{"id":103307,"date":"2026-07-02T20:44:17","date_gmt":"2026-07-02T20:44:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103307"},"modified":"2026-07-02T20:44:17","modified_gmt":"2026-07-02T20:44:17","slug":"ac2135-2020-2015-00415-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2135-2020-2015-00415-01\/","title":{"rendered":"AC2135-2020 (2015-00415-01)"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AC2135-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-044-2015-00415-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de julio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., septiembre (7) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Globaltronics de Colombia S.A.S. (en adelante, Globaltronics) frente a la sentencia de 20 de junio de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 la impugnante contra Comunicaci\u00f3n Celular S.A. (en adelante, Comcel). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPretensiones. <\/p>\n

La actora pidi\u00f3 declarar que: (i) \u00abel contrato de transmisi\u00f3n de datos suscrito entre [Comcel], hoy Claro Colombia S.A., como agenciado, y [Globaltronics], como agente, form\u00f3 parte de la misma y \u00fanica relaci\u00f3n contractual de agencia comercial que vincul\u00f3 a las partes y que fue declarada mediante laudo arbitral de fecha 9 de junio de 2011, que se encuentra en firme\u00bb; (ii) \u00abGlobaltronics, como agente, tiene derecho a que Comcel le reconozca y le pague el valor correspondiente a la prestaci\u00f3n derivada del inciso 1 del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb; (iii) \u00abla relaci\u00f3n que vincul\u00f3 a las partes incluy\u00f3 la totalidad de los contratos suscritos por ellas a lo largo de su relaci\u00f3n contractual\u00bb; (iv) \u00abel contrato de transmisi\u00f3n de datos estuvo vigente desde diciembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha en que Globaltronics dio por terminada unilateralmente su relaci\u00f3n contractual con Comcel\u00bb; y que (v) \u00abComcel incumpli\u00f3 el contrato de datos suscrito con Globaltronics, por no haber liquidado y pagado oportuna y totalmente la denominada comisi\u00f3n por residual a que se refiere el contrato (…)\u00bb. <\/p>\n

Igualmente, requiri\u00f3 que el monto de la cesant\u00eda comercial que reconoci\u00f3 el tribunal arbitral, relacionado con la labor de agenciamiento en paquetes de \u00abtransmisi\u00f3n de voz\u00bb, se hiciera extensivo \u00abal per\u00edodo comprendido entre el 8 de septiembre de 1994 hasta el 31 de agosto de 1995 (…) que no fue objeto del pronunciamiento por parte del tribunal de arbitramento, por no estar cobijado en la cl\u00e1usula compromisoria, pese a que se declar\u00f3 que efectivamente la relaci\u00f3n contractual s\u00ed inici\u00f3 con el contrato verbal desde el 8 de septiembre de 1994\u00bb. <\/p>\n

2.\tFundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n

2.1.\tEntre las sociedades en contienda existi\u00f3 una relaci\u00f3n mercantil que se extendi\u00f3 por m\u00e1s de quince a\u00f1os, y que fue tipificada como una agencia comercial en laudo arbitral de 9 de junio de 2011. <\/p>\n

2.2.\tLa actora promovi\u00f3 los productos y servicios que Comcel ofrec\u00eda, tanto en materia de transmisi\u00f3n de voz, como de datos celulares (navegaci\u00f3n a trav\u00e9s de internet), debi\u00e9ndose precisar que dicha labor de intermediaci\u00f3n se desarroll\u00f3 en el marco de la misma relaci\u00f3n negocial de agencia comercial, aunque estuviera instrumentada en cuatro contratos diversos (dos relacionados con servicios \u00abde voz\u00bb, y los restantes con servicios \u00abde datos\u00bb). <\/p>\n

2.3.\tEse v\u00ednculo negocial culmin\u00f3 el 31 de diciembre de 2009, por decisi\u00f3n unilateral de Globaltronics, quien, adem\u00e1s, promovi\u00f3 demanda arbitral contra Comcel, para que se reconociera su calidad de agente comercial, y se ordenara el pago de la cesant\u00eda correspondiente, pedimentos a los que accedieron los \u00e1rbitros, pero restringiendo ambas determinaciones a los contratos de transmisi\u00f3n de voz que obraban por escrito. <\/p>\n

2.4.\tLo anterior en tanto que la relaci\u00f3n de agencia que se desarroll\u00f3 entre 1994 y 1995 (para transmisi\u00f3n de voz), as\u00ed como \u00ablos contratos de transmisi\u00f3n de datos, carec\u00edan de cl\u00e1usula compromisoria (…)\u00bb, por lo que \u00abel tribunal [arbitral] no pod\u00eda incluir los mismos dentro de la \u00f3rbita de su competencia\u00bb.
\n2.5.\tPor lo anterior, Globaltronics se vio forzada \u00aba acudir ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria para que, con base en la declaraci\u00f3n de agencia comercial que hizo el tribunal de arbitramento (…), se ordene que se incluya dentro del c\u00e1lculo de la cesant\u00eda comercial a que tiene derecho (…) el valor total de la facturaci\u00f3n, incentivos, bonificaciones y en general a la totalidad de la remuneraci\u00f3n recibida durante el tiempo que se ejecut\u00f3 el contrato de datos, es decir, desde diciembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2009\u00bb. <\/p>\n

