{"id":103314,"date":"2026-07-02T20:45:31","date_gmt":"2026-07-02T20:45:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103314"},"modified":"2026-07-02T20:45:31","modified_gmt":"2026-07-02T20:45:31","slug":"ac2213-2020-2017-00369-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2213-2020-2017-00369-01\/","title":{"rendered":"AC2213-2020 (2017-00369-01)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

AC2213-2020
\nRadicaci\u00f3n n. \u00ba 17001-31-10-006-2017-00369-01
\n(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n de doce de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Martha Gallego Mu\u00f1oz pidi\u00f3 declarar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho y la respectiva sociedad patrimonial conformada entre ella y Jaime Toro Fl\u00f3rez, desde mayo de 1985 hasta el 22 de agosto de 2017. En consecuencia, solicit\u00f3 disolver el v\u00ednculo econ\u00f3mico y disponer su posterior liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

2. En sustento de sus s\u00faplicas, la accionante se\u00f1al\u00f3 lo siguiente1: <\/p>\n

2.1. Por el tiempo mencionado, la pareja hizo vida marital en el mismo techo, procrearon dos hijos (Natalia del Pilar y Esteban Felipe Toro Gallego), trabajaron en forma com\u00fan y crearon una \u201ccomunidad de bienes que han figurado en cabeza de ambos por iguales partes, o de uno y otro indistintamente, incluso colocando bienes sociales a nombre de sus hijos, quienes otorgaron poder general al demandado para la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los mismos\u2026\u201d. <\/p>\n

2.4. La uni\u00f3n se prolong\u00f3 hasta el 22 de agosto de 2017, cuando se tuvo la certeza de que el demandado abandon\u00f3 el hogar, al parecer, por \u201crelaciones sexuales, no permitidas, perdonadas, ni facilitadas con la se\u00f1ora Sandra Orozco Zuluaga, desde hace varios meses y en forma continuada\u201d. <\/p>\n

3. Agotado el tr\u00e1mite respectivo, la primera instancia culmin\u00f3 con el fallo estimatorio, proferido por el a-quo el 14 de diciembre de 2018, donde se resolvi\u00f3: (i) Desestimar las excepciones de m\u00e9rito propuestas; (ii) declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la respectiva sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, desde el 1\u00ba de noviembre de 1985 hasta el 17 de agosto de 2017; (iii) declarar la \u00faltima disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n; (iv) inscribir la sentencia en los registros civiles de nacimiento y en el libro de varios y (v) condenar en costas al demandado2. <\/p>\n

4. Al desatar la apelaci\u00f3n del demandante, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2018 el Tribunal confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto en primer grado3. <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Para llegar a la ratificaci\u00f3n de la providencia impugnada, el ad-quem se vali\u00f3 de los argumentos que a rengl\u00f3n seguido se compendian: <\/p>\n

a.-) La inconformidad en la apelaci\u00f3n se centra en establecer la fecha de terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho alegada. En ese contexto, los motivos de reparo radican en (i) la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas; (ii) la procedencia de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, en tanto que la separaci\u00f3n de la pareja se produjo en el verano de 2016; (iii) la existencia de pluralidad de relaciones; y (iv) la reiteraci\u00f3n de las excepciones formuladas en la contestaci\u00f3n de la demanda, entre ellas, la inexistencia de los presupuestos de la uni\u00f3n marital de hecho, porque Jaime Toro a\u00fan no hab\u00eda liquidado la sociedad conyugal vigente con su anterior esposa, Lucy Marina Angelina Funes Hartman Romero Bosque. <\/p>\n

b.-) En cuanto al primer punto de reproche, los testimonios -resumidos- de Jonathan Mu\u00f1oz Mej\u00eda, Esteban Felipe Gallego Mu\u00f1oz, Natalia del Pilar Toro Gallego, Gloria Gallego de Parra, Gloria Patricia Para Gallego, Yulieth Franco Espa\u00f1a y Sandra In\u00e9s Guti\u00e9rrez Giraldo, en conjunto y con concordancia y coherencia, demuestran que Jaime Toro Fl\u00f3rez y Martha Gallego Mu\u00f1oz constituyeron pareja hasta el 2017, cuando se dio la separaci\u00f3n definitiva. Dicho suceso, que marc\u00f3 la ruptura, ocurri\u00f3 seg\u00fan Jonathan Mu\u00f1oz Mej\u00eda, Esteban Felipe Toro Gallego, Natalia del Pilar Toro Gallego y Yulieth Franco Espa\u00f1a, despu\u00e9s de un almuerzo que tuvieron en el mes de agosto en el Club Manizales; mientras que Sandra In\u00e9s Guti\u00e9rrez Giraldo solo asever\u00f3 que desde hace un a\u00f1o no ve al demandado, sin precisar m\u00e1s detalles; y Gloria Gallego de Parra y Gloria Patricia Parra Gallego, enunciaron \u00fanicamente que se dio en el 2017, porque les comentaron. Lo afirmado por los testigos fue congruente en cuanto a que \u201cla residencia del se\u00f1or Jaime Toro Fl\u00f3rez fue el barrio La Francia y all\u00ed vivi\u00f3 con la se\u00f1ora Martha Gallego Mu\u00f1oz y con sus dos hijos como una familia\u201d; agregando, inclusive, que Toro Fl\u00f3rez perteneci\u00f3 a la Junta de Acci\u00f3n Comunal del barrio La Francia, como se acredit\u00f3 con la copia del libro de afiliados. En lo atinente a si algunos testigos conoc\u00edan a Sandra Helena Orozco Zuluaga, \u201cse constat\u00f3 que el hijo de la pareja y la se\u00f1ora Gloria Patricia Parra Gallego refirieron que no, sin embargo, la se\u00f1ora Natalia Toro Gallego precis\u00f3 que f\u00edsicamente no la conoce, pero sabe de su existencia por unas fotos que le llegaron al correo y porque ten\u00eda anotado su nombre en un cuaderno de trabajo de 2008 donde aparece como inquilina. No obstante, los dem\u00e1s testigos recalcaron que la \u00fanica pareja del se\u00f1or Toro Fl\u00f3rez fue la se\u00f1ora Gallego Mu\u00f1oz y que no les conocieron otras relaciones paralelas\u201d. <\/p>\n

