{"id":103330,"date":"2026-07-02T20:49:16","date_gmt":"2026-07-02T20:49:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103330"},"modified":"2026-07-02T20:49:16","modified_gmt":"2026-07-02T20:49:16","slug":"ac2291-2020-2020-00787-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2291-2020-2020-00787-00\/","title":{"rendered":"AC2291-2020 (2020-00787-00)"},"content":{"rendered":"
AC2291-2020
\nRadicaci\u00f3n \tNo. 11001-02-03-000-2020-00787-00
\nBogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide lo pertinente en relaci\u00f3n con un impedimento para intervenir en el tr\u00e1mite de exequatur promovido por Arturo Jos\u00e9 Galindo Andrade frente a Ana Mar\u00eda Carvajal Novoa.
\nI.-ANTECEDENTE <\/p>\n

El Magistrado Luis Alonso Rico Puerta se declar\u00f3 impedido para intervenir en este asunto, con base en la causal prevista en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso (fl. 89). <\/p>\n

Espec\u00edficamente, manifest\u00f3 que mantiene con la abogada Stella Conto D\u00edaz del Castillo, quien representa a la parte solicitante del exequatur, \u00abuna relaci\u00f3n de cercan\u00eda tras integrar, como Conjuez, la Secci\u00f3n del Consejo de Estado de la que ella hac\u00eda parte como Consejera titular\u00bb, lo que, seg\u00fan esgrime, \u00abpodr\u00eda poner en entredicho la absoluta imparcialidad que debe distinguir a quien ejerce la funci\u00f3n jurisdiccional\u00bb.
\nII.-CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Como una manifestaci\u00f3n de los principios de imparcialidad e independencia que caracterizan la labor judicial, el estatuto adjetivo permite que el funcionario encargado de resolver un pleito, ya se trate de juez singular o plural, sea retirado de su conocimiento en caso de que existan circunstancias que los afecten. <\/p>\n

La Corte Constitucional en T319A-2012, al abordar esta tem\u00e1tica, expuso, <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Otro punto destacable de la jurisprudencia sobre la materia es el que vincula los impedimentos y las recusaciones con la efectividad de la imparcialidad judicial en sus dimensiones objetiva y subjetiva, distinci\u00f3n que ha sido estructurada en la perspectiva planteada, de nuevo, por los precedentes del sistema interamericano. <\/p>\n

El aspecto objetivo de la imparcialidad judicial busca que los asuntos conocidos por el juez le sean ajenos, al punto de que no tenga inter\u00e9s alguno en el proceso, ni directo ni indirecto. De lo que se trata es de evitar que el juez haya tenido un contacto anterior con el asunto para que, desde el punto de vista funcional y org\u00e1nico, se excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad. <\/p>\n

El aspecto subjetivo de la imparcialidad judicial es distinto, pues tiene que ver con la convicci\u00f3n personal que puede tener el juez frente a un caso concreto. La Corte ha definido tal dimensi\u00f3n de la imparcialidad judicial haciendo referencia a \u201cla probidad y la independencia del juez, de manera que \u00e9ste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto\u201d2 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Otro tema abordado por la Corte es el que concierne a las situaciones que configuran las causales de impedimentos y recusaciones aplicables en las diferentes jurisdicciones. La corporaci\u00f3n ha explicado que las mismas pueden darse por cuestiones de inter\u00e9s directo o indirecto, material, intelectual o moral, razones econ\u00f3micas, de afecto, de animadversi\u00f3n o amor propio3. <\/p>\n

Pero eso no implica que puedan alegarse ante cualquier circunstancia que, subjetivamente, conduzca a sospechar de la parcialidad del juez. La jurisprudencia ha reiterado que las mismas no operan en un \u00e1mbito indefinido, sino, por el contrario, en uno estrictamente delimitado por las causales que consagra el r\u00e9gimen procesal vigente para cada disciplina jur\u00eddica de forma taxativa. <\/p>\n

En ese sentido, la sentencia C-881 de 2011 insisti\u00f3, recientemente, en el car\u00e1cter excepcional de los impedimentos, y sobre c\u00f3mo, para evitar que se conviertan en una v\u00eda para limitar de forma excesiva el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201cla jurisprudencia coincidente y consolidada de los \u00f3rganos de cierre de cada jurisdicci\u00f3n ha determinado que los impedimentos tienen un car\u00e1cter taxativo y que su interpretaci\u00f3n debe efectuarse de forma restringida\u201d. <\/p>\n

