{"id":103236,"date":"2026-07-02T20:23:40","date_gmt":"2026-07-02T20:23:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103236"},"modified":"2026-07-02T20:23:40","modified_gmt":"2026-07-02T20:23:40","slug":"ac1528-2020-2020-01331-00_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac1528-2020-2020-01331-00_1\/","title":{"rendered":"AC1528-2020 (2020-01331-00)_1"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Sustanciador <\/p>\n

AC1528-2020
\nRadicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2020-01331-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Se resuelve el conflicto suscitado entre los Juzgados Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn y Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, para conocer del proceso declarativo impulsado por Brenda Zoraida Mart\u00ednez Ortega contra la Fiduciaria Bancolombia S.A., el Fideicomiso PA Torres del Prado, Eduardo Ripoll & Compa\u00f1\u00eda Limitada y Grupo Andinomarin Valencia Construcciones S.A.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Petitum. \t\tLa actora solicita declarar: i) el negocio fiduciario 2994 del 25 \t\tde noviembre del 2008 celebrado entre la Fiduciaria Bancolombia \t\tS.A. y la sociedad Eduardo Ripoll & C\u00eda. Ltda. no \t\tproduce efectos jur\u00eddicos y, por lo tanto, carece de \t\tvirtualidad para constituir el \u201cFideicomiso \t\tPA Torres del Prado\u201d; \t\tii) el inmueble 040-68757 nunca hizo parte de ese Patrimonio \t\tAut\u00f3nomo; y ordenar iii) \u201cse \t\tcumpla el contrato de promesa de compraventa del inmueble 404 del \t\tEdificio Torres del Prado\u201d, \t\tubicado en Barranquilla, entre otras disposiciones. <\/p>\n

A su vez, condenar a las demandadas a \u201crestituir a la sociedad Eduardo Ripoll & C\u00eda. Ltda. el proyecto Torres del Prado\u00bb, y a \u201centregarle a la se\u00f1ora Brenda Zoraida Mart\u00ednez (…) el apartamento 404 al valor y\/o precio estipulado en el contrato de promesa de compraventa\u201d y a \u201creconocerle los da\u00f1os materiales y morales\u201d. <\/p>\n

1.2. Causa petendi. El contrato fiduciario no se registr\u00f3 en la C\u00e1mara de Comercio ni en la Oficina de Instrumentos p\u00fablicos de Barranquilla. La informalidad constituye una falta contra el requisito de publicidad. Por ello, no produce efectos jur\u00eddicos; tampoco los documentos, actos e instrumentos p\u00fablicos que de \u00e9l se derivan. <\/p>\n

El NIT descrito en el fideicomiso corresponde a otro Patrimonio Aut\u00f3nomo. Si no existe jur\u00eddicamente el fideicomiso, el apartamento 404 involucrado nunca ingres\u00f3 a su haber. De ese modo, debe tramitarse el cumplimiento de la promesa de compraventa ante la presencia de un derecho adquirido. <\/p>\n

1.3. Fijaci\u00f3n de la competencia. Se radic\u00f3 en los jueces civiles del circuito de Barranquilla, \u201cpor raz\u00f3n del territorio donde se produjo [o se realiz\u00f3) el hecho\u201d. <\/p>\n

1.4. Decisi\u00f3n del despacho destinatario. En auto de 25 de octubre 2020, el Jugado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, repeli\u00f3 el conocimiento. En su sentir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l art\u00edculo 28 numeral 3 del C.G.P establece que en los procesos originados en un negocio jur\u00eddico es competente el juez del lugar del cumplimiento de cualquiera las obligaciones, raz\u00f3n por la cual en primera medida se creer\u00eda que en este caso es competente el Juez Civil del Circuito de Barranquilla, por ser el lugar donde se encuentra ubicado el bien inmueble objeto del contrato fiduciario (sic), no obstante, y teniendo en cuenta que estamos ante un litigio relativo a un negocio fiduciario, es menester acudir a la regla de competencia especial se\u00f1alada en el art\u00edculo 1241 del C. Co, que indica \u201cJUEZ COMPETENTE PARA CONOCIMIENTO DE LITIGIOS FIDUCIARIOS. Ser\u00e1 competente para conocer de los litigios relativos al negocio fiduciario, el del domicilio del fiduciario\u201d (\u2026). <\/p>\n

