{"id":103412,"date":"2026-07-02T21:06:39","date_gmt":"2026-07-02T21:06:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103412"},"modified":"2026-07-02T21:06:39","modified_gmt":"2026-07-02T21:06:39","slug":"ahc488-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ahc488-2020\/","title":{"rendered":"AHC488-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AHC488-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00024-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada contra la providencia proferida el 133 de febrero de los corrientes por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la solicitud de H\u00e1beas Corpus presentada por William Hugo Arango P\u00e9rez contra el Juzgado Primero penal Municipal Con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

2. Frente a lo pedido, se efectuaron los siguientes pronunciamientos: <\/p>\n

2.1. La Juez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos del Sistema Penal Acusatorio de Pereira -Risaralda, precis\u00f3 que el 11 de febrero del a\u00f1o en curso a las \u00ab9:20 de la ma\u00f1ana\u00bb, se radic\u00f3 en esa dependencia solicitud de audiencia preliminar de control de legalidad a la orden y diligencia de allanamiento y registro, legalizaci\u00f3n de elementos incautados, legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y solicitud de medida de aseguramiento, dentro de la causa penal iniciada en contra del aqu\u00ed interesado, con radicado No. 2020-00327, por los presuntos delitos de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, demanda de explotaci\u00f3n sexual, comercial de persona menor de 18 a\u00f1os y pornograf\u00eda con persona menor de 18 a\u00f1os, conforme a lo solicitado por el Delegado Fiscal 25 Local URI; que una vez efectuado el respectivo reparto, las diligencias correspondieron al Juzgado Primero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Pereira, sin que a la fecha se conozca de actuaci\u00f3n realizada por ese Despacho (fl. 11, ib.). <\/p>\n

2.2. Por su parte, la titular del citado Juzgado Penal se\u00f1al\u00f3, que el d\u00eda 11 del mes y a\u00f1o que corre, a las \u00ab9:57 a.m.\u00bb, se adelantaron las diligencias preliminares correspondientes a la legalizaci\u00f3n de allanamiento, legalizaci\u00f3n de incautaci\u00f3n de elementos, legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y solicitud de medida de aseguramiento, diligencia que fue suspendida por solicitud del propio sindicado, quien pidi\u00f3 ser representado por su hijo, por lo que la misma se reinici\u00f3 al otro d\u00eda \u00aba la primera hora h\u00e1bil, es decir, las 7:00 a.m. (\u2026) teniendo en cuenta que respetamos el contenido del art\u00edculo 302 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, para definir el tema de la legalidad de captura, \u00fanico obligatorio en esta instancia\u00bb (fl.12, Op. Cit.). <\/p>\n

3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, deneg\u00f3 por improcedente la solicitud de h\u00e1beas corpus, tras advertir de las probanzas obrantes en las diligencias, en lo fundamental, que \u00abdesde el momento de la aprehensi\u00f3n del citado se\u00f1or, hasta la fecha y hora en que se realiz\u00f3 la diligencia en la cual se legaliz\u00f3 su captura, no hab\u00edan transcurrido a\u00fan las treinta y seis horas que establecen las normas procesales citadas antes\u00bb (fls. 21 a 24, Cit.). <\/p>\n

4. El actor apel\u00f3 la citada providencia, se\u00f1alando que, \u00ablos t\u00e9rminos procesales y trat\u00e1ndose de derechos fundamentales son improrrogables e impostergables\u00bb (fl. 27, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De entrada \tcabe precisar, que al tenor de lo
\ndispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1095 de 2006, esta Corte es competente para conocer en segunda instancia de las impugnaciones que se presenten contra las decisiones de los Tribunales Superiores que niegan la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, de conformidad con lo dispuesto por los art\u00edculos 75, numeral 3\u00ba, de la Ley 600 de 2000, 32, ordinal 3\u00ba, de la Ley 906 de 2004 y 7, numeral 2\u00ba, de la Ley 1095 de 2006. <\/p>\n

