{"id":103317,"date":"2026-07-02T20:46:54","date_gmt":"2026-07-02T20:46:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103317"},"modified":"2026-07-02T20:46:54","modified_gmt":"2026-07-02T20:46:54","slug":"ac2229-2020-2013-00245-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2229-2020-2013-00245-01\/","title":{"rendered":"AC2229-2020 (2013-00245-01)"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AC2229-2020 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-31-03-002-2013-00245-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por LILIANA, RONALD y MARCEL DUNGAND ESCOBAR para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron frente a la sentencia proferida el 6 de junio de 2019 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del proceso reivindicatorio adelantado por aquellos contra MAR\u00cdA DELIA PARDO PADILLA y la FUNDACI\u00d3N PROAVES DE COLOMBIA. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tLiliana, Ronald y Marcel Dungand Escobar convocaron a juicio verbal a Mar\u00eda Delia Pardo Padilla y a la Fundaci\u00f3n Proaves de Colombia, para que se declare que les pertenece \u201cde manera comunal e indivisa\u201d, el dominio pleno y absoluto de dos lotes ubicados en el sector Villa Flye de Santa Marta, denominados \u201cGlobo I\u201d y \u201cGlobo II\u201d, identificados con los n\u00fameros de matr\u00edcula inmobiliaria 080-023721 y 080-23722, respectivamente, inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad, delimitados en la pretensi\u00f3n primera del libelo introductor, y que \u201csumados ostentan un \u00e1rea de 8 hect\u00e1reas y media\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, solicitaron que se ordene a las convocadas restituirles los inmuebles referidos junto con los frutos naturales y civiles, tasados en $ 2.800.000.000.oo, sin lugar a indemnizaciones a su cargo, dada la mala fe de las accionadas; asimismo, la inscripci\u00f3n de la demanda y condenar en costas a estos \u00faltimos. <\/p>\n

2. Como causa petendi, expusieron los demandantes1: <\/p>\n

2.1. Son copropietarios de los mencionados bienes, los cuales no han enajenado ni prometido en venta; mientras tanto, la posesi\u00f3n la detentan las accionadas, quienes la usurparon injustificadamente. <\/p>\n

2.2. La Fundaci\u00f3n Pro Aves de Colombia inici\u00f3 proceso de pertenencia sobre los fundos, tr\u00e1mite en el que intervino como tercero ad excludendum Mar\u00eda Delia Pardo Padilla, siendo desestimadas las s\u00faplicas de la usucapiente en primera y segunda instancia, esta \u00faltima, culminada mediante fallo de 16 de agosto de 2012, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal de Santa Marta. <\/p>\n

2.3. El se\u00f1or\u00edo que ejercen los accionados es producto del aprovechamiento del estado de indefensi\u00f3n de los gestores, cuando huyeron del sitio a causa de amenazas provenientes de grupos al margen de la ley. <\/p>\n

3. Una vez notificados de la demanda, los convocados se pronunciaron de la siguiente manera: <\/p>\n

3.1. La Procuradora 13 Judicial II Ambiental y Agraria pidi\u00f3 que se vinculara al tr\u00e1mite al INCODER y a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, por tratarse de un asunto agrario2. <\/p>\n

3.2. Mar\u00eda Delia Pardo Padilla se pronunci\u00f3 puntualmente sobre cada uno de los hechos del escrito inicial, aceptando como ciertos algunos y negando otros; se opuso a la prosperidad de lo pretendido; objet\u00f3 por excesiva la estimaci\u00f3n de perjuicios; reclam\u00f3 aplicar la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso; y excepcion\u00f3 de m\u00e9rito \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n de restituir\u201d y \u201cexceso en la estimaci\u00f3n de perjuicios y aval\u00faos\u201d. <\/p>\n

