{"id":103357,"date":"2026-07-02T20:55:54","date_gmt":"2026-07-02T20:55:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103357"},"modified":"2026-07-02T20:55:54","modified_gmt":"2026-07-02T20:55:54","slug":"ac2338-2020-2017-00555-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2338-2020-2017-00555-01\/","title":{"rendered":"AC2338-2020 (2017-00555-01)"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AC2338-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2017-00555-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de once de marzo dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tproceso se instaur\u00f3 para que se declarara que la demandada \tCodensa S.A., ESP., ejerce una ocupaci\u00f3n sobre zonas o \u00e1reas \tde un predio de propiedad de la demandante, el cual se identifica \tcon el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.050-0108931, de la \tjurisdicci\u00f3n de Usme, cuyas medidas y linderos generales se \tconsignaron en la demanda, mediante una servidumbre legal de hecho \tde distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica desde el \t23 de octubre de 1997, con la instalaci\u00f3n de una \tinfraestructura necesaria para tal finalidad, como l\u00edneas, \tpostes y dem\u00e1s elementos, en las franjas de terreno descritas \ten el libelo; adem\u00e1s, para que se condenara a la empresa \tdemandada a pagarle a la actora a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n \tla suma de $2.095.498.000.00 y sus correspondientes intereses \tliquidados desde el 23 de octubre de 1997 (fecha de la ocupaci\u00f3n) \thasta el d\u00eda en que se haga efectivo el pago, seg\u00fan la \ttasa de inter\u00e9s bancario corriente en el momento de dictar \tsentencia, suma que estim\u00f3 la convocante como perjuicios \ta \tresarcir. <\/p>\n

2.\tEn compendio la peticionaria expuso, como sustento de sus pedimentos, que: <\/p>\n

2.1.\tEl finado Juan Bautista Neira Chac\u00f3n, padre de la demandante, adquiri\u00f3 el inmueble denominado Juan Rey, tambi\u00e9n llamado Finca La Flora Pte. El Consejo de Tibaque, con c\u00e9dula catastral 101306000100000009, e identificado con folio inmobiliario No. 050-0108931, por adjudicaci\u00f3n en remate que le hizo el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Bogot\u00e1, aprobado mediante providencia de 09-04-1954. <\/p>\n

2.2.\tLa convocante adquiri\u00f3 el derecho de dominio sobre el lote de terreno donde se ejerce la servidumbre legal de hecho de energ\u00eda el\u00e9ctrica, denominado La Flor Baja en su condici\u00f3n de heredera del nombrado causante, fallecido el 26 de agosto de 1980, por adjudicaci\u00f3n que se le hiciera en la partici\u00f3n aprobada a trav\u00e9s de la sentencia ejecutoriada de 14 de enero de 2011, proferida en el sucesorio intestado de Juan Bautista Neira Chac\u00f3n, con radicado 1991-18895, en el cual la heredad finca Juan Rey, tambi\u00e9n llamada Finca La Flora Pte. El Consejo de Tibaque, fue divida por el partidor en dos lotes: La Flor Alta y La Flor Baja, indic\u00e1ndose sus medidas y linderos, sin estar debidamente registrada en el certificado de tradici\u00f3n No. 050-0108931. <\/p>\n

2.3. Las l\u00edneas de distribuci\u00f3n de media y baja tensi\u00f3n, junto con los postes est\u00e1n instaladas y pasan por el predio anotado en precedencia, por lo que se trata de una servidumbre legal implantada por v\u00eda de hecho y por el uso p\u00fablico, la actora no pudo oponerse a su \u00abimposici\u00f3n\u00bb no estando legitimada para exigir la restituci\u00f3n de las \u00e1reas ocupadas, por v\u00eda de acci\u00f3n reivindicatoria, pero s\u00ed tiene derecho a ser indemnizada por parte de Codensa S.A. ESP. <\/p>\n

2.4.\tAsevera que, a partir de la fecha de la partici\u00f3n ejecutoriada le fueron transmitidos los derechos del causante, raz\u00f3n por la cual est\u00e1 legitimada para promover la respectiva acci\u00f3n tendiente al pago de los frutos y los perjuicios que le correspond\u00edan al causante, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 1395, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

2.5. Manifiesta que si bien es cierto la servidumbre es de utilidad p\u00fablica, el predio objeto de ella no pasa a ser propiedad del Estado y menos de la Empresa de Energ\u00eda El\u00e9ctrica. Esta \u00faltima para ejercer la actividad en esas zonas no requiere del consentimiento del particular afectado, pero s\u00ed est\u00e1 obligada a resarcirle los perjuicios irrogados por la afectaci\u00f3n a su derecho de propiedad. <\/p>\n

2.6 Codensa S.A. ESP., por permitir el uso y goce de infraestructura y \u00e1reas ocupadas en el Barrio \u00abLa Flora\u00bb por parte de otras empresas prestadoras de servicios de telefon\u00eda, internet, televisi\u00f3n por cable y similares, recibe cuantiosas sumas de dinero, benefici\u00e1ndose as\u00ed, a\u00fan m\u00e1s, con la ocupaci\u00f3n del alusivo lote. <\/p>\n

3. Admitida \tla demanda en providencia calendada 21 de noviembre de 2017 y \tconstituida la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal con el \tenteramiento a la pasiva del auto admisorio, la convocada a trav\u00e9s \tde su representante legal para asuntos judiciales y administrativos \tcontest\u00f3 la base factual del libelo, negando unos hechos, \tdiciendo que otros se deben probar y que algunos no lo son, \toponi\u00e9ndose a las pretensiones de la accionante, objetando la \testimaci\u00f3n jurada de perjuicios vertida en el acto de \tintroducci\u00f3n procesal, a m\u00e1s de formular las \texcepciones de m\u00e9rito de \u00abprescripci\u00f3n \textintiva\u00bb, \t\u00abfalta \tde legitimaci\u00f3n por causa pasiva\u00bb \te \u00abinexistencia \tde nexo causal entre la conducta de la demandada y el aparente da\u00f1o \treclamado\u00bb \ty la \u00abgen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n

