{"id":103358,"date":"2026-07-02T20:56:14","date_gmt":"2026-07-02T20:56:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103358"},"modified":"2026-07-02T20:56:14","modified_gmt":"2026-07-02T20:56:14","slug":"ac2340-2020-2019-03830-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2340-2020-2019-03830-00\/","title":{"rendered":"AC2340-2020 (2019-03830-00)"},"content":{"rendered":"
AC2340-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2019-03830-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Rech\u00e1zase por carencia de jurisdicci\u00f3n y de competencia la demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovida por Jairo Alberto V\u00e9lez Berr\u00edo \u00abcontra el Consulado General de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela en Medell\u00edn\u00bb, para lo cual se considera: <\/p>\n

1. El actor deprec\u00f3 la terminaci\u00f3n del acuerdo de locaci\u00f3n celebrado el 30 de diciembre de 2012 por incumplimiento en el pago de c\u00e1nones a cargo de la entidad convocada y, en consecuencia, que se ordene la restituci\u00f3n del predio ubicado en la calle 32B n.\u00ba 69-49 en Medell\u00edn, con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 001-0043870 de la oficina de instrumentos p\u00fablicos de la misma ciudad. <\/p>\n

Para tal efecto narr\u00f3 que, inicialmente, desde esa fecha fue suscrito ese acuerdo de voluntades con el Estado mencionado por el t\u00e9rmino de cinco a\u00f1os y, luego, el 1 de enero de 2018 se celebr\u00f3 la misma clase de convenio de arrendamieto. Relat\u00f3 que desde enero de 2019 el arrendatario ha dejado de pagar c\u00e1nones. <\/p>\n

2. El inciso segundo del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso establece que el libelo debe rechazarse \u00abcuando [la entidad judicial correspondiente] carezca de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb, motivo por el que corresponde a la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, por medio del suscrito Magistrado Ponente, verificar si goza de atribuci\u00f3n para tramitar y, de ser el caso, fallar las pretensiones sometidas a su conocimiento, pues la entidad demandada es un Estado extranjero respecto del que existe inmunidad diplom\u00e1tica. <\/p>\n

2.1. El numeral 6\u00ba del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que a la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia le competen \u00ablos procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb, lo cual se traduce en que el mencionado \u00f3rgano est\u00e1 habilitado para conocer aquellas controversias civiles, comerciales y agrarias que se planteen frente a (o por) una naci\u00f3n for\u00e1nea o de uno de sus agentes, para lo cual resulta indispensable que ello est\u00e9 permitido por las fuentes del derecho internacional. <\/p>\n

Precisamente, de acuerdo con la costumbre internacional y la soberan\u00eda e independencia de los Estados, como punto de partida es aplicable la m\u00e1xima \u00abpar in parem non habet imperium\u00bb1, o sea, los iguales no tienen autoridad entre s\u00ed, por lo que una Naci\u00f3n, salvo excepciones, no estar\u00e1 sometida a la jurisdicci\u00f3n de otra.
\nLa jurisprudencia colombiana ha recogido el mencionado postulado; por tanto, reconoce la existencia de inmunidad jurisdiccional a favor de los Estados extranjeros, la cual impide a los jueces locales conocer o juzgar los actos de estado (iure imperii) de otras naciones o de sus diplom\u00e1ticos. <\/p>\n

As\u00ed puede verse en la decisi\u00f3n de 23 de septiembre de 2002 donde esta Corte puntualiz\u00f3 que \u00ab\u2026la Embajada de Ecuador goza de inmunidad de jurisdicci\u00f3n y en virtud de ello no la tiene la Corte para conocer del\u2026 asunto, por lo que, precisamente por falta de jurisdicci\u00f3n debe rechazarse la\u2026 demanda, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 85 c\u00f3digo de procedimiento civil\u00bb (AC, rad. n\u00b0 2002-00175-01). <\/p>\n

El 26 de octubre de 2009 el mismo organismo ense\u00f1\u00f3: <\/p>\n

Por cuanto el caso aqu\u00ed planteado no se amolda a ninguna de las tres excepciones mencionadas [se refiere al numeral 1 del art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas], es claro que en virtud de la inmunidad diplom\u00e1tica que cobija a la Embajada de la Rep\u00fablica Federal de Alemania en Colombia, seg\u00fan la citada regla de derecho internacional, carece la Corte de jurisdicci\u00f3n para juzgarla (AC, rad. n\u00b0 2009-01781-00). <\/p>\n