3.\tActuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

3.1. Enterada de la admisi\u00f3n de la demanda, Comcel S.A. se opuso a la prosperidad del petitum, alegando las excepciones que denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n extintiva de los derechos de Globaltronics\u00bb; \u00abinexistencia del contrato de agencia comercial\u00bb; \u00abGlobaltronics contradice sus propios actos\u00bb; \u00abinaplicabilidad de las decisiones del tribunal arbitral a la presente disputa\u00bb; \u00abrenuncia al derecho reclamado\u00bb; \u00abpago anticipado del 20%\u00bb, y \u00abpago de las comisiones solicitadas por la demandante\u00bb. <\/p>\n

3.2.\tAsimismo, la convocada formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, solicitando \u00abque se declare que Globaltronics dio por terminado unilateralmente el contrato sin que mediara justa causa legal o contractual\u00bb, de modo que estar\u00eda obligada \u00aba pagar a favor de Comcel el monto de la cl\u00e1usula penal contenida en la cl\u00e1usula 27.3.2. del contrato, equivalente a 5000 SMLMV\u00bb. <\/p>\n

En sustento de su s\u00faplica, expuso que el contrato que celebr\u00f3 con Globaltronics era realmente de distribuci\u00f3n, y que dicho acuerdo de colaboraci\u00f3n fue finiquitado por la distribuidora mediante comunicaci\u00f3n fechada el 30 de diciembre de 2009, en la que aleg\u00f3 \u00abjusta causa imputable a Comcel\u00bb, la cual \u00abno existi\u00f3\u00bb, porque \u00ablo que Globaltronics invoc\u00f3 como supuesto incumplimiento contractual no fue otra cosa que el ejercicio de facultades contractuales por parte de Comcel\u00bb. <\/p>\n

3.3.\tLa demandante principal, demandada en reconvenci\u00f3n, aleg\u00f3 en su defensa la \u00abinexigibilidad de la penal (sic) pecuniaria\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, y \u00abcosa juzgada\u00bb. <\/p>\n

3.4.\tEl 25 de mayo de 2018, el funcionario de primer grado desestim\u00f3 los reclamos de la demanda de reconvenci\u00f3n, neg\u00f3 la extensi\u00f3n temporal de la condena impuesta por los \u00e1rbitros (relacionada con el agenciamiento de \u00abpaquetes de voz\u00bb), por considerar prescrita esa prestaci\u00f3n, y acogi\u00f3 los dem\u00e1s pedimentos de la querellante <\/p>\n

Adem\u00e1s, conden\u00f3 a la demandada principal a pagar a su contraparte \u00ab$296.441.249,81 por concepto de cesant\u00eda comercial indexada hasta el mes de abril de 2018 y (…) $29.607.876,03 por concepto de comisiones por activaci\u00f3n, indexada hasta el mes de abril de 2018\u00bb. <\/p>\n

Ambas partes apelaron esa determinaci\u00f3n.
\n4.\tLa sentencia impugnada. <\/p>\n

El tribunal revoc\u00f3 parcialmente el fallo del juez a quo, y deneg\u00f3 todas las s\u00faplicas elevadas por Globaltronics. Lo anterior con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n

(i)\tTal como lo expuso Comcel, \u00ablas decisiones contenidas en el laudo arbitral proferido el 9 de junio de 2001 no pueden ser extensivas a los contratos de transmisi\u00f3n de datos celebrados entre las partes; adem\u00e1s, aunque en este caso se dan los supuestos de la agencia mercantil, la demandante renunci\u00f3 a la cesant\u00eda comercial establecida en el inciso primero del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n

(ii)\tDe otro lado, \u00abno se prob\u00f3 el incumplimiento de Comcel en el pago por activaciones y residual, lo anterior porque se analiz\u00f3 el laudo de 9 de junio de 2011, y lo que all\u00ed se discuti\u00f3 fue si los contratos celebrados el 31 de agosto de 1995 y el 15 de noviembre de 1999 eran de agencia comercial o de distribuci\u00f3n, pero no se someti\u00f3 a disputa de la justicia arbitral el contenido de los negocios de transmisi\u00f3n de datos\u00bb, de modo que las conclusiones que all\u00ed se expusieron no pueden trasladarse a las relaciones contractuales que son objeto del presente litigio. <\/p>\n

(iii)\tAs\u00ed las cosas, \u00absi bien el laudo destac\u00f3 la presencia de una relaci\u00f3n contractual de agencia mercantil entre Globaltronics y Comcel, esa decisi\u00f3n no tiene fuerza vinculante u obligatoria sobre otros negocios celebrados por los mismos contratantes\u00bb, a lo que se suma que \u00abes posible que entre las partes se celebren muchos negocios de distinta \u00edndole, pero no por ello todos deben obedecer al mismo tipo negocial (…), de suerte que en este caso [la demandante] debi\u00f3 proponer pretensiones propias para los contratos de transmisi\u00f3n de datos, pero no aspirar, como se hizo, a una extensi\u00f3n del fallo arbitral\u00bb.
\n(iv)\tPese a ello, en la sentencia materia de alzada se entendi\u00f3 que estaban acreditados todos los elementos de la agencia comercial, a trav\u00e9s de una argumentaci\u00f3n que no fue combatida apropiadamente por Comcel al sustentar su inconformidad; no obstante, ello no conlleva el \u00e9xito del petitum, porque \u00abGlobaltronics renunci\u00f3 a su facultad de reclamar de su contraparte la cesant\u00eda comercial que se pidi\u00f3 en la demanda\u00bb. <\/p>\n

