{"id":103326,"date":"2026-07-02T20:48:44","date_gmt":"2026-07-02T20:48:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103326"},"modified":"2026-07-02T20:48:44","modified_gmt":"2026-07-02T20:48:44","slug":"ac2287-2020-2019-00715-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2287-2020-2019-00715-00\/","title":{"rendered":"AC2287-2020 (2019-00715-00)"},"content":{"rendered":"
Magistrado Ponente <\/p>\n

AC2287-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001 02 03 000 2019 00715 00
\n(Discutido y aprobado en sala de cinco de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide el recurso de s\u00faplica formulado por el accionante, frente al auto proferido el 23 de septiembre de 2019 por el Magistrado sustanciador, mediante el cual se rechaz\u00f3 la demanda incoativa del recurso de revisi\u00f3n de Guillermo Ocampo Guti\u00e9rrez contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2017 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso promovido por Juana Calder\u00edn Guzm\u00e1n. <\/p>\n

I.- ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Se afirm\u00f3 en el libelo de revisi\u00f3n que la sentencia dictada dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras, vulner\u00f3 los principios de congruencia y econom\u00eda procesal con grave afectaci\u00f3n del debido proceso, ante la determinaci\u00f3n extrapetita all\u00ed adoptada de reconocer como reclamante al se\u00f1or Jairo Urango, cuando este acudi\u00f3 al juicio en calidad de opositor, sin que el tambi\u00e9n opositor Guillermo Alberto Ocampo Guti\u00e9rrez hubiere podido ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, dado que desde la iniciaci\u00f3n del proceso no qued\u00f3 claro qui\u00e9nes eran los verdaderos reclamantes del predio. <\/p>\n

Las causales de revisi\u00f3n invocadas fueron las numeradas 7\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso. En esencia, adujo el recurrente que se omiti\u00f3 efectuar el acto de notificaci\u00f3n y consecuente traslado de la decisi\u00f3n de reconocer la calidad de reclamante a quien actuaba como opositor, lo que conllev\u00f3 incongruencia del fallo y le impidi\u00f3 ejercer el derecho de contradicci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n

2.- Mediante auto de 13 de junio de 2019, el magistrado sustanciador inadmiti\u00f3 la demanda, pidiendo subsanaci\u00f3n en los siguientes aspectos: i) explicar en forma concreta en qu\u00e9 consisti\u00f3 la indebida notificaci\u00f3n o representaci\u00f3n y las razones por las cuales tal irregularidad no se sane\u00f3 en el proceso y ii) precisar las razones en las cuales se apoya la afirmaci\u00f3n de haberse incurrido en nulidad originada en la sentencia y se\u00f1alar de manera concreta los motivos que la estructuran atendiendo que a trav\u00e9s de \u00e9sta causal no es posible cuestionar aspectos como la interpretaci\u00f3n de normas o la apreciaci\u00f3n de las pruebas, ni situaciones que la ley no considera irregularidades o vicios en el procedimiento. <\/p>\n

3.- En debida oportunidad, el accionante present\u00f3 escrito con el que pretendi\u00f3 remediar las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio (fls. 79 – 84). <\/p>\n

4.- Por auto del 23 de septiembre de 2019, se rechaz\u00f3 la demanda al considerar que el impugnante no cumpli\u00f3 con la carga de sanearla (fls. 87 \u2013 93), por lo siguiente. <\/p>\n

4.1. Respecto a la causal s\u00e9ptima, no indic\u00f3 la providencia o determinaci\u00f3n que no le fue notificada, deteni\u00e9ndose a cuestionar que el Tribunal haya convertido la figura de la \u00aboposici\u00f3n\u00bb en una \u00absolicitud de restituci\u00f3n\u00bb, petici\u00f3n de la cual no se le corri\u00f3 traslado, en esa medida, los reparos no ata\u00f1en a una indebida notificaci\u00f3n, sino a un desacuerdo con la valoraci\u00f3n que el juzgador hizo de las pruebas o con lo concluido respecto a la situaci\u00f3n de uno de los intervinientes. Adem\u00e1s, del sustrato f\u00e1ctico se deduce que el recurrente \u00abfue vinculado al juicio y ejerci\u00f3 su derecho de oposici\u00f3n, tal como lo consagra el art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, si bien el Tribunal encontr\u00f3 que los intervinientes Jairo Manuel Urango y Catalina Berr\u00edo Ib\u00e1\u00f1ez, tambi\u00e9n eran v\u00edctimas del conflicto, indic\u00f3 que no pod\u00eda dar orden de protecci\u00f3n respecto a ellos, porque \u00abtal cosa afectar\u00eda el principio de incongruencia (sic) de la sentencia y del debido proceso del opositor Guillermo Alberto\u2026 sobre todo porque siendo \u00e9sta la que delimita el campo de acci\u00f3n en el que debe defender el demandado, resultar\u00eda a todas luces ponerlo en una situaci\u00f3n de desventaja, pues su defensa \u00fanicamente se perfil\u00f3 a los intereses de Juana Calder\u00edn, transgrediendo as\u00ed su derecho de defensa y debido proceso\u00bb. En consecuencia, los hechos expuestos por el recurrente, no pueden asimilarse a una falta de notificaci\u00f3n y por lo mismo no resultan suficientes para servir de fundamento a la alegada causal de revisi\u00f3n. <\/p>\n