En escrito separado propuso las excepciones previas de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n o competencia\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva del derecho en litigio\u00bb y \u00abno comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios\u00bb, las cuales fueron declaradas infundadas por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en auto datado 13 de junio de 2018. <\/p>\n

4.\tAgotadas las fases del proceso, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 15 de julio de 2019 dict\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3: \u00abPRIMERO.- Se declaran no probadas las excepciones planteadas por la parte demandada. SEGUNDO.- Se niegan las pretensiones de la demanda\u00bb (folios 642 al 610 del cuaderno 1, continuaci\u00f3n). <\/p>\n

5. La promotora apel\u00f3 el nombrado fallo, recurso que fue desatado por el ad quem por conducto de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2019, ratificatoria de la providencia impugnada; ya antes, en prove\u00eddo de 2 de agosto del a\u00f1o inmediatamente anterior no tuvo en cuenta la prueba documental aportada por el recurrente, dado que no se cumpl\u00edan ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 327 del CGP. En su momento, advirti\u00f3, se resolver\u00eda sobre su eventual decreto oficioso. <\/p>\n

6. Interpuesto oportunamente el recurso de casaci\u00f3n, este fue concedido en providencia de 10 de septiembre de 2019; llegado el expediente a la Corte y efectuada la revisi\u00f3n pertinente, dicho remedio extraordinario fue admitido en auto de 12 de noviembre de 2019. Siendo que la demanda de casaci\u00f3n se present\u00f3 en tiempo, se proceder\u00e1 a su calificaci\u00f3n formal. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

1. Comenz\u00f3 por hacer unas precisiones y aclaraciones en torno a la controversia planteada para demarcar el lindero a seguir en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

2. En esa direcci\u00f3n, enfatiz\u00f3 que (i) en el asunto de marras no se trata de un proceso de servidumbre, en la medida que a trav\u00e9s de este no se busca su imposici\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n; (ii) simplemente lo planteado corresponde a una pretensi\u00f3n de reconocimiento de una indemnizaci\u00f3n reclamada por la demandante, por lo que se debe examinar si la se\u00f1ora Gloria In\u00e9s Neira tiene o no derecho a esta; (iii) secuela de lo anotado, el ad quem puntualiz\u00f3 que \u00abno es posible dilucidar el conflicto con las normas espec\u00edficas de constituci\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de servidumbres\u00bb, y, por consiguiente, (iv) tampoco en este proceso hay lugar para examinar si la red el\u00e9ctrica que fue o se encuentra instalada en el Barrio \u00abLa Flora\u00bb cumple o no los reglamentos oficiales (Reglamento T\u00e9cnico de Instalaci\u00f3n El\u00e9ctrica \u00abRetie\u00bb), no es un aspecto del que deba ocuparse, como tampoco (v) si, a prop\u00f3sito de la instalaci\u00f3n de las redes el\u00e9ctricas se respetaron o no los derechos de los vecinos del Barrio \u00abLa Flora\u00bb. <\/p>\n

3. A continuaci\u00f3n y con base en el expediente determin\u00f3 lo siguiente: a) que el Barrio \u00abLa Flora\u00bb est\u00e1 construido sobre un predio que le fue adjudicado a la demandante; b) este, seg\u00fan su dicho, viene siendo ocupado desde hace m\u00e1s de 18 o 20 a\u00f1os, adem\u00e1s, afirma que desde hace 35 a\u00f1os se les facilit\u00f3 el servicio de luz (energ\u00eda el\u00e9ctrica) a los ocupantes; c) tampoco se discute que la red el\u00e9ctrica est\u00e1 siendo operada por la sociedad demandada desde el mismo momento de su constituci\u00f3n (23 de octubre de 1997), tras recibir el inventario de su antecesora Empresa de Energ\u00eda de Bogot\u00e1; d) que el Barrio \u00abLa Flora\u00bb fue legalizado por el distrito capital mediante Resoluci\u00f3n n\u00famero 0420 de 2 de febrero de 1998 (folio 517 y ss.); d) que, conforme se desprende de los dict\u00e1menes periciales rendidos por Gilberto Cuervo Le\u00f3n y el informe suscrito por Jenny Paola Torres, \u00abla red el\u00e9ctrica est\u00e1 instalada sobre los andenes del Barrio La Flora\u00bb (folios 522 a 527, y folios 564 y ss.). <\/p>\n

4. Asimismo, y en orden a dar respuesta a una de las inconformidades de la apelante frente a la argumentaci\u00f3n consignada en el fallo de primera instancia que consider\u00f3 la legitimaci\u00f3n para reclamar indemnizaci\u00f3n en cabeza de los poseedores, el tribunal manifest\u00f3 que comparte con la recurrente que el tema de discusi\u00f3n no es si son los poseedores del predio los que tienen o no derecho a reclamar alg\u00fan tipo de indemnizaci\u00f3n, aunque la actora reconoce dicha ocupaci\u00f3n. Se\u00f1al\u00f3 que el punto no es si el espacio por donde va la red el\u00e9ctrica est\u00e1 siendo \u00abpose\u00eddo\u00bb por los vecinos pues resulta evidente que se trata de una zona que equivale a \u00abespacio p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n

5. Definido por el tribunal con apoyo en los dict\u00e1menes periciales y las fotograf\u00edas que as\u00ed lo demuestran, que las redes el\u00e9ctricas (infraestructura) se encuentran instaladas en los \u00abandenes\u00bb y con relaci\u00f3n a esto \u00faltimo, predica que es espacio p\u00fablico para concluir que \u00aben rigor no puede hablarse de la existencia de una servidumbre, y, a partir de ese hecho, deducir el derecho a una indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

6. Refuerza el enunciado en precedencia citando lo prevenido por el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 9\u00aa de 1989, con relaci\u00f3n a la definici\u00f3n de \u00abespacio p\u00fablico\u00bb como \u00abel conjunto de inmuebles p\u00fablicos y los elementos arquitect\u00f3nicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectaci\u00f3n a la satisfacci\u00f3n de necesidades urbanas colectivas que trascienden los l\u00edmites de los intereses individuales de los habitantes. As\u00ed, constituyen el espacio p\u00fablico de la ciudad las \u00e1reas requeridas para la circulaci\u00f3n, tanto peatonal como vehicular\u2026\u00bb (Lineado de la Corte), a m\u00e1s de lo establecido por el art\u00edculo 70 del acuerdo 6 de 1990 y lo reiter\u00f3 el art\u00edculo 21 del decreto 190 de 2004. <\/p>\n

