{"id":103391,"date":"2026-07-02T21:02:50","date_gmt":"2026-07-02T21:02:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103391"},"modified":"2026-07-02T21:02:50","modified_gmt":"2026-07-02T21:02:50","slug":"ac2531-2020-2008-00178-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ac2531-2020-2008-00178-01\/","title":{"rendered":"AC2531-2020 {2008-00178-01)"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AC2531-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-31-03-004-2008-00178-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide sobre la admisibilidad de la demanda que formul\u00f3 Heidy Fl\u00f3rez G\u00f3mez, cesionaria del se\u00f1or Javier Santa Gonz\u00e1lez, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 24 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso verbal (de pertenencia) que el citado cedente promovi\u00f3 contra el Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali \u2013- Fonaviemcali y personas indeterminadas. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n

Alegando su condici\u00f3n de poseedor regular, el actor pidi\u00f3 que se declarara que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n ordinaria, el lote de terreno ubicado en la Diagonal 58 n.\u00ba 25-56 de la ciudad de Cali (inmueble al que le corresponde el folio de matr\u00edcula n.\u00ba 370-0288804). <\/p>\n

En sustento de sus s\u00faplicas, afirm\u00f3 que \u00abpor escritura p\u00fablica No. 9352 del d\u00eda 23 de noviembre de 1995 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Cali, Javier Santa Gonz\u00e1lez compr\u00f3 de buena fe a la sociedad comercial Constructora Inpra el predio de terreno ya identificado\u00bb, y que, desde esa fecha \u00abha ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el mismo, tales como cuidarlo, nivelarlo, cercarlo, pagar vigilancia, pagar impuestos, acometer servicios (sic) de acueducto y energ\u00eda el\u00e9ctrica, proteger su posesi\u00f3n contra invasiones de terceros, pintar cercas, defenderlo jur\u00eddicamente, colocarle iluminaci\u00f3n y arrendarlo\u00bb. <\/p>\n

2.\tActuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

2.2.\tLas personas indeterminadas comparecieron al juicio a trav\u00e9s de curador ad l\u00edtem, quien no propuso excepciones. <\/p>\n

2.3.\tEn prove\u00eddo de 16 de junio de 2014, la autoridad judicial acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos realizada por \u00abel aqu\u00ed demandante Javier Santa Gonz\u00e1lez, en favor de Heidy Fl\u00f3rez G\u00f3mez\u00bb, por lo que dispuso \u00abtener a esta \u00faltima como nueva demandante\u00bb. <\/p>\n

2.4. El juez a quo desestim\u00f3 el petitum, decisi\u00f3n que fue apelada oportunamente por la convocante. <\/p>\n

3.\tLa sentencia impugnada. <\/p>\n

Mediante providencia de 24 de septiembre de 2019, el tribunal confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto por el funcionario de primera instancia, de acuerdo con los argumentos que seguidamente se compendian: <\/p>\n

(i)\tEs menester destacar que, \u00abcon anterioridad, se present\u00f3 una demanda con pretensi\u00f3n reivindicatoria formulada por [el] Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali, Fonaviemcali, frente a Javier Santa Gonz\u00e1lez\u00bb, tr\u00e1mite en el que, adem\u00e1s de la restituci\u00f3n inmobiliaria reclamada, se dispuso \u00abla cancelaci\u00f3n de la venta efectuada en la escritura p\u00fablica 9352 del 23 de noviembre de 1995\u00bb, instrumento que recog\u00eda el contrato de compraventa del inmueble cuya usucapi\u00f3n se invoca, \u00abcelebrado entre Constructora Inpra Ltda., como vendedora, y Javier Santa Gonz\u00e1lez, como comprador\u00bb. <\/p>\n

(ii)\tEn efecto, el juez del reivindicatorio concluy\u00f3 que \u00abno puede alegar el demandado que el actor no ha efectuado actos para tratar de recuperar el bien, ya que, como se indic\u00f3, desde el a\u00f1o 2001 inici\u00f3 la presente acci\u00f3n reivindicatoria, no d\u00e1ndose el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u201d\u00bb. Asimismo, advirti\u00f3 que exist\u00edan dos t\u00edtulos de dominio sobre el mismo bien, uno en cabeza del demandante y otro del demandado, por lo que debi\u00f3 emprender \u00abla tarea de cotejo o confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos (…) labor\u00edo en el que concluy\u00f3 que otorgaba toda eficacia al blandido por el demandante reinvindicante [Fonaviemcali], pues el que ostentaba el demandado Santa Gonz\u00e1lez perdi\u00f3 eficacia como natural y obvia consecuencia de haberse declarado resuelta la daci\u00f3n en pago que le precedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n

