{"id":103377,"date":"2026-07-02T21:00:49","date_gmt":"2026-07-02T21:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103377"},"modified":"2026-07-02T21:00:49","modified_gmt":"2026-07-02T21:00:49","slug":"ac2423-2020-2019-03126-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2423-2020-2019-03126-00\/","title":{"rendered":"AC2423-2020 (2019-03126-00)"},"content":{"rendered":"
\u00c0LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AC2423-2020
\nRadicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2019-03126-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Decide la Sala lo pertinente sobre el recurso de s\u00faplica, formulado por el apoderado de MAR\u00cdA ESPERANZA FLORA DE WOLGEM, contra el auto de 12 de diciembre de 2019, proferido por el Magistrado Ponente, que rechaz\u00f3 la solicitud de exequ\u00e1tur que aquella elev\u00f3 respecto de la sentencia emitida el 10 de marzo de 1999 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n de Tostedt, Alemania, con la que se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajeron en su momento la peticionaria y Michael Wolgen. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. En el auto cuestionado, el Magistrado Sustanciador de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, a quien correspondi\u00f3 el asunto de la referencia, doctor Luis Armando Tolosa Villabona, rechaz\u00f3 la demanda de exequ\u00e1tur presentada por Mar\u00eda Esperanza Flor de Wolgem, porque la interesada no atendi\u00f3 con suficiencia los requerimientos contenidos en el auto de inadmisi\u00f3n, particularmente, \u201clo concerniente a la traducci\u00f3n oficial legalmente requerida, en relaci\u00f3n con todos los documentos aportados en idioma distinto al castellano\u201d. Es decir, siguiendo las consideraciones del ponente, que \u201cse desconoce qui\u00e9n tradujo el documento que reporta la interesada como \u2018ejecutoria de la sentencia\u2019 (\u2026) y en cuanto a los dem\u00e1s, se encuentra que quienes suscriben las traducciones no acreditaron estar facultados para ese efecto, en los t\u00e9rminos del canon referido (251 del C\u00f3digo General del Proceso)\u201d1. <\/p>\n

2. El mandatario judicial de la accionante interpuso los recursos de \u201creposici\u00f3n y en subsidio s\u00faplica\u201d contra la anterior providencia, fundamentado en que la traducci\u00f3n de las piezas que versan sobre la ejecutoria de la sentencia extranjera, y las que obran en los folios 8 al 11, 15, 18 y 19, est\u00e1 debidamente legalizadas, por cuanto la hizo \u201cuna persona debidamente oficializada\u201d, respecto de documentos que, adem\u00e1s, cuentan con apostilla. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que al hablar con un traductor colombiano, este le manifest\u00f3 que las traducciones efectuadas en Alemania eran correctas, adem\u00e1s de completas. <\/p>\n

Y se\u00f1al\u00f3, por \u00faltimo, que \u201cno es justo realizar dos veces la misma traducci\u00f3n, adem\u00e1s (que) es un desgaste econ\u00f3mico (\u2026) cuando ya se encuentra en el expediente en legal forma la traducci\u00f3n al castellano\u201d2. <\/p>\n

3. El magistrado sustanciador, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 10 de febrero de 2020, dispuso darle a la impugnaci\u00f3n el tr\u00e1mite del recurso de s\u00faplica, cuyo traslado se surti\u00f3 en silencio. <\/p>\n

II.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Procedencia del recurso interpuesto y facultad para decidirlo <\/p>\n

En materia de mecanismos de impugnaci\u00f3n contra providencias judiciales, el art\u00edculo 331 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que el recurso de s\u00faplica procede, entre otros, contra \u201clos autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia\u201d. <\/p>\n

Por lo mismo, como el auto que rechaza la solicitud de exequ\u00e1tur lo dicta el magistrado sustanciador, en \u00fanica instancia, y por naturaleza ser\u00eda pasible de alzada, acorde con el numeral 1\u00b0 del canon 321 ib., la herramienta para cuestionarlo no es otra que el recurso de s\u00faplica, por lo que hizo bien el Magistrado Ponente al prescindir del de reposici\u00f3n. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, la facultad para decidir el recurso de s\u00faplica radica en \u201clos dem\u00e1s magistrados que integran la Sala\u201d, de acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 332 ib\u00eddem. <\/p>\n