La tacha formulada respecto de las declaraciones de los hijos en com\u00fan, \u201cpor la aversi\u00f3n que sienten por su padre\u201d, y la presentada frente a Gloria Gallego de Parra y Gloria Patricia Parra Gallego \u201cpor su parentesco con la demandante\u201d, no lleva a concluir que sus relatos tienen \u00e1nimo de faltar a la verdad, menos cuando \u201csus dichos son semejantes y encuentran correspondencia en la prueba documental aportada por ambas partes\u201d, en especial el registro fotogr\u00e1fico en el cual se percibe que \u201cJaime Toro Fl\u00f3rez y Martha Gallego Mu\u00f1oz ten\u00edan una familia, por cuanto compart\u00edan paseos, fiestas, cumplea\u00f1os, momentos familiares, viajes, estancias en una finca, eventos sociales, fiestas de disfraces, d\u00eda del padre, cenas en familia y asados, lo cual hac\u00edan en compa\u00f1\u00eda de sus hijos, a quienes se les puede reconocer durante el tiempo transcurrido entre su ni\u00f1ez y adultez\u201d. <\/p>\n

En id\u00e9ntico sentido, la afirmaci\u00f3n de que Martha Gallego Mu\u00f1oz viaj\u00f3 a M\u00e9xico en el a\u00f1o 2017, y que despu\u00e9s de su regreso se realiz\u00f3 un almuerzo en el Club Manizales donde se dio por terminada la relaci\u00f3n de pareja, \u201cencuentra sustento en el certificado de movimientos migratorios arrimado por el se\u00f1or Toro Fl\u00f3rez, donde se constata que aqu\u00e9lla sali\u00f3 del pa\u00eds con destino a la Ciudad de M\u00e9xico el 04\/05\/2017 e ingres\u00f3 al pa\u00eds procedente de M\u00e9xico el 12\/06\/20174, y en la respuesta del Club Manizales donde asevera que de los datos extra\u00eddos del sistema se evidencia que el 17 de agosto de 2017 ingresaron los se\u00f1ores Natalia Toro Gallego, Martha Gallego Mu\u00f1oz y Jonathan Mu\u00f1oz Mej\u00eda como socios, y Esteban Toro y Jaime Toro como invitados de los socios\u201d. <\/p>\n

De otra parte, en lo atinente a la falta de valoraci\u00f3n de los testimonios de la parte demandada, resulta que de las versiones de Richard Carvajal L\u00f3pez, Mar\u00eda Nelly Ram\u00edrez de Orozco, Jorge Alirio Toro Carvajal, Jessica Juliana Orozco Zuluaga y Edwin Javier Giraldo C\u00e1rdenas, se aprecia que se enfocaron en hacer evidente la relaci\u00f3n de pareja que Jaime Toro Fl\u00f3rez manten\u00eda con Sandra Helena Orozco Zuluaga, con la finalidad de \u201crestarle importancia a la sostenida con la se\u00f1ora Martha Gallego Mu\u00f1oz\u201d; en este sentido, \u201cninguno de los deponentes logr\u00f3 rotular de manera clara cu\u00e1l era el tipo de relaci\u00f3n sostenida entre los mencionados, la regularidad de sus visitas o la frecuencia en que el se\u00f1or Jaime permanec\u00eda en la casa de Sandra; es m\u00e1s, ninguno pudo asegurar si entre ellos exist\u00eda en realidad una convivencia permanente, m\u00e1s bien sus dichos dan fe de unos tratos condicionados\u201d. <\/p>\n

En lo referente a los testimonios decretados de oficio, fueron precisamente las afirmaciones de Jennifer Stella Toro Ca\u00f1\u00f3n y de Sandra Helena Orozco Zuluaga, \u201clas que permiten determinar sin hesitaci\u00f3n alguna el hito final de la uni\u00f3n marital de hecho pues la primera fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que la se\u00f1ora Martha fue la esposa de su padre hasta el a\u00f1o pasado; y, la segunda, acot\u00f3 expl\u00edcitamente que el se\u00f1or Jaime tom\u00f3 la determinaci\u00f3n de no volver a la casa de La Francia desde el 2017, espec\u00edficamente cuando en agosto Natalia, Esteban y Martha lo citaron en el Club y le pidieron que desocupara porque ya ten\u00eda otra familia\u201d. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n de ese primer reproche, se entrev\u00e9 que teniendo tres grupos de testimonios se debe dar prelaci\u00f3n a los del demandante y los decretados de oficio, porque ofrecen datos concretos y son los m\u00e1s cre\u00edbles. <\/p>\n

c.-) Frente a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, sostenida en que la separaci\u00f3n de la pareja se produjo en el a\u00f1o 2016, cuando la demandante regres\u00f3 de M\u00e9xico, se advierte que ese argumento no es de recibo, porque el accionado pretende con el mismo hacer incurrir en error al Tribunal, ya que al verificar en el registro del sistema migratorio se infiere que la se\u00f1ora Gallego Mu\u00f1oz sali\u00f3 a ese pa\u00eds el 4 de mayo de 2017 y regres\u00f3 el 12 de junio siguiente. <\/p>\n

d.-) Tampoco aparece fundada la defensa alusiva a la pluralidad de relaciones del demandante, por cuanto a partir de la valoraci\u00f3n de los testimonios mencionados, es posible afirmar que la sostenida entre Jaime Toro Fl\u00f3rez y Sandra Helena Orozco Zuluaga no fue la de compa\u00f1eros permanentes, sin que llegare a ser relevante que la accionante Gallego Mu\u00f1oz conociera de ella. Adem\u00e1s, de los testimonios de Sandra Helena Orozco Zuluaga y de su hija Jessica Juliana Orozco Zuluaga se vislumbra que si bien esa nueva relaci\u00f3n inici\u00f3 en 1998, los encuentros resultaron ser espor\u00e1dicos, con un mayor acercamiento desde 2009 por la enfermedad de Sandra Helena, pero sin desconocer que Jaime Toro Fl\u00f3rez \u201cviv\u00eda en la Francia con la se\u00f1ora Martha\u201d, a quien dispensaba un trato diferente, al punto que ten\u00eda a su disposici\u00f3n una empleada, le provey\u00f3 de un veh\u00edculo e incluso le traspas\u00f3 varias de sus propiedades, de lo que es muestra la prueba documental (escrituras p\u00fablicas, certificado de la contadora p\u00fablica y formulario de afiliaci\u00f3n a la seguridad social en salud). <\/p>\n