Igual tesis se encuentra en el auto de 12 de enero de 2012: <\/p>\n

Dado que la providencia atacada rechaz\u00f3 el libelo porque \u2018el asunto al que se contrae (\u2026) no encaja en ninguna de las tres excepciones anotadas\u2019 comportando falta de \u2018jurisdicci\u00f3n\u2019, se impone se\u00f1alar que en raz\u00f3n de la inmunidad diplom\u00e1tica que cobija al Estado accionado, de acuerdo con la citada regla de derecho internacional, tal demanda se debe rechazar, habida cuenta que la promovida no corresponde a una acci\u00f3n real, ni sucesoria, como tampoco referida a una \u2018actividad profesional o comercial\u2019 ejercida por \u2018agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales\u2019; y seg\u00fan lo acabado de exponer, los referidos tres eventos son los \u00fanicos que except\u00faan la inmunidad jurisdiccional que ampara a los aludidos agentes (AC, rad. n\u00b0 2011-02466-00) <\/p>\n

Al citar como parte a la Embajada Americana en Colombia, lo que quiere decir es que la litis se pretende trabar directamente con los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, raz\u00f3n por la cual no existe competencia funcional, en atenci\u00f3n a la inmunidad jurisdiccional de que goza dicho pa\u00eds\u2026 <\/p>\n

Por lo tanto, no se admitir\u00e1 el escrito introductor por la inmunidad judicial de que es titular Estados Unidos de Norteam\u00e9rica. (AC, rad. n\u00b0 2013-00256-00). <\/p>\n

No obstante, en aplicaci\u00f3n de la autonom\u00eda de la voluntad, los Estados son libres de renunciar a la inmunidad jurisdiccional, bien sea de forma t\u00e1cita o expresa, pr\u00e1ctica que ha sido aceptada por el derecho internacional, siempre que recaiga sobre actos \u00abiure gestionis\u00bb, es decir, aquellos donde el Estado act\u00faa como un particular.
\nAs\u00ed aparece consagrado en la Convenci\u00f3n sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas, que en su art\u00edculo 32 prescribe: <\/p>\n

1. El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicci\u00f3n de sus agentes diplom\u00e1ticos y de las personas que gocen de inmunidad conforme al Art\u00edculo 37. <\/p>\n

2. La renuncia ha de ser siempre expresa. <\/p>\n

3. Si un agente diplom\u00e1tico o una persona que goce de inmunidad de jurisdicci\u00f3n conforme al art\u00edculo 37 entabla una acci\u00f3n judicial, no le ser\u00e1 permitido invocar la inmunidad de jurisdicci\u00f3n respecto de cualquier reconvenci\u00f3n directamente ligada a la demanda principal. <\/p>\n

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicci\u00f3n respecto de las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entra\u00f1a renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecuci\u00f3n del fallo, para lo cual ser\u00e1 necesaria una nueva renuncia (negrita fuera de texto). <\/p>\n

Regla semejante aparece en la \u00abConvenci\u00f3n sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes\u00bb2: <\/p>\n

Art\u00edculo 7. Consentimiento expreso al ejercicio de jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

1. Ning\u00fan Estado podr\u00e1 hacer valer la inmunidad de jurisdicci\u00f3n en un proceso ante un tribunal de otro Estado en relaci\u00f3n con una cuesti\u00f3n o un asunto si ha consentido expresamente en que ese tribunal ejerza jurisdicci\u00f3n en relaci\u00f3n con esa cuesti\u00f3n o ese asunto: a) por acuerdo internacional; b) en un contrato escrito; o c) por una declaraci\u00f3n ante el tribunal o por una comunicaci\u00f3n escrita en un proceso determinado (\u2026) <\/p>\n

Art\u00edculo 8. Efecto de la participaci\u00f3n en un proceso ante un tribunal. <\/p>\n

1. Ning\u00fan Estado podr\u00e1 hacer valer la inmunidad de jurisdicci\u00f3n en un proceso ante un tribunal de otro Estado: a) si \u00e9l mismo ha incoado ese proceso; o b) si ha intervenido en ese proceso o ha realizado cualquier otro acto en relaci\u00f3n con el fondo. No obstante, el Estado, si prueba ante el tribunal que no pudo haber tenido conocimiento de hechos en que pueda fundarse una demanda de inmunidad hasta despu\u00e9s de haber realizado aquel acto, podr\u00e1 hacer valer la inmunidad bas\u00e1ndose en esos hechos, con tal de que lo haga sin dilaci\u00f3n. <\/p>\n

2. No se entender\u00e1 que un Estado ha consentido en que un tribunal de otro Estado ejerza jurisdicci\u00f3n si interviene en un proceso o realiza cualquier otro acto con el solo objeto de: a) hacer valer la inmunidad; o b) hacer valer un derecho o inter\u00e9s sobre bienes objeto de litigio en el proceso (\u2026) (negrita fuera de texto). <\/p>\n