Al soportar su r\u00e9plica, la mencionada demandada expuso que no ha usurpado predio alguno, en raz\u00f3n a que por compra que en 1995 hizo a la Asociaci\u00f3n Cl\u00ednica Bautista, entr\u00f3 en posesi\u00f3n de la caba\u00f1a n\u00famero 2 del conjunto denominado Refugios de la Sierra, identificada con el folio de matr\u00edcula 08026048, cuyos linderos aparecen en la escritura p\u00fablica n\u00ba 4055 del 1\u00ba de octubre de 1995, otorgada en la Notar\u00eda Quinta de Barranquilla. Agreg\u00f3 que actualmente no detenta el se\u00f1or\u00edo del bien, toda vez que Pro Aves de Colombia \u201cpor la fuerza y de manera ileg\u00edtima (lo) usurp\u00f3\u201d, al igual que \u201cotros predios aleda\u00f1os desde finales de julio del a\u00f1o 2010\u201d.3. <\/p>\n

3.3. La anotada fundaci\u00f3n replic\u00f3 la demanda, manifest\u00e1ndose sobre los hechos -acept\u00f3 algunos y dijo no ser ciertos otros-; se opuso a lo pretendido por la contraparte; objet\u00f3 la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n deprecada; y propuso las excepciones de \u201ccarencia de inter\u00e9s sustantivo de la parte actora en la invocaci\u00f3n de la actio reivindicatio\u201d, \u201cfalta de legitimaci\u00f3n sustantiva de la parte demandante en la invocaci\u00f3n de la actio reivindicatio\u201d y \u201ccarencia de presupuesto sustancial que legitime la invocaci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d. <\/p>\n

En pro de su posici\u00f3n en el proceso, asegur\u00f3 no ser cierto que haya privado de la posesi\u00f3n a los accionantes, porque ellos simplemente no la han detentado, siendo posible que por t\u00edtulos escriturarios hayan obtenido la propiedad; los gestores judiciales carecen de legitimaci\u00f3n en la causa porque no son los due\u00f1os de todos los bienes materia de reivindicaci\u00f3n, ya que siendo cuatro los titulares, \u00fanicamente demandan tres; la demandada, adem\u00e1s, ejerce el dominio pleno -propiedad y posesi\u00f3n- no solo del predio reclamado, distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria 080-39568, sino tambi\u00e9n de las construcciones all\u00ed levantadas, caba\u00f1as 1 y 2, con matr\u00edculas inmobiliarias 080-5924 y 080-26048; se advierte falta de identidad entre el bien perseguido por los demandantes y el pose\u00eddo por la demandada, porque aqu\u00e9l -el de mayor extensi\u00f3n- fue objeto de ventas parciales, como las de las caba\u00f1as 1 y 2, que actualmente son de propiedad de la fundaci\u00f3n accionada, pero que curiosamente, seg\u00fan los reclamantes, el terreno conserva \u201clas mismas especificaciones, sin disminuci\u00f3n alguna\u201d; y la persona jur\u00eddica enjuiciada es propietaria de parte de los terrenos a usucapir, concretamente: \u201cLa Caba\u00f1a n\u00ba 1 del Refugio de la Sierra\u201d; \u201cLa Caba\u00f1a n\u00ba 2 del Refugio de la Sierra\u201d y el \u201cLote de terreno adquirido mediante escritura p\u00fablica n\u00ba 2878 del 25 de septiembre de 2014 de la Notar\u00eda Segunda de Barraquilla y registrada en la Oficia de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta al folio inmobiliario N\u00ba 080-39568\u201d4. <\/p>\n

4. En el curso de la audiencia preliminar efectuada el 13 de abril de 2016, se acept\u00f3 el desistimiento de la codemandada Mar\u00eda Delia Pardo Padilla5. <\/p>\n

5. La primera instancia se clausur\u00f3 con la sentencia de 29 de enero de 2019, mediante la cual el a-quo neg\u00f3 las pretensiones de la demanda \u201cante la ausencia de cumplimiento de los requisitos para la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d; conden\u00f3 en costas a la parte actora; y fij\u00f3 a cargo de \u00e9sta los honorarios del perito6. <\/p>\n