e.-) La existencia de un contrato de transacci\u00f3n suscrito entre Jaime Toro Fl\u00f3rez y Martha Gallego Mu\u00f1oz no supuso la ruptura definitiva de la relaci\u00f3n entre ellos desde 1985, porque si bien el documento se aport\u00f3 por la parte demandante, su finalidad \u00fanicamente fue probar el principio de la convivencia, am\u00e9n de que no se trata de un negocio jur\u00eddico perfeccionado, \u201cdebido a que falta la r\u00fabrica por parte de uno de los contratantes\u201d, que lo hace inexistente. <\/p>\n

f.-) En lo relativo a la falta de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal previa del demandado, la Corte ha aclarado que esta no es necesaria para el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, siendo suficiente la disoluci\u00f3n, que es cuando quedan delimitados los aportes que hacen los c\u00f3nyuges y se establecen los par\u00e1metros a partir de los cuales debe realizarse la liquidaci\u00f3n subsiguiente. De ah\u00ed que si bien con el material probatorio se constata que Jaime Toro contrajo matrimonio con Lucy Marina Angelina Funes Hartman Romero Bosque el 22 de diciembre de 1972 en la Rep\u00fablica del Salvador, acto protocolizado en Colombia a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00ba 1215 de 11 de mayo de 2018, se resalta que dicha uni\u00f3n termin\u00f3 por sentencia de divorcio de un juzgado de ese pa\u00eds dictada el 14 de agosto de 1982, anot\u00e1ndose que si bien el escrito elaborado por un abogado de ese pa\u00eds no re\u00fane las exigencias para ser adoptado como dictamen pericial, s\u00ed brota de este que \u201cpara la legislaci\u00f3n salvadore\u00f1a la sociedad conyugal qued\u00f3 disuelta pero no liquidada\u201d, estado que no es \u00f3bice para que \u201csurja a la vida jur\u00eddica la uni\u00f3n marital de hecho entre los se\u00f1ores Toro Fl\u00f3rez y Gallego Mu\u00f1oz, tal y como lo ha sostenido la Sala de Casaci\u00f3n Civil, tesis que posteriormente fue acogida por la Corte Constitucional mediante sentencia C-700 de 16 de octubre de 2013\u201d; por lo tanto, \u201cel amparo de esta argumentaci\u00f3n no supone una aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley\u201d, y por el contrario, \u201csupone la concreci\u00f3n de un criterio jur\u00eddico sostenido por a\u00f1os por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre de la justicia ordinaria\u201d. <\/p>\n

Para los efectos del art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso, ha de indicarse que es indicio adicional en contra del demandado, el consistente en haber protocolizado en Colombia el matrimonio celebrado en el extranjero en 1972, pese a que ten\u00eda conocimiento que ya se hab\u00eda efectuado el divorcio judicial, evidenci\u00e1ndose as\u00ed que \u201cel accionado buscaba defraudar a la actora, con la finalidad de que no nazca a la vida jur\u00eddica la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d. <\/p>\n

g.-) Por lo que se refiere a la alegada imposibilidad de conformar la uni\u00f3n por no haberse realizado el inventario solemne de los bienes que administraba y pertenec\u00edan a sus hijos menores, necesario es resaltar, en concordancia con lo sostenido por la Corte sobre la materia, que la desatenci\u00f3n de dicha carga no se erige como obst\u00e1culo para el nacimiento de la uni\u00f3n marital de hecho, sino que genera como consecuencia para el padre omiso \u201cla p\u00e9rdida del usufructo legal de los bienes de los hijos y una responsabilidad indemnizatoria por los perjuicios que se deriven de tal comportamiento\u201d. <\/p>\n

h.-) No son exitosos los reproches sobre la manifestada incongruencia entre hechos y pretensiones, consistentes en no demostrarse c\u00f3mo se form\u00f3 el patrimonio com\u00fan, porque desde una perspectiva de g\u00e9nero es incontrastable que las labores desarrolladas por Martha Gallego Mu\u00f1oz contribuyeron a ese prop\u00f3sito, porque pese a lo aseverado por el convocado y sus testigos en el sentido de que todos los negocios los hac\u00eda de manera independiente, no fue menos cierto que era Martha Gallego Mu\u00f1oz la encargada de las labores del hogar, aunada \u201cla cooperaci\u00f3n en las actividades de reparaci\u00f3n y construcci\u00f3n de edificaciones\u201d. <\/p>\n

i.-) Por \u00faltimo, en lo tocante a que se declare la nulidad de lo actuado por falta de integraci\u00f3n del contradictorio con Sandra Elena Orozco Zuluaga, esa petici\u00f3n se descart\u00f3 desde la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, con ratificaci\u00f3n de la Sala en sede se s\u00faplica, habida cuenta de la extemporaneidad de la petici\u00f3n integradora. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Contiene cuatro cargos, soportados en las causales 1\u00aa y 2\u00aa del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo de General del Proceso.
\nPRIMER CARGO <\/p>\n

1. Se acusa el fallo del Tribunal de ser violatorio, indirectamente, de los art\u00edculos 1\u00ba y 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, y el 1\u00ba del Decreto 1260 de 1970, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascedente en la apreciaci\u00f3n de varias pruebas. <\/p>\n

En el desenvolvimiento del embate, se expone: <\/p>\n

1. El yerro f\u00e1ctico evidente consisti\u00f3 en no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que entre Jaime Toro Fl\u00f3rez y Martha Gallego Mu\u00f1oz no existi\u00f3 una comunidad de vida permanente y singular, y que aqu\u00e9l sostiene, desde 1998, una relaci\u00f3n sentimental con Sandra Helena Orozco Zuluaga. De no haberse omitido la valoraci\u00f3n de las probanzas, que a continuaci\u00f3n se relacionar\u00e1n, se habr\u00eda reconocido que Jaime tuvo una relaci\u00f3n paralela con Sandra, y que si bien frecuent\u00f3 la casa de Martha, lo hizo mientras los hijos en com\u00fan fueron menores de edad, produci\u00e9ndose la separaci\u00f3n f\u00edsica definitiva en el a\u00f1o 2014. <\/p>\n