4.2.- La octava causal alegada se refiere de manera exclusiva a ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la constituci\u00f3n del acto procesal, mirado \u00fanicamente desde una perspectiva procedimental, \u00abes decir, por faltar el presupuesto adjetivo que se requiere para que dicho acto produzca los efectos jur\u00eddicos que la ley instrumental le atribuye\u00bb, de manera que solo puede ser considerado desde la perspectiva de las nulidades procesales y no por errores en la argumentaci\u00f3n. <\/p>\n

Los supuestos f\u00e1cticos expuestos por el recurrente no se avienen con la hip\u00f3tesis del numeral 8\u00b0, toda vez que no vinculan un vicio o irregularidad capaz de invalidar la actuaci\u00f3n, sino que ata\u00f1en a yerros de juicio en los que habr\u00eda incurrido el juzgador al estimar que uno de los opositores tambi\u00e9n ten\u00eda condiciones para ser reconocido como v\u00edctima, por lo que no pueden asimilarse a una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. <\/p>\n

Adicionalmente, el juzgador en su providencia dispuso que, en garant\u00eda de los derechos del ac\u00e1 recurrente, la reclamaci\u00f3n que deb\u00eda realizarse a favor del mencionado opositor, se llevar\u00eda en procedimiento separado para darle posibilidad de ejercer su contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n

5.- Frente a la citada determinaci\u00f3n, el promotor formul\u00f3 recurso de s\u00faplica, aduciendo que las dos causales alegadas est\u00e1n sustentadas jur\u00eddica y f\u00e1cticamente. <\/p>\n

En cuanto al s\u00e9ptimo motivo de revisi\u00f3n, enfatiz\u00f3 en los argumentos expuestos en la demanda y en el escrito de subsanaci\u00f3n y manifest\u00f3 desacuerdo \u00fanicamente con lo expresado en el auto recurrido en punto a que la modificaci\u00f3n de la calidad en la que actu\u00f3 un sujeto procesal corresponde a una facultad del juez en el ejercicio de la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n

Por otra parte, acot\u00f3 que no comparte las apreciaciones del magistrado sustanciador referentes a que no se dan los presupuestos de la nulidad originada en la sentencia y a que sus reparos se dirigen contra los argumentos que la sustentan, por cuanto desconoce que en la misma se vulner\u00f3 el principio de congruencia previsto en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso que constituye uno de sus requisitos formales, al \u00abconvertir\u00bb al se\u00f1or Jairo Urango en solicitante omitiendo la notificaci\u00f3n y traslado a Guillermo Ocampo, quien en la actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a defenderse de Juana Calder\u00edn como \u00fanica solicitante. <\/p>\n

II.- CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- El art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso fija entre las razones de revisi\u00f3n la del numeral 7\u00b0, consistente en \u00ab[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb, causal que propende por reparar la irregularidad derivada de haberse adelantado un proceso a espaldas de quien ha debido ser enterado de su existencia, cercenando as\u00ed su posibilidad de ejercer los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, como pilares de la garant\u00eda del debido proceso. Al efecto, en SC 18 ago. 2006, exp. No. 2003-00247-01, la Corte precis\u00f3 que,
\n(\u2026) [p]or ello la ley se apresura a sancionar con nulidad la actuaci\u00f3n adelantada sin haberse convocado en legal forma al demandado al proceso, preceptuando el art\u00edculo 140 del c\u00f3digo de procedimiento civil que as\u00ed acaece \u2018cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n al demandado, o a su representante, o al apoderado de \u00e9ste, seg\u00fan el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su correcci\u00f3n o adici\u00f3n\u2019, causal que por su innegable trascendencia constituye uno de los motivos que permiten la invalidaci\u00f3n del proceso por medio del recurso de revisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