Al momento de fundamentar su determinaci\u00f3n, la juzgadora de primer grado: (i) Ech\u00f3 de menos el t\u00edtulo traslaticio de dominio invocado por la parte demandante, que es la escritura p\u00fablica n\u00ba 3166 del 26 de noviembre de 2000, otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Barranquilla; (ii) dio por no acreditada la posesi\u00f3n en cabeza de los accionados, seg\u00fan las manifestaciones hechas al contestar la demanda y la referencia a los folios de matr\u00edcula 080-5924 y 080-26048, donde ellos invocaron en su defensa no la calidad de poseedores sino la de verdaderos titulares de derecho de dominio; y (iii) descart\u00f3 la exigencia de individualizaci\u00f3n, por cuanto de acuerdo con el dictamen pericial rendido, \u201clos predios solicitados en reivindicaci\u00f3n (\u2026) est\u00e1n a m\u00e1s de cinco kil\u00f3metros del predio ocupado por la Fundaci\u00f3n Pro Aves de Colombia\u201d, y \u201cla visita de campo con apoyo en las coordenadas satelitales de la base geod\u00e9sica del IGAC (constatan) que el predio no coincide con el descrito en el libelo de demanda\u201d. <\/p>\n

6. Al desatar la apelaci\u00f3n del demandante, el superior confirm\u00f3 lo resuelto en primer grado, en audiencia que se llev\u00f3 a cabo el 6 de junio pasado7. <\/p>\n

7. El apoderado de Ronald, Marcel y Liliana Dungand Escobar interpuso recurso de casaci\u00f3n que, concedido por el ad-quem y admitido por la Corte, se sustent\u00f3 con el pliego que ahora se examina8. <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Sus argumentos se compendian, as\u00ed: <\/p>\n

1. La apelante muestra dos inconformidades con el fallo de primera instancia: (i) que no encontrara acreditado \u201cel derecho real de propiedad en el demandante\u201d; y (ii) lo atinente al \u201cinforme pericial\u201d, que condujo a no tener por demostrada la identidad del bien pretendido con el pose\u00eddo por la fundaci\u00f3n demandada. <\/p>\n

2. En cuanto al primer cuestionamiento devendr\u00eda impr\u00f3spera la censura, de no ser porque en virtud de la prueba de oficio decretada por el Tribunal, se subsan\u00f3 la falencia probatoria en la que incurri\u00f3 el extremo actor, pues \u201cse alleg\u00f3 a la actuaci\u00f3n el duplicado autenticado de la escritura p\u00fablica n\u00ba 3166 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil (2000), otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima del C\u00edrculo de Barranquilla\u201d, demostr\u00e1ndose as\u00ed el derecho de dominio en cabeza de los demandantes, sumado a que verific\u00f3 que la denominaci\u00f3n, los linderos y los n\u00fameros de matr\u00edcula inmobiliaria y referencia catastral son coincidentes con los se\u00f1alados en la demanda. <\/p>\n

3. En el segundo reparo se controvierte la conclusi\u00f3n del a-quo sobre la falta de correspondencia entre el predio pretendido con el pose\u00eddo por la parte pasiva, para lo cual se se\u00f1ala que la correlaci\u00f3n entre uno y otro s\u00ed est\u00e1 acreditada con los respectivos folios de matr\u00edcula inmobiliaria, y que el dictamen pericial rendido \u201cno tiene la potestad de desvirtuar lo all\u00ed consignado, por estar sustentado en referencias catastrales\u201d. <\/p>\n

Frente a ese reproche, se comienza por esclarecer que de las manifestaciones efectuadas por las partes en desarrollo de la audiencia del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se extrae que los libelistas se mantuvieron en sus posiciones consignadas en los escritos de demanda y contestaci\u00f3n, \u201cpor lo que nunca podr\u00eda colegirse de all\u00ed que exista identidad entre la cosa de que los reclamantes son propietarios y la pose\u00edda por la encartada\u201d. <\/p>\n