2. Sobre el exequ\u00e1tur en general y las exigencias formales del tr\u00e1mite judicial en particular <\/p>\n

El principio de soberan\u00eda del Estado lleva \u00ednsito que a este, en forma exclusiva y obligatoria, le corresponde la tarea capital de administrar justicia, por lo que las sentencias dictadas por jueces extranjeros no surten, en principio, efecto en Colombia. <\/p>\n

La excepci\u00f3n a esa regla la constituye el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que <\/p>\n

Las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia. <\/p>\n

Es en los anteriores t\u00e9rminos que se entiende que para la eficacia de fallos extranjeros en Colombia, el legislador procesal haya dispuesto de un tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n, en el cual, el interesado se supedita al cumplimiento previo de una seria de exigencias o requisitos, siendo estos, en particular, los del art\u00edculo 606 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n

ART\u00cdCULO 606. REQUISITOS.\u00a0Para que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos:
\n1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3.
\n2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento.
\n3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada.
\n4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos.
\n5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto.
\n6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del demandado, conforme a la ley del pa\u00eds de origen, lo que se presume por la ejecutoria.
\n7. Que se cumpla el requisito del exequ\u00e1tur. <\/p>\n

3. La cuesti\u00f3n jur\u00eddica que plantea el recurso de s\u00faplica propuesto <\/p>\n

Se asegura con la impugnaci\u00f3n formulada, que contrario a lo afirmado en el prove\u00eddo recurrido, las traducciones de documentos cuya versi\u00f3n original est\u00e1 en idioma alem\u00e1n y que se aportaron a este asunto, s\u00ed cumplen las exigencias legales, por haber sido realizadas por un int\u00e9rprete oficial acreditado en Alemania. <\/p>\n

Partiendo de esa censura, entonces, a la Sala corresponde determinar si las traducciones aportadas junto con la demanda satisfacen los requisitos del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, relativo a \u201cDocumentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero\u201d. <\/p>\n

4. Los documentos en idioma extranjero y su forma de aportarlos al proceso <\/p>\n

Como punto de partida debe indicarse que cualquier parte en un proceso civil puede aportar al mismo -siempre y cuando lo haga en la oportunidad establecida para ello-, documentos otorgados en el extranjero -p\u00fablicos o privados- y extendidos en un idioma, lengua o dialecto, diferente al espa\u00f1ol o castellano; afirmaci\u00f3n que encuentra sustento en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, <\/p>\n

\u201cART\u00cdCULO 251. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO.\u00a0 <\/p>\n

\u201cPara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducci\u00f3n, el juez designar\u00e1 un traductor.
\n\u201cLos documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de este o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el pa\u00eds extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deber\u00e1n presentarse debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en dicho pa\u00eds, y en su defecto por el de una naci\u00f3n amiga. La firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico se abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pa\u00eds amigo, se autenticar\u00e1 previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el c\u00f3nsul colombiano.
\n\u201cLos documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entender\u00e1n otorgados conforme a la ley del respectivo pa\u00eds\u201d. <\/p>\n

Ello significa que el documento for\u00e1neo que cumpla con las citadas exigencias legales gozar\u00e1 de la misma fuerza probatoria que los documentos expedidos en Colombia, y que, en casos especiales como los del tr\u00e1mite de exequ\u00e1tur, el instrumento extranjero, que se avenga a esa normativa, ser\u00e1 id\u00f3neo tambi\u00e9n para propiciar el adelantamiento del rito homologatorio. <\/p>\n

De manera que esa autorizaci\u00f3n que da el legislador, lleva a considerar que la aportaci\u00f3n de un documento en idioma extranjero -que es la materia que ac\u00e1 interesa-, para alcanzar m\u00e9rito probatorio, debe adjuntarse ante todo al proceso con su respectiva traducci\u00f3n efectuada por (i) el Ministerio de Relaciones Exteriores, (ii) por un int\u00e9rprete oficial o (iii) por traductor designado por el juez. A la par que si se trata de documento p\u00fablico debe contar con apostilla. <\/p>\n

Ahora bien, cuando el documento en idioma extranjero no se aporta traducido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o por un experto designado por el juez, la ley faculta para que se acuda a un int\u00e9rprete oficial, entendi\u00e9ndose por este, no cualquier profesional entrenado o capacitado en la lengua for\u00e1nea, sino aqu\u00e9l que en Colombia ha obtenido el respectivo aval, seg\u00fan las normas que disciplinan el ejercicio de esa profesi\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, se recordar\u00e1 que la figura del traductor o int\u00e9rprete oficial se reglament\u00f3 en este pa\u00eds, por primera vez, en el a\u00f1o de 1951, con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n del Decreto 382 de ese a\u00f1o. <\/p>\n