2.- De otra parte, al tenor del numeral 8 del art\u00edculo 355 ibidem, constituye motivo de revisi\u00f3n, \u00ab[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, siendo dos los aspectos a tener en cuenta para su procedencia: que el juzgador haya incurrido en un vicio de nulidad al momento mismo de pronunciar el fallo, aunado a que no existan medios de contradicci\u00f3n que permitan discutirlo dentro de la misma actuaci\u00f3n. <\/p>\n

La raz\u00f3n espec\u00edfica de nulidad que puede alegarse por esta v\u00eda, exige que no tenga su g\u00e9nesis en el devenir litigioso, sino que emerja del mismo fallo, con la salvedad que, a tono con en el numeral 7 del citado art\u00edculo 355, la indebida representaci\u00f3n, la falta de notificaci\u00f3n o el emplazamiento inadecuado constituyen causal aut\u00f3noma. <\/p>\n

En CSJ SC 8 abr. 2011, rad. 2009-00125-00, reiterada entre otras en SC12559-2014 y SC12377-2014, respecto de las caracter\u00edsticas de la causal en comentario, antes prevista en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se expuso que \u00e9sta, <\/p>\n

(\u2026) gravita en torno de la protecci\u00f3n del debido proceso y del derecho a ser o\u00eddo y vencido en juicio con la plenitud de las formas procesales (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), sobre la base, en primer t\u00e9rmino, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisi\u00f3n no sea susceptible de recurso alguno. <\/p>\n

En cuanto al primero de los presupuestos se\u00f1alados, por ser el que puede generar alg\u00fan debate, debe recordarse que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -adem\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, \u201cno se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas l\u00f3gico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando \u00e9stas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisi\u00f3n\u201d (CLVIII, 134). -Subraya intencional- <\/p>\n

3.- En el caso examinado resulta palmario que le asisti\u00f3 raz\u00f3n al magistrado sustanciador al rechazar la demanda de revisi\u00f3n, toda vez que, en efecto, la descripci\u00f3n factual presentada por el recurrente no se aviene a los presupuestos que viabilizan las causales alegadas, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n

3.1.- En lo que respecta a la causal 7\u00b0 referida a una presunta falta de notificaci\u00f3n, es preciso resaltar que \u00e9sta debe mirarse de cara a la hip\u00f3tesis invalidante del proceso consagrada en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que reg\u00eda para la \u00e9poca en que se adelant\u00f3 el procedimiento de restituci\u00f3n de tierras, a tono con la cual, el proceso es nulo en todo o en parte, \u00abcuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n al demandado o a su representante, o al apoderado de aquel o de \u00e9ste, seg\u00fan el caso, del auto que admite la demanda o el mandamiento ejecutivo, o su correcci\u00f3n o adici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que, tal y como se advirti\u00f3 en el auto censurado, el recurrente no indic\u00f3 la providencia o determinaci\u00f3n que no le fue notificada, quedando descartado que hubiese sido el auto admisorio de la demanda conforme a lo ordenado en el art\u00edculo 87 de la Ley 1448 de 2011, por cuanto del mismo relato f\u00e1ctico del recurso extraordinario se extrae que estuvo debidamente vinculado al proceso y que all\u00ed, vali\u00e9ndose de la prerrogativa prevista en el art\u00edculo 88 de la misma ley, se present\u00f3 como opositor, de modo que el contradictorio s\u00ed fue integrado con el hoy recurrente, luego no puede predicarse falta de notificaci\u00f3n del auto que dispuso dar tr\u00e1mite a la solicitud de restituci\u00f3n. <\/p>\n

En esas condiciones, comoquiera que el r\u00e9gimen de nulidades es taxativo, por lo que no admite interpretaciones extensivas, emerge con nitidez que en este caso al no mediar ning\u00fan acto procesal emanado del \u00f3rgano jurisdiccional cuya notificaci\u00f3n fuera obligatoria al ahora recurrente y su inobservancia sancionada con nulidad, ning\u00fan yerro puede predicarse de lo decidido en el auto suplicado. <\/p>\n

