{"id":103241,"date":"2026-07-02T20:25:43","date_gmt":"2026-07-02T20:25:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103241"},"modified":"2026-07-02T20:25:43","modified_gmt":"2026-07-02T20:25:43","slug":"ac1539-2020-2017-00105-01_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac1539-2020-2017-00105-01_1\/","title":{"rendered":"AC1539-2020 (2017-00105-01)_1"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

AC1539-2020
\nRadicaci\u00f3n: 73411-31-03-001-2017-00105-01
\nAprobado en Sala de cuatro de marzo de dos mil veinte <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de Jaime Berj\u00e1n Rodr\u00edguez y Sandra Luc\u00eda Giraldo Murcia, dirigida a sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia de 29 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso verbal incoado por el Municipio de L\u00edbano (Tolima), frente a los recurrentes y el Club Deportivo Municipal de Tejo Tayrona, y Olga Luc\u00eda Giraldo Murcia. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.1. Petitum. Con relaci\u00f3n a los contratos de compraventa contenidos en las escrituras p\u00fablicas 1041 de 27 de noviembre de 1974 y 049 de 4 de febrero de 2014, ambas de la Notar\u00eda \u00danica de L\u00edbano, el ente territorial solicit\u00f3 declarar la resoluci\u00f3n de aqu\u00e9l y la nulidad absoluta del \u00faltimo, con las consecuencias inherentes. <\/p>\n

1.2. Causa petendi. En el primer negocio jur\u00eddico, el Club Municipal Deportivo de Tejo Tayrona, en calidad de comprador, se oblig\u00f3 con el vendedor, el Municipio de L\u00edbano, a destinar el inmueble involucrado para actividades deportivas, culturales y sociales, as\u00ed como a no enajenarlo. <\/p>\n

Las anteriores obligaciones fueron incumplidas por el adquirente, pues, de un lado, mediante el segundo convenio, transfiri\u00f3 el predio, a t\u00edtulo de venta, a Jaime Berj\u00e1n Rodr\u00edguez, y a Olga Cecilia y Sandra Luc\u00eda Giraldo Murcia; y de otro, el fundo se ha utilizado en el comercio, como alm\u00e1cigo de caf\u00e9, parqueadero, dep\u00f3sito de maderas, lavadero, en fin, y arrendado para esos mismos fines. <\/p>\n

La nulidad absoluta del postrero contrato, por objeto il\u00edcito, se configur\u00f3, al contener una \u00abventa prohibida\u00bb. En adici\u00f3n, por ser fruto de contubernio, dado que las compradoras son hijas del entonces Alcalde de L\u00edbano y el otro adquirente era el asesor jur\u00eddico de la Alcald\u00eda. <\/p>\n

1.3. Los escritos de r\u00e9plica. El Club Municipal Deportivo de Tejo Tayrona, se allan\u00f3 a la demanda. <\/p>\n

Por su parte, Sandra Luc\u00eda Giraldo Murcia y Jaime Berj\u00e1n Rodr\u00edguez, se opusieron a las pretensiones, entre otras razones, ante la prescripci\u00f3n y\/o caducidad de las acciones, la falta de legitimaci\u00f3n en causa por activa, el cambio de destinaci\u00f3n del inmueble por parte del ente territorial, buena fe y ausencia de limitaci\u00f3n del derecho de dominio en la respectiva matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n

1.4. El fallo de primera instancia. El 24 de mayo de 2018, el Juzgado Civil del Circuito de L\u00edbano (Tolima), accedi\u00f3 a declarar la resoluci\u00f3n y la nulidad absoluta. <\/p>\n

1.5. La sentencia del Tribunal. Confirma lo decidido con algunas reformas a las condenas en concreto y lo adiciona en el sentido de \u00abdeclarar no probadas todas las excepciones propuestas por el extremo pasivo\u00bb. <\/p>\n

1.5.1. Con relaci\u00f3n a la resoluci\u00f3n del contrato de 1974, al establecerse que lo incumplido por el ente comprador no fue una \u00abcondici\u00f3n\u00bb, sino una \u00abobligaci\u00f3n de no hacer\u00bb, consistente en la abstenci\u00f3n de transferir el bien para fines distintos a los mencionados por el municipio vendedor cuando se desprendi\u00f3 del dominio, al punto que no se hizo esa reserva en el convenio de 2014. <\/p>\n

Los actuales propietarios demandados corroboraron lo anterior al sostener en los interrogatorios que la inversi\u00f3n la hicieron para desarrollar en el inmueble un proyecto de negocio, \u00aba ra\u00edz del cambio del uso del suelo\u00bb, de donde no se remit\u00eda a duda que \u00abexisti\u00f3 la infracci\u00f3n achacada\u00bb. <\/p>\n

Aunque el Plan B\u00e1sico de Ordenamiento Territorial del municipio de L\u00edbano calific\u00f3 el predio de \u00abuso comercial y residencial en un \u00e1rea de actividad mixta\u00bb, el argumento defensivo resultaba infundado, puesto que dentro de esas posibilidades cab\u00eda desarrollar otros hechos inmersos en el objeto social del Club Municipal Deportivo de Tejo Tayrona, \u00abcomo la pr\u00e1ctica de otras disciplinas deportivas\u00bb o la \u00abimplementaci\u00f3n de servicios (\u2026) sociales y\/o culturales\u00bb. <\/p>\n