2. La presente acci\u00f3n, como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho fundamental y un mecanismo constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la misma con violaci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales o legales o cuando la privaci\u00f3n de la libertad se prolonga de manera ilegal, es decir, cuando la autoridad judicial a cargo de quien se encuentra la persona prolonga su detenci\u00f3n por un lapso superior al permitido por la Constituci\u00f3n y la ley, u omite resolver dentro de los t\u00e9rminos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho. <\/p>\n

De ah\u00ed, que la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus sea concebida como un mecanismo excepcional y especial para proteger la libertad, siempre y cuando no existan otros medios al interior de la actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

3.\tEn el caso que convoca la atenci\u00f3n de la Corte, la petici\u00f3n del procesado Arango P\u00e9rez se circunscribe, concretamente, a poner de presente que transcurrieron m\u00e1s de 36 horas entre el momento en que fue privado de la libertad y legalizada su captura. <\/p>\n

4.\tSin embargo, revisadas las diligencias no cabe duda para la Sala que el amparo solicitado resulta improcedente, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n

4.1. A diferencia de lo considerado por el investigado, no se super\u00f3 el plazo con que contaba el Juzgado Penal del conocimiento para resolver la formalizaci\u00f3n de su aprehensi\u00f3n, si se tiene en cuenta que, habiendo sido capturado en flagrancia \u00abel d\u00eda 10 de febrero del presente a\u00f1o, a las 9:30 horas de la ma\u00f1ana\u00bb, para el d\u00eda siguiente, es decir el 11 de febrero de 2020 \u00aba las 10:39 a.m.\u00bb, cuando se culmin\u00f3 la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura, no se hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino previsto por el legislador para el efecto (fl. 12, cdno. 1), por lo que es inexistente la vulneraci\u00f3n superior aqu\u00ed alegada por \u00e9ste, siendo cosa distinta que, por petici\u00f3n de \u00e9l mismo, a trav\u00e9s de su defensora, se hubiera suspendido la diligencia para continuarla a primera hora h\u00e1bil del d\u00eda siguiente, a efectos de resolver sobre las otras circunstancias restantes, es decir, la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y la solicitud de medida de aseguramiento, tal y como ocurri\u00f3. <\/p>\n

4.2. Ahora, sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que, cuando en la audiencia inicial se legaliz\u00f3 la privaci\u00f3n de la libertad al actor, no se formul\u00f3 oposici\u00f3n alguna frente a ello, ni cuando al otro d\u00eda se llevaron acabo las restantes audiencias preliminares y el Juzgador neg\u00f3 al defensor de confianza del imputado la libertad ah\u00ed reclamada por el supuesto vencimiento de t\u00e9rminos para legalizar la captura (fl. 23 reverso), desaprovechando as\u00ed los medios de impugnaci\u00f3n a su alcance y perdiendo la oportunidad procesal id\u00f3nea para discutir lo aqu\u00ed deprecado. <\/p>\n

Sobre el punto, esta Sala ha sostenido que \u00aba procedencia de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus se encuentra sujeta a que el afectado con la privaci\u00f3n ilegal de la libertad, o con su prolongaci\u00f3n il\u00edcita, haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues lo contrario conduce a una injerencia indebida en las facultades que son propias del funcionario judicial que conoce de la actuaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n

Por tanto, cuando existe un proceso o actuaci\u00f3n judicial (\u2026), no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n establecidos como mecanismos legales id\u00f3neos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opini\u00f3n diversa – a manera de instancia adicional – de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona\u00bb (resalto intencional) (CSJ AHC027-2019). <\/p>\n

5.\tPor lo expuesto, resulta evidente que la conclusi\u00f3n no puede ser diferente a la que arrib\u00f3 la Corporaci\u00f3n de instancia, al negar el h\u00e1beas corpus promovido por el se\u00f1or William Hugo, raz\u00f3n por la cual, entonces, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n confutada.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisi\u00f3n cuestionada dentro de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus de la referencia. <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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