3.2.- Como quiera que la finalidad del recurso de s\u00faplica ata\u00f1e a obtener pronunciamiento respecto de la decisi\u00f3n que suscit\u00f3 inconformidad, para que los dem\u00e1s integrantes de la sala la revoquen o modifiquen, tal objetivo le impone al impugnante una m\u00ednima carga de sustentaci\u00f3n respecto a cu\u00e1les fueron esos aspectos f\u00e1cticos o jur\u00eddicos desatendidos o indebidamente analizados por el magistrado sustanciador, y en qu\u00e9 consisti\u00f3 el error que amerita una rectificaci\u00f3n. <\/p>\n

En el caso auscultado, en el auto recurrido se estim\u00f3 inviable la causal octava de revisi\u00f3n, por dos razones fundamentales: i) porque \u00e9sta se refiere de manera exclusiva a ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la constituci\u00f3n del acto procesal, y en este caso los supuestos alegados por el recurrente no vinculan un vicio o irregularidad capaz de invalidar la actuaci\u00f3n, sino que ata\u00f1en a yerros de juicio en los que habr\u00eda incurrido el tribunal, ii) el juzgador claramente se\u00f1al\u00f3 que la reclamaci\u00f3n a favor del mencionado opositor, se llevar\u00eda en procedimiento separado, para posibilitar la contradicci\u00f3n y defensa del aqu\u00ed recurrente, de modo que la alegaci\u00f3n sobre la presunta irregularidad carece de respaldo f\u00e1ctico. <\/p>\n

No obstante, el recurrente al exponer su disconformidad con lo all\u00ed decidido se limita a insistir en que la congruencia es un requisito legal de la sentencia y que su inobservancia genera nulidad de aquella por comportar una afrenta al derecho de defensa, pero ning\u00fan reproche le merecieron las apreciaciones contenidas en dicho prove\u00eddo en punto a que no se vislumbra afrenta a los principios y derechos invocados, por cuanto, de manera expresa, el Tribunal dispuso que la reclamaci\u00f3n a favor del se\u00f1or Jairo Urango deb\u00eda adelantarse en procedimiento separado. <\/p>\n

Como puede verse, el planteamiento del recurso se efect\u00faa de manera general, sin atacar frontalmente todos los razonamientos expuestos por el magistrado sustanciador al momento de concluir que el ataque invocado para sustentar el recurso extraordinario no se ce\u00f1\u00eda a los requerimientos m\u00ednimos para darle v\u00eda, en especial, el concerniente a que los derechos del se\u00f1or Guillermo Ocampo quedaron a salvo puesto que en el fallo censurado se orden\u00f3 tramitar en proceso separado la reclamaci\u00f3n de Jairo Urango, en esa medida, estima la Sala que el argumento incontrovertido tiene peso suficiente para mantener en firme la decisi\u00f3n. <\/p>\n

Ciertamente, aunque el recurrente en forma insistente asevera que el vicio estructurante de nulidad generado en la sentencia se concreta en la afrenta al principio de congruencia por hab\u00e9rsele otorgado trato de reclamante en restituci\u00f3n de tierras a un opositor, no puede soslayarse que, si bien entre las \u00f3rdenes dirigidas en el fallo cuestionado a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Antioquia, se encuentra que \u00abpresente dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses, solicitud de restituci\u00f3n de tierras (compensaci\u00f3n) en debida forma en favor de Jairo Manuel Urango D\u00edaz y Catalina Berr\u00edo Ib\u00e1\u00f1ez\u00bb, all\u00ed nada se est\u00e1 resolviendo a favor de Jairo Urango, ni en contra del ahora accionante, de donde no puede afirmarse que el Juzgador se extralimit\u00f3 en su esfera de competencia. <\/p>\n