Concluy\u00f3 que como el domicilio de la Fiduciaria Bancolombia S.A. estaba radicado en Medell\u00edn, los llamados a conocer del litigio eran los jueces de esa ciudad. <\/p>\n

1.5. La dependencia judicial receptora. el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, en prove\u00eddo de 25 de febrero de 2020, rechaz\u00f3 la competencia. <\/p>\n

Adujo que encaminada la pretensi\u00f3n al cumplimiento de un contrato, ante la pluralidad de demandados con domicilios en lugares distintos (Barranquilla, Medell\u00edn y Bucaramanga), la posibilidad de elecci\u00f3n de uno cualquiera correspond\u00eda a la convocante. En el caso, uno de ellos, el de Eduardo Ripoll & Compa\u00f1\u00eda Limitada, se encontraba fijado en la primera ciudad citada. En adici\u00f3n, en ese mismo lugar deb\u00edan cumplirse las obligaciones. Se\u00f1al\u00f3 entonces que los juzgados de all\u00ed eran los llamados a conocer.
\nConsider\u00f3 que el fuero del domicilio de la entidad fiduciaria, establecido en el art\u00edculo 1241 del C\u00f3digo de Comercio, era inaplicable por no ser privativo. <\/p>\n

1.6. Planteado as\u00ed el conflicto de competencia, el expediente fue remitido a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

2.1 La colisi\u00f3n corresponde zanjarla a la Corte por involucrar a dos autoridades pertenecientes a diferentes distritos judiciales. Los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, ciertamente, lo ordenan. <\/p>\n

2.2. El conocimiento de un asunto determinado se encuentra debidamente reglado. En el campo territorial, si el legislador lo determina en forma privativa, el demandante ninguna posibilidad tiene de escoger su juez natural. Esa facultad, en cambio, la ley se la otorga al actor solo cuando concurren fueros o foros para establecerla. Por ejemplo, el personal, empezando por la regla general del domicilio del interpelado, y el contractual, entendido como lugar del cumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n

Establecida as\u00ed la competencia, el juzgador carece de potestades para variarla. Esto, sin embargo, no significa que sea incontrovertible. El juez destinatario puede rehusarla y tambi\u00e9n desconocerla el convocado en la oportunidad debida. Si ninguno lo hace y es prorrogable o saneable se convierte en definitiva. <\/p>\n

2.3. El art\u00edculo 1241 del C\u00f3digo de Comercio prev\u00e9 que \u00abser\u00e1 el juez competente para conocer los litigios relativos al negocio fiduciario, el del domicilio del fiduciario\u00bb. Sobre el particular la Sala no ha tenido una posici\u00f3n uniforme. <\/p>\n

En auto de 19 de diciembre de 20181, se\u00f1al\u00f3 que el \u201ccanon 1241 del C\u00f3digo de Comercio no estipula que el factor territorial all\u00ed descrito sea un fuero privativo de obligatorio cumplimiento, por el contrario, es una opci\u00f3n m\u00e1s de la cual puede hacer uso o no la parte actora del presente tr\u00e1mite\u201d. <\/p>\n

El 4 de junio de 20192, se pronunci\u00f3 en sentido distinto. Se\u00f1al\u00f3 que la norma en cuesti\u00f3n permit\u00eda \u201cconcluir que, en este caso concreto, la discusi\u00f3n que ata\u00f1e al \u00abnegocio fiduciario\u00bb impone aplicar la regla prevista en el art\u00edculo 1241 del C\u00f3digo de Comercio, pues si bien concurre con otros factores, estos no son privativos, y aqu\u00e9l es prevalente, por haberse establecido \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb. <\/p>\n

2.4. El art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, ciertamente, determina que es \u00abprevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb. En el inciso segundo agrega que las \u00abreglas de competencia por el factor territorial se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. La primera parte alude a los factores de competencia, en concreto al subjetivo, y la segunda a los fueros, tambi\u00e9n dentro de otro factor, como es el territorial. <\/p>\n

2.4.1. La competencia "Es aquella parte de jurisdicci\u00f3n que corresponde en concreto a cada \u00f3rgano jurisdiccional singular, seg\u00fan ciertos criterios a trav\u00e9s de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicci\u00f3n entre los distintos \u00f3rganos ordinarios de ella"3. La jurisprudencia4 y la doctrina5, en armon\u00eda con la distribuci\u00f3n de los asuntos asignados a los jueces, instituy\u00f3 los denominados factores de competencia a saber: a) objetivo, b) subjetivo, c) conexi\u00f3n, d) funcional y e) territorial. <\/p>\n

