{"id":103302,"date":"2026-07-02T20:41:35","date_gmt":"2026-07-02T20:41:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103302"},"modified":"2026-07-02T20:41:35","modified_gmt":"2026-07-02T20:41:35","slug":"ac2129-2020-2017-00510-01_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2129-2020-2017-00510-01_1\/","title":{"rendered":"AC2129-2020 (2017-00510-01)_1"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AC2129-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25290-31-03-001-2017-00510-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de marzo de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C.,.siete (7) de septiembre de dos mil veinte (2020).
\nDec\u00eddase sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jairo Augusto Celeita Rojas frente a la sentencia de 2 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en el proceso verbal de mayor cuant\u00eda de responsabilidad extracontractual que el recurrente promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Elver Guerrero Ruge y Jos\u00e9 Alirio Piraquive Hern\u00e1ndez. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Deprec\u00f3 la parte actora que se declarara a los demandados civil y solidariamente responsables de todos los perjuicios materiales y extrapatrimoniales que hasta la fecha le hayan causado, con ocasi\u00f3n del apoderamiento violento de la posesi\u00f3n de veinticinco (25) hect\u00e1reas junto con los enseres y la casa que hab\u00eda levantado y todos y cada uno de los cultivos y mejoras efectuadas sobre el referido inmueble, el cual hace parte de los predios: \u00abALICANTE\u201d identificado con el Folio de Matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 157- 47254 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Fusagasug\u00e1, y c\u00e9dula catastral N\u00b0 25290000100022710000, \u00abEL PARAISO\u201d distinguido con el Folio de Matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 157- 47255 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Fusagasug\u00e1, y c\u00e9dula catastral N\u00b0 25290000100020253000, y \u00abSANTA MARIA DE LAS VEGAS\u201d distinguido con el Folio de Matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 157- 51513 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Fusagasug\u00e1, y c\u00e9dula catastral N\u00b0 00-010002-2711-000. <\/p>\n

Como consecuencia de lo anterior, suplic\u00f3 condenar de forma solidaria al extremo pasivo a pagarle las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales: (i) $1.354\u2019960.000.00 por da\u00f1o emergente; (ii) $20\u2019550.000.00 como lucro cesante pasado y (iii) por lucro cesante futuro el que se cause despu\u00e9s de presentada la demanda y hasta la terminaci\u00f3n. <\/p>\n

Adicionalmente y solo respecto del convocado Jos\u00e9 Alirio Piraquive Hern\u00e1ndez peticion\u00f3 condena por todos y cada uno de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que le caus\u00f3, con ocasi\u00f3n de las amenazas y las lesiones personales dictaminadas por El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, as\u00ed: (i) da\u00f1o emergente la cantidad de $16\u2019000.000.00; (ii) lucro cesante $3.000.000.00; (iii) perjuicios morales $30.000.000.00, y (iv) da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n $30.000.000.00. <\/p>\n

2.\tEn compendio el peticionario expuso, como sustento de sus pedimentos, que: <\/p>\n

2.1.\tMediante documento privado de fecha cinco (05) de junio de dos mil cuatro (2004), adquiri\u00f3 del se\u00f1or JOSE JOAQUIN ROMERO JARA, una posesi\u00f3n con mejoras de veinticinco (25) hect\u00e1reas, sobre una parte de los predios denominados \u00abALICANTE\u00bb, \u00abEL PARAISO\u00bb y \u00abSANTA MARIA DE LAS VEGAS\u00bb, identificados con las c\u00e9dulas inmobiliarias rese\u00f1adas en el numeral anterior, lote de terreno ubicado en la vereda la \u00abPuerta de Fusagasug\u00e1\u00bb, el cual siempre se denomin\u00f3 con el nombre \u00abBONANZA\u00bb tal y como consta en documento adjunto. <\/p>\n

2.2.\tManifiesta el convocante que ejerci\u00f3 actos de se\u00f1or y due\u00f1o a partir de la adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n tales como construir una casa que conten\u00eda dos piezas, sala-comedor, cocina y ba\u00f1o, en la cual viv\u00eda con su esposa y sus cuatro hijas; inmueble debidamente amoblado, con el menaje para las habitaciones, sala, comedor, estufa a gas con dos cilindros, nevera, licuadora, el menaje de cocina, y adicional a ello las herramientas para la labranza, entre las cuales se destaca las siguientes: Una planta el\u00e9ctrica, una guada\u00f1a, una motosierra, tres azadones, tres peinillas, dos martillos, tres picas, dos barras, dos ahoyadoras, cuatro quintales de alambre, dos canecas grandes para recolectar el agua potable, dos tanques para el almacenamiento de agua potable y siete rollos de manguera de \u00bd pulgada instaladas para traer el agua desde el rio \u00abPanche\u00bb hasta la casa. <\/p>\n

2.3.\tAsevera que, en dicho predio hab\u00eda sembrado un cultivo que conten\u00eda: doscientas (200) matas de papayo, cien (100) matas de guan\u00e1bano, treinta (30) matas de guayaba, treinta (30) de pl\u00e1tano, veinte (20) de mamoncillo y unas cincuenta (50) matas de ca\u00f1a de az\u00facar, veinte (20) de aguacate, \u00e1rboles maderables para la misma cerca, pastos nativos para el engorde de ganado, entre otras matas de pancoger. <\/p>\n

3. Asegura que, a ra\u00edz de la construcci\u00f3n de la casa, este y el se\u00f1or Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Romero Jara (vendedor de la posesi\u00f3n) fueron requeridos por el se\u00f1or Pablo Enrique Santoyo Duran, propietario del predio denominado \u00abSANTA MARIA DE LAS VEGAS\u00bb, quien actuaba en nombre propio y en representaci\u00f3n de los dem\u00e1s copropietarios del globo de mayor extensi\u00f3n, ante la Corregidora Sur Occidental de Fusagasug\u00e1, el d\u00eda 20 de enero de 2005, sin embargo, habi\u00e9ndose surtido la diligencia correspondiente, no le prohibieron continuar con la construcci\u00f3n que estaba ejecutando. <\/p>\n

4. Alega que, para apropiarse del lote pose\u00eddo, el se\u00f1or Piraquive Hern\u00e1ndez lo amenaz\u00f3 y le caus\u00f3 lesiones personales, mismas que detalla en el hecho 5\u00ba del escrito de demanda, a m\u00e1s de prohibirle la entrada al inmueble, y de inmediato puso nuevos candados en el port\u00f3n de entrada, despoj\u00e1ndolo por completo de la posesi\u00f3n quieta y pacifica e ininterrumpida que ven\u00eda ejerciendo con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o por m\u00e1s de 12 a\u00f1os. <\/p>\n

5. Se\u00f1ala que, una vez le usurparon la posesi\u00f3n del mencionado lote, los demandados procedieron a destruir con una m\u00e1quina retroexcavadora todas las mejoras para borrar cualquier evidencia y dejar totalmente limpio el terreno, lo que indujo a la comunidad del sector a presentar una queja por deforestaci\u00f3n ante la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Fusagasug\u00e1, misma que emiti\u00f3 concepto t\u00e9cnico DRSU N\u00b0 1365 del 13 de octubre de 2016, en el que se indic\u00f3: \u00abDurante la visita de inspecci\u00f3n ocular al predio Alicante, no se evidenci\u00f3 tala de \u00e1rboles, se encontr\u00f3 que el propietario realiz\u00f3, una rocer\u00eda con el fin de implementar arreglos forestales dentro del predio\u2026\u00bb. <\/p>\n

6. Revela que denunci\u00f3 a los demandados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por la existencia de un acuerdo privado entre estos para despojarlo y apropiarse del predio que \u00e9l pose\u00eda, a m\u00e1s de los enseres y utensilios que all\u00ed manten\u00eda. <\/p>\n

7. Resalta ciertos hechos que afirma haber acaecido en el desarrollo de actuaciones procesales relacionadas con el lote disputado en que intervienen los demandados, el que califica como acuerdo privado o pacto secreto para despojarlo de su posesi\u00f3n. <\/p>\n

