{"id":103352,"date":"2026-07-02T20:54:39","date_gmt":"2026-07-02T20:54:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103352"},"modified":"2026-07-02T20:54:39","modified_gmt":"2026-07-02T20:54:39","slug":"ac2332-2020-2020-02298-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2332-2020-2020-02298-00\/","title":{"rendered":"AC2332-2020 (2020-02298-00)"},"content":{"rendered":"
AC2332-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2020-02298-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se resuelve el conflicto suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Bucaramanga (Santander) y el Promiscuo Municipal de Vian\u00ed (Cundinamarca), para seguir conociendo del tr\u00e1mite de \u201crestablecimiento de derechos\u201d impulsado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respecto de la menor V.O.B. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.1 Mediante denuncia instaurada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Bucaramanga (Santander), se acusa del presunto abuso sexual de que fue v\u00edctima la menor V.O.B., por parte de un conocido de la progenitora, que reside en Vian\u00ed, Cundinamarca. <\/p>\n

1.2. El 01 de julio de 2016 el Centro Zonal Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento, Regional Santander del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, abre proceso administrativo de derechos a favor de la menor y dispone, entre otras cosas, tomar la medida de protecci\u00f3n provisional de urgencia \u201cpese a que el domicilio de la ni\u00f1a no es la ciudad de Bucaramanga si no al parecer, seg\u00fan informaci\u00f3n suministrada por la mam\u00e1, la ciudad de Bogot\u00e1, desde hace un mes aproximadamente el retiro del medio familiar de origen materno por garant\u00eda de derecho y en pro del inter\u00e9s superior en medio familiar junto con su abuela paterna se\u00f1ora Yaelht Acosta de Orozco, quien reside en Floridablanca, [Bucaramanga], Santander\u201d. <\/p>\n

1.3. En audiencia de pruebas y fallo de 31 de octubre de 2016, se resuelve: i) declarar a \u201cla menor en estado de vulneraci\u00f3n\u201d ii) \u201ccontinuar con la medida de protecci\u00f3n adoptada en el auto de apertura de 1 de julio de 2016 de restablecimiento de derecho por la ubicaci\u00f3n en medio familiar de origen paterno esto es junto a su progenitor por contar garant\u00edas para ello y a quien este despacho le entrega de manera provisional la Custodia y el Cuidado personal de su hija a la se\u00f1ora Yaelth Acosta Orozco en calidad de abuela paterna (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1.4. El 10 de noviembre de 2016, se remite tal decisi\u00f3n al juez de familia para su homologaci\u00f3n. No obstante, \u00e9ste mediante prove\u00eddo del 16 de noviembre de 2016, rechaz\u00f3 de plano la solicitud, por cuanto \u201cno fue pedida por las partes ni por el Ministerio P\u00fablico.\u201d Lo remite, nuevamente al Centro Zonal Luis Carlos G\u00e1lan Sarmiento del ICBF. <\/p>\n

1.5. El 27 de noviembre de 2016, la ni\u00f1a fue llevada por su progenitora a Vian\u00ed (Cundinamarca), el 23 de diciembre de 2016, con el compromiso de traerla de nuevo el 26 del mismo mes, lo cual no sucedi\u00f3. El 10 de enero de 2017, la se\u00f1ora Acosta de Orozco denunci\u00f3 a la madre por el delito de ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor de edad, contemplado en el art\u00edculo 230 A del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n

1.6. El 10 de junio de 2020, la actuaci\u00f3n fue remitida al reparto de los Juzgados de Familia de Bucaramanga, por haber perdido la competencia el ICBF, al haber transcurrido 18 meses contados a partir del conocimiento de los hechos sin decidir de fondo. <\/p>\n

1.7. Mediante Resoluci\u00f3n Administrativa 002 del 18 de abril de 2017, la Comisaria de Familia de Vian\u00ed dispuso \u201centregar de manera definitiva\u201d la menor a su madre. Desconoci\u00f3 el presunto abuso sexual del que fue v\u00edctima V.A.B., cometido por un conocido de aquella. <\/p>\n

1.8. El Juzgado Primero del Circuito de Bucaramanga, rechaz\u00f3 el conocimiento de la actuaci\u00f3n administrativa. Tuvo en cuenta para el efecto el domicilio actual de la menor, en Vian\u00ed, todo, de conformidad con el inciso 2, numeral 2 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

1.9. Recibido el asunto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Vian\u00ed, mediante auto de 11 de agosto de 2020, repeli\u00f3 la competencia. Adujo que en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, el estrado de Bucaramanga no estaba autorizado para desprenderse del manejo y soluci\u00f3n definitiva de la controversia. <\/p>\n

1.10. Planteado as\u00ed el conflicto, se justifica el paso del proceso por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

2.1. Ata\u00f1e a esta Corte adscribir el conocimiento del asunto, por cuanto las autoridades judiciales involucradas pertenecen a distritos judiciales distintos, en concreto, Cundinamarca y Santander. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n