El incumplimiento tampoco pod\u00eda justificarse ante la buena fe y la ausencia en el certificado de tradici\u00f3n de alguna limitaci\u00f3n para la enajenaci\u00f3n. Aunque esa consulta era obligatoria, no deb\u00eda ser la \u00fanica, toda vez que \u00aben este tipo de negociaciones es igualmente forzoso conocer, cuando menos, el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de quien entrega el dominio\u00bb. <\/p>\n

La prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n no se estructuraba, \u00abpues con todo y lo antiguo del negocio\u00bb, el plazo extintivo de diez a\u00f1os despunt\u00f3 con el incumplimiento, esto es, el 4 de febrero de 2014, \u00abcuando se celebr\u00f3 la segunda compraventa\u00bb, y la demanda, notificada oportunamente al extremo demandado, fue presentada el 9 de marzo de 2017. <\/p>\n

1.5.2. La nulidad absoluta del contrato de 2014, porque la infracci\u00f3n de la compraventa de 1974, incid\u00eda de manera directa en la validez de aquel.
\nEl \u00abobjeto il\u00edcito\u00bb, en efecto, comprend\u00eda los vicios que conculcaban los \u00abintereses generales de la comunidad\u00bb. En concordancia con la doctrina, cuando resultaba en entredicho la seguridad y salubridad p\u00fablica, el ambiente sano, y la protecci\u00f3n de ciertas actividades. <\/p>\n

Entre otros, los referidos en los art\u00edculos 52 y 70 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, vale decir, el derecho de las personas a la \u00abrecreaci\u00f3n, pr\u00e1ctica del deporte, aprovechamiento del tiempo libre y el deber del Estado de fomentar estas actividades y de promover el acceso a la cultura\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, aparec\u00eda \u00abpalmar que hubo objeto il\u00edcito en la compraventa\u00bb, pero \u00abno desde el \u00e1mbito manejado por el funcionario de conocimiento\u00bb, sino \u00abpor arrasar con intereses prevalentes, los colectivos, a los que qued\u00f3 atada su destinaci\u00f3n desde sus or\u00edgenes\u00bb. <\/p>\n

En definitiva, porque la \u00abobligaci\u00f3n de no hacer tantas veces comentada aplicaba y cobijaba a todo otro que pensara adquirirlo en la posteridad, cuesti\u00f3n olvidada en la compraventa realizada en el a\u00f1o de 2014\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, para garantizar la susodicha orientaci\u00f3n, en los estatutos del Club Municipal Deportivo de Tejo Tayrona, se determin\u00f3 que los \u00abbienes no pod\u00edan ser enajenados a otras personas fuera de sus miembros (\u2026) y en esto tambi\u00e9n hubo pretermisi\u00f3n\u00bb, en tanto, \u00abninguna de las tres personas compradoras tiene la calidad de miembro del nombrado club, lo cual robustece la invalidez decretada\u00bb.
\nRelativo a la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n activa, aunque la nulidad absoluta del contrato no fue solicitada por quienes lo concertaron ni por el Ministerio P\u00fablico, ni decretada de oficio, cierto era, al Municipio de L\u00edbano le asist\u00eda \u00abinter\u00e9s econ\u00f3mico, serio y actual\u00bb, dado que, en \u00faltimas, pretend\u00eda ingresar a su haber el inmueble involucrado y reencauzarlo al beneficio de la comunidad. <\/p>\n

No obstante, con respecto a las restituciones derivadas de la compraventa invalidada, al no existir prueba en contrario, los compradores demandados deb\u00edan tenerse \u00abcomo poseedores de buena fe\u00bb, por tanto, \u00abobligados a reconocer frutos desde la notificaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n

1.6. La demanda de casaci\u00f3n. Contra lo decidido, dos cargos fueron formulados. <\/p>\n

1.6.1. En el primero, a partir de dejar sentado que uno de los contratos controvertidos fue celebrado por una entidad territorial de derecho p\u00fablico, como es el Municipio de L\u00edbano, los recurrentes denuncian un error de actividad. <\/p>\n

Seg\u00fan el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en su sentir, la jurisdicci\u00f3n administrativa es la llamada a conocer de los procesos \u00abrelativos a contratos, cualquiera que sea su r\u00e9gimen, en los que sea parte una entidad p\u00fablica o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, como los jueces civiles resolvieron el caso y no los administrativos, el \u00abgrave vicio\u00bb procesal de falta de jurisdicci\u00f3n se encuentra plenamente configurado, todo, a partir del auto de admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n

1.6.2. En el segundo, para los impugnantes, el ad-quem incurri\u00f3 en incongruencia. <\/p>\n

Si bien, dicen, el juzgador declar\u00f3 \u00abno probadas la totalidad de las excepciones\u00bb, esto \u00abri\u00f1e abiertamente con la pate considerativa\u00bb, pues all\u00ed no solo se reconoce la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del Municipio de L\u00edbano y la buena fe de los terceros adquirentes, sino que tambi\u00e9n se deja probado el hecho de no existir en el certificado de tradici\u00f3n del inmueble ninguna limitaci\u00f3n del dominio. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n al contrato de 1974, por cuanto as\u00ed se haya probado el \u00abincumplimiento\u00bb y dicho que el \u00abbien (\u2026) estaba fuera del comercio\u00bb, simplemente, las pretensiones se sustentaron en la \u00abresoluci\u00f3n (\u2026) por nulidad\u00bb <\/p>\n