(v)\tEn efecto, \u00aben las cl\u00e1usulas 16 y 13 de los contratos firmados el 26 de septiembre de 2001 y el 21 de junio de 2006 (…), las partes acordaron que el contratista, enti\u00e9ndese Globaltronics, reconoce que el uso de las marcas comerciales de Comcel, la cooperaci\u00f3n de Comcel con respecto a la publicidad, la promoci\u00f3n por parte de Comcel de las ventas del contratista y el acceso a la tecnolog\u00eda de Comcel tiene un impacto positivo, directo y sustancial en sus ingresos [los de la actora, se aclara], a lo que a\u00f1adieron que, por consiguiente, en pago de ello el contratista \u201cpromete expresa e irrevocablemente que una vez termine este contrato por cualquier causa, proceder\u00e1 inmediatamente a renunciar a cualquier derecho que le pueda otorgar la ley a su favor, debido a la terminaci\u00f3n de este contrato, incluyendo, pero no limitado, a los derechos que hace menci\u00f3n el art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio\u201d\u00bb. <\/p>\n

(vi)\tAsimismo, obran a folios los \u00abdocumentos denominados \u201cde terminaci\u00f3n\u201d, donde el representante legal de la parte demandante renunci\u00f3 a reclamar la prestaci\u00f3n del art\u00edculo 1324 [del C\u00f3digo de Comercio]\u00bb, expresi\u00f3n que \u00abno merece ning\u00fan reparo\u00bb, porque no se acredit\u00f3 la existencia de \u00abcondicionamientos subjetivos que comprometieran la autonom\u00eda de la voluntad y la libertad de disposici\u00f3n de la sociedad demandante\u00bb, y porque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que la cesant\u00eda comercial es una prestaci\u00f3n \u00abde naturaleza renunciable\u00bb.
\n(vii)\tExpresado de otro modo, \u00abpara el momento que tuvo inicio este litigio la parte actora ya hab\u00eda renunciado a su facultad de reclamar de su contraparte la cesant\u00eda comercial de que trata el primer inciso del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, contingencia que impone negar el reconocimiento de esa espec\u00edfica prestaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n

(viii)\tEn adici\u00f3n, Globaltronics \u00abno dirigi\u00f3 sus reparos a cuestionar la configuraci\u00f3n\u00bb de la prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de agencia cuya existencia reconocieron los \u00e1rbitros, y que se prolong\u00f3 entre el 8 de septiembre de 1994 y el 31 de agosto de 1995. <\/p>\n

(ix)\tEn cualquier caso, \u00abbajo el principio de la relatividad de las sentencias, las determinaciones de la justicia arbitral no pueden extenderse a temas y convenciones que no fueron objeto de debate, por ende, como la fecha de terminaci\u00f3n de ese v\u00ednculo [se refiere el tribunal al que se desarroll\u00f3 en el lapso aludido en el numeral anterior] ocurri\u00f3 el 31 de agosto de 1995, as\u00ed se estableci\u00f3 en la sentencia del juzgado, a la presentaci\u00f3n de la demanda se superaron los cinco a\u00f1os para que operara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n en contratos de agencia mercantil, t\u00e9rmino regulado por el art\u00edculo 1329 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n

(x)\tPor \u00faltimo, dest\u00e1case que al reclamar las comisiones denominadas \u00abactivaci\u00f3n y residual\u00bb, Globaltronics se\u00f1al\u00f3 que tanto esa remuneraci\u00f3n, como la f\u00f3rmula para calcularla, estaban incluidas en \u00abel numeral 1, del \u201cAnexo A\u201d, que form\u00f3 parte integral (…) del contrato firmado el 15 de noviembre de 1999\u00bb, y no de los acuerdos de transmisi\u00f3n de datos sobre los que versa este litigio. \u00abLo dicho para significar que los t\u00e9rminos y porcentajes de esas comisiones (…) no pueden ser los contenidos en el mencionado anexo, porque hace parte de una convenci\u00f3n anterior a los v\u00ednculos que son materia del presente proceso\u00bb.
\n(xi)\tY si se prescindiera de ese yerro en la determinaci\u00f3n de la causa del pretendido pago, lo cierto es que esa prestaci\u00f3n pretendi\u00f3 acreditarse con una experticia \u00abque no es atendible, porque carece de las condiciones exigidas en el art\u00edculo 226, ya que no se acredit\u00f3 la profesi\u00f3n u oficio de los peritos que se anunciaron como contadores, no mencionaron si han efectuado publicaciones relacionadas con el tema del peritaje, y no hicieron alusi\u00f3n a los asuntos en que han participado como auxiliares de la justicia, falencia por la cual queda descartada la valoraci\u00f3n de ese elemento\u00bb. <\/p>\n

5.\tLa demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

La querellante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, formulando cuatro cargos, dos al amparo de la causal tercera, el siguiente por la v\u00eda del numeral 5 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y el restante por la senda del numeral 2 ibidem. Sin embargo, la Sala analizar\u00e1 esos cuestionamientos en un orden distinto al propuesto, por motivos estrictamente metodol\u00f3gicos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tR\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n

Es apropiado advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n

2.\tFundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n

Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n

(i) \tLa formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n

(ii)\tEn caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1.
\n(iii)\tSi se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n

(v)\tEn lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n

(vi) \tA su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material. <\/p>\n

Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de revelar o exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n