El objetivo corresponde al contenido de la pretensi\u00f3n y a su valoraci\u00f3n econ\u00f3mica. El subjetivo es aquel que tiene en cuenta ciertas condiciones propias de los sujetos procesales llamados al juicio. El de conexidad, tambi\u00e9n conocido como de atracci\u00f3n, consiste en que un asunto absorbe los dem\u00e1s procesos que deban promoverse con posterioridad6. El funcional determina el \u00f3rgano jurisdiccional llamado a resolver. Y el territorial se relaciona con el espacio geogr\u00e1fico nacional en donde se puede presentar una demandada. <\/p>\n

Asociado con el factor subjetivo o en \u00abconsideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, es lo mismo, la doctrina tiene establecido que \u00abuna vez verificado que el demandante o demandado las posee, la competencia inmediatamente se le asigna a un juez sin tener en cuenta otro factor (\u2026). En Colombia, seg\u00fan se desprende de lo previsto en los art\u00edculos 27 y 30 num. 6\u00ba [CGP], el factor (\u2026) se aplica en dos casos: estados extranjeros y agentes diplom\u00e1ticos\u201d7. <\/p>\n

2.4.2. El factor territorial, por su parte, lo gobierna los denominados fueros o foros. Se vinculan con el sitio en donde los sujetos de derecho y de obligaciones pueden demandar o ser demandados. Se han categorizado como el personal, el real (forum rei sitae), el convencional o negocial8 y el factual. El personal, hace relaci\u00f3n al lugar del domicilio o residencia de las partes. El real, a la ubicaci\u00f3n de los bienes materia del litigio. El negocial, al sitio en donde deben cumplirse las obligaciones emanadas de los actos jur\u00eddicos en disputa o de t\u00edtulos ejecutivos. Y el \u00faltimo, al espacio donde ocurrieron los hechos.
\nLa regla general del fuero territorial es el domicilio o residencia de las partes. El excepcional est\u00e1 relacionado con asuntos de la naturaleza del juicio. En este \u00faltimo caso, los aludidos foros, por expresa disposici\u00f3n legal y en atenci\u00f3n a las circunstancias propias en causa, operan de manera privativa en el evento de interponerse con cualquier otro. Tambi\u00e9n pueden concurrir cuando coinciden bien sea sucesivamente, uno a falta de otro, ya por elecci\u00f3n si la ley concede esa posibilidad de opci\u00f3n al propio actor. <\/p>\n

2.5. Pues bien, en el caso, ante todo se advierte que no se pude hablar de una cuesti\u00f3n prevalente, como en cierta ocasi\u00f3n y para un asunto similar lo sostuvo la Sala. El factor subjetivo, donde juega papel preponderante la \u00abcalidad de las partes\u00bb, no se encuentra en juego y no se pude confundir con los fueros para establecer competencia dentro del factor territorial. La entidad fiduciaria, como sujeto de derechos y obligaciones, carece de una cualificaci\u00f3n especial, pues no es aforada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 30, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso9. <\/p>\n

La demandante atribuy\u00f3 el conocimiento del asunto a los jueces civiles del circuito de Barranquilla \u201cpor raz\u00f3n del territorio donde se produjo [o se realiz\u00f3) el hecho\u201d. No obstante, al involucrar la discusi\u00f3n un negocio fiduciario y una promesa de compraventa, la afirmaci\u00f3n, ante la inexistencia de otra explicaci\u00f3n posible, debe entenderse referida al lugar del cumplimiento de las obligaciones. En todo caso, como no se trata de una competencia privativa dentro de fueros o foros territoriales, radicada la demanda en la mencionada ciudad, la elecci\u00f3n de la demandante no pudo ser inopinada. En efecto, as\u00ed no lo haya explicitado, pero que aparece impl\u00edcito, all\u00ed se encuentra ubicado el domicilio de una de las sociedades demandadas. <\/p>\n

Lo expuesto pone de presente que el juez inicial destinatario de la demanda anduvo equivocado al repelar su conocimiento. Primero, no pod\u00eda hablar de una competencia \u00abprevalente\u00bb dentro del factor subjetivo; tampoco \u00abprivativa\u00bb en el marco de los fueros del tambi\u00e9n factor territorial, pues el legislador no lo asign\u00f3. Y segundo, porque en su \u00e1mbito territorial concurr\u00eda uno de los foros para establecerla. <\/p>\n