Relativo al contrato de 2014, la invalidez se hizo derivar de una \u00abventa (\u2026) prohibida\u00bb y de la contravenci\u00f3n de los estatutos de la vendedora. El Tribunal, empero, \u00abdeclar\u00f3 no probadas las excepciones\u00bb, pese a considerar que el bien \u00absi estaba en el comercio\u00bb y que el municipio \u00abno pod\u00eda inmiscuirse en los asuntos propios\u00bb de la interpelada.
\nAgregan, por \u00faltimo, en lo concerniente a la compraventa de 1974, que en la contestaci\u00f3n de la demanda se postul\u00f3 de manera concreta y precisa la \u00abprescripci\u00f3n o caducidad de la acci\u00f3n\u00bb, pero el \u00abfallo nada dice al respecto\u00bb. <\/p>\n

1.9. Siendo ese, en lo esencial, el contenido de los cargos, es del caso examinar su idoneidad formal. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

2.1. El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala los requisitos que debe contener una demanda de casaci\u00f3n, en orden a admitirla y resolverla de fondo. <\/p>\n

2.2. Entre otros, com\u00fan a todas las causales de casaci\u00f3n, el numeral 2\u00ba, ib\u00eddem, exige formular los cargos por separado \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb. <\/p>\n

La claridad refiere que las acusaciones deben ser inteligibles o f\u00e1ciles de comprender; el ataque completo, conlleva para el recurrente no solo identificar cada una de los argumentos basilares de la decisi\u00f3n, sino que debe impugnarlos todos; y la precisi\u00f3n, simetr\u00eda entre las razones nodales del Tribunal y las confutadas. <\/p>\n

2.3. La raz\u00f3n de ser de tales exigencias estriba en la naturaleza dispositiva y exceptiva del recurso, en cuanto responde a motivos previstos en forma expresa por el legislador y se estructura en las precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario. <\/p>\n

Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto lo constituye la sentencia impugnada como thema decissum, con fines nomofil\u00e1cticos y de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia en procura de la coherencia del sistema jur\u00eddico, desde luego, en el entendido que el juzgador no se equivoc\u00f3 y que lo decidido ingresa al medio extraordinario escoltado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto. <\/p>\n

La actividad del casacionista, por tanto, asido de las causales legales, se circunscribe a desvirtuar esa presunci\u00f3n; y la Corte, a responder dentro del estricto marco propuesto, sin que, en l\u00ednea de principio, le sea dado replantear acusaciones mal formuladas, suplir deficiencias o superar inconsistencias o inexactitudes. <\/p>\n

2.4. Con todo, la formulaci\u00f3n de cargos claros, precisos y completos, esto es, ajustados a las formalidades legales, no implica, necesariamente, su admisi\u00f3n. <\/p>\n

El art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abaunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla los requisitos formales\u00bb, hay lugar a inadmitirla, entre otras eventualidades, numeral 2\u00ba, \u00ab[c]uando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n grave del ordenamiento\u00bb. <\/p>\n

La prerrogativa, al ser previa al iudicim rescindens, abreva en el principio de econom\u00eda procesal, pues si las faltas adjetivas enrostradas son inexistentes o no inciden en la validez del proceso, resulta desgastante impulsarlas procesalmente para llegar a un mismo resultado. <\/p>\n

La selecci\u00f3n negativa de las demandas de casaci\u00f3n, desde luego, no atenta contra las garant\u00edas constitucionales y procesales de las partes. En la perspectiva del recurrente, porque la decisi\u00f3n en ese sentido, responde a su intervenci\u00f3n; y respecto del opositor en el tr\u00e1mite extraordinario, porque ninguna consecuencia adversa le acarrear\u00eda, de donde su actuaci\u00f3n resultar\u00eda superflua. <\/p>\n

Del mismo modo, por razones constitucionales o convencionales para la protecci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales, inclusive cuando es ostensible que la sentencia compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, bien podr\u00eda la Corte seleccionar positivamente una demanda formalmente deficiente (art\u00edculo 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n

2.5. En ese orden de ideas, ante todo, pasa la Corte a estudiar si la jurisdicci\u00f3n civil era la llamada a conocer de la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n de la compraventa de 1974, celebrada entre una entidad territorial de derecho p\u00fablico, como es el Municipio de L\u00edbano, y un particular, el Club Municipal Deportivo de Tejo Tayrona. <\/p>\n

2.5.1. Con ese prop\u00f3sito, la Corte deja sentado, seg\u00fan lo consignado en el contrato, que el Concejo del Municipio de L\u00edbano, en virtud del Acuerdo 021 de 8 de septiembre de 1972, autoriz\u00f3 al Alcalde de la localidad para \u00abvender lotes\u00bb de la urbanizaci\u00f3n \u00abMarsella\u00bb o \u00abpropiedades inmobiliarias del com\u00fan no destinadas a un servicio especial\u00bb. <\/p>\n