8. Admitida la demanda, luego de que el tribunal revocara el auto de rechazo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, y notificados personalmente los demandados del auto admisorio, el convocado Jos\u00e9 Alirio Piraquive Hern\u00e1ndez, al replicar la demanda, no admiti\u00f3 algunos hechos y dijo no constarle otros, aunado a que se opuso frontalmente a todas las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de m\u00e9rito \u00abInexistencia de la posesi\u00f3n y los da\u00f1os, como eximente de responsabilidad\u00bb, \u00abTemeridad y Mala Fe\u00bb, \u00abIneficacia probatoria, por prueba documental ilegal\u00bb y la \u00abGen\u00e9rica\u00bb; el otro demandado Jos\u00e9 Elver Guerrero Ruge guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

9.\tAgotadas las fases del proceso, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 el 19 de marzo de 2019 dict\u00f3 sentencia en que deneg\u00f3 \u00ablas pretensiones de la demanda; cancel\u00f3 las medidas cautelares decretadas y absolvi\u00f3 en costas al demandante, toda vez que fue cobijado con amparo de pobreza\u00bb (folio 648 del cuaderno 2, continuaci\u00f3n). <\/p>\n

El promotor apel\u00f3 el fallo, recurso desatado por el ad quem mediante sentencia de fecha 2 de agosto de 2019, ratificatoria de la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

1. Aclar\u00f3 que el art\u00edculo 976 del C\u00f3digo Civil no pod\u00eda servir de hontanar para frustrar las pretensiones, habida cuenta que lo pretendido por el demandante era la declaraci\u00f3n de responsabilidad para obtener el pago de perjuicios derivados de una aparente desposesi\u00f3n, mas no activ\u00f3 la jurisdicci\u00f3n para recuperar la tenencia con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, no pudi\u00e9ndose aplicar a este prop\u00f3sito el t\u00e9rmino prescriptivo que se\u00f1ala la citada disposici\u00f3n para las acciones posesorias, todo lo cual en orden a corregir el error argumentativo que en ese sentido incurri\u00f3 el a quo. <\/p>\n

2. Asever\u00f3 que, luego de revisar los insumos probatorios militantes en el expediente, no qued\u00f3 comprobada la desposesi\u00f3n denunciada ni la autor\u00eda de las lesiones, por lo que deven\u00eda vano acometer un estudio enfilado a averiguar el impacto y capitalizaci\u00f3n de los da\u00f1os que el promotor solicita con estribo en la causa f\u00e1ctica y, aunque los demandados no objetaron el juramento estimatorio del art\u00edculo 206 del CGP, esto no significa que los capitales cuantificados deben ser pagados, pues para ello, por lo menos, debieron demostrarse los hechos que provocaron los da\u00f1os irrogados y su autor\u00eda. <\/p>\n

3. Con respecto a la invocada desposesi\u00f3n del predio, el ad quem argument\u00f3 que no existe probanza que avale que este pose\u00eda o manten\u00eda la tenencia del fundo cuando el accionado Piraquive Hern\u00e1ndez supuestamente se lo arrebat\u00f3 el 15 de junio de 2016. <\/p>\n

3.1 Del examen prob\u00e1tico realizado al documento \u00abcontrato de compraventa de posesi\u00f3n y mejoras\u00bb signado por el demandante y Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Romero Jara el 5 de junio de 2004, coligi\u00f3 que este no puede dar constancia de esa situaci\u00f3n y, que, a lo sumo, \u00fanicamente lograr\u00eda exteriorizar el ingreso de aquel en el bien, m\u00e1s no acredita por s\u00ed solo su entrada al predio y la consecuente posesi\u00f3n que dijo tener a la data del 15 de junio de 2016. <\/p>\n

3.2 Tampoco encontr\u00f3 demostrado que el convocante tuviera el se\u00f1or\u00edo sobre \u00abLote Uno Alicante, Lote Dos Santa Mar\u00eda, Las Vegas y otro\u00bb a la fecha que dijo sufri\u00f3 afrenta por parte de los demandados, por cuanto que el acta \u00abdiligencia de compromiso conminatorio\u00bb, calendada 20 de enero de 2005, cumplida en el Corregimiento Sur Occidental del Centro Administrativo de Fusagasug\u00e1, cuando mucho permite deducir que en la referida fecha intent\u00f3 emprender actos posesorios en esas heredades, a m\u00e1s de que tal diligencia se hizo en t\u00e9rminos generales sin especificaci\u00f3n de los contornos invadidos. <\/p>\n

3.3 Apuntal\u00f3 el Tribunal con relaci\u00f3n a la desposesi\u00f3n as\u00ed como a los aumentos aparentemente edificados, asuntos que fueron indagados en el interrogatorio anticipado al que fueron sometidos los accionados, declar\u00e1ndose confeso al demandado Guerrero Ruge, por no asistir a la correspondiente diligencia, que, a pesar de esa presunci\u00f3n de ley \u00ablo cierto es que esa consecuencia no puede dejar de lado que el proceso orientado est\u00e1 a \u201cconseguir ante todo la reconstrucci\u00f3n verdadera de la certidumbre hist\u00f3rica de los hechos debatidos\u00bb (CSJ de 30 de octubre de 2000); de ah\u00ed que tal postulado no sobrepasa las resultas de los elementos de juicio vertidos en esta contienda que no dieron cuenta de los hechos de despojo, violencia y destrucci\u00f3n descritos en la demanda, teniendo por ello primac\u00eda la realidad obtenida en las probanzas recaudadas aqu\u00ed, que la presumida a partir de una prueba anticipada en otro escenario judicial. <\/p>\n

3.4 Valor\u00f3 el concepto t\u00e9cnico que la Car emiti\u00f3 en la actuaci\u00f3n administrativa \u00ab12161102345\u00bb iniciada contra el demandante y el se\u00f1or Jos\u00e9 Romero Jara, por una presunta tala de \u00e1rboles, en el sentido que con este elemento de convicci\u00f3n no se acredita que los convocados utilizaron maquinaria pesada para suprimir las edificaciones y plantaciones que aparentemente levant\u00f3 el accionante en los lotes de terreno, conclusi\u00f3n f\u00e1ctica que se ancla en lo que dijo el funcionario que practico visita de campo, quien solo evidenci\u00f3 que \u00abel propietario realiz\u00f3 una rocer\u00eda con el fin de implementar arreglos forestales all\u00ed instalados\u00bb, lo que para el sentenciador no permite conceptuarse el paso de maquinaria de dicho cariz o que hubiesen vestigios de tales aumentos.
\n3.5 Tambi\u00e9n el ad quem descart\u00f3 que la anterior carencia probatoria se superase con las versiones de los deponentes Santoyo Dur\u00e1n, Aldana Garc\u00eda y Tovar de Santoyo, debido a no ten\u00edan conocimiento sobre la desposesi\u00f3n denunciada por el actor, en tanto que aseguraron que no les consta esa particular situaci\u00f3n, como tampoco puede inferirse de la declaraci\u00f3n de los dem\u00e1s testigos, puesto que brindaron escasos pormenores respecto de la interacci\u00f3n del convocante sobre la heredad, de una parte, Guzm\u00e1n Ram\u00edrez \u00fanicamente expres\u00f3 que aquel lo contrat\u00f3 para entablar un litigio de pertenencia; de otra, los testigos Cruz Rodr\u00edguez y Montenegro Hern\u00e1ndez, sin detallar fechas, solamente expresaron que \u00e9l los contrat\u00f3 para realizar trabajos sobre el bien. <\/p>\n