(iii) \tDe esta manera, la controversia que se plantea actualmente habr\u00eda sido ya zanjada, de modo que lo realmente pretendido en esta oportunidad no ser\u00eda nada distinto a que \u00abse reexamine (…) la sedicente posesi\u00f3n ejercida (\u2026) y de contera el derecho de dominio que exhibe Fonaviemcali, aspecto admitido por el mismo demandante al dirigir la demanda contra este \u00faltimo\u00bb, lo cual es improcedente. <\/p>\n

(iv) \tAhora bien, \u00abel procurador judicial de la parte demandante insiste en que la cosa juzgada no puede predicarse respecto de la cesionaria adquirente del derecho litigioso Heidy Fl\u00f3rez G\u00f3mez, pues en su condici\u00f3n de tercera es ajena a sus efectos vinculantes y por tanto inoponible su dictado\u00bb; sin embargo, el derecho de la cesionaria \u00abderiva de un t\u00edtulo traslativo que de suyo la convierte en causahabiente singular, acto por el cual ocupa al menos jur\u00eddicamente la posici\u00f3n del cedente Javier Santa Gonz\u00e1lez para todos los efectos relacionados con el bien inmerso en la contienda. Adem\u00e1s, la ley es clara y perentoria en exigir no la identidad f\u00edsica o natural de las partes, sino identidad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n

(v)\tEn ese orden, \u00abes claro que ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada o agotamiento procesal para que la jurisdicci\u00f3n pueda pronunciarse en esta instancia sobre la demanda presentada, como quiera (sic) que, sometida esta misma controversia, con identidad de partes, objeto y causa, a definici\u00f3n o composici\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, ha recibido una decisi\u00f3n definitiva e inmutable que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, impidi\u00e9ndose de contera un derroche de jurisdicci\u00f3n, toda vez que el debate qued\u00f3 clausurado con la decisi\u00f3n adoptada y as\u00ed deber\u00e1 declararse, debi\u00e9ndose confirmar la sentencia censurada\u00bb. <\/p>\n

(vi)\tA lo expuesto cabe a\u00f1adir que \u00abes indiscutible y definitivo que el t\u00edtulo que presum\u00eda el demandante Santa Gonz\u00e1lez, por haber comprado el predio, fue cancelado y declarado ineficaz en m\u00e1s de una providencia judicial\u00bb, lo que permite deducir que \u00abno puede hacerse ning\u00fan juicio de valor sobre el t\u00edtulo, y precisamente por sustracci\u00f3n de materia, no podr\u00e1 decirse si es o no justo, o si se trata de uno traslativo de dominio\u00bb. En ese sentido \u00ablo que se dej\u00f3 rese\u00f1ado y acaecido dentro de las diversas actuaciones judiciales a que ha dado lugar esta disensi\u00f3n es factor suficiente, per se, para condenar al fracaso la pertenencia postulada, aunque tambi\u00e9n estar\u00eda destituida (sic) de la buena fe, por obvias y evidentes razones\u00bb. <\/p>\n

4.\tLa demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

La se\u00f1ora Fl\u00f3rez G\u00f3mez interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del tribunal, esgrimiendo dos cargos, al amparo de las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del estatuto procedimental civil. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tR\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n

Es apropiado advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n

2.\tFundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n

Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n

(i) \tLa formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n

(ii)\tEn caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n

(iv)\tAhora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n

(v)\tEn lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n

(vi) \tA su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material. <\/p>\n

Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de revelar o exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n

(vii)\tEl cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n

Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n

(viii)\tLos cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n

(ix)\tSi se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n

(x)\tEl censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n

En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n

\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n

3.\tEstudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

3.1.\tMetodolog\u00eda. <\/p>\n

El an\u00e1lisis de los ataques se abordar\u00e1 de manera conjunta pues presentan deficiencias comunes. <\/p>\n

3.2.\tFormulaci\u00f3n de los cargos. <\/p>\n

3.2.1. Primer cargo. <\/p>\n

Invocando la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la recurrente denunci\u00f3 la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1672, 1673, 1675, 1677, 1678, 1966, 1969, 1970 y 1971 del C\u00f3digo Civil5, como consecuencia de \u00ab[la] vulneraci\u00f3n del debido proceso\u00bb por parte del \u00abjuzgador de primera como de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n