Igualmente, en lo concerniente al caso y en concordancia con lo anterior, que mediante Acuerdo 006 de 28 de junio de 1974, el mismo Cabildo Municipal, facult\u00f3 al \u00abAlcalde (\u2026) para vender al Club Deportivo de Tejo Tayrona (\u2026) un lote de terreno de la parcelaci\u00f3n Marsella\u00bb. <\/p>\n

En esa espec\u00edfica direcci\u00f3n, que el \u00abAlcalde\u00bb procedi\u00f3 \u00aba hacer transmisi\u00f3n a nombre del Municipio de L\u00edbano (\u2026), a t\u00edtulo de venta\u00bb, de \u00abun lote de terreno desprendido del globo general denominado Marsella\u00bb. <\/p>\n

2.5.2. Se precisa lo precedente, para notar c\u00f3mo de ese contenido no se vislumbra que la negociaci\u00f3n haya estado sujeta a alg\u00fan estatuto de contrataci\u00f3n estatal. <\/p>\n

La distinci\u00f3n viene a prop\u00f3sito de la creada en Colombia jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, la cual se ejerce, en palabras de la Corte, por el \u00abConsejo de Estado y los Tribunales Administrativos (Art. 1\u00ba Ley 167 de 1941), ella ha existido en el pa\u00eds desde entonces, paralela a la civil, pero existiendo siempre entre ambas sustancial diferencia en cuanto a sus fines y objeto: \u00e9sta busca la satisfacci\u00f3n de los derechos privados de los particulares y de entidades p\u00fablicas, mientras obren en el campo de los derechos civiles; aquella realiza los derechos p\u00fablicos de los asociados frente a la administraci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n

El art\u00edculo 12 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente en 1974, \u00e9poca del contrato impugnado, establec\u00eda que la jurisdicci\u00f3n civil conoc\u00eda de \u00abtodo asunto que no estuviera atribuido por ley a otras jurisdicciones\u00bb. Seg\u00fan el art\u00edculo 16, numeral 1\u00ba, ib\u00eddem, los jueces civiles del circuito, de los procesos contenciosos donde fuera parte un \u00abmunicipio\u00bb, entre otros entes territoriales, \u00absalvo que correspondan a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb. <\/p>\n

El canon 82 del derogado C\u00f3digo\u00a0Contencioso Administrativo (Decreto 001 de 1984), modificado por el art\u00edculo 30 de la Ley 446 de 1998, determinaba que la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo estaba \u00abinstituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades p\u00fablicas y de las personas privadas que desempe\u00f1en funciones propias de los distintos \u00f3rganos del Estado\u00bb. <\/p>\n

A esa especialidad jurisdiccional, por tanto, no le correspond\u00eda conocer de las actuaciones de las entidades p\u00fablicas ejecutadas de la misma manera que los particulares, sino de los asuntos asociados con las funciones propias de su naturaleza. <\/p>\n

As\u00ed, conforme se preve\u00eda en los art\u00edculos 16 y 17 del Decreto Ley 222 de 1883, derogado por la Ley 80 de 1993 (Estatutos de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica), de los litigios derivados de contratos de \u00abobras p\u00fablicas\u00bb, de \u00abprestaci\u00f3n de servicios\u00bb, \u00abinteradministrativos internos\u00bb, de \u00absuministros\u00bb, de \u00abexplotaci\u00f3n de bienes del Estado\u00bb, de \u00abempr\u00e9stito\u00bb, de \u00abcr\u00e9dito celebrados por (\u2026) FOCINE\u00bb, de \u00abconducci\u00f3n de correos y (\u2026) prestaci\u00f3n del servicio de correo a\u00e9reo\u00bb, y de los celebrados por \u00abinstituciones financieras internacionales p\u00fablicas, entidades gubernamentales de cr\u00e9dito extranjero y los organismos internacionales, con entidades colombianas, cuando no se les considera como tratados o convenios internacionales\u00bb. <\/p>\n

Los \u00abdem\u00e1s\u00bb contratos que no se subsum\u00edan en ninguna de esas actividades, seg\u00fan tales preceptos, clasificaban como de \u00abderecho privado de la administraci\u00f3n\u00bb, por supuesto, salvo norma especial en contrario, y los sujetaba, en sus efectos, a las \u00abnormas civiles, comerciales y laborales, seg\u00fan la naturaleza de los mismos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

En coherencia, las mismas disposiciones preve\u00edan que los litigios emanados de los contratos administrativos eran del conocimiento de la \u00abjusticia contencioso administrativa\u00bb; y de la \u00abjusticia ordinaria\u00bb, todos los conflictos suscitados alrededor de los convenios de derecho privado, a no ser que en estos \u00faltimos se \u00abhubiere pactado la cl\u00e1usula de caducidad\u00bb, caso en el cual aquella otra jurisdicci\u00f3n tambi\u00e9n era la llamada a dirimirlos. <\/p>\n