De otro lado, la ley que se cita en la apelaci\u00f3n, 78 de 1935, no guarda relaci\u00f3n con el tema estudiado, y del doctrinante mencionado ning\u00fan p\u00e1rrafo se trae o parafrasea, record\u00e1ndose, en todo caso, que el concepto de catastro viene dado por el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Adem\u00e1s, de los art\u00edculos 2\u00ba, 49 y 67 de la Ley 1579 de 2012, se advierte que ni antes ni ahora est\u00e1 dentro de los objetivos del registro de inmuebles, del folio de matr\u00edcula o del certificado que expide el registrador de instrumentos p\u00fablicos, \u201cel de dar fe de la situaci\u00f3n f\u00edsica actualizada de la heredad inscrita, sino acerca de su situaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d. Es, entonces, bajo esos par\u00e1metros, que \u201cno podr\u00eda estar revestido de prosperidad el reproche que ahora se estudia, porque el perito actu\u00f3 con apego a los fundamentos normativos que vienen de verse, cuando no se ci\u00f1\u00f3 exclusivamente a la rese\u00f1a contenida en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria aportados por los contendores procesales, sino que se apoy\u00f3 en los datos registrados en el catastro, herramientas t\u00e9cnicas y recursos tecnol\u00f3gicos como la georreferenciaci\u00f3n, que es uno de los medios utilizados en el giro ordinario de la actividad de individualizaci\u00f3n de inmuebles, para corroborar la coincidencia de localizaci\u00f3n exacta, linderos, medidas y cabida, con lo reportado por las autoridades, y en especial, con lo peticionado en la demanda\u201d. <\/p>\n

Se suma que la aludida coincidencia, como presupuesto de la acci\u00f3n de dominio, no solo ata\u00f1e a que se deba probar que \u201cel bien del que es due\u00f1o es el mismo que reclama, sino que ha de acreditar que tambi\u00e9n es plenamente coincidente con el pose\u00eddo por el convocado al litigio\u201d, como lo ha aclarado la Corte en su sentencia SC211-2017. <\/p>\n

Ahora bien, revisados los certificados de tradici\u00f3n n\u00ba 080-23722 y n\u00ba 080-23721, consta que Ronald, Roberto, Marcel y Liliana Dugand Escobar adquirieron el dominio sobre esas heredades mediante la escritura p\u00fablica n\u00ba 3166 de 29 de diciembre de 2000, otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima del C\u00edrculo de Barranquilla. <\/p>\n

Por su parte, en los certificados de tradici\u00f3n 080-5924 y 080-26048 se constata que en ambos figura como la actual propietaria inscrita la Fundaci\u00f3n Pro Aves de Colombia, por lo que \u201caunque la enjuiciada admiti\u00f3 ser poseedora de parte de las tierras pretendidas por los promotores de la causa, fue enf\u00e1tica en manifestar que esa posesi\u00f3n la deriva del derecho de propiedad adquirido en legal forma y, dicho sea de paso, debidamente demostrado, pues alleg\u00f3 oportunamente a la actuaci\u00f3n las respectivas escrituras p\u00fablicas en virtud de las cuales lo obtuvo\u201d. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, bajo la orientaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Corte -citada en algunos fragmentos-, \u201cse tiene que, a\u00fan de aceptar en gracia de discusi\u00f3n que del pronunciamiento sobre los hechos de la demanda efectuado por la Fundaci\u00f3n Pro Aves de Colombia al contestarla, pueda entenderse confesada la calidad de poseedora de cierta parte de los inmuebles de los que los demandantes son propietarios, no puede darse a esa manifestaci\u00f3n el alcance de tener por demostrada la plurimentada identidad, pues es igualmente evidente que no se logr\u00f3 determinar en este asunto cu\u00e1l es exactamente la porci\u00f3n de esos terrenos que dicha entidad ocupa en calidad de poseedora y qu\u00e9 secci\u00f3n o secciones como propietaria, lo que viene a corroborar lo sostenido por la a-quo, cuando ech\u00f3 en falta la coincidencia entre el bien que se aspira a reivindicar y el pose\u00eddo por el llamado a litigio\u201d. <\/p>\n