(vii)\tEl cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n

Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n

(viii)\tLos cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n

(ix)\tSi se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n

(x)\tEl censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n

En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n

\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01).
\n3.\tEstudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

3.1.\tCargo tercero. <\/p>\n

3.1.1. Su formulaci\u00f3n. <\/p>\n

Tras denunciar que en el presente juicio se estructur\u00f3 el motivo de invalidaci\u00f3n previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la actora asever\u00f3 que el tribunal \u00absobrepas\u00f3 el l\u00edmite de la competencia funcional que ten\u00eda para desatar la alzada por voluntad expresa de la persona jur\u00eddica agraviada con la sentencia sometida a su revisi\u00f3n, puesto que esta, habiendo sido condenada al pago de la cesant\u00eda comercial, nada dijo respecto a la renuncia, ni al dictamen pericial con base en el cual fue cuantificada; tampoco dijo nada respecto a la declaraci\u00f3n de incumplimiento en el pago de los residuales, ni la cuantificaci\u00f3n de los mismos con base en el dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, \u00abcuando el sentenciador defini\u00f3 la apelaci\u00f3n de Comcel, incurri\u00f3 en un error de procedimiento, cuanto que (sic) su comportamiento no se ajusta a la competencia funcional restricta (sic) que ten\u00eda para conocer de la impugnaci\u00f3n que le fue propuesta (…). La anterior situaci\u00f3n produjo, como secuela, que Globaltronics fuera afectado, sin que pudiera hacerlo el juzgador, al negar la prosperidad de la pretensi\u00f3n de condena al pago de la cesant\u00eda comercial por una supuesta renuncia a pesar de declararse probada la agencia comercial\u00bb.
\n3.1.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n

El precedente de la Sala tiene establecido que <\/p>\n

\u00ab(…) la procedencia de la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el [art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso], supone las siguientes condiciones: a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01 y CSJ SC10302-2017, 18 jul.) <\/p>\n

Precisado lo anterior, se advierte que no existe v\u00ednculo alguno entre la causal de nulidad aludida por el recurrente (la consagrada en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso), consistente en \u00abactu[ar] en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb, y los hechos que expuso como sustento de su acusaci\u00f3n, pues no demostr\u00f3, ni mencion\u00f3 siquiera, que el tribunal hubiera declarado su incompetencia para seguir conociendo de este asunto, presupuesto necesario para invalidar lo actuado a posteriori. <\/p>\n

Pero al margen de ello, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que la discordancia entre lo sentenciado por el ad quem y los reparos sustentados por la parte apelante no modifican la competencia funcional de aquel. Vervigratia, en CSJ SC4415-2016, 13 abr., se dijo: <\/p>\n

\u00ab(…) La competencia funcional es un asunto esencialmente distinto a lo que ocurre cuando el juez, al momento de resolver la impugnaci\u00f3n, incurre en yerros sobre el fondo del litigio, como acontece cuando extiende su decisi\u00f3n a puntos que no fueron materia de inconformidad por parte del recurrente. <\/p>\n

De hecho, las reglas que fijan la competencia responden a necesidades de orden p\u00fablico, por lo que no son susceptibles de ser prorrogadas por la voluntad de las partes, cualquiera que sea el factor que la determine, tal como lo dispone el art\u00edculo 13 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. De ah\u00ed que ning\u00fan factor de competencia puede quedar supeditado al arbitrio de los litigantes expresado en la sustentaci\u00f3n de sus recursos. <\/p>\n

La atribuci\u00f3n de competencia a un funcionario judicial para la resoluci\u00f3n de un caso concreto no tiene nada que ver con las limitaciones a que aqu\u00e9l queda sujeto a la hora de resolver un extremo del litigio en raz\u00f3n de un recurso de apelaci\u00f3n, porque ambas situaciones obedecen a necesidades pr\u00e1cticas y a institutos procesales de distinta naturaleza y finalidad. De manera que si el juez que conoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n fue efectivamente el funcionario que la ley procesal tiene previsto para pronunciar el fallo de segunda instancia, entonces no es posible que se incurra en nulidad por el factor funcional. <\/p>\n

La competencia funcional se concreta a los eventos descritos en el Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo II (art\u00edculos 25 a 28) del ordenamiento procesal, y en \u00e9l definitivamente no se incluye \u2013como no puede estar incluida\u2013 una situaci\u00f3n de reformatio in pejus o del principio tantum devolutum quantum appellatum consagrado en el art\u00edculo 357 de la ley adjetiva [que corresponde, mutatis mutandis, al canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso]. De conformidad con lo estipulado por este precepto, \u201cla apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u201d. <\/p>\n

La citada disposici\u00f3n enuncia el postulado que la doctrina ha denominado \u2018tantum devolutum quantum appellatum\u2019, por cuya virtud el conocimiento del juez que resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por un apelante \u00fanico se encuentra circunscrito a las precisas cuestiones que hayan sido objeto del recurso. Esta limitaci\u00f3n es la expresi\u00f3n de un principio general del derecho procesal, seg\u00fan el cual el juez que conoce de un recurso est\u00e1 circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no est\u00e1 facultado para despojar al apelante \u00fanico del derecho material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptado por la contraparte que no impugn\u00f3 un extremo del litigio que le desfavoreci\u00f3. De este modo, lo que no es materia de impugnaci\u00f3n se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que la alzada (y, de hecho, cualquier recurso) se resuelve en la medida de los agravios expresados. <\/p>\n