El art\u00edculo 322 de la Ley 80 de 1993, con algunas modificaciones realizadas por las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, entre otras, introdujo como par\u00e1metro la teor\u00eda subjetiva u org\u00e1nica a efectos de determinar la naturaleza jur\u00eddica de un contrato, en el sentido de tenerlo como estatal y no privado, simple y llanamente, cuando una de las partes es una entidad de derecho p\u00fablico, con independencia del r\u00e9gimen legal que deba aplic\u00e1rsele. <\/p>\n

Siguiendo doctrina del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil3, la \u00abnoci\u00f3n de contrato estatal es una especie del g\u00e9nero de los contratos, que tiene un r\u00e9gimen propio, con instituciones cuya reglamentaci\u00f3n es exclusiva de esos contratos, como el proceso licitatorio p\u00fablico que es diferente del privado, las cl\u00e1usulas exorbitantes, la liquidaci\u00f3n del contrato, y en general, la posibilidad que tiene la administraci\u00f3n de pronunciarse a trav\u00e9s de los actos administrativos que gozan de presunci\u00f3n de legalidad, los posibles conflictos que surjan de esa especie de contratos deben ser fallados por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, no solo por el aspecto org\u00e1nico, sino por el sustancial, pues en buena parte se van a manejar principios y relaciones jur\u00eddicas propias del derecho p\u00fablico\u00bb
\nEn materia de contratos, al margen de si involucran, seg\u00fan lo anterior, \u00abprincipios y relaciones jur\u00eddicas propias del derecho p\u00fablico\u00bb, o asuntos \u00absujetos al derecho administrativo\u00bb, cual se enfatiza en el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la teor\u00eda subjetiva u org\u00e1nica, esta vez, como elemento aut\u00f3nomo para distribuir jurisdicci\u00f3n, la reitera esa misma disposici\u00f3n al establecer que la justicia contencioso administrativo \u00abigualmente\u00bb conoce de los procesos \u00abrelativos a los contratos, cualquiera sea su r\u00e9gimen, en los que sea parte una entidad p\u00fablica o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado\u00bb. <\/p>\n

Significa lo anterior que la jurisdicci\u00f3n ordinaria no es la llamada a definir controversias originadas en contratos donde sea parte una entidad de derecho p\u00fablico, como los municipios, entre otras, sin consideraci\u00f3n al estatuto jur\u00eddico que los gobierne. Esto explica la raz\u00f3n por la cual los art\u00edculos 19 y 20 del C\u00f3digo General del Proceso, relativo a la competencia de los jueces civiles del circuito, nada refieren al respecto, como s\u00ed lo hac\u00eda el canon 16, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hasta la reforma que le introdujo la Ley 794 de 2003. <\/p>\n

En ese orden, a la saz\u00f3n, la jurisdicci\u00f3n civil conoc\u00eda de los conflictos contractuales donde tales instituciones actuaban del mismo modo que los particulares, esto es, cuando, en el ejercicio de sus competencias, ning\u00fan papel jugaban los \u00abprincipios y relaciones jur\u00eddicas propias del derecho p\u00fablico\u00bb o del \u00abderecho administrativo\u00bb. <\/p>\n

El Consejo de Estado, en el concepto citado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcuando la ley excepciona de este r\u00e9gimen legal a ciertos contratos de determinadas entidades p\u00fablicas, otorg\u00e1ndole un r\u00e9gimen especial en relaci\u00f3n con el Estatuto General, excluye tambi\u00e9n la de aquellos elementos caracter\u00edsticos de los contratos estatales, siendo uno de los elementos que no se aplica el de la jurisdicci\u00f3n, pues si no est\u00e1n sujetos al Estatuto General, tampoco a la jurisdicci\u00f3n que los define\u00bb. <\/p>\n

El art\u00edculo 78 de la Ley 80 de 1993, precisamente, establece que los \u00abcontratos, los procedimientos de selecci\u00f3n y los procesos en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuar\u00e1n sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebraci\u00f3n o iniciaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

La disposici\u00f3n, simplemente, recaba el principio general de irretroactividad, entendida como el fen\u00f3meno, seg\u00fan el cual, la ley rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Por esto, los contratos, en el \u00e1mbito sustantivo, se gobiernan por las normas que se encuentran en rigor al momento de su celebraci\u00f3n, como as\u00ed lo establece el art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 18875. <\/p>\n

Si bien el anterior precepto, tambi\u00e9n como regla de principio, excluye de los contratos las leyes preexistentes que regulan el modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de los mismos, para el efecto, hay que tener en cuenta, al decir de la Corte Constitucional, \u00ab[si] dentro del conjunto de las normas que fijan la ritualidad de los procedimientos, pueden estar incluidas algunas otras de las cuales surgen obligaciones o derechos substanciales\u00bb6. <\/p>\n

Entre otras, como situaci\u00f3n jur\u00eddica cierta, la inaplicaci\u00f3n de determinado r\u00e9gimen a un contrato. En ese caso, la \u00abley procesal nueva\u00bb, cual se dej\u00f3 sentado en las sentencias constitucionales citadas, \u00abdebe respetar los derechos adquiridos o las situaciones jur\u00eddicas consolidadas al amparo de este tipo de disposiciones materiales, aunque ellas aparezcan consignadas en estatutos procesales\u00bb. <\/p>\n