7. A rengl\u00f3n seguido apuntal\u00f3 que los andenes son espacio p\u00fablico, a la par que no se puede considerar como tal \u00fanica y exclusivamente los bienes de uso p\u00fablico o bienes que sean de propiedad del estado, sino que, por definici\u00f3n legal, algunas porciones (zonas o \u00e1reas) de bienes privados son tambi\u00e9n espacio p\u00fablico en la medida que se encuentren destinados por su naturaleza o uso a la afectaci\u00f3n o satisfacci\u00f3n de nuestras \u00abnecesidades humanas\u00bb. <\/p>\n

8. A mayor abundamiento cit\u00f3 sentencia de tutela de la Corte Constitucional para destacar que el art\u00edculo 82 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, le impone al estado el deber de velar por la protecci\u00f3n de la integridad del espacio p\u00fablico y por su destinaci\u00f3n al uso com\u00fan. De esta manera el goce del espacio p\u00fablico en la Carta se plasma como un derecho de car\u00e1cter colectivo. Por tal raz\u00f3n, entre otras, la normatividad (debe entenderse art. 63 ibid) dispone que los particulares no pueden exigir el reconocimiento de derechos (propiedad) sobre el espacio p\u00fablico, como quiera que \u00abse trata de un bien inalienable, imprescriptible e inembargable\u00bb. <\/p>\n

9. Refiri\u00e9ndose a las \u00e1reas o zonas donde se encuentran instaladas las redes el\u00e9ctricas y toda su infraestructura (andenes), como elementos integrantes del espacio p\u00fablico, relieva que es una situaci\u00f3n de hecho consolidada; la ocupaci\u00f3n del predio fue legalizada mediante la Resoluci\u00f3n distrital 0420 del 2 de octubre de 1998, y, destaca de ella, su art\u00edculo 4\u00ba, el cual determina que debe haber unas zonas de cesi\u00f3n gratuita al distrito, al prescribir: \u00abLas zonas de uso p\u00fablico a ceder gratuitamente son las que aparecen en los planos aprobados\u00bb.
\nCon base en esa norma infiere que en virtud de la legalizaci\u00f3n necesariamente esas zonas, v\u00edas p\u00fablicas, andenes, actualmente son \u00e1reas de espacio p\u00fablico que deb\u00edan cederse gratuitamente al distrito capital, y la circunstancia de no haberse hecho no impide afirmar que son zonas de cesi\u00f3n destinadas al espacio p\u00fablico, con independencia del dominio que tiene la demandante; a\u00f1adi\u00f3, que la misma resoluci\u00f3n en su art\u00edculo 2\u00ba consagr\u00f3 una prohibici\u00f3n para urbanizar, cuyo numeral 5\u00ba refiere a las zonas de reserva para obras de protecci\u00f3n de l\u00edneas de alta tensi\u00f3n y zonas de reserva para infraestructura de servicios p\u00fablicos. <\/p>\n

10. En adici\u00f3n a lo expuesto, resalt\u00f3 que acorde con el art\u00edculo 33 de la ley 142 de 1994, citado por las partes en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, de existir una controversia con relaci\u00f3n a la legalidad del acto administrativo anteriormente mencionado, debi\u00f3 la actora incoar la acci\u00f3n pertinente dentro de los plazos previstos por el C\u00f3digo Contencioso y ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, igualmente, si consideraba que hubo responsabilidad por omisi\u00f3n para que se examinara esa conducta. <\/p>\n

11. Finalmente, reafirma que en criterio mayoritario de la Sala \u00abno hay servidumbre ni derecho a una indemnizaci\u00f3n por la v\u00eda de la responsabilidad que se reclama en este proceso\u00bb. <\/p>\n

DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Contra la sentencia confutada se formul\u00f3 un \u00fanico cargo con fundamento en la causal segunda casacional, por violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 18 de la ley 126 de 1938, los art\u00edculos 25, 28 y 30 de la ley 56 de 1981; 29, 32, 57 y 73 de la ley 142 de 1994; las Resoluciones 180398 del 7 de abril de 2004, 181 294 del 6 de agosto de 2008, expedidas por el Ministerio de Minas y Energ\u00eda; los art\u00edculos 2 y el numeral 13.1 del art\u00edculo 13 de la Resoluci\u00f3n 90708 de 30 de agosto del 2013 del Ministerio de Minas y Energ\u00eda; por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 5 de la ley 9\u00aa de 1989 y del art\u00edculo 4\u00ba de la Resoluci\u00f3n 420 de 1998 de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, como consecuencia de errores de hecho, manifiestos y trascendentes en el manejo de las pruebas. <\/p>\n

CARGO \u00daNICO <\/p>\n

1. A \tcriterio del casacionista la sentencia impugnada se construy\u00f3 \tbajo dos premisas cardinales: (i) que los andenes en donde se \tencuentran instalados los postes e infraestructura de conducci\u00f3n \ty distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, hacen \tparte de las zona de cesi\u00f3n obligatorias gratuitas descritas \ten los planos aprobados en la Resoluci\u00f3n 0420 de 1998, por lo \tque debieron ser cedidas al Distrito para que hiciera parte \tintegrante del espacio p\u00fablico, y, porque esa situaci\u00f3n \tno se haya dado, no por ello deja de ser espacio p\u00fablico; \t(ii) que seg\u00fan el art\u00edculo 33 de la ley 142 de 1994, \tsi exist\u00eda alguna controversia sobre la legalidad de la \tanterior resoluci\u00f3n, debi\u00f3 controvertirse \toportunamente ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa \ty si se consideraba por la actora que exist\u00eda alguna \tresponsabilidad por omisi\u00f3n, afectando sus derechos, en su \tmomento, tambi\u00e9n debi\u00f3 acudir ante dicha jurisdicci\u00f3n, \ty que no se trataba de un proceso relativo a servidumbres. <\/p>\n