(…) En ese orden, ni la reformatio in pejus invocada expresamente por el recurrente, ni el principio tantum devolutum quantum appellatum, al que hiciera alusi\u00f3n indirecta al citar el art\u00edculo 357 del ordenamiento adjetivo, corresponden a supuestos jur\u00eddicos que puedan encuadrarse en la causal de nulidad por falta de competencia \u2018funcional\u2019 originada en la sentencia, porque no est\u00e1n referidos a la distribuci\u00f3n del trabajo entre los distintos despachos judiciales en raz\u00f3n de la funci\u00f3n que la ley adjetiva les atribuye, sino que comportan errores en el contenido material del fallo. Ello es as\u00ed aun cuando el art\u00edculo 357 lleve por t\u00edtulo \u201ccompetencia del superior\u201d, lo cual no es m\u00e1s que una impropiedad terminol\u00f3gica, pues como qued\u00f3 explicado con suficiencia al principio de esta parte motiva, pronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelaci\u00f3n \u2013ni est\u00e1n \u00edntimamente conectados con ella\u2013 no es un problema de competencia funcional del juez ad quem sino un asunto que ata\u00f1e al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resoluci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n

En el mismo sentido, m\u00e1s recientemente se replic\u00f3: <\/p>\n

Tal es el entendimiento vigente sobre la materia: \u201c[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelaci\u00f3n (…) no es un problema de competencia funcional del juez ad quem sino un asunto que ata\u00f1e al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resoluci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia (…)\u201d (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00). Este precedente, adem\u00e1s de constituir doctrina probable por estar contenido en varias providencias (cfr. sentencias de 1\u00b0 nov. 2013, rad. n.\u00b0 1999-00355-01, 12 dic. 2007, rad. n.\u00b0 1982-24646-01 y SC4415, 13 ab. 2016, rad. n.\u00b0 2012-02126-00), propende por una hermen\u00e9utica sist\u00e9mica de los factores de competencia, a fin de evitar que el funcional sea comprensivo de los dem\u00e1s y desdibuje los contornos existentes entre estos. Tambi\u00e9n evita que la nulidad por falta de competencia funcional se extienda a situaciones que no han sido previstas expresamente por el legislador. Igualmente, salvaguarda el principio de econom\u00eda procesal, al propugnar por el saneamiento de las irregularidades al interior del proceso, sin acudir a la declaratoria de invalidez, con el fin de evitar actuaciones innecesarias. Por \u00faltimo, observa la m\u00e1xima de la buena fe, la cual proh\u00edbe utilizar la nulidad para lograr un efecto que pudo alcanzarse a trav\u00e9s de otros mecanismos, como la adici\u00f3n, aclaraci\u00f3n o correcci\u00f3n de la sentencia\u00bb (CSJ SC1916-2018, 31 may.). <\/p>\n

3.1.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Dado que los hechos en los que se fundament\u00f3 la nulidad alegada no encajan dentro de ning\u00fan supuesto de invalidaci\u00f3n procesal, el tercer cargo no resulta formalmente admisible. <\/p>\n

3.2.\tCargos primero y segundo. <\/p>\n

3.2.1. Resoluci\u00f3n conjunta. <\/p>\n

La Corte estudiar\u00e1 ambas acusaciones simult\u00e1neamente, porque, en lo medular, se edificaron sobre hip\u00f3tesis id\u00e9nticas. <\/p>\n

3.3.2. Formulaci\u00f3n del cargo primero. <\/p>\n

Al amparo del numeral 3 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandante acus\u00f3 al ad quem de \u00abquebrantar el principio de congruencia de la sentencia\u00bb. Para desarrollar esta cr\u00edtica, expuso: <\/p>\n

(i) \tAcorde con los art\u00edculos 320, 327 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abla congruencia de la sentencia est\u00e1 en la consonancia que debe existir entre lo que fue objeto de reparo por parte del recurrente al formular el recurso, junto con el desarrollo de los argumentos expuestos en la audiencia\u00bb. Por ende, \u00ablo que no fue objeto de reparo por parte del recurrente al formular el recurso en primera instancia, o habi\u00e9ndolo sido, no haya sido objeto de desarrollo de dichos argumentos por parte del apelante, no puede ser tenido en cuenta por el fallador de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n

(ii)\tEn este caso, en el decurso de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, el apoderado de Comcel se limit\u00f3 a explicar su inconformidad frente a dos temas: \u00abel elemento independencia del agente\u00bb, y \u00abla cl\u00e1usula 80-20 estipulada en los contratos, seg\u00fan la cual en el evento en que se declare que el contrato que vincul\u00f3 a las partes es de agencia comercial, Comcel establece que el 80% de lo recibido por el agente a t\u00edtulo de comisiones se debe imputar a cualquier tipo de prestaciones e indemnizaciones que se le salga a deber (sic)\u00bb. <\/p>\n

(iii)\tA pesar de que la demandada \u00abrenunci\u00f3 al desarrollo de los otros argumentos que hab\u00edan sido objeto de reparo, con lo cual fij\u00f3, sin asomo de duda, los aspectos a los que se contra\u00eda la competencia del superior\u00bb, el tribunal revoc\u00f3 el fallo con base en otros razonamientos, puntualmente en que \u00ablas decisiones del laudo (…) no pueden ser extensivas a los contratos de transmisi\u00f3n de datos\u00bb, y que \u00abla demandante renunci\u00f3 a la cesant\u00eda comercial\u00bb. <\/p>\n