4. En conclusi\u00f3n, al no ser de recibo los dos reparos resulta impr\u00f3spera la alzada, suerte que igualmente correr\u00eda incluso de acogerlos, por cuanto la parte apelante \u201cse abstuvo de censurar la falta de prueba de calidad de poseedora de la demandada, por lo cual seguir\u00eda incompleta la concurrencia de uno de los presupuestos sine qua non de la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Un solo ataque se formula contra el fallo del Tribunal, que se fundamenta en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

\u00daNICO CARGO <\/p>\n

Se acusa la sentencia del Tribunal por la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 669, 756 y 946 del C\u00f3digo Civil; 822 del C\u00f3digo de Comercio, y \u201c1\u00ba, 2\u00ba, 3\u00ba literales b, d, y e, 4\u00ba 6\u00ba, 8\u00ba, 16 par\u00e1grafo 1\u00ba, 20, 22, 29, 47, 48, 49, 50, 67, y dem\u00e1s normas concordantes de la Ley 1579 de 1\u00ba de octubre de 2012\u201d, como consecuencia de errores de derecho en los que se incurri\u00f3 al desconocer la conducencia probatoria de que trata el canon 168 del estatuto adjetivo civil vigente, y los principios de la \u201cfunci\u00f3n registral\u201d, particularmente los de publicidad, seguridad, legalidad y confianza leg\u00edtima. <\/p>\n

En el desenvolvimiento del embate, se explica por la parte recurrente lo siguiente: <\/p>\n

1. El fallador de segunda instancia hizo una errada interpretaci\u00f3n de las mencionadas normas, al desconocer el valor de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria y de la escritura p\u00fablica de rigor, y otorgarle m\u00e1s peso al dictamen pericial, no obstante que aquellos dos constituyen \u201clas pruebas ad solemnitatem excluyentes y \u00fanicas en estos fines de demostrar la propiedad e identificaci\u00f3n f\u00edsica y exacta de los predios\u201d. <\/p>\n

2. Al decirse en la sentencia que el perito actu\u00f3 en derecho cuando no se ci\u00f1\u00f3 exclusivamente a los datos incorporados en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria sino en los datos registrados en el catastro y otras herramientas tecnol\u00f3gicas, no se entiende su fundamentaci\u00f3n, ya que \u201ctodos esos estudios cient\u00edficos deben partir ineluctablemente del contenido en el folio inmobiliario, que es obligado manantial (art. 50 de la Ley 1579), que es la fuente del pertinente catastro\u201d. <\/p>\n

3. Se llev\u00f3 a cabo una valoraci\u00f3n probatoria \u201clejos de la conducencia\u201d, porque en el fallo cuestionado se olvid\u00f3 que en la elaboraci\u00f3n del folio inmobiliario se cumplen \u201cseveros y antelados\u201d requerimientos de seguridad como la \u201ccalificaci\u00f3n\u201d, que implica tomar en cuenta adem\u00e1s de la ubicaci\u00f3n f\u00edsica del bien ra\u00edz otros factores como la nomenclatura, linderos y \u00e1rea, adem\u00e1s de que la c\u00e9dula catastral expedida por el IGAG debe guardar correspondencia con aqu\u00e9l, de donde \u201cla identidad en menci\u00f3n debe constar precisamente en el folio inmobiliario y en la escritura p\u00fablica registrada de rigor\u201d. <\/p>\n

Lo anterior, sin perder de vista que uno de los fines de la funci\u00f3n registral es la de servir de inventario de los bienes inmuebles. <\/p>\n