Los razonamientos desarrollados en esta censura admiten el siguiente compendio: <\/p>\n

(i) \tEl fallador \u00abde primera instancia enfoc\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la demanda en funci\u00f3n de la concepci\u00f3n de la cosa juzgada, asumiendo los elementos del mismo objeto, mismas partes y misma causa; enfoca[n]do todo su debate entre el se\u00f1or Javier Santa y Fonaviemcali, aqu\u00ed brillando por su ausencia las calidades y la acreditaci\u00f3n procesal de la cesionaria quien firm\u00f3 la cesi\u00f3n desde el a\u00f1o 2012 y fuere reconocida en el 2014; aun as\u00ed su existencia [fue] omitida dentro del proceso (\u2026); donde el despacho ni siquiera deslig\u00f3 el objeto (\u2026) y el derecho litigioso; desde el momento en que se acept\u00f3 la cesi\u00f3n de (…) la se\u00f1ora Heidy Fl\u00f3rez\u00bb. <\/p>\n

(iii)\tPor esa v\u00eda, ratific\u00f3 que la actora \u00absiempre asumi\u00f3 como poseedora del inmueble\u00bb, deviniendo claro que \u00abpor tratarse en este caso de partes diferentes y pretensiones distintas, en modo alguno puede predicarse que se est\u00e1 en presencia de la figura de la cosa juzgada, y much\u00edsimo menos de sentencias con alcance erga omnes\u00bb. <\/p>\n

3.2.2. Segundo cargo. <\/p>\n

Con sustento en la causal segunda de casaci\u00f3n, acus\u00f3 al fallador \u00abde primera instancia\u00bb de quebrantar los art\u00edculos 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y 4, 6, 11 y 13 del C\u00f3digo General del Proceso; esto como resultado de pretermitir \u00ablas valiosas pruebas aportadas por la parte demandante (…) encaminadas a no dejar alg\u00fan asomo de duda razonable respecto del fin y la naturaleza del proceso, que en este caso el juzgador de primera instancia confundi\u00f3 el objeto litigioso con el derecho litigioso de la cesi\u00f3n; presentando la cosa juzgada como patente de corso para proferir sentencia anticipada parcial (\u2026), cercenando la posibilidad de probar los elementos de la posesi\u00f3n\u00bb. Por ese sendero, arguy\u00f3 que \u00abdicha omisi\u00f3n deriv\u00f3 en la violaci\u00f3n [de varias normas] de rango constitucional [y] (\u2026) legal\u00bb. <\/p>\n

Como fundamento, sostuvo que: <\/p>\n

(i)\t\u00abNo se ventilaron [ni] agotaron (sic) todas las etapas procesales que contempla el Estatuto Procesal para determinar la existencia o no del derecho a usucapir que le asiste a la demandante (\u2026), [y] como consecuencia de la omisi\u00f3n nos vemos avocados (sic) en una indebida apreciaci\u00f3n de todas las pruebas que obran en el plenario, como las testimoniales, [y] la inspecci\u00f3n judicial que para el proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio es de obligatorio cumplimiento\u00bb; y que <\/p>\n

(ii)\t\u00abLas partes no son las mismas por (sic) la cesi\u00f3n de derechos litigiosos y el desplazamiento y suma de posesiones regulares y de buena fe de la nueva cesionaria, cumpliendo con los presupuestos sustanciales que establece el C\u00f3digo Civil, y no como erradamente lo han plasmado el juzgador de conocimiento y de la misma forma el A-quo (sic) en el recurso de alzada\u00bb; siendo claro, entonces, que \u00abnunca se discuti\u00f3 (sic) la posesi\u00f3n y los actos de se\u00f1or y due\u00f1o de la demandante; la suma de posesiones y la cesi\u00f3n de la posesi\u00f3n, sino que exclusivamente se pretermitieron las oportunidades bajo el argumento facilista de cosa juzgada, sin siquiera delimitar si fue cosa juzgada formal o material\u00bb. <\/p>\n

3.3. \tExamen de los cargos. <\/p>\n

3.3.1. Es importante memorar que el tribunal edific\u00f3 su sentencia sobre dos pilares argumentativos centrales: <\/p>\n