2. El desatino probatorio, en concreto, proviene de la falta de apreciaci\u00f3n de las declaraciones de Edwin Javier Giraldo C\u00e1rdenas, Richard Carvajal L\u00f3pez, Jessica Juliana Orozco Zuluaga, Sandra Helena Orozco Zuluaga, Jennifer Stella Toro Ca\u00f1\u00f3n, Jonathan Mu\u00f1oz Mej\u00eda, Esteban Felipe Toro Gallego, Natalia del Pilar Toro Gallego, Julieth Franco Espa\u00f1a, Sandra In\u00e9s Guti\u00e9rrez Giraldo, Gloria Gallego de Parra y Gloria Patricia Parra Gallego, con las que se acredit\u00f3 la mencionada relaci\u00f3n entre el demandando y Sandra Helena Orozco Zuluaga, afianzada en el 2009, con ocasi\u00f3n de la enfermedad de ella. <\/p>\n

3. Dejaron de valorarse, asimismo, (i) fotograf\u00edas de actividades compartidas por la precitada pareja durante varios a\u00f1os; (ii) el contrato de arrendamiento que, como inquilinos, firmaron ellos en el 2005; (iii) escritos provenientes de la Cl\u00ednica la Presentaci\u00f3n de Manizales, fechados el 1\u00ba de marzo de 2016 y el 23 de agosto de 2017, que dan cuenta que Jaime Toro Fl\u00f3rez report\u00f3 el mismo domicilio con Sandra Helena Orozco Zuluaga y fue anotado como su acompa\u00f1ante; (iv) papeles emanados del Centro Oncol\u00f3gico Medican, con data 28 de julio de 2009, que acreditan que Jaime Toro Fl\u00f3rez apareci\u00f3 como acompa\u00f1ante de Sandra Helena Orozco Zuluaga, en calidad de esposo; (v) documentos de Onc\u00f3logos de Occidente S.A. del 4 de abril de 2017 hasta el 30 de octubre de ese mismo a\u00f1o, relacionados con los tratamientos que recibi\u00f3 Sandra Helena, y la residencia que ella indic\u00f3, siendo la misma de Jaime Toro; (vi) el dictamen pericial de un abogado salvadore\u00f1o, explicativo de que seg\u00fan la ley de ese pa\u00eds, luego del divorcio es necesario efectuar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; (vii) los certificados de Emigraci\u00f3n Colombia, que evidencian que Jaime Toro y Martha Gallego no viajaban juntos al exterior, y que por lo mismo descartan que cuando aqu\u00e9l convaleci\u00f3 en Miami, entre el 3 de julio de 2014 y el 19 de enero de 2015, fuera cuidado por Martha; (viii) el contrato de transacci\u00f3n entre Jaime y Martha, elaborado en el 2002 para terminar la relaci\u00f3n entre ellos, y la escritura p\u00fablica 503 del 19 de abril de 2001, contentiva de una permuta, que es desarrollo del mencionado acuerdo; (ix) documento de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, del 20 de octubre de 1998, demostrativo de que el domicilio de Jaime Toro Fl\u00f3rez era diferente al de Martha Gallego; y (x) por \u00faltimo, documentos de Optisanitas, de la Cl\u00ednica Oftalmol\u00f3gica del Caf\u00e9 y del m\u00e9dico Dar\u00edo Arturo de la Portilla Maya, del 2 de febrero de 2016, del 12 del mismo mes y a\u00f1o y del 29 de agosto de 2017, respectivamente, que tambi\u00e9n prueban la relaci\u00f3n de pareja, el domicilio com\u00fan y el acompa\u00f1amiento de Jaime a las citas m\u00e9dicas de Sandra Helena. <\/p>\n

Adem\u00e1s, deber\u00e1 tenerse en cuenta que al se\u00f1alar las normas violadas por la sentencia impugnada, el censor mencion\u00f3 solamente los art\u00edculo 1\u00ba y 80 de la ley 54 de 1990, las cuales en doctrina de esta Corporaci\u00f3n se ha dicho permanentemente que no tienen el car\u00e1cter de sustanciales y en consecuencia, siendo \u00e9stas las \u00fanica citadas, no existen normas de tal entidad que se aleguen cono vulneradas. <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Se ataca la sentencia del Tribunal por violar directamente el art\u00edculo 163 del C\u00f3digo Civil, y los art\u00edculos 5, 6, 22 y 106 del Decreto 1260 de 1970, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n

Para sustentar su censura, el casacionista expuso, sin mayor claridad y detalle, que \u201cla Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales al decidir un asunto relacionado con el estado civil de las personas en su ratio decidendi no tuvo en cuenta las normas sustantivas que regulan el estado civil de las personas, por lo cual tom\u00f3 una decisi\u00f3n que vulnera los derechos sustantivos que dichas normas protegen\u201d. <\/p>\n

TERCER CARGO <\/p>\n

Se se\u00f1ala que el fallo de segunda instancia viola directamente, por aplicaci\u00f3n indebida, el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, \u201ccon la inexequibilidad decretada en la sentencia C-700 de 2013\u201d; y el art\u00edculo 45 de la Ley 270 de 1996, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n

El recurrente afirma en apoyo, que el Tribunal debi\u00f3 aplicar el texto original del literal b) del art\u00edculo 2 de la ley 54 de 1990, que exig\u00eda para declarar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, que la sociedad conyugal anterior hubiera sido \u201cdisuelta y liquidada\u201d. Pero, a cambio, lo que hizo fue aplicar el texto con la modificaci\u00f3n introducida por la sentencia de la Corte Constitucional C-700 de 2013, d\u00e1ndole \u201cretroactividad\u201d a ese pronunciamiento, \u201ca pesar de que las sentencias de inexequibilidad rigen hacia el futuro y no hacia el pasado\u201d. <\/p>\n

CUARTO CARGO <\/p>\n

Se cuestiona el fallo del ad-quem por violar de manera indirecta el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, y el ordinal 12 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n