2. Despu\u00e9s \tde hacer algunas precisiones en cuanto al significado del \tprocedimiento de legalizaci\u00f3n de un asentamiento humano \tinformal, como lo fue el Barrio La Flora, el reproche se direcciona \ta refutar el juicio f\u00e1ctico del tribunal vertido en el fallo \timpugnado. <\/p>\n

1. Con \t\trelaci\u00f3n a que los postes e infraestructura de distribuci\u00f3n \t\tde energ\u00eda el\u00e9ctrica est\u00e1n instalados en los \t\tandenes, critic\u00f3 del juzgador colegiado no haber valorado la \t\tmanifestaci\u00f3n del perito Gilberto Le\u00f3n Cuervo hecha \t\ten la audiencia de 30 de abril de 2019, en el sentido que \u00ab\u2026esas \t\tv\u00edas\u2026 no fueron desarro[lladas] por la comunidad, ni\u2026 \t\tpor un particular, esas obras fueron [realizadas] por el \t\tIDU-Instituto de Desarrollo Urbano-\u00bb. <\/p>\n

2. Al \t\tdecir del recurrente que como los andenes no nacieron antes que se \t\tincorporara el barrio al distrito, lo cual ocurri\u00f3 con la \t\texpedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 0420 de 1998, estos son \t\tconsecuencia del proceso de legalizaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, \t\tsituaci\u00f3n que inicia la inversi\u00f3n social, debido a \t\tque antes de ese acto administrativo el Barrio La Flora era un \t\tasentamiento \u00abilegal\u00bb, \t\ty sobre la ilegalidad no pueden hacer obras de infraestructura por \t\tparte del Estado o de una Alcald\u00eda. Por tanto, los postes no \t\test\u00e1n sobre los andenes, sino que son los andenes los que \t\test\u00e1n construidos en la zona de seguridad de la servidumbre, \t\ty la explotaci\u00f3n comercial que realiza Codensa S.A. ESP, se \t\tejerce sobre la zona de seguridad que comprende la servidumbre \t\tlegal de hecho de energ\u00eda el\u00e9ctrica \t\t(resaltado de la Corte). <\/p>\n

3. Asevera, \t\tque el ad quem, a \t\tpesar de reconocer que las redes existen desde 1985, no dio por \t\testablecido que desde esa fecha existe una \u00abservidumbre \t\tlegal de hecho\u00bb \t\tde energ\u00eda el\u00e9ctrica impuesta \t\tcon arreglo a las \t\tleyes 56 de 1981 y 142 de 1994, cercenando la prueba en este \t\taspecto; asimismo, tampoco tuvo en cuenta que la se\u00f1alada \t\tservidumbre de hecho exist\u00eda antes que se dictara la \t\tResoluci\u00f3n 0420 de 1998 y que para esta \u00faltima fecha \t\tCodensa S.A. se encontraba ejerciendo la misma, y distorsion\u00f3 \t\tla manifestaci\u00f3n o confesi\u00f3n hecha por la apoderada \t\tjudicial de la demandada cuando reconoce que la servidumbre existe \t\tdesde 1985, para colegir que: \u00absi \t\tbien es cierto dichas pruebas fueron valoradas, el tribunal \t\tconcluy\u00f3 que los postes y redes de distribuci\u00f3n \t\tfueron instalados por la Empresa de Energ\u00eda El\u00e9ctrica \t\t[de Bogot\u00e1] en los andenes, como si [estos] existieran antes \t\tde 1985\u00bb. <\/p>\n

4. Desde \t\tesa perspectiva, el reproche reclama el derecho que dice asistirle \t\ta la actora al pago de una indemnizaci\u00f3n por parte de la \t\tpasiva desde que esta sustituy\u00f3 a la Empresa de Energ\u00eda \t\tde Bogot\u00e1 en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico \t\tde energ\u00eda el\u00e9ctrica, lo cual ocurri\u00f3 a partir \t\tdel 23 de octubre de 1997, habida cuenta que desde esta fecha \t\tsurgi\u00f3 la obligaci\u00f3n de indemnizar que disponen los \t\tart\u00edculos 25 de la ley 56 de 1981 y 57 de la ley 142 de \t\t1994, ya que \u00abla \t\tservidumbre no estaba construida en espacio p\u00fablico\u00bb, \t\tpor las incomodidades o limitaci\u00f3n a su propiedad, lo cual \t\ttraduce el perjuicio que debe ser resarcido en raz\u00f3n a que \t\tesa limitaci\u00f3n le impide recibir frutos o beneficios de \t\totras empresas, o si ella es permanente, nunca puede disponer de \t\tesa \u00e1rea, es decir, perdiendo esa oportunidad o chance, por \t\tv\u00eda de hecho para siempre o hasta el d\u00eda en que \t\tCodensa S.A. arbitrariamente retire su infraestructura. <\/p>\n

5. De \t\totra parte, se duele la acusaci\u00f3n de que el tribunal, sin \t\texistir prueba que as\u00ed lo demuestre, supuso que los andenes \t\tque se aprecian en las fotograf\u00edas aportadas con el dictamen \t\tpericial de la demandada hacen parte de los planos aprobados en la \t\tResoluci\u00f3n 0420 de 1998, y en virtud de ello consider\u00f3 \t\tque de acuerdo a lo previsto en el art\u00edculo 4\u00ba de dicha \t\tresoluci\u00f3n, las \u00e1reas donde est\u00e1n los andenes \t\tdeben ser cedidas por la demandante al Distrito Especial de Bogot\u00e1, \t\tpor cuanto corresponde a un bien de \u00abuso \t\tp\u00fablico\u00bb, \t\ta pesar de que la actora no haya cumplido con la carga de hacer la \t\tcesi\u00f3n gratuita de ellas, la demandante no tiene derecho a \t\treclamar la indemnizaci\u00f3n sobre un bien del cual tiene la \t\tobligaci\u00f3n de ceder gratuitamente a favor del distrito, \t\tsupliendo dicha colegiatura la prueba de los planos y dando a las \t\tfotograf\u00edas un alcance que la ley no le asigna, pues si la \t\tResoluci\u00f3n 0420 de 1998, dispuso que las zonas de cesi\u00f3n \t\tgratuita obligatoria son aquellas que est\u00e1n relacionadas en \t\tlos planos aprobados, de ninguna manera estos pueden ser suplidos \t\tpor otro medio probatorio. <\/p>\n