2.2. La competencia "Es aquella parte de jurisdicci\u00f3n que corresponde en concreto a cada \u00f3rgano jurisdiccional singular, seg\u00fan ciertos criterios a trav\u00e9s de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicci\u00f3n entre los distintos \u00f3rganos ordinarios de ella"1. Para establecer, la jurisprudencia2 y la doctrina3, en armon\u00eda con las normas que la asignan, han identificado distintos fueros: a) objetivo, b) subjetivo, c) conexi\u00f3n, d) funcional y e) territorial. <\/p>\n

A su vez, luego de determinada, la competencia, en l\u00ednea de principio, no puede ser modificada en el curso del juicio. As\u00ed se entend\u00eda desde los tiempos romanos bajo la conocida f\u00f3rmula de la \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d y se sigue entronizando en las legislaciones procesales modernas4. <\/p>\n

Esta Corte ha dejado claro que \u201c(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta\u201d5. Como lo sostuvo en otra oportunidad: <\/p>\n

\u201ccuando un asunto es asignado a determinado \tfuncionario (\u2026) por v\u00eda general aqu\u00e9l no podr\u00e1 desprenderse de su conocimiento, a menos que se concrete uno de los supuestos que prev\u00e9 la normativa procesal, a saber: <\/p>\n

(i)\tCuando intervenga como parte, en forma sobreviniente, un estado extranjero, o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n

(ii)\tCuando un tr\u00e1mite de m\u00ednima o menor cuant\u00eda muta en uno de mayor, en virtud de la reforma de la demanda, demanda de reconvenci\u00f3n o acumulaci\u00f3n de procesos o de demandas. <\/p>\n

(iii)\tCuando, de conformidad con los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se disponga la remisi\u00f3n de los expedientes a las oficinas de apoyo u oficinas de ejecuci\u00f3n de sentencias declarativas o ejecutivas. <\/p>\n

(iv)\tEn virtud del cambio de radicaci\u00f3n ordenado por la Corte Suprema de Justicia o los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, seg\u00fan el caso. <\/p>\n

2.3. En el caso concreto, la competencia por factor territorial el mismo legislador la determina. El art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia establece que los procesos de restablecimiento de derechos de menores, \u201cser\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u201d. <\/p>\n

2.4. La asignaci\u00f3n no puede considerarse absoluta. Esta Corte tiene explicado que \u201cpuede y debe ceder ante circunstancias verdaderamente excepcionales, de evidenciarse la manifiesta inconveniencia de que el tr\u00e1mite siga siendo gestionado por quien originalmente avoc\u00f3 su conocimiento\u201d7. En concordancia ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) debe tenerse presente el car\u00e1cter garantista y protector del ordenamiento jur\u00eddico vigente en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, por lo que aun cuando la tendencia jurisprudencial de la Sala se ha orientado a preservar la perpetuatio jurisdictionis, \u00e9ste principio no puede considerarse como un par\u00e1metro p\u00e9treo o inalterable, sino que, por el contrario, debe ceder en eventos ciertamente excepcionales en los que el inter\u00e9s superior del menor se pueda ver comprometido (\u2026). <\/p>\n

En ese contexto debe analizarse la situaci\u00f3n que motiva el presente pronunciamiento, seg\u00fan la cual la madre de la menor, ante los actos de violencia que padeci\u00f3 por acci\u00f3n directa del padre de la ni\u00f1a, opt\u00f3 por que ambas abandonaran su domicilio original para trasladarse a la ciudad de Cali. Y en raz\u00f3n de ello fue que la actora solicit\u00f3 la alteraci\u00f3n de la competencia territorial para que un juez de Cali aprehendiera el conocimiento del proceso, a lo que accedi\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de El Castillo. <\/p>\n

La situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita, si bien puede ser materia de investigaci\u00f3n en el proceso, de cara a los valores y principios que informan el derecho de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, a los cuales se ha hecho referencia, persuade a la Corte a considerar que el mencionado principio de la perpetuatio jurisdictionis debe ceder en este caso concreto, por v\u00eda excepcional, ya que la existencia de un posible riesgo para la madre de la menor podr\u00eda implicar un peligro adicional para esta, quien resultar\u00eda entonces afectada en su integridad, tanto f\u00edsica como sicol\u00f3gica\u201d8. <\/p>\n

2.5. La alteraci\u00f3n de la competencia procede en las situaciones nombradas o tambi\u00e9n cuando se evidencia que el cambio de domicilio del menor se debe a circunstancias que comprometen su vida e integridad personal. Situaci\u00f3n que inexorablemente genera un rompimiento en la \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d y en su lugar prevalece el inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n

2.6. Lo anterior no quiere decir que siempre se podr\u00e1 modificar la competencia en todos los casos donde se pretenda el restablecimiento de derechos de menores y haya un cambio de domicilio de \u00e9stos. Se trata de un aspecto que debe ser revisado en causa. <\/p>\n