3.6 En lo que concierne a las intimidaciones, amenazas y lesiones que denunci\u00f3 el extremo activo, como fuente particular para demandar indemnizaci\u00f3n de perjuicios contra Piraquive Hern\u00e1ndez, el juicio f\u00e1ctico apunt\u00f3 en la ausencia de pruebas que auspicie \u00abque los accionados mediante amenazas o intimidaciones hicieron que el accionante no volviese a ocupar el inmueble afectado, asunto respecto del cual la mayor\u00eda de los deponentes no dieron cuenta, cuales son, [\u2026], si se tiene que sostuvieron que desconocen la ocurrencia de la desposesi\u00f3n y la violencia denunciada en el libelo\u00bb. Del testimonio de Guzm\u00e1n Ram\u00edrez consider\u00f3 su insuficiencia demostrativa con relaci\u00f3n a dichos ataques f\u00edsicos y verbales, dado que su conocimiento proviene de comentarios del propio demandante.
\nTampoco, al decir del tribunal, las amenazas o agresiones f\u00edsica y su imputaci\u00f3n al mencionado demandado, para derivar responsabilidad, puede comprobarse de las historias cl\u00ednicas expedidas por la Unidad de Fusagasug\u00e1 del Instituto Nacional de Medicina Legal y el Hospital de San Rafael de esa localidad, dado que solo hacen referencia a que el recurrente fue objeto de un trauma en cara, pero insuficiente para endilgar autor\u00eda, que si aparecen con la denuncia penal y su ampliaci\u00f3n que este formul\u00f3 contra sus contendientes, pero no se sabe de los avances de la investigaci\u00f3n ni resultas del tr\u00e1mite penal o por lo menos su vigencia, estando de por medio el principio constitucional de presunci\u00f3n de inocencia, el cual no es dable desconocer. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Contra la sentencia confutada se formul\u00f3 un \u00fanico cargo con amarre en la causal segunda del art\u00edculo 336 del CGP, por violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 11,13, 79,241 y 280 del CGP, debido a error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, y errores de hecho manifiestos y evidentes por la defectuosa apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas que indirectamente infringieron los art\u00edculos 63, inc.3\u00ba, 1494,1613, 1614, 2302, inc.3\u00ba, y 2341 del C\u00f3digo Civil, y el art. 83 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n

CARGO \u00daNICO <\/p>\n

1. La \tacusaci\u00f3n por error de derecho se circunscribi\u00f3 a la \tsiguiente presentaci\u00f3n: \u00abpor \tcuanto al ser el juez director del proceso, tiene como deber vigilar \tel comportamiento de los sujetos procesales, y sancionar los actos \tcontrarios a la dignidad de la justicia, la lealtad, probidad y \tbuena fe que deben observar en el trascurso del proceso\u00bb. <\/p>\n

2. Acto \tseguido el reproche se enfila a enumerar las pruebas que fueron \tdefectuosamente apreciadas y en \u00e9l se asevera que esa \tindebida valoraci\u00f3n viol\u00f3 indirectamente los art\u00edculos \t63 inc.3\u00ba, 1494, 1613, 1614, 2302 inc. 3\u00ba y 2341 del \tC\u00f3digo Civil; art. 83 de la Constituci\u00f3n Nacional, \t\u00abcomo \tconsecuencia de errores de derecho en la aplicaci\u00f3n de las \tpruebas antes aludidas, con las que dio por sentado, que mi cliente \tno demostr\u00f3 que en efecto ten\u00eda la posesi\u00f3n \tsobre los predios que alegaba, e igualmente no hab\u00eda \tdemostrado los elementos necesarios para la configuraci\u00f3n de \tla responsabilidad civil extracontractual\u00bb. <\/p>\n

3. En \tel desarrollo argumental del cargo concluye que la sentencia materia \tde impugnaci\u00f3n incurre en violaci\u00f3n indirecta de la \tley sustancial, \u00abcomo \tconsecuencia de error de derecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n \tde determinadas pruebas\u00bb. <\/p>\n

4. Alega \tel censor que el Tribunal debi\u00f3 advertir que probablemente \thab\u00eda colusi\u00f3n, fraude o mala fe de los demandados, \tpero al no hacerlo incumpli\u00f3 sus deberes consagrados en el \tnumeral 3\u00ba del art. 42 del CGP, vulnerando el debido proceso, \tpues de haber valorado tal hecho, hubiese apreciado todo el material \tprobatorio en conjunto y le hubiera otorgado el m\u00e9rito a cada \tuna de las pruebas y de contera calificado la conducta procesal de \tlas partes. <\/p>\n

El enunciado en precedencia tiene por sustrato f\u00e1ctico el hecho que ambos convocados otorgaron poder a un mismo profesional del derecho para que asumiera su defensa, no obstante, Jos\u00e9 Elver Guerrero, posteriormente le revoc\u00f3 el mandato judicial a su inicial abogado, por \u00abfalta a la \u00e9tica profesional, al [enga\u00f1arlo]\u2026, al observar lo contestado, todo est\u00e1 contra el suscrito y con mentiras, faltando [el abogado] a sus deberes profesionales al parecer de mala fe\u00bb; de donde infiere el recurrente extraordinario que estos eran \u00abcompa\u00f1eros de andanzas\u00bb. <\/p>\n

De otra lado, el embiste da cuenta que el sentenciador colegiado no evalu\u00f3 que en el proceso de pertenencia con radicado 2013-0018, que curs\u00f3 en el Juzgado Primero Civil del Circuito promovido por Jos\u00e9 Romero Jara, Jos\u00e9 Elver Guerrero Ruge y Jos\u00e9 Alirio Piraquive Hern\u00e1ndez, que estas personas le mintieron al operador judicial en cuanto no relacionaron las mejoras que hicieron cada uno a\u00f1o tras a\u00f1o desde 1984 hasta la fecha que radicaron la demanda pertinente, y tambi\u00e9n han mentido en el proceso incoado por el actor ante el mismo despacho judicial, a m\u00e1s de informar la existencia de acuerdos privados entre dichas personas y el comportamiento de la pasiva con relaci\u00f3n a la contestaci\u00f3n de la demanda, a lo manifestado en su declaraci\u00f3n por el se\u00f1or Guerrero Ruge de ser el \u00fanico poseedor de esos predios, lo dicho por este \u00faltimo en el interrogatorio de parte anticipado en que reconoci\u00f3 la posesi\u00f3n de Jairo Celeita sobre dos fanegadas, las cuales estaban limpias, cercadas y con una casa en su interior, y las distintas fechas que dicen ejercer la posesi\u00f3n sobre los mencionados lotes en las sendas demandas de pertenencia que instauraron, 1984 y luego 1999, todo en orden a traslucir la mala fe del extremo pasivo. <\/p>\n

5. De \tigual manera correlaciona el documento \u00abcontrato \tde compraventa de posesi\u00f3n \ty mejoras\u00bb que ajust\u00f3 con Jos\u00e9 Romero Jara de \tfecha 5 de junio de 2004, con otros documentos que con posterioridad \tsuscribe esta misma persona con los se\u00f1ores Jos\u00e9 Elver \tGuerrero Ruge y Jos\u00e9 Alirio Piraquive Hern\u00e1ndez de 20 \ty 24 de abril de 2012, a trav\u00e9s de los cuales adquiere del \tprimero de los nombrados la posesi\u00f3n de los predios, para \tconfutar que los hoy demandados sean poseedores de los tres predios, \tlo que le permiti\u00f3 afirmar que la parte demandada no ha \tactuado de buena fe en la controversia que los enfrenta. <\/p>\n

6. El \tcasacionista hace notar que Pablo Enrique Santoyo, en \t\u00abrepresentaci\u00f3n de los predios Alicante, Para\u00edso \ty Santa Mar\u00eda de las Vegas\u00bb present\u00f3 querella \tcontra el actor y el se\u00f1or Jos\u00e9 Romero Jara en el a\u00f1o \t2005, por \tencontrarse realizando una construcci\u00f3n en dicha heredad, \ttra\u00eddo como testigo, manifest\u00f3 no saber qui\u00e9nes \tson ellos ni recuerda haberlos visto, para remarcar que \u00abact\u00faan \ten conjunto y [de manera] temeraria\u00bb. <\/p>\n

7. En \tla acusaci\u00f3n se recalc\u00f3 que existe temeridad y mala fe \tde los demandados, pues han mentido en una y otra instancia al decir \tque uno u otro son los \u00fanicos poseedores, e igualmente han \tsido temerarios en las fechas indicadas de ingreso en los predios \tpleiteados, hechos que debi\u00f3 el juzgador valorarlos como \tindicios de la no posesi\u00f3n ni mejoras respecto de las \trenombradas heredades, como as\u00ed no actu\u00f3, desconoci\u00f3 \tlos art\u00edculo 241 y 280 del CPC; lo que refuerza con el acta \tlevantada por el Corregimiento Sur Occidental de Fusagasug\u00e1 \tdonde los querellados no fueron los demandados sino Jairo Celeita \tRojas (demandante) y Jos\u00e9 Romero Jara, habida cuenta que en \tla inspecci\u00f3n que se practic\u00f3 en los lotes no se \tregistr\u00f3 la presencia de los convocados como poseedores, acta \tdel 20 de enero de 2005. <\/p>\n