(i)\tEn un proceso judicial anterior, se orden\u00f3 al se\u00f1or Santa Gonz\u00e1lez restituir a Fonaviemcali la posesi\u00f3n del predio que es materia del litigio, y se dispuso la cancelaci\u00f3n del t\u00edtulo de propiedad que esgrim\u00eda este \u00faltimo. De ese modo, al formular su demanda de pertenencia, el actor pretendi\u00f3 reabrir una discusi\u00f3n ya zanjada por la jurisdicci\u00f3n, lo que es improcedente. <\/p>\n

(ii) \tComo en el tr\u00e1mite declarativo reci\u00e9n referido se dej\u00f3 sin efectos la escritura p\u00fablica de compraventa que adujo el ahora demandante como justo t\u00edtulo, no puede consider\u00e1rsele como un verdadero poseedor regular, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para alegar en su favor la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria de dominio. <\/p>\n

Sin embargo, el recurrente enfil\u00f3 todos sus esfuerzos en contra del primer pilar del fallo confutado, explicando las razones que, en su sentir, justificar\u00edan que la cosa juzgada del proceso reivindicatorio no fuera oponible a la se\u00f1ora Fl\u00f3rez G\u00f3mez, obviando esgrimir, de manera clara y frontal como lo exige el car\u00e1cter formal de este remedio extraordinario, las causas que impondr\u00edan echar abajo la otra premisa que sirvi\u00f3 al tribunal para tener por no acreditada la posesi\u00f3n \u2013regular\u2013 alegada. <\/p>\n

En ese escenario, conviene recordar que el precedente inalterado de esta Corporaci\u00f3n tiene decantado que la demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que alguno de esos argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura deviene inquebrantable. <\/p>\n

Al respecto, se ha sostenido que <\/p>\n

\u00ab[l]a competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01). <\/p>\n

M\u00e1s recientemente se reiter\u00f3 este criterio, as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(…) el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado. <\/p>\n

(\u2026) para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (CSJ SC15211-2017, 26 sep.). <\/p>\n

Lo dicho en precedencia justifica que la demanda sea inadmitida, porque aun acogiendo el alegato formulado por la se\u00f1ora Fl\u00f3rez G\u00f3mez ante la Corte, la determinaci\u00f3n adoptada por el tribunal permanecer\u00eda inalterada, en la medida en que una de sus premisas \u2013la inexistencia de posesi\u00f3n regular del demandante inicial\u2013 se mantuvo a salvo de los cuestionamientos. <\/p>\n

3.3.2. Con similar orientaci\u00f3n, relieva la Sala que entre Javier Santa Gonz\u00e1lez y la impugnante extraordinaria se celebr\u00f3 un contrato que denominaron \u00abcesi\u00f3n de derechos de dominio, posesi\u00f3n y litigiosos\u00bb (f. 180, cdno. 1), en virtud del cual el primero cedi\u00f3 a la segunda \u00ablos derechos y acciones de dominio, posesi\u00f3n y litigiosos que me correspondan o me pudieran llegar a corresponder\u00bb en el lote objeto de disputa. <\/p>\n

Con apoyo en ese acuerdo de voluntades, el tribunal memor\u00f3 que contra el se\u00f1or Santa Gonz\u00e1lez se adelant\u00f3 un proceso reivindicatorio (que culmin\u00f3 con sentencia estimatoria de 15 de diciembre de 2011), de modo que los efectos adversos de ese fallo deb\u00edan hacerse extensivos a su cesionaria, como causahabiente de aquel, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el inciso segundo del canon 303 del C\u00f3digo General del Proceso (332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n

Esa inferencia tampoco fue cuestionada en la demanda de sustentaci\u00f3n que se estudia, pues la litigante vencida no enfil\u00f3 su censura contra las deducciones del juez colegiado, sino que se limit\u00f3 a elaborar una teorizaci\u00f3n abstracta, sin conexidad con la providencia cuestionada, en la que no se indic\u00f3 en cu\u00e1les yerros, jur\u00eddicos o probatorios, se habr\u00eda incurrido al construir el cimiento principal del fallo confutado (la operancia del fen\u00f3meno de la cosa juzgada).
\nEsta falencia adicional tambi\u00e9n frustra la admisibilidad de la demanda, pues en trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, dicha pieza procesal <\/p>\n

\u00ab(\u2026) \u201cdebe contener una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n

