{"id":103415,"date":"2026-07-02T21:07:37","date_gmt":"2026-07-02T21:07:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103415"},"modified":"2026-07-02T21:07:37","modified_gmt":"2026-07-02T21:07:37","slug":"ahc695-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ahc695-2020\/","title":{"rendered":"AHC695-2020"},"content":{"rendered":"
AHC695-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 47001-22-13-000-2020-00028-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n de la providencia dictada por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que neg\u00f3 el habeas corpus de Omar Lorenzo Mendoza Ochoa frente al Juzgado Primero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas Ambulante y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, ambos de esa capital. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor, representado por agente oficiosa, pidi\u00f3 que se ordene su libertad inmediata, porque \u2013en s\u00edntesis- en audiencia celebrada los d\u00edas 21 a 24 de agosto de 2018 se le imput\u00f3 el \u00abdelito de concierto para delinquir en concurso homog\u00e9neo\u00bb y se le impuso \u00abmedida de aseguramiento preventiva en centro penitenciario y carcelario\u00bb, y desde esa data han transcurrido \u00ab541 d\u00edas sin que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n haya presentado el escrito de acusaci\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que el 2 de diciembre de 2019 su abogado \u00absolicit[\u00f3] audiencia de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb fijada para el 10 de febrero a las 2:30 p.m., pero \u00abno se llev\u00f3 a cabo por la inasistencia del delegado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, quien dijo \u00abno haber sido notificado y tener otra diligencia en la misma fecha y hora [\u2026]\u00bb. <\/p>\n

Inform\u00f3 que \u00abel pasado 12 de febrero, nuevamente present\u00f3 solicitud para reprogramar la audiencia de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, [\u2026] la cual a la fecha no ha sido programada\u00bb. <\/p>\n

2.- El Juzgado reprochado acot\u00f3 que \u00abla audiencia no pudo llevarse a cabo en raz\u00f3n a que no asisti\u00f3 el delegado de la agencia fiscal, quien manifest\u00f3 no haber recibido notificaci\u00f3n alguna y que adem\u00e1s ten\u00eda otra audiencia programada para la misma fecha y hora [\u2026]\u00bb (fl. 59, C. 1). <\/p>\n

El Centro de Servicios Judiciales asever\u00f3 que \u00abse reprogram\u00f3 la diligencia para el pr\u00f3ximo 28 de febrero a las 8:30 a.m. para asignaci\u00f3n de acuerdo con disponibilidad del juez\u00bb (fl. 62, Ibidem). <\/p>\n

3.- El a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio porque \u00absi bien la audiencia de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos fue fijada en una oportunidad y no pudo ser evacuada, ello no fue por causa atribuible al centro de servicios o la judicatura, toda vez que se advierte una aparente confusi\u00f3n en el Delegado de la Fiscal\u00eda [\u2026]\u00bb por lo que \u00abla misma no ha sido dilatada de forma injustificada\u00bb. Tambi\u00e9n, por no haberse respetado la subsidiariedad que aqu\u00ed se exige, puesto que \u00abla audiencia est\u00e1 programada para el 28 de febrero de 2020\u00bb (fls. 72-74, Idem). <\/p>\n

Impugn\u00f3 el interesado, insistiendo en las alegaciones genitoras (fls. 91-99, Ibid.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Este mecanismo, reconocido en el art\u00edculo 30 de la Carta Pol\u00edtica de 1991, es un \u00abderecho fundamental\u00bb cuyo desarrollo se dio en la Ley 1095 de 2006, donde se estableci\u00f3 como una acci\u00f3n a favor de quien vea prolongada il\u00edcitamente o restringida su \u00ablibertad\u00bb con desconocimiento de las prerrogativas superiores o legales, siempre que agote previamente los \u00abdispositivos de defensa\u00bb, pues, se trata de una herramienta que no est\u00e1 dise\u00f1ada para <\/p>\n

(\u2026) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n establecidos como mecanismos legales id\u00f3neos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opini\u00f3n diversa \u2014a manera de instancia adicional\u2014 de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona (\u2026) (CSJ AHP 3559-2017). <\/p>\n