A criterio del opugnante, el ad quem debi\u00f3 haber establecido como indicio de llegada a los predios ocupados por los demandados el 20 de abril de 2012, tal como lo expres\u00f3 el demandado Guerrero Ruge en la audiencia inicial. <\/p>\n

8. En \tcap\u00edtulo aparte, se denuncia que no fueron valoradas las \tsiguientes pruebas: (i) denuncias penales interpuestas por Jos\u00e9 \tRomero Jara y Jos\u00e9 Norberto Beltr\u00e1n (folios 19-20 y \t26-27, cuaderno No.1); (ii) procesos de pertenencias iniciados por \tJos\u00e9 Alirio Piraquive Hern\u00e1ndez en contra de \tInversiones Olibel y & Ltda en Liquidaci\u00f3n, y de Amalio \tHermenegildo G\u00f3mez Puig (folios 37 y 42 del cuaderno No.1) y \t(iii) solicitud del servicio de agua para la heredad, suscrita por \tJos\u00e9 Romero Jara, de fecha 23 de septiembre de 2008, visible \ta folio 142 del cuaderno No.1. <\/p>\n

Asevera la censura que con estas pruebas, no apreciadas por el operador judicial, este f\u00e1cilmente hubiera establecido que hab\u00eda otros poseedores dentro de los predios objeto de estudio, los cuales fueron despojados de sus posesiones de la misma forma en que el accionante fue despojado de la suya. <\/p>\n

9. Se \tduele el recurrente que el tribunal haya concluido que no se \tacredit\u00f3 la posesi\u00f3n de los predios en cabeza del \tdemandante, cuando de las declaraciones desprevenidas de Noel Cruz \tRodr\u00edguez, Guillermo Montenegro Hern\u00e1ndez y el Dr. \tFrancisco Antonio Guzm\u00e1n se determina la posesi\u00f3n y \tmejora que este ten\u00eda, a m\u00e1s de la confesi\u00f3n \tficta reconocida en contra del accionado Jos\u00e9 Guerrero Ruge. <\/p>\n

10. Contrario \ta lo manifestado por el juez colegiado, arguye el acusador que s\u00ed \tfue amenazado y lesionado por el convocado Jos\u00e9 Alirio \tPiraquive Hern\u00e1ndez, como se desprende de los se\u00f1alamientos \ten la misma audiencia inicial, la denuncia penal, el dictamen m\u00e9dico \tlegal, la existencia de otras denuncias en las que lo sindican de \tdespojar de la posesi\u00f3n a otros poseedores, siendo que el \tjuzgador debe creer en la buena fe de las partes, valorar el \tcomportamiento de los sujetos procesales, e igualmente deducir \tindicios de su actuar, circunstancia que no ocurri\u00f3 en la \tsentencia objeto de este recurso. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El recurso de casaci\u00f3n tiene la condici\u00f3n de ser un medio de impugnaci\u00f3n extraordinario, formal y de car\u00e1cter dispositivo, en tanto que el recurrente debe sujetarse a los requisitos previstos en la ley, los que unidos a su precisi\u00f3n doctrinaria y jurisprudencial dan lugar a lo que se ha denominado t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, la que desprovista en buena parte de su rigor, por obra de las normas que antecedieron a la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, y actualmente por el art\u00edculo 344 (requerimientos formales de la demanda de casaci\u00f3n), ibidem, brindan los par\u00e1metros al recurrente para la formulaci\u00f3n del recurso. <\/p>\n

Por ende, no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente se\u00f1aladas en la ley y se cumplan con las exigencias legales establecidas para precisar, delimitar y facilitar, el estudio y entendimiento del contenido de los embates con los cuales se pretende derruir los fundamentos de la sentencia confutada, y dada su connotaci\u00f3n dispositiva, esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias trascendentes del libelo casacional que la hagan incomprensible al restarle claridad y precisi\u00f3n (CSJ AC, 16 ago.2012, rad.2009-00466, reiterado CSJ AC, 12 jul. 2013, rad.2006-00622-01). <\/p>\n

La admisibilidad de la demanda pende del cumplimiento de las exigencias del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, norma que precept\u00faa la necesidad de la designaci\u00f3n de las partes y de la sentencia impugnada, requiere de la elaboraci\u00f3n de una s\u00edntesis del proceso y de los hechos materia del litigio, a m\u00e1s de la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa, y no basado en generalidades. <\/p>\n

De igual manera, la formulaci\u00f3n de los cargos debe hacerse por separado con la debida claridad, precisi\u00f3n y completitud, indic\u00e1ndose el tipo de error cometido por el fallador y su influencia en la decisi\u00f3n que ataca, a m\u00e1s de individualizar las apreciaciones erradas y de precisar en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n. Si se trata de un error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda o de su contestaci\u00f3n, o de determinada prueba, es deber se\u00f1alar, una a una, las pruebas que se dice mal apreciadas, determinando en ellas las razones por las cuales el sentenciador err\u00f3 en su valoraci\u00f3n, en vista que es imperioso que el recurrente lo demuestre; cuando el error es de derecho, se deber\u00e1n indicar las normas probatorias que se consideren infringidas explicando en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el particular, en palabras que conservan vigor, tiene dicho este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n

[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P. C.) (AC, 28 nov. 2012, rad. n.\u00b0 2010-00089-01, reiterada en providencia 11 mayo. 2010, rad. n.\u00b0 2004-00623-01). <\/p>\n

2. En lo que toca con la fundamentaci\u00f3n de cada acusaci\u00f3n, el casacionista ha de tener en cuenta que el ataque logre plantear mediante un relato ordenado, concatenado, claro, preciso y completo, que brote de su contenido, sin mayor esfuerzo, el sentido de su inconformidad, sin que exista campo para especulaciones o deficiencias que lo hagan ininteligible y conlleven a su inadmisibilidad, debido a que la Corte no puede suplir las falencias en que incurran los litigantes en consideraci\u00f3n al car\u00e1cter dispositivo que gobierna el recurso. <\/p>\n

Son contrarias a las reglas de casaci\u00f3n las acusaciones imprecisas, las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas, vagas, panor\u00e1micas o incompletas, si se tiene en cuenta que el censor debe combatir directa y frontalmente el raciocinio judicial base de la sentencia, en aras de evidenciar, de modo suficiente y sin sombra de m\u00e1cula, el yerro enrostrado al fallador, lo que exige del recurrente demostrar con acierto y medida el error manifiesto y su trascendencia. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, la formalidad de la claridad y precisi\u00f3n impone al censor sustentar cada acusaci\u00f3n, no de cualquier manera \u00aby, menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino explicando y demostrando las espec\u00edficas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurri\u00f3 el sentenciador al proferir el fallo controvertido, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, actitudes todas que har\u00e1n inadmisible la acusaci\u00f3n que en tales condiciones se formule, puesto que \u201c\u2026\u2018el recurrente, como acusador que es de la sentencia, est\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los l\u00edmites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusaci\u00f3n planteada, por imped\u00edrselo el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de la casaci\u00f3n (G.J. t. CXLVIII, p\u00e1g. 221)\u2019\u00bb (CSJ, auto del 28 de septiembre de 2004). (AC3769-2014 de 9 jul 2014, rad. n\u00b0 44001-31-03-001-2008-00530-01). <\/p>\n

2.1. Asimismo, la integralidad o completitud impone al casacionista que los reproches enarbolados sean sim\u00e9tricos a las premisas del fallo cuestionado1, de suerte que las controvierta en su integridad. <\/p>\n

Lo anterior, puesto que los fallos de instancia est\u00e1n revestidos de las presunciones de acierto y legalidad2, siendo deber del promotor derruir sus fundamentos integralmente para que se quede sin el andamiaje requerido para su soporte y se imponga su anulaci\u00f3n. En caso contrario, la resoluci\u00f3n se apoyar\u00e1 en las bases no discutidas y conservar\u00e1 su valor jur\u00eddico, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentaci\u00f3n3. <\/p>\n

El desconocimiento de las formalidades legales y t\u00e9cnicas que debe cumplir la demanda de casaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, conllevan a su inadmisi\u00f3n, impidiendo que la Corte penetre en el estudio de fondo del asunto, como lo establece el art\u00edculo 346 del CGP, sin perjuicio de lo regulado por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009 (selecci\u00f3n de sentencias objeto de pronunciamiento), inciso final del art\u00edculo 336 del CGP (casaci\u00f3n oficiosa), par\u00e1grafos 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00ba del canon 344, ibidem. <\/p>\n