(iv) \tAsimismo, el ad quem expuso que la experticia recaudada en primera instancia \u00abno es atendible\u00bb, perdiendo de vista que \u00abComcel guard\u00f3 silencio durante el t\u00e9rmino que le concede la ley en primera instancia para pronunciarse sobre el dictamen (…), y en el recurso de apelaci\u00f3n [la prueba t\u00e9cnica] no fue objeto de reparo alguno\u00bb. <\/p>\n

3.2.3. Formulaci\u00f3n del cargo segundo. <\/p>\n

Invocando el mismo marco normativo y f\u00e1ctico, Globaltronics insisti\u00f3 en que resulta incongruente \u00abque el tribunal falle m\u00e1s all\u00e1 de lo reclamado por el apelante, pues est\u00e1 llevando el debate a aspectos sobre los cuales la sentencia no le caus\u00f3 molestia y las partes se manifestaron estar conformes y de acuerdo con las razones del fallo. De igual manera, tambi\u00e9n constituye incongruencia (…) el hecho de que el tribunal no haya entrado al estudio del reparo formulado por [la impugnante extraordinaria], y se haya pronunciado confirmando lo dispuesto por el juzgado bajo la creencia de ausencia de inconformidad\u00bb. <\/p>\n

3.2.4. Examen de los cargos. <\/p>\n

Si bien el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abel juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb, a rengl\u00f3n seguido establece una salvedad, del siguiente tenor: \u00abSin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u00bb. <\/p>\n

Por consiguiente, las resoluciones que el tribunal adopt\u00f3 para revocar el fallo impugnado por las sociedades aqu\u00ed enfrentadas no resultan incongruentes, porque al haber apelado ambas la sentencia del juez a quo, el marco del debate no pod\u00eda circunscribirse a los cuestionamientos que se expusieron en la audiencia de que trata el art\u00edculo 327 del estatuto procedimental civil, como habr\u00eda ocurrido si solo una hubiera sido la impugnante. <\/p>\n

Por ende, aunque en su alzada Comcel no hubiera insistido en la relatividad de la decisi\u00f3n del tribunal arbitral, ni en la renuncia a la cesant\u00eda comercial concerniente al agenciamiento de \u00abpaquetes de datos\u00bb por parte de Globaltronics (circunstancias que aleg\u00f3 como excepciones), tales asuntos no escapaban a los linderos del conflicto al que se enfrent\u00f3 la corporaci\u00f3n de segundo grado, raz\u00f3n por la cual, cuando los abord\u00f3, no obr\u00f3 de forma inconsonante. <\/p>\n

Ahora bien, esta argumentaci\u00f3n sugerir\u00eda que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de las obligaciones relacionadas con \u00abel per\u00edodo de voz comprendido entre el 8 de septiembre de 1994 y [el] 31 de agosto de 1995\u00bb no pod\u00eda despacharse pretextando, simplemente, que Globaltronics \u00abno dirigi\u00f3 sus reparos a cuestionar la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb, porque, se insiste, la competencia del ad quem era lo suficientemente extensa para permitirle una revisi\u00f3n total de lo decidido por el a quo. <\/p>\n

A ello cabe adicionar que la actora s\u00ed formul\u00f3 un reparo concreto frente al acogimiento de esa excepci\u00f3n de m\u00e9rito (a folio 913 del cuaderno principal se lee: \u00abes evidente que la relaci\u00f3n contractual existi\u00f3 y se inici\u00f3 el 8 de septiembre de 1994, mediante contrato verbal…, lo [que] fundamenta la imposibilidad de que la pretensi\u00f3n 10 pueda estar prescrita\u00bb), y sustent\u00f3 dicha inconformidad en la audiencia de 20 de junio de 2019. <\/p>\n

Pero, a diferencia de lo que indic\u00f3 la sociedad convocante, el tribunal no se escud\u00f3 \u00fanicamente en la aludida omisi\u00f3n para refrendar lo resuelto frente a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pues aunque reproch\u00f3 a la actora \u2013sin haber lugar a ello\u2013 por no exteriorizar un reparo concreto sobre el punto, luego dijo que \u00abbajo el principio de la relatividad de las sentencias, las determinaciones de la justicia arbitral no pueden extenderse a temas y convenciones que no fueron objeto de debate\u00bb, y que \u00abcomo la fecha de terminaci\u00f3n de ese v\u00ednculo [el contrato verbal de agencia] ocurri\u00f3 el 31 de agosto de 1995 (…) a la presentaci\u00f3n de la demanda se superaron los cinco a\u00f1os para que operara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n en contratos de agencia mercantil, t\u00e9rmino regulado por el art\u00edculo 1329 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n

Por consiguiente, sobre la suerte de esta defensa s\u00ed hubo una resoluci\u00f3n particular, fincada en una consideraci\u00f3n f\u00e1ctica aut\u00f3noma, seg\u00fan la cual el contrato inicial que celebraron Comcel y Globaltronics termin\u00f3 el 31 de agosto de 1995, planteamiento que no se encuentra comprendido en la acusaci\u00f3n, pese a su singular trascendencia para la comprobaci\u00f3n (abstracta) del error in procedendo que se anunci\u00f3. <\/p>\n

