, por cuya virtud se autoriza la \u201cfirma \taut\u00f3grafa mec\u00e1nica, digitalizada o escaneada\u201d.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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