En consecuencia, previsto en el art\u00edculo 78 de la Ley 80 de 1993, que los \u00abcontratos (\u2026) en curso la fecha en que entre a regir la presente ley\u00bb, continuaban sujetos a las \u00abnormas vigentes en el omento de su celebraci\u00f3n o iniciaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed se explica la raz\u00f3n por la cual, el Consejo de Estado, en el concepto de marras, indic\u00f3 que ello se extend\u00eda tambi\u00e9n a los \u00abelementos caracter\u00edsticos de los contratos estatales\u00bb, entre otros, a la jurisdicci\u00f3n, \u00abpues si no est\u00e1n sujetos al Estatuto General, tampoco a la jurisdicci\u00f3n que los define\u00bb. <\/p>\n

Excluida de esos contratos, por tanto, en direcci\u00f3n de fijar jurisdicci\u00f3n, la teor\u00eda subjetiva u org\u00e1nica, con ese mismo prop\u00f3sito, resulta puntual establecer, respecto de los contratos que se controviertan en causa, si al momento de celebrarse o iniciarse se observaron los \u00abprincipios y relaciones jur\u00eddicas propias del derecho p\u00fablico\u00bb o del \u00abderecho administrativo\u00bb. <\/p>\n

Siguiendo al Consejo de Estado, porque en la \u00abd\u00e9cada de los 90\u2019 (\u2026) si el negocio se reg\u00eda por el derecho privado el contrato era civil o estatal \u2013seg\u00fan el caso- y si se reg\u00eda por el derecho p\u00fablico el contrato era administrativo\u00bb7. Esto mismo, desde luego, indicaba la jurisdicci\u00f3n, para los primeros, la ordinaria, y los segundos, la administrativa. <\/p>\n

2.5.3. Frente a lo expuesto, no cabe duda, el error de actividad denunciado en el cargo inaugural es inexistente. <\/p>\n

El contrato impugnado, en efecto, fue celebrado en 1974, antes de la vigencia del Estatuto de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, de ah\u00ed que no lo cobijaba; por otra parte, trat\u00e1ndose de una compraventa, a falta de otro r\u00e9gimen espec\u00edfico, lo gobernaba el derecho privado; y para finalizar, conforme al contenido del negocio, arriba resaltado, am\u00e9n de no contener cl\u00e1usulas exorbitantes, su materializaci\u00f3n no fue el fruto de una licitaci\u00f3n p\u00fablica, tampoco alude a una liquidaci\u00f3n administrativa, mucho menos se desarroll\u00f3 mediante actos administrativos expedidos por el propio ente territorial demandante. <\/p>\n

En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por los recurrentes en casaci\u00f3n, la jurisdicci\u00f3n civil del Estado era llamada a definir la controversia relacionada con la resoluci\u00f3n del contrato del caso, en aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula residual de competencia prevista en el art\u00edculo 20, numeral 10 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.6. Elucidado lo que precede, se entra a examinar si tambi\u00e9n hay lugar a inadmitir el cargo segundo. <\/p>\n

2.6.1. En los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 281 y 282 del C\u00f3digo General del Proceso, en punto de lo postulado y alegado por las partes, la actividad del juez en el proceso se limita a los hechos (causa petendi) y a los objetos jur\u00eddicos (petitum), as\u00ed como a las excepciones que aparezcan probadas, salvo las que no puede reconocer de oficio. <\/p>\n

La incongruencia objetiva, tocante con el petitum, solo se predica de las decisiones estimatorios, y tiene lugar cuando el juzgador, en sentir de la Corte, \u00abpeca por exceso o por defecto (extra, ultra o m\u00ednima petita)\u00bb8. De ah\u00ed que en la hip\u00f3tesis de configurarse el error, para conjurarlo, todo queda confinado a reducir o a sumar faltantes, o a eliminar excesos, nada de lo cual es posible mensurar en las resoluciones absolutorias o inhibitorias. <\/p>\n

Esa distinci\u00f3n no aplica a la incongruencia f\u00e1ctica, esto es, lo asociado con la causa petendi, pues si el vicio ocurre cuando el sentenciador sustituye los supuestos aducidos por las partes en apoyo de sus aspiraciones, la calificaci\u00f3n del resultado (estimatorio, absolutorio o inhibitorio), es totalmente indiferente. <\/p>\n

Lo anterior, porque dicho yerro solo se estructura, al decir de la Corte, cuando el juez \u00abimagina o inventa hechos, pero no cuando los tergiversa\u00bb9. Esto \u00faltimo, por ser propio del \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb o de \u00absu contestaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 336, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n

Si nada de lo dicho en uno u otro caso se procura, los problemas no ser\u00edan de procedimiento, esto es, de construcci\u00f3n de las decisiones, en s\u00ed mismas consideradas, sino de juzgamiento, respecto de su estructura o fundamentos, o de fijaci\u00f3n del contenido y alcance de los mismos hechos controvertidos (errores facti in iudicando). <\/p>\n