Este vac\u00edo atenta contra la claridad exigible de todo cargo de casaci\u00f3n, lo que impone la inadmisi\u00f3n de los que ahora se estudian; debi\u00e9ndose a\u00f1adir, en refuerzo de ese aserto, que la inferencia f\u00e1ctica citada (\u00abla fecha de terminaci\u00f3n ocurri\u00f3 el 31 de agosto de 1995\u00bb) tambi\u00e9n se mantuvo a salvo de los dem\u00e1s reproches de Globaltronics, omisi\u00f3n formalmente inadmisible, pues no permite el quiebre de la providencia objeto del escrutinio de la Corte. <\/p>\n

No se olvide que, conforme el precedente inalterado de esta Corporaci\u00f3n, la demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, como aqu\u00ed ocurre, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura deviene inquebrantable.
\nAl respecto, se ha sostenido que <\/p>\n

\u00ab[l]a competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01). <\/p>\n

M\u00e1s recientemente se reiter\u00f3 este criterio, as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(…) el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado. <\/p>\n

(\u2026) para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (CSJ SC15211-2017, 26 sep.). <\/p>\n

3.2.5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Los dos primeros cargos resultan t\u00e9cnicamente inadmisibles, porque en su desarrollo se omitieron dos circunstancias f\u00e1cticas que incidir\u00edan en la estructuraci\u00f3n de la inconsonancia: (i) que la competencia del ad quem era panor\u00e1mica, y (ii) que hubo un pronunciamiento espec\u00edfico frente a la configuraci\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n

Adem\u00e1s, como la casacionista no se ocup\u00f3 de combatir los razonamientos que expuso el tribunal frente a la referida modalidad de extinci\u00f3n de las obligaciones, el acogimiento de esas censuras no comportar\u00eda la modificaci\u00f3n de lo decidido en las instancias, pese a que la prueba de ello era ineludible para satisfacer una de las exigencias formales de la casaci\u00f3n (la trascendencia). <\/p>\n

3.3.\tCargo cuarto. <\/p>\n

3.3.1. Su formulaci\u00f3n. <\/p>\n

La convocante indic\u00f3 que el fallo del ad quem quebrant\u00f3 \u00abindirectamente por falta de aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 1322 y el inciso primero del art\u00edculo 1324, ambos del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de un error manifiesto al momento de la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial, ya que el mismo no era objeto de debate ni de reparo en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Para desarrollar este cuestionamiento, explic\u00f3 que \u00abel dictamen pericial aportado al proceso no fue objeto de controversia en primera instancia, ya que Comcel guard\u00f3 silencio frente al mismo cuando se le puso en conocimiento su existencia, no solicit\u00f3 interrogar a los peritos [y] no manifest\u00f3 reparo alguno [al] respecto\u00bb; sin embargo, \u00abpor un error de hecho manifiesto el tribunal procedi\u00f3 a entrar al estudio y an\u00e1lisis del dictamen pericial, sin percatarse que (sic) Comcel no hab\u00eda formulado reparos frente a \u00e9l, y como resultado de su an\u00e1lisis, procedi\u00f3 a declarar que el mismo no era atendible, descartando la posibilidad de valorar ese elemento aportado como prueba\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, \u00abpor \u201cno ser atendible\u201d el dictamen pericial y descartar la posibilidad de ser valorado, indirectamente [el ad quem] viola el art\u00edculo 1322, por falta de aplicaci\u00f3n, toda vez que se le niega el derecho al agente a obtener el pago de su remuneraci\u00f3n, ya que impide cuantificar el monto de la misma como consecuencia de su labor, en el presente caso, el monto total a que ten\u00eda derecho por la comisi\u00f3n residual, la cual le fue negada\u00bb. <\/p>\n

3.3.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n

La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico, de tal magnitud que comporte la infracci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, presupone para su acreditaci\u00f3n que, entre otras exigencias, se compruebe que la inferencia probatoria cuestionada sea manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba; es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio. <\/p>\n

Adem\u00e1s, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del desacierto \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

En esta precisa materia, esta Corporaci\u00f3n ha explicado: <\/p>\n

\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. <\/p>\n

El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n

Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n

En este caso, Globaltronics perdi\u00f3 de vista que las censuras planteadas por la senda del segundo motivo de casaci\u00f3n deben gravitar sobre la adecuaci\u00f3n de la labor de valoraci\u00f3n del material probatorio efectuada por el tribunal en su fallo, tem\u00e1tica que no se abord\u00f3 en la acusaci\u00f3n estudiada, pues esta se edific\u00f3 a partir de alegatos relacionados con la aptitud del tribunal para pronunciarse sobre la experticia recaudada en este juicio. <\/p>\n

A ello cabe agregar que, al optar por un yerro f\u00e1ctico, a la actora le correspond\u00eda plantear <\/p>\n

\u00ab(\u2026) una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n

Sin embargo, no existe simetr\u00eda alguna entre el cuarto cargo y la sentencia atacada, pues Globaltronics no fustig\u00f3 los planteamientos de los que se sirvi\u00f3 el tribunal para negar vigor demostrativo al \u00abdictamen pericial\u00bb recaudado; de hecho, no hizo menci\u00f3n alguna a las exigencias m\u00ednimas de toda experticia que prev\u00e9 el canon 226 del C\u00f3digo General del Proceso, que esa corporaci\u00f3n estim\u00f3 incumplidas. <\/p>\n