En este cuerpo normativo se estableci\u00f3, en el art\u00edculo 2\u00ba, que \u201cLos Int\u00e9rpretes Oficiales tendr\u00e1n como funci\u00f3n principal traducir de cualquier idioma al castellano o viceversa, todos los documentos cuya traducci\u00f3n y autentificaci\u00f3n sean solicitadas por el p\u00fablico para que presten m\u00e9rito oficial ante las autoridades y servir de int\u00e9rpretes orales en los casos se\u00f1alados por la ley\u201d, mientras que en el 4\u00ba se indic\u00f3 que podr\u00e1n ser int\u00e9rpretes oficiales, \u201clas personas nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia, mayores de 21 a\u00f1os, de reconocida buena conducta y antecedentes, calidades \u00e9stas que deber\u00e1n ser acreditadas ante el Ministerio de Justicia, y cuya idoneidad en el dominio de los idiomas para los cuales se les expida la respectiva licencia deber\u00e1 ser comprobada ante el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, mediante las pruebas de examen que por dicho Ministerio se establezcan al respecto\u201d. Y en relaci\u00f3n con la licencia necesaria para ejercer esa actividad, el precepto quinto previno que \u201cAcreditadas ante los Ministerios de Justicia y Educaci\u00f3n Nacional las condiciones establecidas en el art\u00edculo anterior, el Ministerio de Justicia expedir\u00e1 a los int\u00e9rpretes aceptados la respectiva licencia y su nombre figurar\u00e1 en las listas que deber\u00e1n ser fijadas en sitios p\u00fablicos en los Juzgados de Circuito de cada Distrito Judicial y comunicadas al Ministerio de Relaciones Exteriores\u201d. <\/p>\n

Ahora bien, el mencionado art\u00edculo 4\u00ba vino a ser modificado sucesivamente por el art\u00edculo 84 del Decreto 266 de 2000, y por el art\u00edculo 33 de la Ley 962 de 2005, vigente al d\u00eda de hoy, cuyo contenido es el siguiente:\u00a0 <\/p>\n

\u00a0\u00a0
\n"Art\u00edculo 4\u00ba.Examen para el ejercicio del oficio de traductor e int\u00e9rprete oficial.\u00a0Toda persona que aspire a desempe\u00f1ar el oficio de Traductor e Int\u00e9rprete Oficial deber\u00e1 aprobar los ex\u00e1menes que sobre la materia dispongan las universidades p\u00fablicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. \u00a0
\n\u00a0\u00a0
\nEl documento que expidan las Universidades en que conste la aprobaci\u00f3n del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempe\u00f1arse como traductor e int\u00e9rprete oficial. \u00a0
\n\u00a0\u00a0
\nPar\u00e1grafo.\u00a0Las licencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuar\u00e1n vigentes. \u00a0
\n\u00a0\u00a0
\nQuienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan aprobado el examen para acreditar la calidad de Traductor o Int\u00e9rprete Oficial, y no hayan solicitado la licencia respectiva ante el Ministerio del Interior y de Justicia, se regir\u00e1n por lo establecido en la presente ley".\u00a0 <\/p>\n

Por v\u00eda reglamentaria, igualmente, se encuentran algunas Resoluciones como la 3269 de 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que adopt\u00f3 el procedimiento para legalizar y apostillar documentos, en cuyo art\u00edculo 2\u00ba se define la figura del traductor oficial, como \u201cla persona id\u00f3nea, autorizada y acreditada ante las entidades reguladoras de traductores e int\u00e9rpretes para realizar traducciones oficiales\u201d, en tanto que el 7\u00ba se precis\u00f3 que \u201cLos traductores oficiales, deber\u00e1n inscribirse en el directorio de traductores oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de prestar un servicio de consulta a los ciudadanos que lo requieran. Para su inscripci\u00f3n, requerir\u00e1n la presentaci\u00f3n de la solicitud en el formato establecido por la Canciller\u00eda para tal fin, acompa\u00f1ado de la Licencia del Ministerio del Interior y de Justicia expedida antes del a\u00f1o 2005, o certificado de idoneidad emitido por Universidad acreditada ante el Ministerio de Educaci\u00f3n y copia del documento de identidad correspondiente. Esta inscripci\u00f3n se podr\u00e1 realizar mediante la presentaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n f\u00edsica o por los medios electr\u00f3nicos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El traductor oficial que firme digitalmente el documento, deber\u00e1 haber registrado su firma manuscrita haciendo uso de los medios tecnol\u00f3gicos que el Ministerio de Relaciones Exteriores disponga para ello y suministrar la llave p\u00fablica del certificado digital en el formato establecido ante la Canciller\u00eda\u201d. <\/p>\n