2.6.2.1. Relacionado con el contrato de 1974, en la hip\u00f3tesis de haberse sustentado la pretensi\u00f3n en la \u00abresoluci\u00f3n (\u2026) por nulidad\u00bb, as\u00ed se haya probado el \u00abincumplimiento\u00bb, no de una \u00abcondici\u00f3n\u00bb, sino una \u00abobligaci\u00f3n de no hacer\u00bb, y dicho que el \u00abbien (\u2026) estaba fuera del comercio\u00bb, el problema es de simple calificaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n

En el evento de ser equivocada la nominaci\u00f3n jur\u00eddica efectuada por la parte, aludir \u00abresoluci\u00f3n (\u2026) por nulidad\u00bb, en tanto, en lo dem\u00e1s es pac\u00edfico, la jurisdicci\u00f3n es quien debe salvarla, al decir de la Corte, \u201c(\u2026) puesto que el tipo de juez t\u00e9cnico que reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley (\u2026), le impone el deber de aplicar la que corresponda al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunci\u00f3n\u201d10. <\/p>\n

Lo anterior, guiados por los principios \u201cnarra mihi factum, dabo tibi ius\u201d y \u201ciura novit curia\u201d, seg\u00fan los cuales los vac\u00edos de adecuaci\u00f3n t\u00edpica o la equivocaci\u00f3n de los litigantes en la materia, no atan a los jueces, ciertamente, al ser los llamados a definir el derecho controvertido. <\/p>\n

2.6.2.2. Asociado con la compraventa de 2014, es cierto, la pretensi\u00f3n de nulidad absoluta se fundament\u00f3 en que la negociaci\u00f3n estaba prohibida, pues al haberse restringido la enajenaci\u00f3n del inmueble, esto implicaba que el bien se encontraba fuera del comercio.
\nSi bien el Tribunal concluy\u00f3 que el bien \u00abestaba en el comercio\u00bb, en todo caso, el objeto il\u00edcito lo analiz\u00f3 desde el el \u00e1mbito de los vicios que conculcaban los \u00abintereses generales de la comunidad\u00bb. <\/p>\n

La incongruencia, sin embargo, no se estructura, porque en el escrito genitor del proceso se aludi\u00f3 a tales hechos, al margen de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que se les pueda atribuir, al punto que integraron la defensa. <\/p>\n

En la causa petendi, en efecto, se se\u00f1al\u00f3 que el bien se enajen\u00f3, \u00ab\u00fanica y exclusivamente\u00bb, para fines \u00abculturales, deportivos y sociales\u00bb, pero que \u00abhace muchos a\u00f1os\u00bb se la cambi\u00f3 la \u00abdestinaci\u00f3n acordada\u00bb. En el escrito de r\u00e9plica de la demanda, precisamente, se invoc\u00f3 como hecho enervante el cambio del uso del suelo, seg\u00fan el PBOT. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la declarada nulidad absoluta del contrato en cuesti\u00f3n no pudo ser producto de imaginaci\u00f3n o invenci\u00f3n factual, sino de apreciaci\u00f3n de las circunstancias aducidas. De ah\u00ed, en la hip\u00f3tesis de alguna equivocaci\u00f3n, el error ser\u00eda de juzgamiento, en cuanto al alcance o subsunci\u00f3n normativa de los hechos expuestos. <\/p>\n

2.6.2.3. En lo dem\u00e1s, los recurrentes alegan contradicci\u00f3n entre las motivaciones y las resoluciones del fallo, y la falta de decisi\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n

(i) El ad-quem, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de primer grado, adicion\u00f3 un numeral, en el sentido de \u00abdeclarar no probadas todas las excepciones propuestas\u00bb (se subraya, exprofeso). <\/p>\n

Frente a lo anterior, en el eventual caso de que el Tribunal no se haya referido en forma expresa al medio extintivo, en la definici\u00f3n se entiende resuelto de manera impl\u00edcita, no obstante, adversamente. <\/p>\n

Empero, lo as\u00ed espetado no fue inopinado, por cuanto, expressis verbis, al margen del acierto, consider\u00f3 que \u00abno hay prescripci\u00f3n, pues con todo y lo antiguo del negocio, el punto de partida del plazo extintivo es el momento en que acaeci\u00f3 el incumplimiento, en este caso, el 4 de febrero de 2014, (\u2026) cuando se celebr\u00f3 la segunda compraventa\u00bb. <\/p>\n

(ii) El vicio de contradicci\u00f3n, en la hip\u00f3tesis de aceptarse incluido en el principio de congruencia, dado que en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil se encontraba instituido como causal aut\u00f3noma de casaci\u00f3n (art\u00edculo 368-3), en tanto, desapareci\u00f3 en el C\u00f3digo General del Proceso, tiene lugar, siguiendo la jurisprudencia de entonces, \u00fanicamente si las decisiones se neutralizan, por ejemplo, cuando, a la vez, se reconoce y se niega la acci\u00f3n o el derecho. <\/p>\n

Nada de lo anterior ocurre, considerando que en la parte resolutiva de la sentencia no aparece reconocidos y negados, simult\u00e1neamente, los medios de defensa, todo lo contrario, de manera uniforme fueron declarados infundadas; y no se diga que en las consideraciones de la sentencia, con car\u00e1cter arrasador, fueron despachados en favor, contrario a lo consignado en su parte decisoria. <\/p>\n