Lo anterior supone que, al verificar si est\u00e1 incurso en una causal de impedimento, el juez deber\u00e1 atenerse a lo previsto, sobre el particular, en las normas procesales aplicables para el caso sometido a su consideraci\u00f3n, pues, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se entiende que en cuesti\u00f3n de impedimentos y recusaciones, no hay espacio para las remisiones normativas ni para las interpretaciones anal\u00f3gicas. (Subraya intencional). <\/p>\n

2.- Entre las causales de recusaci\u00f3n y, por extensi\u00f3n, de impedimento, se\u00f1aladas en el art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, el numeral 9\u00b0 se refiere a existir \u00abamistad \u00edntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado\u00bb, siendo esa la causal que en este caso adujo el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta con sustento en que entre \u00e9l y la abogada Stella Conto D\u00edaz del Castillo hay una relaci\u00f3n de cercan\u00eda dado que \u00e9l integr\u00f3, como Conjuez, la Secci\u00f3n del Consejo de Estado de la que ella hac\u00eda parte como Consejera titular (se resalta). <\/p>\n

Como se logra advertir, de esa manifestaci\u00f3n no se logra extraer que entre ellos exista una \u00abamistad\u00bb y menos que sea \u00ab\u00edntima\u00bb, sin que la relaci\u00f3n de cercan\u00eda a que alude el Magistrado tenga tal connotaci\u00f3n. Ello porque la amistad \u00edntima se corresponde a una relaci\u00f3n entre personas que, adem\u00e1s de dispensarse trato y confianza rec\u00edprocos, comparten sentimientos y pensamientos que hacen parte del fuero interno de los involucrados. Sobre ese v\u00ednculo, como sustento de un impedimento, ha dicho la Sala Penal de la Corte, en reflexiones que son de recibo en lo civil, que <\/p>\n

\u2026cuando se invoca la amistad \u00edntima como circunstancia impeditiva, se apela a aspectos subjetivos que corresponde al propio juzgador apreciar y cuantificar. Se exige adem\u00e1s la exposici\u00f3n de un fundamento expl\u00edcito y convincente donde se ponga de manifiesto de qu\u00e9 manera puede afectarse la imparcialidad del juicio, porque de lo contrario, la pretensi\u00f3n en ese sentido resultar\u00eda nugatoria. Entonces, es preciso que el manifestante pruebe la existencia del v\u00ednculo afectivo y, adem\u00e1s, la presencia de una raz\u00f3n por la cual su criterio podr\u00eda resultar comprometido con los intereses de alguno de los sujetos procesales (CSJ CSJ AP, 23 may. 2018, rad. 52748, reiterado en AP4548-2018, 17 oct. 2018). <\/p>\n

Bajo ese entendido, la Sala considera que las razones aducidas por el funcionario que expone su apartamiento no son contundentes ni concluyenes para soportar su alejamiento del caso, dado que no explicita que entre \u00e9l y la apoderada del solicitante del exequatur exista un v\u00ednculo de \u00abamistad \u00edntima\u00bb, que es el supuesto que el legislador concibe como motivo suficiente para turbar su imparcialidad. <\/p>\n

Pero m\u00e1s all\u00e1 de que no se aludi\u00f3 con la claridad necesaria a una \u00abamistad \u00edntima\u00bb entre juzgador y letrado, de lo dicho en apoyo por el funcionario tampoco se infiere la configuraci\u00f3n de la causal impeditiva invocada, por cuanto llanamente asever\u00f3 que con la profesional del derecho que representa los intereses del extremo actor hay una \u00abuna relaci\u00f3n de cercan\u00eda tras integrar, como Conjuez, la Secci\u00f3n del Consejo de Estado de la que ella hac\u00eda parte como Consejera titular\u00bb, lo cual corresponde a un trato profesional o de colegas, que nada dice del florecimiento de genuinos lazos personales de afecto, confianza, cari\u00f1o, infidencia o intimidad que hagan ver que existe una amenaza a la imparcialidad de quien debe administrar justicia. <\/p>\n

3.- Por ende, se declarar\u00e1 infundado el impedimento en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

III.-DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

Primero: No aceptar el impedimento se\u00f1alado por el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta dentro de este proceso, por no configurarse la causal prevista en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Segundo: En firme esta providencia, vuelva el expediente al despacho del Magistrado a quien le fue repartido, para lo pertinente. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tSentencia C-365 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo.
\n2 \tSentencia C-600 de 2011. M.P. Mar\u00eda Victoria Calle.
\n3 \tCfr. Sentencia T-515 de 1992, M.P. Jos\u00e9 Gregorio \tHern\u00e1ndez y Auto 069 de 2003, M.P. \u00c1lvaro Tafur \tGalvis.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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