Como estribo de la acusaci\u00f3n, el impugnante expuso: <\/p>\n

2. Se dej\u00f3 de sopesar, igualmente, el dictamen pericial elaborado por un abogado y notario de la referida naci\u00f3n, que prueba c\u00f3mo \u201cdespu\u00e9s del divorcio decretado en la Rep\u00fablica de El Salvador frente al matrimonio que en ese pa\u00eds celebraron los se\u00f1ores Jaime Toro Fl\u00f3rez y Lucy Marina Angelina Funes Hartman Romero Bosque (\u2026) es necesario realizar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal entre dichos se\u00f1ores, con lo que se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de separaci\u00f3n de bienes establecida en el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n

3. El aludido lazo celebrado en el extranjero y registrado en Colombia, constitu\u00eda impedimento para que Jaime Toro Fl\u00f3rez contrajera ac\u00e1 matrimonio, y tambi\u00e9n para que se decretara la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes deprecada en la demanda inicial, para \u201cevitar la concurrencia simult\u00e1nea de dos sociedades a t\u00edtulo universal\u201d. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n

De ah\u00ed que en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos, entendi\u00e9ndose por esto \u00faltimo, que las razones expuestas por el censor combatan cabal e \u00edntegramente los genuinos soportes de las determinaciones adoptadas por el sentenciador de segunda instancia, pues, como ha dicho la Corte, en doctrina que mantiene vigencia, \u201csi el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario\u201d5. <\/p>\n

Por lo tanto, propio es entender que las acusaciones sustentadas en la causal primera de casaci\u00f3n, esto es, violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, deben no solo enunciar los preceptos de ese linaje vulnerados con el fallo impugnado, sino que, adem\u00e1s, es preciso que el recurrente ponga de presente, con absoluta claridad y precisi\u00f3n, la manera como el sentenciador los transgredi\u00f3. <\/p>\n

De otra parte, si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta (causal segunda) por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, si la equivocaci\u00f3n fue de hecho o de derecho, y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada. Si el reproche elevado se hizo consistir en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial como consecuencia de la comisi\u00f3n de errores de hecho, se impone al censor, como m\u00ednimo, especificar de tal manera la pifia, que resulte posible para la Corte establecer en qu\u00e9 consisti\u00f3 la falla del sentenciador de instancia, esto es, si pretiri\u00f3 o tergivers\u00f3 los elementos de juicio existentes en el proceso, o si supuso uno inexistente. <\/p>\n

Pero no basta el se\u00f1alamiento del error de esa forma. Es imperioso, adem\u00e1s, su comprobaci\u00f3n, seg\u00fan el mandato expreso de la parte final del literal a) del numeral 2\u00ba del precitado precepto. Con ese prop\u00f3sito, corresponde al recurrente identificar los medios de convicci\u00f3n incorrectamente ponderados; singularizar los pasajes de ellos en los que recay\u00f3 el yerro; y contrastar su contenido objetivo con lo que el Tribunal coligi\u00f3, o debi\u00f3 deducir, de los mismos. <\/p>\n

En este punto, bueno es memorar que para atender el deber de demostraci\u00f3n de los errores de hecho que se atribuyan a las pruebas del proceso, la Corte ha indicado que <\/p>\n

\u201cEs insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u2018El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u2018si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u2019 (se subraya; auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088), (\u2026). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u201d. Se subraya6. <\/p>\n

2. Pues bien, a la vista de lo expuesto se encuentra que la demanda con la que se sustenta el recurso de casaci\u00f3n incurre en la causal de inadmisi\u00f3n prevista en el numeral primero del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso: \u201cCuando no re\u00fana los requisitos formales\u201d, como pasa a explicarse. <\/p>\n

2.1. En relaci\u00f3n con el primer cargo <\/p>\n

La Corte echa de menos la acreditaci\u00f3n efectiva de los errores de hecho que se le achacan al fallo cuestionado, ya que el inconforme se limit\u00f3, cu\u00e1l si este escenario fuera una tercera instancia, a realizar una relaci\u00f3n de las prueba testimonial, documental y pericial recaudada, para a partir de ella, proponer una valoraci\u00f3n e inferencia diferente a la que se lleg\u00f3 con la determinaci\u00f3n reprobada. <\/p>\n

Es decir, que a cambio de poner de presente lo que objetivamente se desprende de esas pruebas, mostrar lo que por su lado el Tribunal extrajo equivocadamente de ellas o dej\u00f3 de establecer, y hacer un cotejo entre una y otra percepci\u00f3n; el opugnante opt\u00f3, contrariando la forma y t\u00e9cnica de este recurso, por ofrecer su opini\u00f3n sobre lo que debi\u00f3 deducirse de dicha prueba documental, testimonial y pericial. <\/p>\n

En efecto, est\u00e1 visto que el impugnante lo que pretende con su libelo no es denunciar con la debida t\u00e9cnica casacional unos espec\u00edficos errores de hecho, sino imponer su propia evaluaci\u00f3n de todo el acervo probatorio que sirvi\u00f3 al Tribunal para establecer que la uni\u00f3n marital de hecho entre Martha Gallego Mu\u00f1oz y Jaime Toro Fl\u00f3rez se mantuvo, con las exigencias legales y jurisprudenciales, desde el 1\u00ba de noviembre de 1985 hasta el 17 de agosto de 2017, y que el otro v\u00ednculo relacionado para descartar la singularidad de aquella y de paso acortar su duraci\u00f3n, valga anotar, la de Jaime Toro Fl\u00f3rez con Sandra Orozco Zuluaga, \u201cfue de una entidad mucho menor\u201d. <\/p>\n

Ahora bien, ciertamente que el casacionista procura rebatir la determinaci\u00f3n del juzgador de segunda instancia, conforme con la cual no se desvirtu\u00f3 la singularidad de la relaci\u00f3n materia de las pretensiones y tampoco que la misma hubiese finalizado hasta el a\u00f1o 2017. <\/p>\n

Pero lo que resulta incontestable es que, por lo menos formalmente, el censor se abstuvo de demostrar por qu\u00e9 esa afirmaci\u00f3n no se correspond\u00eda con la verdad probatoria que refleja el proceso. <\/p>\n

\u00bfY c\u00f3mo deb\u00eda hacerlo? Pues con la singularizaci\u00f3n de las pruebas estimadas como indebidamente apreciadas, seguida del obligatorio contraste con lo que el sentenciador extrajo de ellas, para establecer as\u00ed el real efecto que brota de la omisi\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de los respectivos medios de acreditaci\u00f3n. <\/p>\n