La legitimaci\u00f3n del Municipio de L\u00edbano para impetrar la nulidad absoluta de la compraventa de 2014, as\u00ed no haya participado en su celebraci\u00f3n, se hizo derivar del \u00abinter\u00e9s econ\u00f3mico, serio y actual (\u2026), [en] obtener el manejo del predio para reencauzarlo (\u2026) [al] beneficio de la comunidad\u00bb. <\/p>\n

Lo tocante con la ausencia de \u00abtemeridad o mala fe\u00bb de los demandados, simplemente se dej\u00f3 sentado para efectos de morigerar la restituci\u00f3n de frutos. <\/p>\n

Por \u00faltimo, pese a ser cierto que en el certificado de tradici\u00f3n del inmueble no aparece ninguna limitaci\u00f3n del dominio, para el Tribunal, esto no deb\u00eda ser la \u00fanica fuente de consulta, sino que tambi\u00e9n era \u00abforzoso conocer, cuando menos, el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de quien entrega el dominio\u00bb. <\/p>\n

2.7. Aunque lo expuesto es suficiente para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, tampoco hay lugar a observar lo previsto en los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009), y 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, consagratorios de la casaci\u00f3n oficiosa y la selecci\u00f3n positiva de ciertos fallos. <\/p>\n

Lo primero, en defensa de los derechos constitucionales, el orden o el patrimonio p\u00fablico; y lo segundo, cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad.
\n2.7.1. Desde luego, el simple hecho de haberse obtenido decisiones adversas, no impone, en el \u00e1mbito constitucional o de convencionalidad11, adoptar correctivos, toda vez que para el efecto se requiere de la presencia de faltas superlativas que hayan trascendido a los derechos y garant\u00edas supralegales de la parte recurrente. <\/p>\n

2.7.1.1. En el subj\u00fadice, no se observan en el campo adjetivo, al constatarse, inclusive como se comprueba con el recurso de casaci\u00f3n, que los recurrentes extraordinarios, demandados en el litigio, mantuvieron intactas las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n

2.4.1.2. En el terreno de los hechos y de las pruebas, y en el estrictamente jur\u00eddico, igualmente se descarta una falta judicial grosera o arbitraria, pues al ser cierto, por una parte, la enajenaci\u00f3n del inmueble, no obstante, estar restringida mediante el acuerdo de las voluntades, y por otra, su destinaci\u00f3n a fines distintos de los pactados, al punto que nada de ello se cuestion\u00f3 en casaci\u00f3n, las decisiones de resoluci\u00f3n y nulidad absoluta de los contratos de compraventa se muestran razonables. <\/p>\n

2.4.2. En la \u00f3ptica de la selecci\u00f3n positiva, tampoco hay lugar a la actuaci\u00f3n de la Corte, al no aparecer temas asociados con la aplicaci\u00f3n o alcance de una norma sustantiva, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente. <\/p>\n

2.5. En ese orden ideas, ante la inexistencia de los errores de procedimiento denunciados, se impone inadmitir el libelo examinado, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en los art\u00edculos 347, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara inadmisible la demanda de que se trata, y desierto el recurso de casaci\u00f3n en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n(Presidente de la Sala) <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n1 \t \tCSJ. Gaceta Judicial. Tomo CLV, P\u00e1g. 136.
\n2 \t\u00abSon \tcontratos estatales todos los actos jur\u00eddicos generadores de \tobligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente \testatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones \tespeciales, o derivados \tde la autonom\u00eda de la voluntad (\u2026)\u00bb.
\n3 \tConcepto \tde 16 de junio de 2008, radicaciones 1865 y 1887.
\n4 \tSeg\u00fan la modificaci\u00f3n introducida al precepto por el \tDecreto 2282 de 1989.
\n5 \tEstablece el precepto que \u00abEn todo contrato se entender\u00e1n \tincorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n\u00bb.
\n6 \tSentencias \tC-619 de 2001 y C-200 de 2002.
\n7 \tCfr. Consejo de Estado. Secci\u00f3n Tercera. Sentencia de 6 de \tjulio de 2017, expediente 00730 (51920).
\n8 \tCSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencias de 25 de abril de 2005, \texpediente 014115, de 17 de junio de 2011, radicaci\u00f3n 00591, \ty de 21 de junio de 2016, expediente 00043, entre otras.
\n9 \tCSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencias de 3 de noviembre de 2010, \texpediente 03315, de 22 de abril de 2013, radicaci\u00f3n 00187, y \tde 3 de noviembre de 2015, expediente 00201, entre otros.
\n10 \tCSJ. Civil. Sentencia 0208 de 31 de octubre de 2001, expediente \t5906, reiterada en fallos de 6 de julio de 2009, radicaci\u00f3n \t00341, y de 5 de mayo de 2014, expediente 00181.
\n11 \tConvenci\u00f3n \tAmericana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de \tCosta Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente AC1539-2020 Radicaci\u00f3n: 73411-31-03-001-2017-00105-01 Aprobado en Sala de cuatro de marzo de dos mil veinte Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020) Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de Jaime Berj\u00e1n Rodr\u00edguez y Sandra Luc\u00eda Giraldo Murcia, dirigida a sustentar el recurso de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103241","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103241"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103241\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}