3.3.3. A\u00f1\u00e1dase que, como las causales primera y segunda de casaci\u00f3n consisten en la violaci\u00f3n (directa e indirecta, en su orden) de la ley sustancial, es ineludible que la parte recurrente, al sustentar su cr\u00edtica por alguna de estas v\u00edas, demuestre que el tribunal incurri\u00f3 en un yerro del que surja patente la transgresi\u00f3n de, al menos, una norma que tenga ese linaje, debi\u00e9ndose precisar que, como lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Sala, <\/p>\n

\u00ab(…) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n

Pero sin reparar en esos requerimientos, la casacionista relacion\u00f3, en su primer cargo, una serie de normas que, o bien carecen de naturaleza sustancial, o no parecen ser las llamadas a gobernar un juicio de pertenencia. En efecto, all\u00ed se aludieron dos categor\u00edas distintas de preceptos legales: <\/p>\n

(i)\tLos art\u00edculos del C\u00f3digo Civil que definen la cesi\u00f3n de bienes (1672), la forma de admitirla (1673), las excepciones a la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n de bienes por los acreedores del cedente (1675), los bienes incluidos en la misma (1677) y su efecto extintivo (1678). <\/p>\n

(ii)\tLa definici\u00f3n de cesi\u00f3n de derechos litigiosos (art\u00edculo 1969), la regla de inespecificidad (art\u00edculo 1970) y la regulaci\u00f3n del derecho de retracto (art\u00edculo 1971), contenidos en la misma codificaci\u00f3n. <\/p>\n

En su mayor\u00eda, los c\u00e1nones citados no pueden calificarse como normas sustanciales, pues se limitan a definir institutos jur\u00eddicos, o a enunciar algunos de sus elementos; pero al margen de ello, lo cierto es que no se exteriorizaron las razones por las cuales esas reglas deb\u00edan constituir la base esencial del fallo impugnado, lo cual era imprescindible porque, prima facie, no existe ninguna relaci\u00f3n entre aquellas y la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el ad quem. <\/p>\n

3.3.4. En lo que toca con el segundo cargo, debe destacarse que, en el restringido contexto de las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, no resulta t\u00e9cnicamente admisible denunciar la violaci\u00f3n de preceptos constitucionales, pues si bien estas revisten naturaleza sustancial, lo cierto es que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) por regla general, las mencionadas disposiciones superiores est\u00e1n llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual ser\u00e1n los preceptos de \u00e9sta, y no los de la Carta Pol\u00edtica, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problem\u00e1tica decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct., negrillas propias). <\/p>\n

Por esa v\u00eda, al resolver sobre la admisibilidad de cargos similares al que ahora se analizan, inalteradamente se ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEn cuanto concierne a los preceptos constitucionales 1\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0, 13, 29, 83, 228, 229, 230 de la Carta, es preciso aclarar que si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n de tiempo atr\u00e1s ha admitido que los c\u00e1nones constitucionales puedan ser invocados como quebrantados en el marco de la causal primera de casaci\u00f3n, la norma superior aducida debe en primer lugar cumplir con el requisito de que sea sustancial, pues por el solo hecho de consagrar valores o principios caros a nuestro ordenamiento o establecer derechos fundamentales, como el debido proceso o el derecho de defensa, no le imprimen esa calidad, caracter\u00edstica que, se itera, apunta a que en el precepto se regule una situaci\u00f3n jur\u00eddica con miras a crear, modificar o extinguir derechos entre las personas implicadas en la relaci\u00f3n. <\/p>\n

De ese modo, es manifiesto que no tienen car\u00e1cter sustancial los art\u00edculos 1\u00b0 (mediante el cual se indica que Colombia es un estado social de derecho), 4\u00b0 (prevalencia de la Constituci\u00f3n), 5\u00b0 (primac\u00eda de derechos inalienables de la persona y protecci\u00f3n a la familia), 13 (libertad e igualdad de las personas), 83 (presunci\u00f3n de buena fe), 228 (sobre la administraci\u00f3n de justicia como funci\u00f3n p\u00fablica, independiente, permanente y con prevalencia del derecho sustancial), 229 (tutela judicial efectiva), 230 (sometimiento de los jueces a la ley y criterios auxiliares de la actividad judicial). <\/p>\n