2.6 El embate pone de presente que la convocada no exhibi\u00f3 los documentos indicados en el auto que decret\u00f3 las pruebas y al no justificar su renuencia en la oportunidad legal, debieron haberse tenido por ciertos los hechos 2, 3, 4, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, que se pretendieron probar con este medio, por ser susceptibles de confesi\u00f3n, pero no fue valorado este hecho. <\/p>\n

7. Tambi\u00e9n, \t\tque con la contestaci\u00f3n de la demanda surgi\u00f3 como \t\tprueba de confesi\u00f3n, atendiendo lo expuesto para sustentar \t\tla excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que esta naci\u00f3 a \t\tla vida el 23 de octubre de 1997 y recibi\u00f3 de la Empresa de \t\tEnerg\u00eda El\u00e9ctrica de Bogot\u00e1 S.A., ESP, todos \t\tlos activos de distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de \t\tenerg\u00eda, dentro de los cuales se encuentran las redes ac\u00e1 \t\tdemandada, las cuales figuran en el inventario como puestas en \t\tservicio en 1985. <\/p>\n

7. Arguye \t\tque la Resoluci\u00f3n 0420 de 1998 y el Decreto 831 de 1998 no \t\testablecen que los propietarios afectados con esas invasiones \t\tilegales deben ceder gratuitamente al distrito las \u00e1reas \t\tdescritas en los planos como zonas de cesi\u00f3n, y se apoya en \t\tlo reglamentado por los art\u00edculo 37 y 117 de la Ley 388 de \t\t1997, este \u00faltimo adicion\u00f3 el art\u00edculo 5\u00ba \t\tde la Ley 9\u00aa de 1989, que imponen dicha obligaci\u00f3n al \t\turbanizador responsable del proceso de urbanizaci\u00f3n o \t\tconstrucci\u00f3n, mediante escritura que debe registrarse ante \t\tla Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos antes de la \t\tiniciaci\u00f3n de ventas del proyecto respectivo. <\/p>\n

Por consiguiente, afirma el censor, si lo anterior hubiese sido valorado por el tribunal, no habr\u00eda considerado que dichas zonas se \u00abtransformaron en bienes p\u00fablicos o bienes de uso p\u00fablico que hacen parte del patrimonio del distrito\u00bb, y cierra su argumentaci\u00f3n relacionada con las \u00abcesiones gratuitas\u00bb citando apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-495 de 1998, que, a su vez, memora la C-346 de 1997, y la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera, adiada 27 de enero de 2011, para deducir el error trascendental en que incurri\u00f3 el sentenciador plural, en tanto la zona de seguridad de la servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, contrario a lo arg\u00fcido por este, no corresponde a una zona de cesi\u00f3n gratuita, y no debi\u00f3 negar la pretensi\u00f3n indemnizatoria suplicada bajo esa \u00e9gida. <\/p>\n

7. En \t\tpunto al argumento del sentenciador de segundo grado en cuanto si \t\texist\u00eda una controversia respecto del acto administrativo de \t\tlegalizaci\u00f3n del Barrio La Flora, debi\u00f3 enjuiciarse \t\toportunamente dicho acto ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa \t\tadministrativa, o si la accionante Gloria In\u00e9s Neira \t\tconsideraba que hab\u00eda responsabilidad por omisi\u00f3n que \t\tafectara sus derechos, tambi\u00e9n debi\u00f3 demandar ante \t\tesa misma jurisdicci\u00f3n para que se examinara la conducta del \t\tdistrito, de las entidades p\u00fablicas y, por supuesto, de \t\tCodensa. El embate se\u00f1al\u00f3 que fue esta empresa la que \t\tpermiti\u00f3 que la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, \t\tinterviniera la zona de seguridad construyendo v\u00edas y \t\tandenes con destino al espacio p\u00fablico, no haciendo uso del \t\tmecanismo contemplado en el art\u00edculo 29 de la Ley 142 de \t\t1994, estando legitimada para tramitar procesos encaminados a que \t\tcesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier \t\ttiempo, el ejercicio del derecho de servidumbre. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El recurso de casaci\u00f3n tiene la condici\u00f3n de ser un medio de impugnaci\u00f3n extraordinario, formal y de car\u00e1cter dispositivo, en tanto que el recurrente debe sujetarse a los requisitos previstos en la ley, los que unidos a su precisi\u00f3n doctrinaria y jurisprudencial dan lugar a lo que se ha dado en denominar t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, la que desprovista en buena parte de su rigor, por obra de las normas que antecedieron a la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, y actualmente por el art\u00edculo 344 (requerimientos formales de la demanda de casaci\u00f3n), ibidem, brindan los par\u00e1metros al recurrente para la formulaci\u00f3n del recurso. <\/p>\n

Por ende, no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente se\u00f1aladas en la ley y se cumplan las exigencias legales, las cuales han sido establecidas para precisar, delimitar y facilitar, el estudio y entendimiento del contenido de los embates con los cuales se pretende derruir los fundamentos de la sentencia confutada, y dada su connotaci\u00f3n dispositiva, esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias trascendentes del libelo casacional que la hagan incomprensible al restarle claridad y precisi\u00f3n (CSJ AC, 16 ago.2012, rad. 2009-00466, reiterado CSJ AC, 12 jul. 2013, rad. 2006-00622-01). <\/p>\n

De lo que se sigue que la admisibilidad de la demanda pende del cumplimiento de las exigencias del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, norma que precept\u00faa la necesidad de la designaci\u00f3n de las partes y de la sentencia impugnada, requiere de la elaboraci\u00f3n de una s\u00edntesis del proceso y de los hechos materia del litigio, a m\u00e1s de la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa, y no basado en generalidades. <\/p>\n