Esta \u00faltima resoluci\u00f3n, de la que por lo dem\u00e1s se sirvi\u00f3 el Magistrado Ponente para fundamentar su prove\u00eddo inadmisorio, fue expresamente derogada por la Resoluci\u00f3n 10547 de 2018, por lo que en definitiva las condiciones para ser tenido como traductor o int\u00e9rprete oficial, no son otras que las del art\u00edculo 33 de la Ley 962 de 2005. <\/p>\n

Luego, entonces, a manera de anticipo, puede decirse que en el escenario de un proceso civil en Colombia, quien no est\u00e9 licenciado por el Ministerio del Interior y de Justicia, o no haya aprobado los ex\u00e1menes previstos por una universidad con facultad de idiomas autorizada por el ICFES, no puede ser tenido en cuenta como traductor o int\u00e9rprete oficial, y de contera, la traducci\u00f3n que se aporte, por \u00e9l confeccionada, tampoco alcanzar\u00e1 ning\u00fan m\u00e9rito probatorio, a tenor de lo consagrado en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

5. El caso concreto <\/p>\n

En el presente supuesto, el Magistrado Sustanciador inadmiti\u00f3 la demanda para que se allegara constancia de ejecutoria o firmeza de la sentencia extranjera -acompa\u00f1ada de su respectiva legalizaci\u00f3n o apostilla y su traducci\u00f3n oficial-, y para que se adosara la traducci\u00f3n en legal forma de los documentos visibles a folios 8 al 11 (fallo for\u00e1neo), 15 (certificado de matrimonio), y 18 y 19 (anexo 1 de la sentencia). <\/p>\n

Para atender ese mandato de inadmisi\u00f3n, el apoderado de la demandante aport\u00f3, apenas, la traducci\u00f3n del certificado de matrimonio, elaborada por \u201cMauricio Alberto S\u00e1nchez C\u00e1rdenas\u201d, traductor oficial con Res. 2727 del Ministerio de Justicia. <\/p>\n

Constatada esa realidad, en consecuencia, la providencia materia de s\u00faplica, esto es, la que rechaz\u00f3 la demanda de exequ\u00e1tur por no haberse subsanado, se ajusta a derecho, porque en verdad que la parte interesada dej\u00f3 de allegar la traducci\u00f3n en legal forma de la sentencia y los dem\u00e1s documentos requeridos, excepci\u00f3n hecha del aludido certificado de matrimonio. <\/p>\n

Es decir, que como el trabajo interpretativo no se llev\u00f3 a cabo por una traductora o int\u00e9rprete oficial, acreditada en Colombia, ning\u00fan valor demostrativo merece el mismo, surgiendo as\u00ed el incumplimiento de lo ordenado en la inadmisi\u00f3n, y de paso del requisito de que trata el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que la sentencia extranjera \u201cse presente en copia debidamente legalizada\u201d. <\/p>\n

No est\u00e1 dem\u00e1s indicar que la traducci\u00f3n adjuntada con el recurso de s\u00faplica, folios 43 a 50, no puede ser materia de valoraci\u00f3n en este momento, habida cuenta de su manifiesta aportaci\u00f3n extempor\u00e1nea, puesto que era con la demanda, o dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia de inadmisi\u00f3n, que deb\u00eda arrimarse. <\/p>\n

6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n

Todo lo dicho conduce a ratificar la providencia suplicada, por estar ajustada a derecho, y a disponer que se atienda lo concerniente a la devoluci\u00f3n de anexos sin necesidad de desglose, a la firmeza de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, CONFIRMA en todas sus partes el auto suplicado, de fecha 12 de diciembre de 2019. <\/p>\n

Notif\u00edquese, <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n1\u0002 \tFolios 41 y 42
\n2\u0002 \tFolios 51 a 54.
\n1<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c0LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente AC2423-2020 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2019-03126-00 Bogot\u00e1 D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020).- Decide la Sala lo pertinente sobre el recurso de s\u00faplica, formulado por el apoderado de MAR\u00cdA ESPERANZA FLORA DE WOLGEM, contra el auto de 12 de diciembre de 2019, proferido por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103377","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103377","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103377"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103377\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}