4. Otra muestra del error de hecho en el que incursion\u00f3 el Tribunal, se dio al no tomar en cuenta el principio de comunidad de la prueba contemplado en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, al llevar a cabo, apenas, un escrutinio panor\u00e1mico de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria aportados en la demanda y de los adosados en la contestaci\u00f3n a la misma, omitiendo hacer \u201cun estudio axiol\u00f3gico de todo el caudal probatorio constante en el expediente\u201d, particularmente de la respuesta afirmativa del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta a un oficio que se le libr\u00f3 pregunt\u00e1ndole sobre la existencia de un proceso de pertenencia sobre los bienes materia de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En el marco del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, una impugnaci\u00f3n de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n

De ah\u00ed que en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n

Ahora bien, cuando se acude a la causal segunda de casaci\u00f3n y se aduce la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de derecho, el legislador previene al impugnante para que indique las normas probatorias que considere violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas, sin olvidar que, en todo caso, se debe demostrar el desatino y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia. <\/p>\n

2. Revisado el libelo presentado por la parte recurrente, se advierte que este incumple las esas exigencias formales m\u00ednimas, conforme pasa a explicarse a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

2.1. Uno de los requisitos de la demanda, contemplado expresamente en el numeral 2\u00ba del referido art\u00edculo 344, es el de la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n en forma \u201ccompleta\u201d, esto es, que la respectiva censura contenga un reproche de todos los fundamentos esenciales que sirvieron al Tribunal para adoptar la determinaci\u00f3n impugnada, porque como es natural, con uno ellos que se mantenga en pie, ning\u00fan sentido tendr\u00eda la tramitaci\u00f3n y decisi\u00f3n de un recurso que, al final, no ser\u00eda \u00fatil para quebrar la decisi\u00f3n confutada, porque desprovistos de censura ciertos o algunos argumentos basilares, la presunci\u00f3n de legalidad que les asiste se mantiene y dejan a flote la resoluci\u00f3n dictada por el Tribunal. <\/p>\n

Es, en ese sentido, que la Sala ha pregonado, incluso antes de la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, cuando no estaba consagrado expresamente la exigencia de completitud, que \u201clos cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objetivo de desvirtuarlas o quebrarlas\u2019, puesto que si alguno de tales soportes no es atacado o su censura resulta insuficiente \u2018y por s\u00ed mism[o] le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u2019 (sentencia de 7 de septiembre de 2006)\u201d (CSJ AC de 8 de noviembre de 2011, Rad. 2005-00501). <\/p>\n

2.2. Dicho lo anterior, se recuerda que en el \u00fanico embate propuesto, el extremo impugnante cuestiona por la senda de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, a prop\u00f3sito de un error de derecho, la conclusi\u00f3n del Tribunal en torno a la falta de uno de los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria, relacionado con la \u201cidentidad entre el inmueble pretendido con los pose\u00eddos por el demandado\u201d. En sustento de ese ataque se asegura, en esencia, que la consonancia entre la heredad pretendida y la pose\u00edda por la parte demandada, se establec\u00eda id\u00f3neamente a partir de los datos contenidos en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria aportados por las partes, y no por los del catastro, que fueron los que sirvieron de base al perito para deducir que no aparec\u00eda la correspondencia necesaria entre los dos fundos pretendidos y los pose\u00eddos por los accionados. <\/p>\n

2.3. Pero a pesar de ese reproche, vista en detalle la sentencia del Tribunal se observa que para ratificar la sentencia de primera instancia, no solo aval\u00f3 las consideraciones sobre la falta de identidad entre lo pretendido por los demandantes y lo pose\u00eddo por la parte demandada, sino que al final, con gran incidencia, anot\u00f3 que \u201ces pertinente aclarar que igual suerte correr\u00eda el recurso que ahora se desata, aun de haber prosperado los dos puntuales reproches del apelante, por cuanto se abstuvo de censurar la falta de prueba de la calidad de poseedora de la demandada, por lo cual seguir\u00eda incompleta la concurrencia de uno de los presupuestos sine qua non de la acci\u00f3n reivindicatoria que, como se explic\u00f3 al inicio de estas consideraciones, deviene obligatoria\u201d (se resalta). <\/p>\n