Es m\u00e1s, que en aras de edificar una correcta y comprensible formulaci\u00f3n del embate resulta insoslayable la mencionada confrontaci\u00f3n, es asunto que f\u00e1cilmente se comprueba al observar, por ejemplo, que mientras el primer cargo se duele de la falta de valoraci\u00f3n de las declaraciones de Edwin Javier Giraldo C\u00e1rdenas, Richard Carvajal L\u00f3pez, Jessica Juliana Orozco Zuluaga, Sandra Helena Orozco Zuluaga, Jennifer Stella Toro Ca\u00f1\u00f3n, Jonathan Mu\u00f1oz Mej\u00eda, Esteban Felipe Toro Gallego, Natalia del Pilar Toro Gallego, Julieth Franco Espa\u00f1a, Sandra In\u00e9s Guti\u00e9rrez Giraldo, Gloria Gallego de Parra y Gloria Patricia Gallego; la simple lectura panor\u00e1mica de la sentencia muestra que esas versiones s\u00ed se sopesaron por el Tribunal, individualmente y en conjunto como mandan las reglas probatorias. De hecho, fue con esas narraciones que en el fallo de apelaci\u00f3n se estableci\u00f3 que <\/p>\n

\u201c\u2026 de un an\u00e1lisis conjunto de los testimonios, se aprecia que estos se enfocaron en hacer evidente la relaci\u00f3n de pareja que el se\u00f1or Jaime Toro Fl\u00f3rez manten\u00eda con la se\u00f1ora Sandra Helena Orozco Zuluaga, con la finalidad de restarle importancia a la sostenida con la se\u00f1ora Martha Gallego Mu\u00f1oz, por ello nada ofrecen respecto a la separaci\u00f3n definitiva de estos, salvo la manifestaci\u00f3n de la hija de la se\u00f1ora Orozco que la ubic\u00f3 en el 2017 cuando el se\u00f1or Toro padeci\u00f3 de una infecci\u00f3n urinaria ya estaba en su casa de manera permanente, lo que permite inferir que antes de esa data no era as\u00ed. Allende, ninguno de los deponentes logr\u00f3 rotular de manera clara cu\u00e1l era el tipo de relaci\u00f3n sostenida entre los mencionados, la regularidad de sus visitas o la frecuencia en que el se\u00f1or Jaime permanec\u00eda en la casa de Sandra; es m\u00e1s, ninguno pudo asegurar si entre ellos exist\u00eda en realidad una convivencia permanente, m\u00e1s bien sus dichos dan fe de un trato condicionado\u201d. <\/p>\n

Si las cosas son de ese modo, no es posible sostener que el cargo inicial es formalmente apto, y por consiguiente, se impone su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n

2.2. En cuanto al segundo cargo <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, ante todo, que en la formulaci\u00f3n de cualquier embate es presupuesto indispensable, de acuerdo con el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cla exposici\u00f3n de los fundamentos (\u2026) en forma clara, precisa y completa\u201d, por lo cual, la Corte ha tenido la oportunidad de expresar que <\/p>\n

\u201cSin distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben plantearse las acusaciones mediante un relato concatenado y claro, de tal manera que de su desprevenida revisi\u00f3n emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando en virtud del principio dispositivo que gobierna el recurso, no puede la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes en este aspecto (AC2194, 30 ab. 2014, rad. n.\u00b0 2007-00175-01, reiterado en AC2339-2018). <\/p>\n

Siguiendo tal orden l\u00f3gico de las cosas, la denuncia por infracci\u00f3n directa de la ley sustancial debe no solamente quedar en la mera enunciaci\u00f3n de los preceptos que se dicen quebrantados, sino que, a prop\u00f3sito de la exigencia de claridad y precisi\u00f3n, cumple al recurrente adicionar la correspondiente explicaci\u00f3n de c\u00f3mo el fallo reprochado los infringi\u00f3, esto es, que debe emprender una labor dial\u00e9ctica para poner de presente la forma en la que los c\u00e1nones materiales fueron inaplicados, aplicados indebidamente o interpretados equivocadamente. <\/p>\n

Sobre el particular, ya lo dijo la Sala: \u201cno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u201d (CSJ, AC8738, 19 dic. 2016, Rad. n.\u00b0 2006-00119-01). <\/p>\n

En el presente caso, el cargo peca de falta de claridad, porque se limit\u00f3 a citar y transcribir el contenido de los art\u00edculos 163 del C\u00f3digo Civil; 5, 6, 22 y 106 del Decreto 1260 de 1970, y a acompa\u00f1ar una lac\u00f3nica e insuficiente explicaci\u00f3n, consistente en que \u201cen la sentencia confutada, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales al decidir un asunto relacionado con el estado civil de las personas en su ratio decidendi no tuvo en cuenta las normas sustantivas que regulan el estado civil de las personas, por lo cual tom\u00f3 una decisi\u00f3n que vulnera los derechos sustantivos que dichas normas protegen\u2026\u201d; lo que, en definitiva, nada dice sobre la modalidad en la que se present\u00f3 la vulneraci\u00f3n de esas normas, o c\u00f3mo su equivocado entendimiento o aplicaci\u00f3n deriv\u00f3 en una decisi\u00f3n contraria al ordenamiento jur\u00eddico sustancial. <\/p>\n

Por lo dicho, se inadmitir\u00e1 tambi\u00e9n el segundo cargo de la demanda de que aqu\u00ed se trata. <\/p>\n

2.3. Respecto del tercer cargo <\/p>\n

Ya se expuso, anteriormente, que entre los requisitos formales que debe cumplir todo embate en casaci\u00f3n, aparece el de su formulaci\u00f3n \u201ccompleta\u201d, queriendo esto decir, en palabras de la Corte, que \u201ccuando la sentencia atacada se apoya en varios puntales, es necesario y adicionalmente imprescindible, que se combatan todos ellos para poder invalidarla, ya que si el ataque no involucra el grueso de los sustentos que le sirven de basamento, o si a\u00fan haci\u00e9ndolo queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar el fallo, \u00e9ste no puede ser quebrado, pues, sin lugar a dudas, en este caso el cargo no est\u00e1 ce\u00f1ido a la disciplina t\u00e9cnica del recurso en su formulaci\u00f3n\u201d (CSJ AC de 29 de febrero de 2012, Rad. 2009-00538-01). <\/p>\n