Dispone el citado precepto en su par\u00e1grafo 1\u00ba, que cuando se invoque la infracci\u00f3n de normas de car\u00e1cter sustancial, el casacionista debe se\u00f1alar las normas de derecho sustancial que considere violadas, bien por v\u00eda directa o indirecta, sea por error de hecho o de derecho, al menos siquiera una de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, fueron infringidas. <\/p>\n

De igual manera, la formulaci\u00f3n de los cargos debe hacerse por separado con claridad y precisi\u00f3n, indic\u00e1ndose el tipo de error cometido por el fallador y su influencia en la decisi\u00f3n que ataca, a m\u00e1s de individualizar las apreciaciones erradas y de precisar en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n. Si se trata de un error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda o de su contestaci\u00f3n, o de determinada prueba, es deber se\u00f1alar, una a una, las que se dicen mal apreciadas, especificando en ellas las razones por las cuales el sentenciador err\u00f3 en su valoraci\u00f3n, en vista a que es imperioso que el recurrente lo demuestre; cuando el error es de derecho, se deber\u00e1n indicar las normas probatorias que se consideren infringidas explicando en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el particular, en palabras que conservan vigor, tiene dicho este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n

[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P. C.) (AC, 28 nov. 2012, rad. n.\u00b0 2010-00089-01, reiterada en providencia 11 mayo. 2010, rad. n.\u00b0 2004-00623-01). <\/p>\n

2. En lo que toca con la fundamentaci\u00f3n de cada acusaci\u00f3n, el casacionista ha de tener en cuenta que el ataque logre plantear mediante un relato ordenado, concatenado, claro, preciso y completo, que brote de su contenido, sin mayor esfuerzo, el sentido de su inconformidad, sin que exista campo para especulaciones o deficiencias que lo hagan ininteligible y conlleven a su inadmisibilidad, debido a que la Corte no puede suplir las falencias en que incurran los litigantes en consideraci\u00f3n al car\u00e1cter dispositivo que gobierna el recurso. <\/p>\n

Son contrarias a las reglas de casaci\u00f3n las acusaciones imprecisas, las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas, vagas, panor\u00e1micas o incompletas, si se tiene en cuenta que el censor debe combatir directa y frontalmente el raciocinio judicial base de la sentencia, en aras a evidenciar, de modo suficiente y sin sombra de m\u00e1cula, el yerro enrostrado al fallador, lo que exige del recurrente demostrar con acierto y medida el error manifiesto y su trascendencia. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, la formalidad de la claridad y precisi\u00f3n impone al censor sustentar cada acusaci\u00f3n, no de cualquier manera \u00aby, menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino explicando y demostrando las espec\u00edficas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurri\u00f3 el sentenciador al proferir el fallo controvertido, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, actitudes todas que har\u00e1n inadmisible la acusaci\u00f3n que en tales condiciones se formule, puesto que \u201c\u2026\u2018el recurrente, como acusador que es de la sentencia, est\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los l\u00edmites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusaci\u00f3n planteada, por imped\u00edrselo el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de la casaci\u00f3n (G.J. t. CXLVIII, p\u00e1g. 221)\u2019\u00bb (CSJ, auto del 28 de septiembre de 2004). (AC3769-2014 de 9 jul 2014, rad. n\u00b0 44001-31-03-001-2008-00530-01). <\/p>\n

2.1. Asimismo, la integralidad o completitud impone al casacionista que los reproches enarbolados sean sim\u00e9tricos a las premisas del fallo cuestionado1, de suerte que las controvierta en su integridad. <\/p>\n

Lo anterior, puesto que los fallos de instancia est\u00e1n revestidos de las presunciones de acierto y legalidad2, siendo deber del promotor derruir sus fundamentos integralmente para que se quede sin el andamiaje requerido para su soporte y se imponga su anulaci\u00f3n. En caso contrario, la resoluci\u00f3n se apoyar\u00e1 en las bases no discutidas y conservar\u00e1 su valor jur\u00eddico, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentaci\u00f3n3. <\/p>\n

El desconocimiento de las formalidades legales y t\u00e9cnicas que debe cumplir la demanda de casaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, conllevan a su inadmisi\u00f3n, impidiendo a la Corte adentrarse en el estudio de fondo del asunto, como lo establece el art\u00edculo 346 ejusdem, sin perjuicio de lo regulado por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009 (selecci\u00f3n de sentencias objeto de pronunciamiento), inciso final del art\u00edculo 336 de la ley 1564 de 2012 (casaci\u00f3n oficiosa), Par\u00e1grafos 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00ba del canon 344, ibidem. <\/p>\n

3. Con \trespecto al requisito de se\u00f1alar las normas sustanciales que \tse invocan infringidas, la Corte \thab\u00eda ense\u00f1ado que <\/p>\n

la violaci\u00f3n dicha no puede referirse a cualquier norma del linaje se\u00f1alado, sino a una que sea base esencial del fallo impugnado o que haya debido serlo, es decir, que tenga relaci\u00f3n con el aspecto material que de la decisi\u00f3n en concreto se controvierte, pues al fin y al cabo es la que demarca los confines de la acusaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que, en \u00faltimas, ese presupuesto formal fue atenuado solamente en lo que ata\u00f1e a la \u2018proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u2019 (auto de 26 de enero de 2012, expediente 2005-0008, reiterado en sentencia 28 de junio de 2012, expediente 2004-00222-01). <\/p>\n

3. La \tacusaci\u00f3n vertida en el cargo \u00fanico no es clara, \tprecisa y completa si se tiene en cuenta la delimitaci\u00f3n del \tcontenido de la controversia realizada por el tribunal en cuanto que \taclar\u00f3 que se trata de una reclamaci\u00f3n de \tindemnizaci\u00f3n de perjuicios como consecuencia de la \tinstalaci\u00f3n de postes e infraestructura el\u00e9ctrica en \tzonas de propiedad de la demandante, y no corresponde a un juicio de \timposici\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de \tservidumbres, raz\u00f3n para dar por sentado jur\u00eddicamente \tque el conflicto no ser\u00eda resuelto con las normas propias \tvinculadas a las disposiciones que regulan las servidumbres; es m\u00e1s, \tpreliminarmente el juez colegiado fue tajante en afirmar que en el \tasunto estudiado no exist\u00eda una servidumbre, y a partir de \tese hecho deducir el derecho a una indemnizaci\u00f3n; sin \tembargo, reconoci\u00f3 que las zonas o \u00e1reas de terreno \tdonde se encuentra instalada los postes y los andenes son de \tpropiedad de la demandante, cuando manifest\u00f3: \u00abPor \tconsiguiente, con independencia del dominio que formalmente s\u00ed \ttiene el demandante, lo cierto es que las v\u00edas p\u00fablicas, \tlos andenes del Barrio \u201cLa Flora\u201d son, actualmente, \tzonas de cesi\u00f3n, son zonas de espacios p\u00fablicos, que \tdeben pasar obligatoria y gratuitamente al Distrito Capital\u2026\u00bb. <\/p>\n