3. Al \texaminar el cargo referenciado encuentra la Corte la confusi\u00f3n \ten que incurre el reprochador al no diferenciar puntualmente entre \tel error de derecho y de hecho en materia probatoria, cuando la \targumentaci\u00f3n que lo contiene refleja un entremezclamiento de \tambos yerros en el mismo cargo, lo cual ofende la claridad y \tprecisi\u00f3n que se exige de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, el censor no solo invoc\u00f3 el error de derecho y se\u00f1al\u00f3 como quebrantados los art\u00edculos 11, 13, 79, 241 y 280 del CGP, es decir, que dicho yerro abrev\u00f3 en el desconocimiento de tales normas, sino que, en otro aparte de la demanda de casaci\u00f3n, trastoc\u00f3 el designio anterior y luego de enumerar los elementos de juicio que consider\u00f3 defectuosamente valorados por el tribunal, cuando aleg\u00f3 esa misma circunstancia, denunci\u00f3 infringidos los art\u00edculos 63, inc. 3\u00ba, 1494, 1613, 1614, 2302, inc. 3\u00ba, y 2341 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de una defectuosa o indebida valoraci\u00f3n de esas pruebas, pero, insiste, que se trata de un error de derecho, al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n del art\u00edculo 336 del CGP, para recriminar el juicio f\u00e1ctico del sentenciador de la no demostraci\u00f3n por parte del actor de la posesi\u00f3n suplicada de los predios materia de debate. <\/p>\n

1. Por \t\taveriguado se tiene que tanto el error de hecho como el error de \t\tderecho relacionado con la apreciaci\u00f3n probatoria, si bien \t\ttienen en com\u00fan el que producen id\u00e9ntica \t\tconsecuencia, o sea la violaci\u00f3n de una norma sustancial por \t\tinaplicaci\u00f3n o por aplicaci\u00f3n indebida, no es menos \t\tcierto que entre ambos existen claras y ostensibles diferencias que \t\tles infunden entidad espec\u00edfica propia (sentencia de \t\tcasaci\u00f3n 8 de junio de 1978); por manera, que el error de \t\thecho implica que en la apreciaci\u00f3n se supone o se omiti\u00f3 \t\tuna prueba o se tergiversa su contenido objetivo, mientras que en \t\tel yerro de derecho la prueba fue exacta y objetivamente apreciada \t\tpero, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales \t\tque reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia \t\t(sentencia casaci\u00f3n 19 de octubre de 2000, 13 de noviembre \t\tde 1994, 13 de julio de 1995, 19 de octubre de 2000, 23 de febrero \t\tde 2001, entre otras). <\/p>\n

En otras palabras, el error de hecho ata\u00f1e a la existencia de un medio de prueba, como elemento material del proceso, y se estructura cuando el juez incurre en suposici\u00f3n de pruebas, o cuando adiciona el contenido de una existente, o en preterici\u00f3n de pruebas al ignorar las que obren en el proceso o cercena su genuino alcance objetivo; el de derecho se refiere a la interpretaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de las normas legales que lo gobiernan, es decir, que este se configura cuando a pesar de la correcta apreciaci\u00f3n de los medios probatorios en cuanto a su presencia objetiva en el proceso, se equivoca el sentenciador en la tarea de fijar su eficacia demostrativa, bien sea atribuy\u00e9ndole un m\u00e9rito que la ley no les concede ora neg\u00e1ndole el que ella les asigna. <\/p>\n

2. Precisado \t\tlo anterior, quedan evidenciadas las imprecisiones del reproche; \t\tsin embargo, escindiendo el mismo, se presentan falencias en cuanto \t\tal error de derecho, debido a que las normas citadas, art\u00edculos \t\t11 \u00abInterpretaci\u00f3n de las normas procesales\u00bb, 13 \t\t\u00abObservancia de normas procesales\u00bb, 79 \u00abTemeridad \t\to mala fe\u00bb, 241 \u00abLa conducta de las partes como \t\tindicio\u00bb y 280 \u00abContenido de la sentencia\u00bb, no \t\tson reglas de disciplina probatoria en la medida que no otorgan \t\tm\u00e9rito probatorio a determinados medios de prueba y que el \t\tjuzgador de segunda instancia en la tarea valorativa de los \t\tdistintos medios suasorios le hubiese otorgado un m\u00e9rito del \t\tque carecen, o ya para negarles el que tienen seg\u00fan las \t\tcorrespondientes normas, falencia sumamente grave que impide la \t\tadmisi\u00f3n del cargo bajo esa variante. <\/p>\n

4. De \t\tlos art\u00edculos citados como normas sustanciales infringidas, \t\t63, inc. 3\u00ba, 1494, 1613, 1614, 2302, inc. 3\u00ba y 2341 del \t\tC\u00f3digo Civil, \u00fanicamente el \u00faltimo nombrado \t\tpresenta esa connotaci\u00f3n o caracter\u00edstica, pues es la \t\tpiedra angular de la responsabilidad civil aquiliana y es \t\tatributivo de derechos subjetivos, lo que, conforme al par\u00e1grafo \t\tdel art\u00edculo 344 del CGP, basta tan solo enunciar una que \t\tsea base esencial del fallo o debiendo serlo, a juicio del \t\trecurrente haya sido violada, se juzga satisfecha esa exigencia \t\tlegal. <\/p>\n

5. No obstante, el ataque se \t\tresiente en la observancia del requisito formal se\u00f1alado en \t\tel inciso tercero, literal a), numeral segundo, del art\u00edculo \t\t344, ibidem, consistente en que \u00ab[s]i \t\tse invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con \t\tprecisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en que consiste y \t\tcu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las cuales recae. \t\tEn todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y \t\tse\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb, \t\te \t\tigualmente se echa de menos la formalidad \t\tvinculada a la \t\tclaridad, precisi\u00f3n y completitud de \t\tla acusaci\u00f3n \t\t(inciso primero, ib\u00eddem). <\/p>\n

1. Bien \t\t\tes sabido que la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo \t\t\ten casaci\u00f3n no se satisface con la mera enunciaci\u00f3n \t\t\tde las pruebas que se tildan fueron indebidamente apreciadas o con \t\t\tlas simples afirmaciones o negaciones generales sobre el tema \t\t\tdecidido, ora con la descripci\u00f3n del supuesto yerro, dado \t\t\tque el reproche as\u00ed concebido no superar\u00eda el umbral \t\t\tde la casaci\u00f3n, se quedar\u00eda como un escueto alegato \t\t\tde instancia, sino que requiere que el censor lo demuestre, lo que \t\t\tde suyo impone al reclamante realizar una labor de contraste entre \t\t\tlo que el sentenciador extrajo de las pruebas que se reprochan \t\t\terr\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o \t\t\tdejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la \t\t\tpreterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de estas con respecto a \t\t\tlos t\u00e9rminos de la sentencia acusada (sentencias casaci\u00f3n \t\t\t2 de febrero de 2001, 14 de mayo de 2001, entre otras). \t <\/p>\n

2. Con \t\t\treferencia a la poca significaci\u00f3n probatoria que el \t\t\ttribunal le atribuy\u00f3 al \u00abcontrato \t\t\tde compraventa de posesi\u00f3n y mejoras\u00bb de \t\t\tfecha 5 de junio de 2004, y al acta \u00abdiligencia \t\t\tde compromiso conminatorio\u00bb \t\t\tcalendada 20 de enero de 2005, \t\t\t para acreditar \t\t\tla posesi\u00f3n previa al despojo que, seg\u00fan el censor \t\t\tocurri\u00f3 el 15 de junio de 2016, el embate no refut\u00f3 \t\t\tese juicio f\u00e1ctico, qued\u00f3 indemne, debido a que \t\t\tbrilla por su ausencia confutaci\u00f3n argumentada de dicho \t\t\taserto, lo que proyecta la falta de completitud de la acusaci\u00f3n \t\t\ten el sentido anotado, quedando en pie uno de los fundamentos \t\t\tbasilares de la sentencia impugnada. \t <\/p>\n