El absoluto desenfoque del cargo tambi\u00e9n impide evidenciar que el tribunal incurri\u00f3 en un desacierto de la magnitud que exige este tipo de cr\u00edtica, debi\u00e9ndose agregar que, aun de suponer tan notoria incorrecci\u00f3n, tampoco se cuid\u00f3 Globaltronics de evidenciar, en la sustentaci\u00f3n de su acusaci\u00f3n, cu\u00e1les eran las conclusiones que debieron extraerse de las probanzas militantes en el expediente. <\/p>\n

Adem\u00e1s, se dej\u00f3 de lado que la invalidez de la experticia fue apenas una raz\u00f3n adicional para revocar las condenas impuestas por el a quo, pues la sentencia de segundo grado descansa sobre tres cimientos esenciales distintos, que no fueron atacados: (i) las conclusiones a las que arribaron los \u00e1rbitros no pueden extenderse autom\u00e1ticamente a otros juicios; (ii) Globaltronics renunci\u00f3 a la cesant\u00eda comercial a la que ten\u00eda derecho; y (iii) la fuente obligacional que se anunci\u00f3 en la demanda frente a las comisiones reclamadas (el \u00abnumeral 1, del \u201cAnexo A\u201d\u00bb) no corresponde a ninguna de las convenciones materia de discusi\u00f3n ante la justicia ordinaria. <\/p>\n

Por consiguiente, aun si se diera la raz\u00f3n a la casacionista, la indemnidad de los pilares de la decisi\u00f3n que no fueron confrontados impedir\u00eda a la Corte modificar lo decidido por el tribunal, raz\u00f3n que se suma a las expuestas para inadmitir el cuarto cargo. Y si se prescindiera de todas estas reflexiones, en todo caso habr\u00eda de decirse que el n\u00facleo de la inconformidad de Globaltronics carece de asidero, porque: <\/p>\n

(i)\tEl silencio de Comcel durante el t\u00e9rmino de traslado de la prueba t\u00e9cnica no imped\u00eda a los jueces de conocimiento verificar la correcci\u00f3n de las conclusiones de los peritos, o el cumplimiento de las pautas formales que se\u00f1ala la codificaci\u00f3n procesal para la v\u00e1lida producci\u00f3n de ese medio demostrativo. <\/p>\n

No se olvide que, <\/p>\n

\u00abdada la estructura de la contradicci\u00f3n que la ley ha previsto para el dictamen pericial, est\u00e1 obligado el juez a sopesarlo en todos aquellos casos que su producci\u00f3n haya seguido la regulaci\u00f3n legal; pero sin que ello signifique, desde luego, que la actividad de juzgamiento quede sometida a la obligaci\u00f3n de aplicarlo, porque el auxilio que presta el concurso de los peritos no obliga inexorablemente a la funci\u00f3n jurisdiccional. La apreciaci\u00f3n del dictamen depende, siempre, de la libre cr\u00edtica que haga el juzgador (…). Es la propia ley la que a esa funci\u00f3n le se\u00f1ala confines, imponiendo el razonamiento del an\u00e1lisis respectivo, as\u00ed como el deber de considerar la firmeza, la precisi\u00f3n y la calidad de los fundamentos del dictamen y los dem\u00e1s elementos probatorios que obren en el proceso, luego (…) la actitud del juez, frente a la prueba, jam\u00e1s podr\u00e1 ser pasiva sino, muy al contrario, din\u00e1mica, activa, acuciosa\u00bb (CSJ SC, 6 ago. 2002, rad. 6148). <\/p>\n

(ii)\tSi bien la competencia del superior en materia de apelaci\u00f3n suele estar restringida a \u00ablos argumentos expuestos por el apelante\u00bb al sustentar su alzadalconforme a la regla tantum devolutum quantum apellatum), ya qued\u00f3 establecido que, cuando ambos extremos del litigio interponen el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, esa regla limitativa no resulta aplicable. En ese orden, como el fallo del a quo fue \u00edntegramente impugnado por ambos extremos del litigio (en lo que les era desfavorable esa providencia), emerge innegable que el tribunal estaba habilitado para indagar, de manera panor\u00e1mica, todos los aspectos que necesarios para solucionar el conflicto en derecho, aun cuando no hubieran sido mencionados en las respectivas impugnaciones. <\/p>\n

3.3.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

El cargo no es admisible, porque am\u00e9n de haber obviado las exigencias t\u00e9cnicas propias de la causal segunda de casaci\u00f3n, la impugnante dej\u00f3 de lado que el fallo de primera instancia fue apelado por ambas partes, lo que permit\u00eda al tribunal resolver la apelaci\u00f3n \u00absin limitaciones\u00bb. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n general. <\/p>\n

Comoquiera que los ataques planteados en la demanda de casaci\u00f3n carecen de fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda en referencia, con apoyo en el numeral 1 del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Globaltronics de Colombia S.A.S. frente a la sentencia de 20 de junio de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 la impugnante contra Comunicaci\u00f3n Celular S.A. <\/p>\n

SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\n1\u0002 \tConforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \t\u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de \tderecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera \tdisposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base \tesencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del \trecurrente haya sido violada, sin que sea necesario \tintegrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb.
\n2\u0002 \tCfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros.
\n3\u0002 \tCfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras.
\n4\u0002 \tCfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC2135-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-044-2015-00415-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de julio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., septiembre (7) de septiembre de dos mil veinte (2020). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Globaltronics de Colombia S.A.S. (en adelante, Globaltronics) frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103307"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103307\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}