Si lo dicho fuera poco, no puede pasarse por alto que entroncados los actos jur\u00eddicos demandados con la ciudad de Barranquilla, se comprende la intervenci\u00f3n de la sucursal de la fiduciaria en esa ciudad, cuya existencia se encuentra acreditada. El art\u00edculo 28, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 en los \u00abprocesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trata de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel o de esta\u201d. Por este aspecto, tampoco la autoridad judicial de aquella urbe pod\u00eda repeler la competencia elegida por el extremo demandante. <\/p>\n

2.6. En lo dem\u00e1s, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la interpretaci\u00f3n de las normas procesales deben estar guiadas por la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. As\u00ed, las \u201cdudas que surjan en la interpretaci\u00f3n de las normas del presente c\u00f3digo deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u201d. <\/p>\n

La aplicaci\u00f3n de los mandatos procedimentales, como se observa, deben estar guiados por la garant\u00eda y protecci\u00f3n de los valores, principios y derechos constitucionales. En ese sentido, el Estado Social de Derecho debe ofertar justicia facilitando y salvaguardando las mismas oportunidades de defensa para las partes. En la medida de lo posible no puede obligar a una de ellas a soportar cargas injustificadas, como el desplazamiento a lugares que solo responde a conductas arbitrarias, menos privilegiando a quien ejerce una posici\u00f3n predominante. Ello atentar\u00eda contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

De hecho, es relevante recordar y no olvidar, que la demandante es un sujeto de especial protecci\u00f3n, toda vez que su compra la hizo en calidad de consumidora10 de un bien inmueble, y es poseedora de tal especial\u00edsima protecci\u00f3n. En general, los \u201cconsumidores se encuentran en una posici\u00f3n de inferioridad (\u2026) dispersos y dotados de escasos conocimientos y potencialidades, [que] enfrentan a las fuerzas de la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, necesarios en orden a la satisfacci\u00f3n de sus necesidades materiales (\u2026) Por ello, se requiere de su especial protecci\u00f3n con el objetivo de garantizar la igualdad sustancial inherente al Estado Social de Derecho (\u2026) Con sus particularidades, la Constituci\u00f3n ha querido instaurar un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n en favor del consumidor y usuario de bienes y servicios que circulan en el mercado\u201d11. <\/p>\n

Los consumidores, por tanto, merecen una acci\u00f3n positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Ser\u00eda contrario a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica generar a la parte d\u00e9bil de la relaci\u00f3n cargas adicionales que no asumi\u00f3, para el caso, en el desarrollo del contrato de promesa de compraventa. En particular, es desproporcionado imponerle a la demandante adelantar el proceso donde busca reivindicar sus derechos en lugar de domicilio principal de la fiduciaria, que a todas luces ocupa una posici\u00f3n dominante.
\nDe ah\u00ed que ante los intereses enfrentados, se debe propender buscar el menor costo posible y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Como lo sostiene Ugo Rocco, en concepto compartido por Devis Echand\u00eda, \u201cMientras que la competencia por valor, por materia, la funcional, se inspiran en razones de orden superior y de utilidad general para la buena marcha de la justicia, la competencia territorial, en cambio, tiene por fin, sobre todo, servir el inter\u00e9s privado de las partes, en cuanto hace m\u00e1s f\u00e1cil y \u00e1gil que una determinada causa se siga donde resulte m\u00e1s c\u00f3modo a las partes interesadas\u201d12. (Subrayado fuera de texto) <\/p>\n

En consecuencia, si el cumplimiento de la obligaci\u00f3n y el negocio jur\u00eddico naci\u00f3 en Barranquilla, y si una de las demandadas tiene su domicilio en dicha ciudad y la otras dos tienen all\u00ed sucursales, esto no significar\u00e1 un desplazamiento excesivo de recursos para la defensa de los intereses de todas las partes involucradas. Adem\u00e1s, es evidente que en dicha ciudad se pueden encontrar casi todos los elementos probatorios para acreditar o no circunstancias particulares del caso, facilitando la actuaci\u00f3n de las partes. <\/p>\n