Esta Corte reconoci\u00f3 la posibilidad de la renuncia a la inmunidad, como se advierte en decisi\u00f3n de 28 de julio de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

(\u2026) si la inmunidad de jurisdicci\u00f3n se torna relativa en trat\u00e1ndose de actos \u00abiure gestionis\u00bb, por no obedecer al cumplimiento de funciones de car\u00e1cter estrictamente oficial, debe entenderse que, en trat\u00e1ndose del juzgamiento de ese tipo de actos es posible la renuncia de la inmunidad, pues el sometimiento de los miembros del cuerpo diplom\u00e1tico a los jueces nacionales, por efectos pr\u00e1cticos y para materializar el principio de eficacia de los derechos, no entra\u00f1ar\u00eda un irrespeto a la soberan\u00eda extranjera, ni podr\u00eda generar un conflicto pol\u00edtico entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Por el contrario, con tal medida se abona terreno para lograr la realizaci\u00f3n del derecho sustancial, de manera pronta y con respeto a las formalidades adjetivas internas, cuesti\u00f3n que, por dem\u00e1s, garantiza de mejor manera las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa para el demandado. <\/p>\n

De hecho, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 32 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas, establece que \u201csi un agente diplom\u00e1tico o una persona que goce de inmunidad de jurisdicci\u00f3n conforme al art\u00edculo 37 entabla una acci\u00f3n judicial, no le ser\u00e1 permitido invocar la inmunidad de jurisdicci\u00f3n respecto de cualquier reconvenci\u00f3n directamente ligada a la demanda principal\u201d, de donde se infiere que en aquellos casos en que la inmunidad no es absoluta, tal prerrogativa puede ser declinada por su titular con el fin de ejercer las acciones que considere pertinentes en el Estado receptor, sin que luego le sea admisible valerse de la inmunidad para repeler la contrademanda que le puedan llegar a formular (AC, rad. n\u00b0 2011-00521-00).
\nEste antecedente fue reiterado en providencia de 23 de marzo del a\u00f1o siguiente: <\/p>\n

A partir de la Segunda Guerra Mundial y en raz\u00f3n del incremento de las relaciones comerciales y econ\u00f3micas a nivel global, comenz\u00f3 a perfilarse un r\u00e9gimen de inmunidad restringida por cuya virtud la norma de derecho internacional general o consuetudinario sigui\u00f3 siendo la de la inmunidad de jurisdicci\u00f3n; pero se admitieron casos en los cuales \u00e9sta no es observada y los Estados extranjeros quedan en la misma situaci\u00f3n de los particulares y como tales pueden ser juzgados. <\/p>\n

La piedra de toque de esa excepci\u00f3n y, por lo tanto, del r\u00e9gimen general de inmunidades en el sistema de derecho internacional p\u00fablico, la constituye la distinci\u00f3n entre las especies de actos que realizan los Estados: cuando act\u00faan como Estado soberano (acta iure imperio), y cuando obran como particulares (acta iure gestionis). <\/p>\n

Seg\u00fan las normas del derecho internacional, los Estados pueden invocar o renunciar a su inmunidad, la cual ha de ser o bien expresa, ora t\u00e1cita, como cuando el Estado comparece en juicio ante los tribunales del Estado del foro.
\n(\u2026)
\nTodo lo anterior no es m\u00e1s que el reflejo del sometimiento del Estado extranjero a la jurisdicci\u00f3n del Estado del foro, cuando el primero ha renunciado a su inmunidad por ser sujeto de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que es materia del litigio, sea como demandante o como demandado (AC, rad. n\u00b0 2011-00521-00). <\/p>\n

Recientemente se volvi\u00f3 sobre la materia, al resolverse la acci\u00f3n de tutela promovida por la Rep\u00fablica \u00c1rabe de Egipto en Colombia contra la negativa judicial de tramitar una demanda por ella promovida. Dijo la Sala:
\nEn criterio de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil las inmunidades jurisdiccionales otorgadas a las sedes extranjeras de otro pa\u00eds no pueden ser absolutas (\u2026) <\/p>\n

De esa manera, el mencionado privilegio puede ser declinado por el titular del Estado acreditante cuando \u00e9ste decide ejercer las acciones que considere pertinentes en el pa\u00eds receptor, como en este caso ocurre, sin resultarle luego admisible valerse de la inmunidad para atacar la contrademanda que le puedan llegar a formular (STC004, 13 en. 2016, rad. n\u00b0 2015-02659-00). <\/p>\n