Y la ausencia de prueba del se\u00f1or\u00edo en los demandados, referido por el ad-quem y razonado por la juez a-quo, tiene que ver con los siguientes considerandos: <\/p>\n

\u201cEn cuanto al segundo de los requisitos, relacionado a la posesi\u00f3n en cabeza de la demandada la Fundaci\u00f3n Pro aves (\u2026) al contestar la demanda y en los medios exceptivos invocados, pese a lo argumentado en los alegatos por la parte demandante, exponen los demandados (\u2026) que ellos ejercen el dominio pleno en parte del predio reclamado, pues adem\u00e1s de la tradici\u00f3n, ostentan la posesi\u00f3n sobre los (\u2026) predios identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria 080-39566 y adquirido con escritura p\u00fablica del 25 de septiembre de 2014 de la Notar\u00eda Segunda por compra a la se\u00f1ora Emilia Duncan Salazar, tambi\u00e9n refieren que adquirieron el predio 080-5924 y el predio 080-26048 relacionando las respectivas escrituras de compraventa y se\u00f1alando que corresponden a los predios caba\u00f1a uno y caba\u00f1a dos del predio refugio de la Sierra, se\u00f1alan que esos predios fueron segregados de un predio de mayor extensi\u00f3n denominados lote uno y dos del refugio de la Sierra, del sector Villa Flay en el fundo Cincinnati en el corregimiento de Minga, se desprende claramente entonces que los demandados invocan en esta acci\u00f3n en su defensa, no la calidad de poseedores, sino de verdaderos titulares del derecho de dominio sobre el predio objeto de la demanda. De otro lado, del dictamen realizado sobre el predio y ordenado por esta funcionaria a fin de verificar e identificar el predio objeto de la demanda, se se\u00f1ala que en el lugar visitado no se encontraron construcciones a diferencia de lo se\u00f1alado en el libelo de la demanda y que \u2018los predios solicitados en reivindicaci\u00f3n los cuales siguiendo la v\u00eda de acceso de la zona, est\u00e1 a m\u00e1s de cinco kil\u00f3metros abajo del predio ocupado por la Fundaci\u00f3n Pro Aves de Colombia\u2019 (\u2026) Nos lleva a inferir entonces que la detentaci\u00f3n material de las zonas de terreno por parte de las demandadas est\u00e1 1.-) Muy distante del predio invocado por los demandantes y 2.-) Ellos alegan actos de dominio no de posesi\u00f3n sobre el predio, se puede inferir entonces que no se cumple con el requisito de posesi\u00f3n en el demandado\u201d. <\/p>\n

2.4. As\u00ed las cosas, de los contenidos del cargo y de lo argumentado por el Tribunal, surge ostensible que el ataque postulado en casaci\u00f3n no result\u00f3 \u00edntegro, al dejar de lado uno de los razonamientos torales del prove\u00eddo que se persigue derribar, y que fue ciertamente el de la falta de demostraci\u00f3n de la condici\u00f3n de poseedora de la persona jur\u00eddica demandada, presupuesto sin el cual, la acci\u00f3n de dominio intentada no pod\u00eda tampoco tener acogida, incluso si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que para la identificaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00edsica de las heredadas pretendidas y las pose\u00eddas, bastaba o era suficiente con la informaci\u00f3n relacionada en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria aportados al plenario. <\/p>\n

3. La inadmisi\u00f3n de la demanda se impone, igualmente, al observar que se da una de las hip\u00f3tesis normativas previstas en el art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo esta la del numeral tercero: \u201cCuando no es evidente la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u201d. <\/p>\n