En el tercer embate, la parte recurrente cuestiona al Tribunal por haber aplicado \u201cretroactivamente\u201d al caso, la sentencia de la Corte Constitucional C-700 de 2013, que en su parte resolutiva dispuso \u201cDECLARAR INEXEQUIBLE la expresi\u00f3n \u2018y liquidadas\u2019 contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005\u201d. <\/p>\n

Para el impugnante, a partir de lo contemplado en el art\u00edculo 45 de la Ley 270 de 1996, ese pronunciamiento tiene efectos hacia el futuro, por lo que el asunto concreto debi\u00f3 subsumirse en el texto original de la ley, esto es, sin la declaratoria de inexequibilidad, con lo cual, el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes requer\u00eda la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal previa que sostuvieron el demandado Jaime Toro Fl\u00f3rez y Lucy Marina Angelina Funes Hartman Romero Bosque, presupuesto que no se satisfizo. <\/p>\n

En esos t\u00e9rminos, advierte la Corte que el ataque es incompleto porque pas\u00f3 de largo, precisamente, el argumento central que aport\u00f3 el juzgador de segunda instancia para descartar la aplicaci\u00f3n retroactiva de la mencionada sentencia de la Corte Constitucional. En efecto, dijo sobre el particular dicho sentenciador, que <\/p>\n

\u201cDebe acotarse que el escrito elaborado por el abogado y notario salvadore\u00f1o Jos\u00e9 Aresio Nolasco Chavarr\u00eda el 23 de abril de 2018, aportado por el demandado denominado como \u2018peritazgo\u2019, no cumpli\u00f3 con los requisitos consagrados en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, espec\u00edficamente, con los numerales del 4 al 9, de modo que no puede d\u00e1rsele el alcance de un dictamen pericial, a m\u00e1s que fue decretado como una prueba de car\u00e1cter documental; sin embargo, brota que el documento permite corroborar que para la legislaci\u00f3n salvadore\u00f1a la sociedad conyugal qued\u00f3 disuelta perno no liquidada, estado que no es \u00f3bice para que surja a la vida jur\u00eddica la uni\u00f3n marital de hecho entre los se\u00f1ores Toro Fl\u00f3rez y Gallego Mu\u00f1oz, tal y como lo ha sostenido la Sala de Casaci\u00f3n Civil, tesis que posteriormente fue acogida por la Corte Constitucional mediante sentencia C-700 de 16 de octubre de 2013, en la cual se declar\u00f3 inexequible la exigencia de que la sociedad conyugal anterior estuviera liquidada, por considerarse que vulneraba el derecho a la igualdad y la obligaci\u00f3n constitucional de protecci\u00f3n igualitaria a las familias formadas por v\u00ednculo matrimonial y las formadas por v\u00ednculo de hecho, por tanto, el amparo de esta argumentaci\u00f3n no supone una aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley como lo infiere el recurrente, por el contrario, supone la concreci\u00f3n de un criterio jur\u00eddico sostenido por a\u00f1os por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre de la justicia ordinaria\u201d (se resalta). <\/p>\n

Ahora bien, con independencia del defecto formal observado, encuentra la Sala que en las consideraciones del Tribunal tampoco hay una grosera infracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto es cierto que la doble exigencia de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n previa de la sociedad conyugal anterior para estructurar una posterior sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, fue considerada injustificada e insubsistente por la Corte Suprema de Justicia, incluso, desde el 2003, fecha que es muy anterior al referido pronunciamiento de la Corte Constitucional, y que antecede con holgura la data en la que fue radicada la demanda que dio pie al presente proceso: \u201c01 SEP 2017\u201d. <\/p>\n

En efecto, en la sentencia de 10 de septiembre de 2003, expediente 7603, fundadora de una l\u00ednea jurisprudencial que se ha mantenido constante y que vino a ratificarse en definitiva con la providencia de la Corte Constitucional C-700 de 2013, apunt\u00f3 esta Sala que <\/p>\n

\u201cAl pronto surge que la norma, al llegar hasta exigir en tales eventos la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda fue a dar m\u00e1s all\u00e1 de lo que era preciso para lograr la genuina finalidad que se propuso; porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habr\u00eda sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su t\u00e9rmino, para lo cual basta simplemente la disoluci\u00f3n. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

\u201cPor todo lo visto, dentro del esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n no tiene justificaci\u00f3n el exigir la tal liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, raz\u00f3n que conduce a afirmar que por causa del tr\u00e1nsito normativo esa parte de la ley 54 deviene insubsistente. Remem\u00f3rase a este prop\u00f3sito la legendaria regla seg\u00fan la cual la Constituci\u00f3n tiene la virtud \u2018reformatoria y derogatoria de la legislaci\u00f3n preexistente\u2019, de tal suerte que toda disposici\u00f3n legal \u2018anterior a la constituci\u00f3n y que sea claramente contraria a su letra o a su esp\u00edritu, se desechar\u00e1 como insubsistente\u2019 (art. 9\u00b0 de la ley 153 de 1887); regla esa que con mayor \u00e9nfasis ha de predicarse hoy por fuerza de que la Carta actual se define como \u2018norma de normas\u2019 (art. 4\u00b0)\u201d. <\/p>\n

En suma, el cargo analizado en este segmento, adem\u00e1s de no acatar la exigencia formal de un planteamiento completo o integral, pretende controvertir una cuesti\u00f3n que, a la luz de la jurisprudencia y normativa vigente, resulta pac\u00edfica, motivos ambos, entonces, para proceder a su inadmisi\u00f3n, acorde con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, y los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del precepto siguiente de ese estatuto. <\/p>\n

2.4. En cuanto al cuarto cargo <\/p>\n

Es pertinente memorar que este se fundamenta en la causal segunda de casaci\u00f3n, y se hace consistir en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de hecho ante la falta de valoraci\u00f3n de tres pruebas: (i) el registro civil de matrimonio de Jaime Toro Fl\u00f3rez y Lucy Marina Angelina Funes Hartman Romero Bosque; (ii) la escritura p\u00fablica n\u00ba 1215 del 11 de mayo de 2018, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1, concerniente a la protocolizaci\u00f3n de los documentos sobre el mencionado matrimonio; y (iii) el dictamen pericial elaborado por un abogado extranjero. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n es oportuno recordar, que el casacionista al desarrollar el embate no despleg\u00f3 la actividad necesaria en orden a demostrar el desatino f\u00e1ctico, puesto que si bien individualiz\u00f3 las pruebas que considera no ponderadas y rese\u00f1\u00f3 su contenido material u objetivo, olvid\u00f3 efectuar la obligada tarea de contraste con lo que sobre ellas dijo o debi\u00f3 decir el Tribunal. <\/p>\n