En cuanto al precepto 29 (debido proceso), debe indicarse, adem\u00e1s de lo anterior, que si la norma sustancial es la que disciplina una situaci\u00f3n jur\u00eddica y sus consecuencias, que es precisamente la que se le presenta al juez como problema o conflicto inter subjetivo y por ende, tema de investigaci\u00f3n y decisi\u00f3n, cuando el funcionario y las partes utilizan el derecho instrumental, esto es, el procedimiento establecido en la ley procesal para resolver ese litigio, el debido proceso corresponder\u00e1 entonces al desarrollo del tr\u00e1mite del proceso conforme a la normatividad ritual que le concierne, la cual no da la soluci\u00f3n sino que facilita que se adopte, pues su prop\u00f3sito \u201ces la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u201d, como bien lo dice el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [que corresponde al canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso]. <\/p>\n

En esa medida, si bien es cierto que el art\u00edculo 29 C.P. consagra el derecho fundamental debido proceso, no por ello debe concluirse que su eventual vulneraci\u00f3n por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n a las normas procesales que lo reglamentan y desarrollan, esto es, en esa forma indirecta, resulta suficiente para fundar un cargo por la causal primera, pues no es sustancial en el sentido anotado y requiere de ley que lo desarrolle. <\/p>\n

En efecto, y para completar la \u00faltima idea, as\u00ed una norma constitucional que consagre derechos fundamentales cumpla el requisito, a los efectos del recurso de casaci\u00f3n y de la causal primera, de ser tambi\u00e9n norma sustancial, ello no significa que su invocaci\u00f3n en el cargo le abra camino a su estudio de fondo por la Corte, pues dos cuestiones deben superarse: la primera, que dicha norma pueda ser aplicada directamente sin necesidad de desarrollo legal, dada la usual tesitura abierta que ostentan. Y segundo, que ese precepto directamente se ocupe o haya debido ocuparse del asunto decidido en la sentencia impugnada (Cfr. auto de 5 de agosto de 2009, Exp. N\u00b0 13430-3103-002-2004-00359-01)\u00bb (CSJ AC5613-2016, 29 ago.). <\/p>\n

Similares razonamientos pueden hacerse extensivos a las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso a las que aludi\u00f3 la se\u00f1ora Fl\u00f3rez G\u00f3mez, pues estas tampoco son normas sustanciales en el sentido que viene explic\u00e1ndose. Sobre el punto, se ha reconocido lo siguiente: <\/p>\n

\u00abBasta con observar que del 1\u00b0 al 4\u00b0 del estatuto procesal civil contienen disposiciones generales que se refieren a la gratuidad de la justicia, la iniciaci\u00f3n e impulso de los pleitos, la doble instancia como regla salvo excepci\u00f3n legal y la interpretaci\u00f3n de las normas procesales, que fueron replicados en su orden en los art\u00edculos 10, 8, 9 y 11 del C\u00f3digo General del Proceso sin modificaciones relevantes, por lo que corresponden a principios a tener en cuenta en toda tramitaci\u00f3n. <\/p>\n

Los art\u00edculos 7, 8, 11, 12, 13, 31, 37 y 39 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, contenidos en el libro primero sobre los sujetos del proceso son descriptivos, al fijar qui\u00e9nes ejercen la administraci\u00f3n de justicia en el ramo civil, la naturaleza de los cargos como auxiliares de la justicia, las sanciones imponibles a estos, los negocios que corresponden a la jurisdicci\u00f3n civil, la improrrogabilidad de la competencia, la forma de desempe\u00f1ar la comisi\u00f3n, los deberes del juez y sus poderes disciplinarios. Patrones que no difieren de lo que indican los art\u00edculos 16, 37, 42, 44 y 50 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n

4. \tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

III.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada por Heidy Fl\u00f3rez G\u00f3mez, cesionaria del se\u00f1or Javier Santa Gonz\u00e1lez, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 24 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso verbal (de pertenencia) que el citado cedente promovi\u00f3 contra el Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali \u2013- Fonaviemcali y personas indeterminadas <\/p>\n

SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n1 \tConforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 \t\u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de \tderecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera \tdisposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base \tesencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del \trecurrente haya sido violada, sin que sea necesario \tintegrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n

3 \tCfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras.
\n4 \tCfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras.
\n5 \tFolio 22 y siguientes, cdno. de la Corte.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC2531-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-31-03-004-2008-00178-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veinte (2020). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda que formul\u00f3 Heidy Fl\u00f3rez G\u00f3mez, cesionaria del se\u00f1or Javier Santa Gonz\u00e1lez, para sustentar el recurso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103391","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103391"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103391\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}