2.7. En el asunto analizado, es preciso resaltar que V.O.B cambio de domicilio de Bucaramanga a Vian\u00ed, pero su traslado no obedeci\u00f3 a causas excepcionales. Su progenitora, as\u00ed hubiese sido autorizada por Yaelth Acosta de Orozco, quien ejerc\u00eda de hecho el cuidado y tenencia personal, radicada de manera provisional en cabeza de su progenitor, la sustrajo de su ambiente familiar. Distinto es que no la haya regresado en la \u00e9poca acordada y dado lugar a una denuncia en su contra por ejercicio arbitrario de custodia de la menor involucrada. <\/p>\n

2.8. Adicionalmente, la finalidad de alterar la competencia tiene sustento en las siguientes dos premisas: i) para salvaguardar los derechos e intereses del menor y ii) mayor celeridad en el tr\u00e1mite. Esto \u00faltimo estriba en que es m\u00e1s f\u00e1cil fijar la competencia en el lugar donde se encuentra el menor, por cuanto hace expedita la instrucci\u00f3n, la recolecci\u00f3n de pruebas, la verificaci\u00f3n en tiempo real de las condiciones de vida de los menores, sus necesidades afectivas y econ\u00f3micas reales. <\/p>\n

2.9. En el sub-examine, en caso de llegarse a conceder tal modificaci\u00f3n, podr\u00eda estarse generando efectos adversos. Por una parte, el restablecimiento de derechos de la menor se origin\u00f3 como consecuencia de un presunto abuso sexual en su contra cometido por un conocido de la mam\u00e1, que al enterarse no hizo nada, situaci\u00f3n que tuvo ocurrencia en el municipio de Vian\u00ed. Y establecer la competencia en dicha localidad, se estar\u00eda revictimizando a la menor y desprotegiendo su dignidad e integridad personal. <\/p>\n

Por otra, como lo indica el Juzgado Promiscuo Municipal de Vian\u00ed, \u201cdesde el inicio de la actuaci\u00f3n \u00e9sta siempre ha sido conocida por autoridades en Bucaramanga\u201d. De manera que realizar un cambio a estas instancias del proceso generar\u00eda dilaciones sin fundamento, m\u00e1xime cuando solo falta por determinar a quien le corresponde la custodia de forma permanente. Esto, inclusive, pone en entredicho la actuaci\u00f3n de cualquier otra autoridad administrativa o judicial de impulsar un tr\u00e1mite de una situaci\u00f3n que se encontraba subj\u00fadice. <\/p>\n

2.10. La interpretaci\u00f3n acabada de hacer corresponde con el objetivo principal, esto es, la prevalencia del inter\u00e9s superior del menor, ya que la medida esta encaminada a garantizar el bienestar de la menor sobre cualquier otra circunstancia que pretenda hacer nugatorio dicho beneficio. <\/p>\n

2.11. S\u00edguese de lo discurrido que el Juzgado Promiscuo Municipal de Vian\u00ed, no se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento del asunto. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de restablecimiento de derechos de menor es el Juzgado Primero Familia de Bucaramanga. <\/p>\n

Como consecuencia, se ordena remitir las diligencias, a dicha dependencia judicial y comunicar la decisi\u00f3n a la otra autoridad involucrada, haci\u00e9ndole llegar copia de la misma. Of\u00edciese. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado Sustanciador
\n1Cfr. \tROCCO, Ugo (2002): Derecho \tProcesal Civil. Ciudad de M\u00e9xico: \tEditorial Jur\u00eddica Universitaria, p. 246. Citado en S\u00c1EZ \tMARTIN, JORGE. (2015). LOS ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA \tJURISDICCIONAL. Revista de derecho (Coquimbo), 22(1), 529-570. \thttps:\/\/dx.doi.org\/10.4067\/S0718-97532015000100014
\n2Cfr. \tCSJ, Civil, sentencia de 26 junio de 2003, rad. 7058, citada en \tsentencia de 26 julio de 2013, rad. 2004-00263 y sentencia del 22 de \tabril de 2014, rad. 4809-2014
\n3Cfr. \tDEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. \tTratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. \tEditorial Temis. Bogot\u00e1. 1962. P\u00e1gs. 90 y ss.; en \tsimilar sentido: V\u00c9SCOVI, Enrique. Teor\u00eda \tGeneral del Proceso. \tEd. Temis. Bogot\u00e1. 1984. P\u00e1gs. 155 y ss.; SANABRIA \tSANTOS, Henry. \tFactores \tde atribuci\u00f3n de la competencia de los jueces civiles en el \tC\u00f3digo General del Proceso. Escritos \tdiversos sobre derecho procesal. Bogot\u00e1. 2013. Disponible en \thttps:\/\/letrujil.files.wordpress.com\/2013\/09\/01henry-sanabria.pdf.
\n4 \tCorte Suprema de Justicia, Sala Civil, Auto del 8 de noviembre de \t2018. Rad No. 2018-03357-00. <\/p>\n

6 \tIbid.
\n7 \tCorte Suprema de Justicia. OpCit. Rad No. 2018-03357-00.
\n8Corte \tSuprema de Justicia, Sala Civil, Auto 28 de septiembre de 2012. Rad \tNo. 02632, Auto de 29 de abril de 2014, Rad No. 00723 reiterado en \tAuto de 8 de noviembre de 2018 Rad No. 2018-03357-00.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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