De esa forma, los errores de hecho quedaron sin la necesaria demostraci\u00f3n, am\u00e9n de que, al repasar las consideraciones del fallo impugnado, se advierte que el Tribunal s\u00ed valor\u00f3 las mencionadas, lo que descarta el yerro f\u00e1ctico en la apreciaci\u00f3n probatoria, pues, se insiste, el juzgador de segunda instancia de ninguna forma ignor\u00f3 la presencia material del aludido registro civil, de la escritura p\u00fablica y del documento-dictamen pericial. <\/p>\n

En efecto, fue con vista en la presencia f\u00edsica en el expediente de esas tres pruebas, que en el fallo de segundo grado el ad-quem concluy\u00f3 que si bien el matrimonio que contrajo el demandado en el extranjero, el mismo ya hab\u00eda terminado con sentencia de divorcio, y que no obstante la falta de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, ello no era \u00f3bice para la conformaci\u00f3n de una ulterior sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, resalt\u00e1ndose, de paso, un indicio en contra del accionado, derivado de su conducta procesal, consistente en que luego de ser demandado acudi\u00f3 con deslealtad a registrar un lazo matrimonial sobre el que ya pesaba sentencia de divorcio, con el \u00fanico fin de restarle consecuencias econ\u00f3micas a la convivencia sobre la que versan las pretensiones. <\/p>\n

En la parte pertinente de la sentencia, que corrobora lo antes expuesto, se lee: <\/p>\n

\u201cSi bien del material probatorio se constata que el se\u00f1or Jaime Toro contrajo matrimonio con la se\u00f1ora Lucy Marina Angelina Funes Hartman Romero Bosque el 22 de diciembre de 1972 en San Salvador, Rep\u00fablica del Salvador, acto que fue apostillado y protocolizado el 11 de mayo de 2018 a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica N\u00ba 1215 suscrita ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, se resalta que dicha uni\u00f3n termin\u00f3 por sentencia del Juzgado Sexto Civil del Distrito de San Salvador de 14 de agosto de 1982, donde se decret\u00f3 el divorcio por la causal de separaci\u00f3n absoluta, se declar\u00f3 disuelto el v\u00ednculo matrimonial, se reputaron inocentes ambos c\u00f3nyuges y los dos hijos menores quedaron al cuidado personal de la madre, quien result\u00f3 con la representaci\u00f3n legal de estos. En este orden de ideas, debe acotarse que el escrito elaborado por el abogado y notario salvadore\u00f1o Jos\u00e9 Aresio Nolasco Echavarr\u00eda el 23 de abril de 2018, aportado por el demandado, denominado peritazgo, no cumpli\u00f3 con los requisitos consagrados en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, espec\u00edficamente, con los numerales del 4 al 9, de modo que no puede d\u00e1rsele el alcance de un dictamen pericial, a m\u00e1s que fue decretado como una prueba de car\u00e1cter documental; sin embargo, brota que el documento permite corroborar que para la legislaci\u00f3n salvadore\u00f1a la sociedad conyugal qued\u00f3 disuelta pero no liquidada, estado que no es \u00f3bice para que surja a la vida jur\u00eddica la uni\u00f3n marital de hecho entre los se\u00f1ores Toro Fl\u00f3rez y Gallego Mu\u00f1oz, tal y como lo ha sostenido la Sala de Casaci\u00f3n Civil (\u2026) De esta manera, ha de indicarse para los efectos del art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso, que se encuentra otro indicio adicional deducible a partir de la conducta procesal de la parte demandada, consistente en que se supone un acto desleal el hecho desplegado por el se\u00f1or Jaime Toro Fl\u00f3rez de protocolizar el 11 de mayo de 2018 en la Rep\u00fablica de Colombia, mediante escritura p\u00fablica N\u00ba 1215 suscrita ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, el matrimonio efectuado el 22 de diciembre de 1972 en San Salvador con persona distinta a la demandante, pese a que ten\u00eda conocimiento que ya se hab\u00eda efectuado el divorcio judicial, puesto que en la declaraci\u00f3n dada afirm\u00f3 que lo realiz\u00f3 \u2018a ra\u00edz de los problemas que se suscitaron en el 2017 por la demanda que le hicieron\u2019, evidenci\u00e1ndose, as\u00ed, que el accionado busca defraudar a la actora, con la finalidad de que no nazca a la vida jur\u00eddica la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, como desde el plano del error de hecho no hubo una cabal demostraci\u00f3n del ataque, y el mismo, por lo dem\u00e1s, no aparece configurado, se impone la inadmisi\u00f3n del cargo, con base en lo disciplinado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, y el numeral 3\u00ba del siguiente precepto. <\/p>\n

3.\tPor \u00faltimo, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso y 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresi\u00f3n del principio de legalidad; o una significativa afectaci\u00f3n de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO.- INADMITIR la demanda presentada por JAIME TORO FL\u00d3REZ, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 19 de junio de 2019 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso verbal promovido en su contra por MARTHA GALLEGO MU\u00d1\u00d3Z. <\/p>\n

SEGUNDO.- ADVERTIR que contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

1\u0002 \tFolios 137 a 154 del c.1.
\n2\u0002 \tFolios 802 a 817 del C. 3.
\n3\u0002 \tFolios 50 al 51 del c. 5. Y Cd. Folio 49
\n4\u0002 \tCfr. \tFl. 379 C.2
\n5\u0002 \tCSJ AC de \t19 de dic. de 2012, Rad. 2001-00038-01.
\n6\u0002 \tCSJ, SC del 2 de febrero de \t2001, Rad. No. 5670.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente AC2213-2020 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 17001-31-10-006-2017-00369-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n de doce de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). ANTECEDENTES 1. Martha Gallego Mu\u00f1oz pidi\u00f3 declarar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho y la respectiva sociedad patrimonial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103314","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103314"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103314\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103314"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103314"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}