2.7. Corolario de lo expuesto, se decidir\u00e1 que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn no se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento del proceso.
\n3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del litigio de la referencia es el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, a donde se ordena remitir el expediente. Comun\u00edquese la decisi\u00f3n a la otra autoridad judicial involucrada con copia de la misma. Of\u00edciese. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Sustanciador
\n1\u0002AC5520-2018, \tExp. 2018-02960-00
\n2\u0002AC2290-2019, \tExp. 2019-01693-00.
\n3\u0002Cfr. \tROCCO, Ugo (2002): Derecho \tProcesal Civil. Ciudad de M\u00e9xico: \tEditorial Jur\u00eddica Universitaria, p. 246. Citado en S\u00c1EZ \tMARTIN, JORGE. (2015). LOS ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA \tJURISDICCIONAL. Revista de derecho (Coquimbo), 22(1), 529-570. \thttps:\/\/dx.doi.org\/10.4067\/S0718-97532015000100014
\n4\u0002Cfr. \tCSJ, Civil, sentencia de 26 junio de 2003, rad. 7058, citada en \tsentencia de 26 julio de 2013, rad. 2004-00263 y sentencia del 22 de \tabril de 2014, rad. 4809-2014
\n5\u0002Cfr. \tDEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. \tTratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. \tEditorial Temis. Bogot\u00e1. 1962. P\u00e1gs. 90 y ss.; en \tsimilar sentido: V\u00c9SCOVI, Enrique. Teor\u00eda \tGeneral del Proceso. \tEd. Temis. Bogot\u00e1. 1984. P\u00e1gs. 155 y ss.; SANABRIA \tSANTOS, Henry. \tFactores \tde atribuci\u00f3n de la competencia de los jueces civiles en el \tC\u00f3digo General del Proceso. Escritos \tdiversos sobre derecho procesal. Bogot\u00e1. 2013. Disponible en \thttps:\/\/letrujil.files.wordpress.com\/2013\/09\/01henry-sanabria.pdf.
\n6\u0002AC5147- \t2019, exp. 2019-03969-00
\n7\u0002 \tIbidem. \t SANABRIA SANTOS, Henry, p. 27
\n8\u0002Auto \tNo. 225 de agosto 8 de 1997, exp. 6751; A007-1998, exp. 6991; \tA087-1998, exp. 7106-1998; A004- 1999, exp. 7452; A009-1999, exp. \t7453; Auto No. 158 de julio 19 de 1999, exp. 7707, GJ CCLXI, p\u00e1gina \t48; A211-2007, exp. 2007-01003; Auto de diciembre 10 de 2009, exp. \t2009- 01285; Auto de julio 5 de 2012, exp. 2012-00974; AC1997-2014, \texp. 2013-02699; CSJ Sentencia 1230-2018 del 25 de abril de 2018; \tAC2415-2019, exp. 2019-01892-00.
\n9\u0002 \tLa norma adscribe a la Corte el conocimiento de los \u00abprocesos \tcontenciosos en que .sea parte un Estado extranjero, un agente \tdiplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, \ten los casos previstos en el derecho internacional\u00bb.
\n10\u0002El \tnegocio jur\u00eddico de promesa de compraventa del que trata el \tpresente asunto se enmarca en una relaci\u00f3n de consumo, sujeta \ta protecci\u00f3n, pues quien vende el bien inmueble lo hace de \tmanera profesional y habitual, sujeto que generalmente es conocido \tcomo constructor. Situaci\u00f3n que ocurre en el \tpresente caso \tpues la demandante suscribi\u00f3 un contrato de promesa de venta \tcon la sociedad constructora Eduardo Ripoll. Por lo que no se trata \tde un contrato netamente civil, sino que debe tener en cuenta las \tprotecciones particulares que haya lugar en una relaci\u00f3n de \tconsumo.
\n11\u0002C. \tConst. Sentencia C- 1141 de 30 de enero de 2000. Exp. D-2830
\n12\u0002ROCCO, \tUgo. \tTrattato di Diritto Processuale Civile. Tomo II. \tP\u00e1g. 70; DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Tratado \tde Derecho Procesal Civil. Tomo II. \tEditorial Temis. Bogot\u00e1. 1962. P\u00e1gs. 193-194<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Sustanciador AC1528-2020 Radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2020-01331-00 Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020) Se resuelve el conflicto suscitado entre los Juzgados Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn y Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, para conocer del proceso declarativo impulsado por Brenda Zoraida Mart\u00ednez Ortega […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103236","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103236"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103236\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}