Toda vez que el juez colegiado atendiendo las fechas en que se confeccionaron tales documentos valor\u00f3 que, a lo sumo, el primero de los nombrados exterioriza la fecha de ingreso a los predios en disputa, pero no corrobora la continuidad de la posesi\u00f3n del actor a la data del 15 de junio de 2016 (despojo), y que la mencionada acta, cuando mucho permite deducir que en la referida fecha (20 de enero de 2005) los querellados intentaron emprender actos posesorios sobre las heredades, pero tampoco demuestra la posesi\u00f3n del actor a la calenda del pretenso despojo. <\/p>\n

Por tanto, no era suficiente para cumplir con el requisito de demostraci\u00f3n del error arg\u00fcir en esta \u00faltima situaci\u00f3n, que por no haberse dirigido la querella administrativa contra los demandados sino frente al convocante y al se\u00f1or Jos\u00e9 Romero Jara, ese hecho sea constitutivo de un indicio de la existencia de la posesi\u00f3n y de las mejoras al 15 de junio de 2016, sin detenerse, con argumentos incontestables a evidenciar el error f\u00e1ctico, manifiesto y trascendente presente en la sentencia impugnada, cuyo acatamiento hubiese cambiado el sentido de la decisi\u00f3n, luego, esa falencia formal convierte lo replicado en un mero alegato de instancia, y la casaci\u00f3n, por esencia, no es una tercera instancia. <\/p>\n

A la par de lo anterior, no se cuestion\u00f3 en el cargo la valoraci\u00f3n que la colegiatura cognoscente otorg\u00f3 al concepto t\u00e9cnico \u00ab12161102345\u00bb, rendido en la actuaci\u00f3n administrativa adelantada por la Car, en cuanto con este no se acredita que los convocados utilizaron maquinaria pesada para destruir las edificaciones y plantaciones que aparentemente levant\u00f3 el accionante en los predios controvertidos, aspecto vinculado al da\u00f1o, elemento de la responsabilidad aquiliana, conclusi\u00f3n probatoria que qued\u00f3 al margen de cuestionamientos. <\/p>\n

3.5.3 Otro segmento de la acusaci\u00f3n tiene que ver con el interrogatorio de parte anticipado que deb\u00eda absolver el demandado Jos\u00e9 Elver Guerrero Ruge, ante convocatoria del demandante, en el Juzgado 1\u00ba Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, y como este no asisti\u00f3, fue declarado confeso con relaci\u00f3n a la desposesi\u00f3n y los aumentos aparentemente edificados en los mencionados predios, en la medida que, al decir del Tribunal, tal postulado no sobrepasa las resultas de los elementos de convicci\u00f3n vertidos en la contienda que no dieron cuenta de los hechos de despojo, violencia y destrucci\u00f3n descritos en la demanda (infirman la confesi\u00f3n). <\/p>\n

Sobre el particular, la censura no combati\u00f3 directa y contundentemente la anterior apreciaci\u00f3n probatoria Tangencialmente hizo alusi\u00f3n a ella, como un elemento de convicci\u00f3n que apunta a la acreditaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, al se\u00f1alar: \u00ab\u2026 tambi\u00e9n encontramos la confesi\u00f3n ficta que fue decretada en contra del demandado Jos\u00e9 Elver Guerrero Ruje dentro de la prueba anticipada visible a folio 54 del cuaderno No. 1)\u00bb. <\/p>\n

4. El ad \t\t\tquem descalific\u00f3 \t\t\tlas versiones juradas de los deponentes Santoyo Dur\u00e1n, \t\t\tAldana Garc\u00eda, Tovar de Santoyo, dado que no les consta \t\t\tsobre la desposesi\u00f3n manifestada por el actor, como tampoco \t\t\tese hecho puede demostrarse con las declaraciones de Guzm\u00e1n \t\t\tRam\u00edrez, Cruz Rodr\u00edguez y Montenegro Hern\u00e1ndez, \t\t\tpor cuanto brindaron escasos pormenores sobre dicha situaci\u00f3n \t\t\tfactual; empero, la recriminaci\u00f3n esbozada en el cargo se \t\t\tencamin\u00f3 a afirmar que estos \u00faltimos declararon \t\t\tsobre la individualizaci\u00f3n espec\u00edfica de la parte \t\t\tque ten\u00eda en posesi\u00f3n, cuando describieron los lotes \t\t\tpor su ubicaci\u00f3n, sin esforzarse en demostrar que la \t\t\tconclusi\u00f3n probatoria que aquel extrajo de los testimonios \t\t\tcitados son contraevidentes, absurdas, inconsistentes en t\u00e9rminos \t\t\tl\u00f3gicos, que es, precisamente, la caracter\u00edstica \t\t\tdistintiva del error de hecho, ya que la sola circunstancia de ser \t\t\tla sentencia contraria a los intereses del recurrente como secuela \t\t\tdel resultado probatorio del sentenciador, no estructura per \t\t\tse un error de \t\t\tese linaje, lo que avizora el incumplimiento del impugnante de \t\t\teste requisito legal. \t <\/p>\n

3.5.5 Igual cuestionamiento es pertinente frente al razonamiento del juez plural en cuanto a que el extremo activo no prob\u00f3 las amenazas, intimidaciones, autor\u00eda de las lesiones personales, para derivar responsabilidad civil del convocado Piraquive Hern\u00e1ndez, a pesar de la prueba de las historias cl\u00ednicas expedidas por la Unidad de Fusagasug\u00e1 del Instituto Nacional de Medicina Legal y el Hospital San Rafael de esa Localidad que dan cuenta de un trauma en cara, ello no es suficiente para endilgar autor\u00eda, ni de la denuncia y su ampliaci\u00f3n puede razonadamente determinarse esa conclusi\u00f3n, si se tiene en cuenta que olvid\u00f3 el censor realizar la correspondiente labor de contraste entre lo que dice la prueba objetivamente y lo que la colegiatura expuso en el fallo, correspondiendo su inconformidad m\u00e1s a un alegatoria probatoria de instancia (CSJ, sentencias 10 de mayo de 1994, 18 de septiembre de 1998 y 15 de marzo de 2001, entre otras). <\/p>\n

De ah\u00ed que cualquier reproche o discrepancia que pueda ser planteada frente a la sentencia de segundo grado que no se encuadre en el marco anterior resulta vana, inoficiosa, carente de relevancia para efectos del recurso de casaci\u00f3n, por la limitaci\u00f3n que la ley y la doctrina casacional le impone a la Corte para inmiscuirse en el juicio probativo realizado por los juzgadores ordinarios, aunado a que la sentencia de segunda instancia llega a la Corte amparada, por raz\u00f3n de seguridad jur\u00eddica, en la presunci\u00f3n de acierto y legalidad y la casaci\u00f3n no es una tercera instancia. <\/p>\n

Por \u00faltimo, las alegaciones de un comportamiento de los demandados de mala fe, temeridad, colusi\u00f3n o fraude, a partir del juicio particular del recurrente frente a la evidencia procesal desprendida de los procesos de pertenencia a que alude en su demanda de casaci\u00f3n, constituyen motivaciones extra\u00f1as a los fundamentos de la sentencia recurrida, tem\u00e1tica donde mayor \u00e9nfasis hizo el casacionista, no dejan de ser meras alegaciones de instancias sin proyecci\u00f3n s\u00f3lida para entronizar o configurar un error de hecho de las connotaciones jur\u00eddicas esbozadas con capacidad para derruir las conclusiones prob\u00e1ticas del tribunal. <\/p>\n

En definitiva, la acusaci\u00f3n contenida en el cargo \u00fanico se muestra carente, en un todo, de sustento, en la forma indicada en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, resultando inid\u00f3nea desde el punto de vista formal, por lo que la misma debe declararse inadmisible. <\/p>\n

DECISI\u00d3N
\nEn m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil,
\nRESUELVE:
\nPrimero: Declarar inadmisible los cargos primero, segundo, tercero, de la demanda de casaci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n

Segundo: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25290-31-03-001-2017-00510-01 <\/p>\n

Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada en el auto inadmisorio de la demanda, es necesario aclarar mi voto, en los siguientes aspectos. A folio 24 se expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De los art\u00edculos citados como normas sustanciales infringidas, 63 inc. 3\u00b0, 1494, 1613, 1614, 2302, inc. 3\u00b0 y 2341 del C\u00f3digo Civil, \u00fanicamente el \u00faltimo nombrado presenta es[a] connotaci\u00f3n o caracter\u00edstica pues es la piedra de la responsabilidad aquiliana y es atributivo de derechos subjetivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1. Las anteriores premisas junto a las dem\u00e1s razones consignadas en el punto 3.4. del prove\u00eddo, relacionadas con la carencia de la naturaleza de norma sustancial de los art\u00edculos 1494, 1613, 1614 y 2302, son el motivo primordial de mi disenso a esa consideraci\u00f3n. <\/p>\n

2. Las normas de derecho sustancial no son exclusivamente, las que aparecen en el C\u00f3digo Civil, igualmente pueden aparecer en otros, verbigracia, el C\u00f3digo Penal, el Sustantivo del Trabajo, y a\u00fan, en los procedimentales. Su estirpe deviene no tanto de su pertenencia a uno u otro c\u00f3digo sino, ante todo, por virtud del derecho o facultad que contienen o protegen; de ning\u00fan modo instrumental o adjetivo sino, por esencia un derecho material o sustancial. En este contexto: \u201c(\u2026) Puede entenderse por derecho sustancial o ley material: conjunto de normas que confieren o fijan derechos e imponen obligaciones, fijan sanciones o consagran derechos subjetivos; normatividad que crea, modifica, extingue o declarar situaciones jur\u00eddicas (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

En esa l\u00ednea de pensamiento las normas adjetivas o el Derecho Procesal o instrumental no revisten ese car\u00e1cter porque apenas son el medio para reclamar la eficacia de una norma material; aun cuando disposiciones aparentemente procesales, son verdaderas normas sustanciales como la cosa juzgada. <\/p>\n

Al lado de las normas sustanciales, tambi\u00e9n se hallan las normas definitorias que, describen las instituciones, los actos, los negocios y los fen\u00f3menos jur\u00eddicos. Algunas de ellas, no todas, carecen de valor sustancial porque en su naturaleza se \u201climitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d (CSJ AC, 16 de Dic. 2009, Rad. 2001-00008). <\/p>\n

Si algunas de las disposiciones anteriores revisten linaje sustancial, significa que, en el an\u00e1lisis de situaciones f\u00e1cticas concretas, excepcionalmente pueden ser acusadas de vulneradas por parte de los demandantes en casaci\u00f3n, con suficiente fuerza para edificar un cargo. <\/p>\n

En el anterior sentido, en el proceso de subsunci\u00f3n de los elementos f\u00e1cticos a la norma jur\u00eddica para obtener las consecuencias jur\u00eddicas prescritas, pueden ser violentadas de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. Por lo tanto, en sede del recurso extraordinario, la calificaci\u00f3n de una norma sustancial debe examinarse de acuerdo con los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que tom\u00f3 el Tribunal para aplicarla en su decisi\u00f3n, porque con frecuencia las normas definitorias repercuten en el reconocimiento, desconocimiento o modificaci\u00f3n de un derecho material o subjetivo debatido en juicio. <\/p>\n

Lo expresado se relaciona inevitablemente con la divisi\u00f3n del derecho en cuanto a su funci\u00f3n en el ordenamiento jur\u00eddico, es decir, entre el derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas, (leyes, decretos, Constituci\u00f3n), que establecen prohibiciones, permisiones y derechos para los ciudadanos; a la par, el derecho subjetivo son los permisos o las facultades establecidas en las normas para exigir prerrogativas o restringir las conductas de las personas, consagratorias de aut\u00e9nticos derechos subjetivos. De consiguiente, si las normas definitorias son parte del mundo del derecho objetivo, su materialidad no puede desconocerse cuando inciden o tienen efectos directos o indirectos en los derechos subjetivos. <\/p>\n

Las dos nociones son complementarias y est\u00e1n relacionadas intr\u00ednsecamente. De tal modo, la facultad otorgada por el derecho subjetivo solo puede ser conferida a trav\u00e9s de la ley o el imperativo que personifica el conjunto de normas objetivas, y como tales, sin la aplicaci\u00f3n de las consecuencias jur\u00eddicas en las personas, resultan inocuas, inanes e inofensivas en el mundo real. Por supuesto hoy, los derechos subjetivos porque son \u201cnuestros\u201d, \u201cvuestros\u201d, o \u201cmis\u201d derechos, al ser relativos a cada \u00e9poca o contexto social, bien pueden existir, sin necesidad de que alguna disposici\u00f3n los consagre. <\/p>\n

3. En el asunto en concreto, el actor pretende por medio de la instituci\u00f3n de la responsabilidad aquiliana, el resarcimiento de los perjuicios, causados por el despojo del bien que pose\u00eda, realizado presuntamente, por los demandados. En el l\u00edbelo resuelto en instancia, el recurrente plasm\u00f3 que los accionados a trav\u00e9s de la violencia f\u00edsica y el uso de la fuerza, le quitaron el bien que disfrutaba en calidad de poseedor, ocasionando da\u00f1os en su cuerpo y su patrimonio, y que estos configuran el motivo nodal de su reclamo, ante el aparato jurisdiccional. <\/p>\n

En la sentencia contra la que se impetra el recurso de casaci\u00f3n, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la primera instancia desestimatoria de las pretensiones del demandante, porque acorde a los medios de convicci\u00f3n valorados, esencialmente los documentales y testimoniales, no se demostr\u00f3 el da\u00f1o ni la causa del mismo, pues el recurrente no logr\u00f3 probar la posesi\u00f3n del bien, aducido como despojado y tampoco los da\u00f1os ocasionados en su cuerpo. En consecuencia, la decisi\u00f3n de los juzgadores se erigi\u00f3, contraria a las pretensiones de la parte activa. <\/p>\n

3.1. Ahora bien, la responsabilidad aquiliana es una instituci\u00f3n jur\u00eddica, entendida como un imperativo jur\u00eddico que tiene toda persona que vive en sociedad y se relaciona con los dem\u00e1s sujetos de derecho, que engendra la obligaci\u00f3n jur\u00eddica de respetar los derechos subjetivos ajenos e igualmente acatar los deberes de conducta gen\u00e9ricos, debiendo indemnizar o reparar los da\u00f1os, derivados de la conducta transgresora de los c\u00e1nones de comportamiento establecidos por el sistema normativo vinculante. <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, desde otrora, es extensa, minuciosa y enf\u00e1tica en definir este fen\u00f3meno, a trav\u00e9s de la hermen\u00e9utica de los textos legales y la creaci\u00f3n de subreglas, con el objetivo nomofil\u00e1ctico y de coherencia del sistema jur\u00eddico, en sede de la Casaci\u00f3n. Por ejemplo, en lo tocante al da\u00f1o como uno de elementos axiol\u00f3gicos de la responsabilidad y transversal a cualquier clasificaci\u00f3n de la misma, acot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026)[P]ara lograr prosperidad en las pretensiones derivadas de la responsabilidad, cualquiera sea el origen de esta, resulta indispensable que la parte interesada asuma la carga de acreditar los elementos axiol\u00f3gicos que conduzcan a establecer, sin duda, la presencia de esa fuente de obligaciones, m\u00e1xime si se trata del perjuicio, pues como tiene dicho la Corte dentro del concepto y la configuraci\u00f3n de la responsabilidad civil, es el da\u00f1o un elemento primordial y el \u00fanico com\u00fan a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ah\u00ed que no se d\u00e9 responsabilidad sin da\u00f1o demostrado, y que el punto de partida de toda consideraci\u00f3n en la materia, tanto te\u00f3rica como emp\u00edrica sea la enunciaci\u00f3n, establecimiento y determinaci\u00f3n de aqu\u00e9l, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquiera acci\u00f3n indemnizatoria\u201d (Sent. Cas. Civ. de 4 de abril de 1968, G.J. CXXIV, P\u00e1g. 62, reiterada en Sentencias de Casaci\u00f3n Civil de 17 de julio de 2006, Exp. No. 02097-01 y 9 de noviembre de 2006, Exp. No. 00015) (\u2026)\u201d (se destaca)(\u2026)\u201d5. <\/p>\n

En el punto en concreto, para contestar al cariz sustancial de las normas consagradas en los art\u00edculos 1494, 1613, 1614 y 2302 del C\u00f3digo Civil, estableciendo el primero las fuentes de las obligaciones, y los siguientes la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, el lucro cesante y el da\u00f1o emergente, y la definici\u00f3n de los cuasicontratos, respectivamente; estas disposiciones irrogan efectos sustanciales en la cuesti\u00f3n discurrida, puesto que a partir de ellas se podr\u00edan otorgar derechos patrimoniales al recurrente. <\/p>\n

