{"id":103245,"date":"2026-07-02T20:26:59","date_gmt":"2026-07-02T20:26:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103245"},"modified":"2026-07-02T20:26:59","modified_gmt":"2026-07-02T20:26:59","slug":"ac1602-2020-2020-01392-00_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac1602-2020-2020-01392-00_1\/","title":{"rendered":"AC1602-2020 (2020-01392-00)_1"},"content":{"rendered":"
AC1602-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01392-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Dec\u00eddese el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 y Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed (Valle del Cauca), para conocer del proceso de restablecimiento de derechos promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogot\u00e1 – Centro Zonal Kennedy, en favor del menor John Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez Bravo. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Ante el primero de los despachos judiciales en menci\u00f3n la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Kennedy, Regional Bogot\u00e1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, remiti\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos de John Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez Bravo, por estar vencido el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, modificado por el precepto 4 de la ley 1878 de 2018. <\/p>\n

El 5 de noviembre de 2019 S\u00e1nchez Bravo se evadi\u00f3 de la instituci\u00f3n donde se encontraba, por lo cual el despacho judicial aplic\u00f3 el lineamiento t\u00e9cnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados del ICBF, entre los cuales se estableci\u00f3 comunicaci\u00f3n con la familia de John Sebasti\u00e1n, se realiz\u00f3 visita al domicilio de los progenitores, se ofici\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional, CTI y ICBF, y se suspendi\u00f3 el tr\u00e1mite del presente caso por el t\u00e9rmino de tres meses. <\/p>\n

Seguidamente, practic\u00f3 la visita al domicilio del joven en la ciudad de Bogot\u00e1, en la cual se determin\u00f3 que \u00e9l actualmente se encuentra viviendo en la carrera 50 B n.\u00ba 14-20 del Barrio Terranova, en el municipio de Jamund\u00ed (Valle del Cauca), bajo el cuidado de sus padres Sandra Jhohana Bravo y John Freddy S\u00e1nchez Morales. <\/p>\n

Con base en lo anterior reanud\u00f3 el tr\u00e1mite y ante la imposibilidad de verificar las condiciones del adolescente, remiti\u00f3 por competencia territorial el legajo a su hom\u00f3logo de Jamund\u00ed, en raz\u00f3n a que, de acuerdo a los preceptos 97 y 100 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia, es competente el estrado judicial del lugar donde se encuentre el menor y en el sub lite John Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez Bravo est\u00e1 en el municipio de Jamund\u00ed. <\/p>\n

3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento aduciendo que corresponde al Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1, porque fue el que inicialmente asumi\u00f3 el conocimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de conformidad el canon 97 de la ley 1098 de 2006, as\u00ed como por aplicaci\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n

2. El inciso \u00faltimo del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica expresa que: \u00ab[e]l Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan\u00bb. <\/p>\n

El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as, los adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango. <\/p>\n

Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587 de 1998, dijo: <\/p>\n

Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n

Aunado a estos aspectos, esa Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n

\u2026Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n

Adem\u00e1s, el lineamiento actual del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia marc\u00f3 la tendencia contempor\u00e1nea en el ordenamiento, en procura de garantizar el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, que se encuentren implicados en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. <\/p>\n

3. Aplicando las anteriores nociones y teniendo en cuenta que John Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez Bravo, en favor de quien se sigue el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos impulsado desde el 4 de mayo de 2017 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sede Centro Zonal Kennedy, ingres\u00f3 el 14 de marzo de 2019 al Centro Pedag\u00f3gico Amigoniano de San Gregorio ubicado en el municipio de Cota y que tras su evasi\u00f3n el 5 de noviembre siguiente se determin\u00f3 que actualmente se encuentra viviendo en la carrera 50 B n.\u00ba 14-20 del Barrio Terranova, en el municipio de Jamund\u00ed (Valle del Cauca), bajo el cuidado de sus padres Sandra Jhohana Bravo y John Freddy S\u00e1nchez Morales; debe concluirse que empleando la regla que establece la competencia por el factor territorial al sub examine, corresponde al lugar donde se encuentra el sujeto de especial protecci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006, porque esta asignaci\u00f3n da prevalencia a los derechos e inter\u00e9s superior de este, por su relevancia constitucional. <\/p>\n

Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n

\u201cel prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u201d (Exp. 2007-01529-00); y que \u201cen orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00), (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. 2013-00504-00). <\/p>\n

Es que el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en erogaciones de toda \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, reflexi\u00f3n que de cara a la tutela efectiva del derecho, aplica al caso concreto de otrora al menor de edad John Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez Bravo. <\/p>\n

En esa l\u00ednea de pensamiento favorable al inter\u00e9s superior, la Corte se ha pronunciado se\u00f1alando respecto de los menores de edad, que: <\/p>\n

[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u2018los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u2019 (STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01). <\/p>\n

4. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto en esta localidad se encuentra el menor de edad citado, porque desde el d\u00eda 2 de febrero de 2020 est\u00e1 viviendo con sus progenitores en la carrera 50 B n.\u00ba 14-20, Barrio Terranova de dicha localidad, tal como lo demuestra el informe de visita domiciliaria realizada el 11 de febrero de las calendas por la asistente social del Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 al domicilio que ten\u00eda el joven en la capital de la Rep\u00fablica, que obra en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, raz\u00f3n suficiente para dar aplicaci\u00f3n al citado art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n

Por tanto, es inadmisible el argumento de aquel servidor judicial al pretender apartarse del conocimiento del asunto, en raz\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis, pues, ins\u00edstase, el domicilio del sujeto de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, a\u00fan cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: \u00ab[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u00bb. (Resaltado ajeno al texto). <\/p>\n

Es decir, que el principio invocado por el juzgado de Jamund\u00ed no opera cuando de por medio est\u00e1n los factores subjetivo y funcional, muestra de lo cual es el sub lite, pues la alusi\u00f3n a menores de edad prevista en canon 97 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia, traduce la aplicaci\u00f3n de un factor subjetivo de competencia en favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n

Adem\u00e1s, en los casos de car\u00e1cter excepcional en los cuales se encuentren involucrados menores de edad, prevalecen los derechos e inter\u00e9s superior de estos, por su relevancia constitucional, por lo cual, la Sala ha admitido que puede alterar la competencia inicialmente establecida. <\/p>\n

Por ende, se ha indicado que \u00ab[L]a aplicaci\u00f3n del principio [de la perpetuatio jurisdictionis], sin embargo, no puede ser p\u00e9treo o inalterable, sino que, por el contrario, debe ceder en circunstancias verdaderamente excepcionales. Trat\u00e1ndose de menores involucrados, en los casos en que el inter\u00e9s superior de \u00e9stos se vea seriamente comprometido, verbi gratia, cuando el cambio de domicilio resulta forzado, como as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte (\u2026)\u00bb, (AC2123, 29 abr. 2014, rad. 2014-00723-00). <\/p>\n

Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed (Valle del Cauca), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n

Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a la otra autoridad judicial administrativa involucrada en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar. <\/p>\n

Notif\u00edquese. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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