Al respecto, cabe recordar que de acuerdo con los precedentes de la Sala, en los procesos reivindicatorios \u201cpara la identificaci\u00f3n del bien rige a plenitud la libertad probatoria\u201d9, al punto que tambi\u00e9n se ha expresado que \u201cpor regla general, la identificaci\u00f3n del predio se obtiene a trav\u00e9s de una prueba pericial en la que los expertos, con razones t\u00e9cnicas y explicaciones bien fundamentadas en los conocimientos propios de su ciencia u oficio, llegan a la conclusi\u00f3n de que el inmueble objeto de la experticia es el mismo que se pretende en el litigio\u201d10. <\/p>\n

Y si bien es cierto que en algunas oportunidades la Sala ha asegurado que \u201csi con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de \u00e9l, esa confesi\u00f3n apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n\u201d11, tambi\u00e9n lo es que la Corte ha reiterado que esa jurisprudencia no atiende criterios absolutos12, como en este caso en el que, de un lado, la parte demandada aleg\u00f3 ser propietaria y poseedora de dos terrenos segregados del de mayor extensi\u00f3n, y del otro, el perito concluy\u00f3 que \u201cal llegar al predio de PROAVES se tomaron coordenadas geod\u00e9sicas y planas y al llevarlas al plano de cartograf\u00eda satelital de la base catastral del IGAC a nivel nacional se pudo evidenciar que no corresponde a los folios de may\u00fascula ni predios en reivindicaci\u00f3n raz\u00f3n por la cual teniendo en cuenta y en uso de los equipos tecnol\u00f3gicos llevados y a trav\u00e9s de coordenadas se pudo llegar a los predios solicitados en reivindicaci\u00f3n los cuales siguiendo la v\u00eda de acceso de la zona est\u00e1 a m\u00e1s de 5 kil\u00f3metros abajo del predio ocupado por la fundaci\u00f3n PROAVES de Colombia\u201d. <\/p>\n

3. Conviene anotar, adicionalmente, que la falta de valoraci\u00f3n de una prueba por omitir su existencia en el proceso, en particular, la comunicaci\u00f3n remitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta en respuesta a un oficio que se le libr\u00f3 por el juzgado de conocimiento, es cuesti\u00f3n que debi\u00f3 combatirse por el camino del error de hecho y no de derecho, porque este \u00faltimo concierne a un defecto en la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica y no material de los elementos de convicci\u00f3n. <\/p>\n

4. Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresi\u00f3n del principio de legalidad; o una significativa afectaci\u00f3n de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes. <\/p>\n

4. Colof\u00f3n de todo lo que antecede, es que se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO.- INADMITIR la demanda presentada por LILIANA, RONALD Y MARCEL DUNGAND ESCOBAR, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 06 de junio de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del proceso ordinario promovido por aquellos contra la FUNDACI\u00d3N PROAVES DE COLOMBIA y MARIA DELIA PARDO PADILLA. <\/p>\n

SEGUNDO: Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n(Presidente de la Sala) <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

1\u0002 \tFolios 1 al \t8, y 72 y 73 del c. 1.
\n2\u0002 \tFolio 83. <\/p>\n

4\u0002 \tFolios 150 \ta 173 del c. 1.
\n5\u0002 \tFolio 343 y \t343 vuelto.
\n6\u0002 \tFolio 514 \tdel c. 1.
\n7\u0002 \tFolios \t62 y 63 del c. del Tribunal.
\n8\u0002 \tFolios \t15 a 25 del c. de esta Corporaci\u00f3n.
\n9\u0002 \tCSJ SC de 8 \tde febrero de 2002, Exp. 6758.
\n10\u0002 \tCSJ SC \t11334-2015.
\n11\u0002 \tCSJ \tsentencia de 14 de marzo de 1997.
\n12\u0002 \tSC \t2551-2015.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente AC2229-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-31-03-002-2013-00245-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020).- Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por LILIANA, RONALD y MARCEL DUNGAND ESCOBAR para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103317","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103317"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103317\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}