Concebir las referidas normas como sustanciales, requiere de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de nuestra codificaci\u00f3n civil, pues la noci\u00f3n de responsabilidad aquiliana del art. 2341 del C\u00f3digo Civil, es una de las fuentes de las obligaciones. Adem\u00e1s, en la compilaci\u00f3n civil de las fuentes obligacionales, est\u00e1n estipuladas en el precepto 1494 del C.C.; sin embargo, la responsabilidad aquiliana no est\u00e1 pretranscrita expl\u00edcitamente, pero s\u00ed es una fuente de las obligaciones, con dinamicidad desde la lex aquilia. <\/p>\n

En el mismo sentido hermen\u00e9utico, el articulo 1613 impone el deber de indemnizar los perjuicios ocasionados por incumplimiento de las obligaciones, que pueden ser los deberes de diligencia y cuidado, o de respeto de los derechos subjetivos del otro, quebrantados por el causante del da\u00f1o en la responsabilidad civil extracontractual o contractual. Igualmente, el art\u00edculo 1614 define dos de los tipos de da\u00f1os ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones, y que, a su vez, son elementos constitutivos del derecho de da\u00f1os. <\/p>\n

El art. 2302 del C\u00f3digo Civil, se refiere a los cuasicontratos, una calificaci\u00f3n inserta en la codificaci\u00f3n decimon\u00f3nica desde el derecho romano. En consecuencia, el recurrente, entendiendo que los actos de violencia que sufri\u00f3, son tambi\u00e9n fuente de las obligaciones, pues del mismo modo puede dar lugar a demandar la protecci\u00f3n de intereses subjetivos. <\/p>\n

Las precedidas disposiciones en su mayor\u00eda contemplan definiciones, no se organizan como
\npreposiciones jur\u00eddicas completas, pues describen o mencionan los elementos constitutivos de fen\u00f3menos jur\u00eddicos, y no incorporan en el texto normativo un presupuesto f\u00e1ctico con su respectiva consecuencia jur\u00eddica, de conformidad, a la organizaci\u00f3n arquet\u00edpica de una regla. <\/p>\n

El valor normativo de las preposiciones jur\u00eddicas incompletas, es un tema amplio de discusi\u00f3n en la filosof\u00eda del derecho, pues al mismo tiempo, hace parte del debate de la calidad de norma entre reglas y principios. De la misma manera, es un argumento controvertido entre corrientes positivistas y no positivistas del derecho, y que incluso est\u00e1 Corporaci\u00f3n lo ha abordado en sus providencias. Sobre el particular, en la Sentencia del 7 de octubre de 2009, con ponencia de Magistrado Edgardo Villamil Portilla, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las reglas ordenan, proh\u00edben o permiten; los principios proporcionan criterios para una toma de posici\u00f3n ante situaciones concretas que a priori parecen indeterminadas. Los principios carecen de una estructura basada en un supuesto de hecho y una consecuencia jur\u00eddica, raz\u00f3n por la cual s\u00f3lo generan reacciones ante determinadas situaciones de hecho. Si la \u201caplicaci\u00f3n\u201d del derecho se tomara limitadamente como la subsunci\u00f3n, bastante dif\u00edcil ser\u00eda esa operaci\u00f3n l\u00f3gica a la hora de adoptar decisiones judiciales para casos concretos tomando como base \u00fanicamente los principios. <\/p>\n

Seg\u00fan se observa, los principios jur\u00eddicos son un acumulado de saber pr\u00e1ctico, que sirve de gu\u00eda a las acciones humanas. En su estructura ling\u00fc\u00edstica son enunciados normativos, prescriptivos, del deber ser, deontol\u00f3gicos. Hay en ellos mandatos, prohibiciones, permisiones o valoraciones impl\u00edcitas que no tienen como funci\u00f3n describir la realidad, sino ser gu\u00edas para las acciones humanas o exhortaciones al logro de metas social e individualmente deseables (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Cabe agregar que dichos principios, asimismo, tienen el car\u00e1cter de normas de derecho sustancial en aquellos eventos en los cuales, por s\u00ed mismos, poseen la idoneidad para crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas. Por ende, basta con invocar una regla general de derecho -en tanto sea la base del fallo o haya debido serlo-, para abrir el espacio al recurso de casaci\u00f3n, pues los principios hacen parte del ordenamiento jur\u00eddico que el recurso debe salvaguardar. <\/p>\n

Como se recordar\u00e1, la doctrina revela que \u201cla Corte hizo en la d\u00e9cada de 1930 aplicaci\u00f3n de la tesis seg\u00fan la cual basta la invocaci\u00f3n de un principio como norma de derecho sustancial para que se abra el espacio de la casaci\u00f3n. As\u00ed en las sentencias de 20 de mayo de 1936, XLIII, p\u00e1gs. 44 y s.s. tom\u00f3 como soporte el principio \u00aberror comunis facit ius\u00bb, el 29 de septiembre de 1935; XLIII, 129 1\u00aa y 19 de noviembre de 1936, XLIV, para la m\u00e1xima \u00abnadie puede enriquecerse sin causa\u00bb\u2026\u201d (P\u00e9rez Vives \u00c1lvaro, Casaci\u00f3n Civil, 2\u00aa edici\u00f3n, Librer\u00eda Americana, 1946, p\u00e1g. 17)(\u2026)\u201d7. <\/p>\n

Por consiguiente, los art\u00edculos referidos no obtienen su car\u00e1cter sustancial en el derecho objetivo, porque se estructuren de una determinada forma, es decir: con un presupuesto f\u00e1ctico, un conector, y las consecuencias jur\u00eddicas prescritas en la Ley o la Constituci\u00f3n; si fuese as\u00ed, se desde\u00f1ar\u00eda tambi\u00e9n el valor sustancial de los derechos constitucionales por no adoptar ese modelo, por cuanto, muchas veces se quedan en meros enunciados. Empero si sirve de fundamento para otorgar, alterar, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas o derechos subjetivos, de lo que se deriva, la efectiva naturaleza sustancial de las normas. <\/p>\n

Si el demandante en casaci\u00f3n eleva los cargos asent\u00e1ndolos en la v\u00eda indirecta, por la vulneraci\u00f3n de las normas objetivas de los art\u00edculos 1494, 1613, 1614, 2302 y 2341 del del C\u00f3digo Civil, es porque los jueces bas\u00e1ndose en ellas, no alteraron sus posibles derechos patrimoniales procurados con la declaraci\u00f3n de la responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n

4. Como corolario, comparto el inadmisorio, empero, con las precisiones expuestas a las consideraciones de la providencia respectiva. <\/p>\n

Fecha, ut supra <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado
\n1\u0002 \tCSJ, AC222, 3 oct. 2006, rad. n.\u00b0 2001-00127-01.
\n2\u0002 \tCfr. CSJ, AC4243, 30 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00550-01.
\n3\u0002 \tAC, 29 oct. 2013, rad. n.\u00b0 2008-00576-01; AC, 29 oct. 2013, rad. \tn\u00ba 2008-00576-01
\n4\u0002 \tTOLOSA VILLABONA, Luis Armando. Teor\u00eda \ty T\u00e9cnica de la Casaci\u00f3n. \t2 ed. Bogot\u00e1: Ediciones Doctrina y Ley, 2008. p. 335.
\n5\u0002 \tCSJ SC. \tSentencia de 18 de diciembre de 2007, rad. 2002-00222-01.
\n6\u0002 \tCSJ. \tSala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia del 7 de octubre de 2009. \tExp No 05360-31-03-001-2003-00164-01. M.P. Edgardo Villamil \tPortilla.
\n7\u0002 \tCSJ. \tSala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia del 7 de octubre de 2009. \tExp No 05360-31-03-001-2003-00164-01. M.P. Edgardo Villamil \tPortilla.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC2129-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25290-31-03-001-2017-00510-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de marzo de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C.,.siete (7) de septiembre de dos mil veinte (2020). Dec\u00eddase sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jairo Augusto Celeita Rojas frente a la sentencia de 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103302","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103302","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103302"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103302\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}