Por el contrario, en las disertaciones relacionadas con la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Jairo Urango y Catalina Berr\u00edo frente al mismo bien reclamado por Juana Calder\u00edn Guzm\u00e1n, el sentenciador se\u00f1al\u00f3 que en dicho proceso se evidenci\u00f3 un caso de \u00abdespojo sucesivo\u00bb que facultaba a la Unidad de Tierras para inscribir a cada una de las v\u00edctimas en forma individual en el respectivo registro y tramitar \u00abtodas las solicitudes de restituci\u00f3n y compensaci\u00f3n en el mismo proceso\u00bb, pero como as\u00ed no actu\u00f3 dicha entidad, consider\u00f3 necesario emitir \u00f3rdenes en ese sentido para salvaguardar los derechos de quien, igualmente, ostentaba la calidad de v\u00edctima, sin embargo, en aras de no desconocer el principio de congruencia ni los derechos del opositor Guillermo Ocampo, se abstuvo de adoptar decisiones al respecto, limit\u00e1ndose a disponer que por la Unidad especializada se procediera a efectuar la reclamaci\u00f3n pertinente. En esa direcci\u00f3n, razon\u00f3: <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se tiene que de cara a una salvaguarda efectiva y adecuada a los derechos e intereses de JAIRO MANUEL y CATALINA BERRIO, se ordenar\u00e1 a la UNIDAD DE TIERRAS que presente, dentro de un t\u00e9rmino prudencial y razonable (2 meses), su solicitud en debida forma ante los Jueces de Restituci\u00f3n de Tierras, y como ya mediante este prove\u00eddo se ordenar\u00e1 la restituci\u00f3n a JUANA CALDERIN de la parcela 7, deber\u00e1 hacerlo demandando la compensaci\u00f3n en su favor y dem\u00e1s garant\u00edas vistas. <\/p>\n

Ahora bien, aunque puede pensarse que de cara a una decisi\u00f3n integradora y definitiva en esta sentencia se podr\u00eda dar una orden de protecci\u00f3n en ese sentido, tal cosa afectar\u00eda el principio de congruencia de la sentencia y del debido proceso del opositor GUILLERMO ALBERTO. Ciertamente, pese a los amplios poderes que tienen los jueces y magistrados de restituci\u00f3n de tierras, lo que implica que en sede de esta acci\u00f3n no se mira con igual rigidez el principio de congruencia, en la medida que puede fallarse extra y ultra petita, no se trata de una potestad ilimitada, ya que en todo caso el fallo que finalmente se torne debe estar en consonancia con la causa que le sirve de fundamento a las pretensiones planteadas en la demanda, pero sobre todo porque siendo esta la que delimita el campo de acci\u00f3n en el que se debe defender el demandado, resultar\u00eda a todas luces ponerlo en una situaci\u00f3n de desventaja, pues su defensa \u00fanicamente se perfilo a los intereses de JUANA CALDERIN, transgrediendo as\u00ed su derecho de defensa y debido proceso. (Subraya intencional). <\/p>\n

Teniendo en cuenta que el auto censurado, desde el punto de vista argumentativo, se afianz\u00f3 tambi\u00e9n en la especial importancia conferida a los razonamientos del juzgador encaminados a no incurrir en un fallo incongruente y a salvaguardar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de Guillermo Ocampo, es obvio que cualquier discrepancia con esa precisa apreciaci\u00f3n exig\u00eda manifestar puntualmente por qu\u00e9 raz\u00f3n era equivocada o se hallaba fuera de contexto, sin embargo, al respecto nada cuestion\u00f3 el recurrente, de ah\u00ed que, corroborado como qued\u00f3 ese raciocinio en esta providencia, la conclusi\u00f3n es irremediablemente la misma. <\/p>\n

En s\u00edntesis, tal y como lo advirti\u00f3 el magistrado sustanciador, el sustrato f\u00e1ctico que da pie a la proposici\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, no se aviene en lo absoluto con los presupuestos que viabilizan la octava causal de revisi\u00f3n y, ciertamente, la situaci\u00f3n planteada m\u00e1s all\u00e1 de cuestionar aspectos acontecidos al emitirse la sentencia objeto de censura con entidad suficiente para procurar con alg\u00fan grado de \u00e9xito su invalidaci\u00f3n, en realidad da cuenta de reparos de \u00edndole sustancial que atacan la valoraci\u00f3n probatoria y la definici\u00f3n en s\u00ed del litigio. <\/p>\n

4.- Vistas de ese modo las cosas, ning\u00fan desafuero puede predicarse de la conclusi\u00f3n referente a que los defectos que motivaron la inadmisi\u00f3n del libelo no fueron subsanados satisfactoriamente. En consecuencia, habr\u00e1 de confirmarse la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

5.- No se impondr\u00e1 condena en costas por cuanto no existe constancia de que se hayan causado (num. 1\u00b0 y 8\u00b0, art. 365 C. G. P.). <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

Primero: Confirmar el auto proferido el 23 de septiembre de 2019 por el Magistrado Sustanciador en el asunto referenciado. <\/p>\n

Segundo: Sin condena en costas por la s\u00faplica. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado Ponente AC2287-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 02 03 000 2019 00715 00 (Discutido y aprobado en sala de cinco de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020). Se decide el recurso de s\u00faplica formulado por el accionante, frente al auto proferido el 23 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}