4.1 De consiguiente, la pretensi\u00f3n indemnizatoria de perjuicios tiene por sustrato la afectaci\u00f3n del derecho de propiedad de la convocante en las \u00e1reas donde existen las redes el\u00e9ctricas y la infraestructura correspondiente (postes, l\u00edneas de mediana y baja tensi\u00f3n, andenes, etc.), tal como lo expresa la recurrente, \u00abde suerte que incomodidad o limitaci\u00f3n a la propiedad es el perjuicio que debe ser resarcido teniendo en consideraci\u00f3n si esa limitaci\u00f3n le impide recibir frutos o beneficios de otras empresas o si ella es permanente de tal suerte que nunca puede disponer de esa \u00e1rea, es decir perdiendo esa oportunidad o chance, por una v\u00eda de hecho para siempre o hasta el d\u00eda en [que] arbitrariamente Codensa S.A. retire su infraestructura\u00bb. <\/p>\n

1. El \t\t\tad quem con \t\t\testribo en la definici\u00f3n de espacio p\u00fablico del \t\t\tart\u00edculo 5\u00ba de la ley 9\u00aa de 1989, art\u00edculo \t\t\t70 del acuerdo 6\u00ba de 1990 y el art\u00edculo 121 del \t\t\tdecreto 190 de 2004, y con base en los dict\u00e1menes \t\t\tpericiales y las fotograf\u00edas adjuntas, consider\u00f3 \t\t\tdemostrado que las redes el\u00e9ctricas y los postes se \t\t\tencuentran instalados en los \t\t\tandenes, y estos \t\t\thacen parte del espacio p\u00fablico, por ser la realidad \t\t\tobjetiva que se desprende de esos elementos de convicci\u00f3n, \t\t\thaciendo la salvedad pertinente que por espacio p\u00fablico no \t\t\tpueden considerarse \u00fanica y exclusivamente los bienes de \t\t\tuso p\u00fablico o bienes de propiedad del estado sino que \t\t\ttambi\u00e9n debe tenerse en cuenta que alguna porci\u00f3n de \t\t\tbienes privados integran o son espacio p\u00fablico, en la \t\t\tmedida que se encuentren destinados por su naturaleza o uso a la \t\t\tsatisfacci\u00f3n de \u00abnuestras \t\t\tnecesidades humanas\u00bb. \t <\/p>\n

4.1.2 Entonces, al manejar la categor\u00eda de espacio p\u00fablico que permite subsumir dentro de esta los bienes privados destinados a un servicio p\u00fablico, el sentenciador ponder\u00f3 con apoyo en cita jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la materia, los art\u00edculos 82 y 63 de la Constituci\u00f3n Nacional, que los particulares no pueden exigir el reconocimiento de derechos de propiedad con relaci\u00f3n al espacio p\u00fablico, como quiera que se trata de un bien inalienable, imprescriptible e inembargable. <\/p>\n

Por ese camino, relacion\u00f3 redes el\u00e9ctricas y andenes como elementos que hacen parte del espacio p\u00fablico, lo cual le permiti\u00f3 concluir que no existe servidumbre y de contera no reconoci\u00f3 el derecho a la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios deprecada, con el argumento adicional que las zonas donde se encuentran los postes y la infraestructura el\u00e9ctrica (andenes) son espacio p\u00fablico, las cuales deben cederse obligatoria y gratuitamente al distrito. <\/p>\n

En el sub judice, la censura no acredit\u00f3 que la zona de seguridad el\u00e9ctrica a la que denomina servidumbre legal de hecho de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica no encuadra en la categor\u00eda de espacio p\u00fablico, como lo afirm\u00f3 el tribunal, adem\u00e1s, que los postes no est\u00e1n en las zonas de andenes y en general la estructura f\u00edsica no hace parte del espacio p\u00fablico, lo que le habilitar\u00eda sobre esas zonas de terreno que son de su propiedad hacer uso privado de ellas, con las restricciones del caso, y obtener frutos o beneficios, que conforme a su visi\u00f3n particular, ser\u00eda el perjuicio a resarcir, al desaparecer el car\u00e1cter de inalienable del espacio p\u00fablico, cuya caracter\u00edstica definitoria se refleja en la imposibilidad de que las personas pretendan ingresar a su patrimonio derechos reales sobre este, incumpliendo esta exigencia legal. <\/p>\n

El requerimiento de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n no se satisface con la mera enunciaci\u00f3n de las pruebas que se tildan indebidamente apreciadas o con las simples afirmaciones o negaciones generales sobre el tema decidido, ora con la descripci\u00f3n del supuesto yerro, dado que el reproche as\u00ed concebido no superar\u00eda el umbral de la casaci\u00f3n, se quedar\u00eda como un escueto alegato de instancia, sino que requiere que el censor lo demuestre, lo que de suyo impone al reclamante contrastar lo que el sentenciador extrajo de las pruebas que se reprochan err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de estas con respecto a los t\u00e9rminos de la sentencia acusada (sentencias casaci\u00f3n 2 de febrero de 2001, 14 de mayo de 2001, entre otras). <\/p>\n