Por tanto, debe entenderse que siempre que un individuo es despojado de su \u00ablibertad\u00bb por disposici\u00f3n de un funcionario competente, adoptada dentro de un asunto en marcha, cualquier discrepancia ligada con ese derecho debe ser llevada inicialmente ante el estamento designado por la ley para ese efecto, y contra su negativa deben interponerse los recursos ordinarios antes de acudir a este escenario. <\/p>\n

Acontece de esa forma, porque el \u00abjuez constitucional\u00bb no puede inmiscuirse en el \u00abtr\u00e1mite de un proceso en curso, emitiendo decisiones paralelas a las que en ejercicio de sus atribuciones, le corresponde adoptar a la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria, relacionadas con la garant\u00eda superior que el actor estima vulnerada, dentro de la autonom\u00eda e independencia funcionales que le reconocen la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley\u00bb (CSJ. AHC 6977-2017). <\/p>\n

2.- En esta ocasi\u00f3n, el promotor se propone lograr su \u00ablibertad\u00bb sustentado en que se ha superado el l\u00edmite para \u00abla radicaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n\u00bb desde \u00abla audiencia de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento\u00bb. <\/p>\n

3.- Al respecto, es pertinente recordar que el \u00abjuez del Habeas Corpus\u00bb no es el \u00abenjuiciador natural\u00bb para pronunciarse sobre \u00abel decreto de la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb, habida cuenta que desde anta\u00f1o la normatividad y jurisprudencia han ense\u00f1ado que la autoridad facultada para conocer de dicho petitorio, prima facie, es el Juez de Control de Garant\u00edas -si el sumario est\u00e1 siendo adelantado con la ley 906- o \u00abla competencia recaer\u00e1, seg\u00fan la fase procesal, en el fiscal o en el juez de la causa\u00bb en los \u00abprocesos tramitados por la Ley 600 de 2000\u00bb (CSJ, SP, AP4711-2017). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, desde el p\u00f3rtico se visualiza la \u00abinviabilidad\u00bb del habeas corpus aqu\u00ed reclamado, al advertirse que los delitos atribuidos al gestor son investigados bajo las formas contempladas en la Ley 906, y que adem\u00e1s la solicitud de \u00ablibertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb ya fue elevada ante el fallador natural competente para definirla, esto es, al \u00abJuez Primero Ambulante de Control de Garant\u00edas\u00bb, y est\u00e1 pendiente de zanjarse en la audiencia para tal efecto se\u00f1alada para el pr\u00f3ximo 28 de febrero, lo que torna anticipada cualquier resoluci\u00f3n en ese sentido, sin que pueda superarse el estudio de \u00abresidualidad\u00bb que caracteriza este remedio. <\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico, ha dicho esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n

[\u2026] De otra parte, si esto es as\u00ed como corresponde a la autonom\u00eda e independencia judicial, las solicitudes de libertad por motivos previstos en la ley, deben tramitarse y decidirse al interior del respectivo proceso judicial, cuando es en \u00e9ste en que se ha dispuesto la privaci\u00f3n de la libertad, sin que con dicho prop\u00f3sito resulte viable, en principio, acudir a la invocaci\u00f3n del H\u00e1beas Corpus, pues el ordenamiento confiere variados mecanismos, tales como la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, la solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, o la solicitud de libertad por haber mediado alguna actuaci\u00f3n de \u00edndole procesal, cuya enumeraci\u00f3n normativa no resulta pertinente hacer en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n

Este precisamente ha sido el entendimiento dado a la figura por parte de esta Sala de la Corte, en t\u00e9rminos que ahora el Despacho reitera, al indicar que \u201ca partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relaci\u00f3n con la libertad del procesado, deben elevarse al interior del proceso penal, no a trav\u00e9s del mecanismo constitucional de H\u00e1beas Corpus, pues esta acci\u00f3n no est\u00e1 llamada a sustituir el tr\u00e1mite del proceso penal ordinario (CSJ AHP, 25 en. 2007, rad. 26810). <\/p>\n

4.- Basten las explicaciones dadas para respaldar la conclusi\u00f3n del Colegiado de Santa Marta. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, CONFIRMA el veredicto de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los intervinientes lo dispuesto y devu\u00e9lvase el expediente a la sede de origen. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado <\/p>\n

3<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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