Corolario de lo expuesto es que, por regla general, este \u00f3rgano de cierre no podr\u00e1 adelantar causas en que se vinculen a estados o agentes diplom\u00e1ticos, salvo que: <\/p>\n

(a) en los procesos los aforados hayan renunciado de forma expresa a su inmunidad, a trav\u00e9s de instrumentos internacionales, contratos o manifestaciones de voluntad realizadas en los respectivos procesos; <\/p>\n

(b) las actuaciones sean impulsadas por los estados o agentes diplom\u00e1ticos, en calidad de demandantes o intervinientes, al evidenciarse de dicho comportamiento una renuncia t\u00e1cita a su exenci\u00f3n; o <\/p>\n

(c) los asuntos en litigio est\u00e9n vinculados a derechos reales, aspectos sucesorales o controversias en desarrollo de actividades comerciales o profesionales.
\n3. La inmunidad as\u00ed consagrada, adquiere la condici\u00f3n de l\u00edmite al acceso a la administraci\u00f3n de justicia para los nacionales colombianos, pues los reclamos que no se subsuman dentro de los casos de excepci\u00f3n no podr\u00e1n ser ventilados frente a jueces locales, sino que deber\u00e1n promoverse en el pa\u00eds extranjero, con los costos que ello supondr\u00eda, as\u00ed como el sometimiento a un r\u00e9gimen normativo diferente. <\/p>\n

4. Las anteriores consideraciones muestran que en el sub lite la Corte carece de jurisdicci\u00f3n y de competencia para juzgar a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela como entidad demandada, pues ese ente internacional se encuentra favorecido con inmunidad jurisdiccional, sin que se haya acreditado renuncia o excepci\u00f3n a la misma. <\/p>\n

A folio 39 puede verse la respuesta de la Canciller\u00eda de Colombia al oficio librado antes de emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda, de acuerdo con la cual Anibal Rafael Reyes Reyes ostent\u00f3 la condici\u00f3n de \u00abC\u00f3nsul de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Medell\u00edn\u00bb entre el 27 de junio de 2014 y el 4 de abril de 2019, per\u00edodo que cobija tanto el contrato de arrendamiento referido en el hecho segundo de la demanda (celebrado el 1 de enero de 2018) como el lapso durante el cual se han dejado de pagar c\u00e1nones (a partir de enero de 2019), lo que apuntala la falta de competencia y jurisdicci\u00f3n respecto de esta demanda. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que, si bien el demandante dice actuar como actual titular de derechos reales sobre el inmueble cuya restituci\u00f3n pretende, ello es insuficiente para considerar que la pretensi\u00f3n versa sobre un derecho real, pues el que se ejerce es personal por derivarse de la supuesta existencia de un contrato de arrendamiento. Explicado de manera diversa, la devoluci\u00f3n de un inmueble arrendado no es una prerrogativa que se desprenda de un derecho real, pues no emana necesariamente de la condici\u00f3n de propietario o usufructuario del promotor sino de la posici\u00f3n contractual que manifiesta ostentar (arrendador). Baste insistir en que el arrendador puede ser sujeto distinto del titular de derechos reales. <\/p>\n

Finalmente, para los efectos legales a que haya lugar, debe tener en cuenta el demandante que en ninguno de los contratos de arrendamiento allegados al expediente aparece Jairo Alberto V\u00e9lez Berr\u00edo con la condici\u00f3n de arrendador del inmueble cuya restituci\u00f3n se pretende, a pesar de que el numeral primero del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso exige que al libelo se acompa\u00f1e \u00abprueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesi\u00f3n de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, o prueba testimonial siquiera sumaria\u00bb. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

Primero. Rechazar la demanda de la radicaci\u00f3n por carecer de jurisdicci\u00f3n y competencia. <\/p>\n

Segundo. Reconocer personer\u00eda al abogado Luis Alfonso Bedoya Oquendo como apoderado judicial del demandante. <\/p>\n

Tercero. Por Secretaria se devolver\u00e1n los anexos sin desglose, de conformidad con el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Notif\u00edquese. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado
\n1\u0002 \tDinstein, \tY. (1966) Par \tin Parem non Habet Imperium. En \tIsrael \tLaw Review, \t1(3), pp. 407\u2013420.
\n2\u0002 \tLa Convenci\u00f3n fue aprobada por la Asamblea General de la \tNaciones Unidas el 30 de noviembre de 2004 y abierta a firmas el 17 \tde enero del a\u00f1o siguiente. No ha sido aprobada por el estado \tcolombiano; sin embargo, por recoger la costumbre internacional \tsobre la materia, es posible utilizarla como ejemplificaci\u00f3n \tde los est\u00e1ndares aceptados universalmente (Corte \tConstitucional, T-462 de 2015).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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