2. De \t\t\tla misma manera, hay desenfoque en la acusaci\u00f3n al \t\t\ttransitar por un sendero distinto al fundamento basilar de la \t\t\tsentencia confutada, toda vez que al tribunal le result\u00f3 \t\t\tintrascendente diferenciar si primero se instalaron los postes y \t\t\tla infraestructura el\u00e9ctrica y despu\u00e9s se \t\t\tconstruyeron los andenes en esas mismas zonas, o a la inversa; esa \t\t\tsituaci\u00f3n f\u00e1ctica no fue considerada puntualmente \t\t\tpor el tribunal en su razonamiento judicial, \t\t\tni siquiera se ocup\u00f3 de ello, empero destac\u00f3 que la \t\t\tred, \u00aby \t\t\teso es importante para la decisi\u00f3n, fue instalada sobre \t\t\tespacio p\u00fablico, por lo que en rigor no puede afirmarse que \t\t\taqu\u00ed existe una servidumbre, y a partir de ese hecho, \t\t\tdeducir el derecho a una indemnizaci\u00f3n\u00bb, \t\t\ty as\u00ed negar la pretensi\u00f3n indemnizatoria deprecada \t\t\ten el libelo, pues le bast\u00f3 al juzgador tener en cuenta la \t\t\trealidad que brota de los dict\u00e1menes periciales, las \t\t\tconclusiones de los peritos y las fotograf\u00edas anexas, que \t\t\tdan cuenta que los postes est\u00e1n en zonas de andenes, lo que \t\t\tlo ubica en espacio p\u00fablico, y las disposiciones \t\t\tregulativas de este, por lo que la argumentaci\u00f3n del \t\t\tdemandante tendiente a corroborar que los andenes se construyeron \t\t\ttiempo despu\u00e9s de la instalaci\u00f3n de los postes y la \t\t\tinfraestructura el\u00e9ctrica corresponde m\u00e1s bien a una \t\t\tasim\u00e9trica alegaci\u00f3n de instancia y no a un \t\t\tverdadero reproche casacional. \t <\/p>\n

Igual predicamento cabe formularse con el segmento de la acusaci\u00f3n direccionado a contradecir el hecho de no haberse demandado la legalidad del acto administrativo de legalizaci\u00f3n del Barrio Informal La Flora o si hubo responsabilidad del distrito, las entidades p\u00fablicas e incluso de Codensa, tambi\u00e9n accionar ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, para que se examinara sus responsabilidades por omisi\u00f3n, al trasladar la discusi\u00f3n a entornos distintos, como que era Codensa S.A. ESP, la legitimada para tramitar procesos encaminados a que cesaran los actos que obstaculizaran o amenazaran perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio del derecho de servidumbre, siendo una argumentaci\u00f3n frontalmente asim\u00e9trica, o sea desenfocada con los enunciados del sentenciador atr\u00e1s referidos. <\/p>\n

No debe olvidarse, como lo ha expuesto esta Corporaci\u00f3n, que \u00absi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de la violaci\u00f3n de la ley v\u00eda indirecta, concretar los errores cometidos al valorar unas espec\u00edficas pruebas\u00bb (CSJ, auto 29 de agosto de 2000). <\/p>\n

De ah\u00ed que cualquier discrepancia que pueda ser planteada frente a la sentencia de segundo grado que no se encuadre en el marco anterior referenciado al inicio de las consideraciones resulta vana, inoficiosa, carente de relevancia para efectos del recurso de casaci\u00f3n, por la limitaci\u00f3n que la ley y la doctrina casacional le impone a la Corte para inmiscuirse en el juicio probativo realizado por los juzgadores ordinarios, aunado a que la sentencia de segunda instancia llega a la Corte amparada, por raz\u00f3n de seguridad jur\u00eddica, en la presunci\u00f3n de acierto y legalidad y la casaci\u00f3n no es una tercera instancia. <\/p>\n

3. Es \t\t\trequisito formal del recurso de casaci\u00f3n que el \t\t\tcasacionista, en caso que se alegue la violaci\u00f3n indirecta \t\t\tpor error de hecho en materia probatoria, demuestre el error y \t\t\tse\u00f1alar su trascendencia en el sentido del fallo. \t <\/p>\n

La conclusi\u00f3n probatoria del ad quem en el sentido en que las zonas donde se encuentran las v\u00edas p\u00fablicas, los andenes e incluso los postes e infraestructura el\u00e9ctricas son espacio p\u00fablico y que por tal motivo, a su vez, correspondan a zonas de cesi\u00f3n obligatoria y gratuita, aspecto este donde el cargo hizo mayor \u00e9nfasis, a prop\u00f3sito de su refutaci\u00f3n, no constituye un error de \u00edndole contraevidente, que de bulto denote que se encuentra alejado totalmente de la realidad del proceso, pues los elementos indicados hacen parte del espacio p\u00fablico, y la discusi\u00f3n de si la demandante est\u00e1 o no obligada a ceder gratuitamente esas zonas al distrito, en la hip\u00f3tesis de ser cierto el yerro, no vislumbra de qu\u00e9 manera trasciende en el sentido de la decisi\u00f3n adoptada, cuando el mismo tribunal discurri\u00f3 en su fallo sobre la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del espacio p\u00fablico, para negar la pretensi\u00f3n indemnizatoria de perjuicio. <\/p>\n

En definitiva, la acusaci\u00f3n contenida en el cargo \u00fanico se muestra carente, en un todo, de sustento, en la forma indicada en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, resultando inid\u00f3nea desde el punto de vista formal, por lo que la misma debe declararse inadmisible. <\/p>\n

DECISI\u00d3N
\nEn m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil,
\nRESUELVE: <\/p>\n

Primero: Declarar inadmisible el cargo \u00fanico de la demanda de casaci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n

Segundo: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n1 \tCSJ, AC222, 3 oct. 2006, rad. n.\u00b0 2001-00127-01.
\n2 \tCfr. CSJ, AC4243, 30 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00550-01.
\n3 \tAC, 29 oct. 2013, rad. n.\u00b0 2008-00576-01; AC, 29 oct. 2013, rad. \tn\u00ba 2008-00576-01<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC2338-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2017-00555-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de marzo dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020). ANTECEDENTES 1. El proceso se instaur\u00f3 para que se declarara que la demandada Codensa S.A., ESP., ejerce una ocupaci\u00f3n sobre zonas o \u00e1reas de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103357","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103357"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103357\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103357"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}