{"id":103420,"date":"2026-07-02T21:08:42","date_gmt":"2026-07-02T21:08:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103420"},"modified":"2026-07-02T21:08:42","modified_gmt":"2026-07-02T21:08:42","slug":"ahc1102-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ahc1102-2020\/","title":{"rendered":"AHC1102-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AHC1102-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-16-000-2020-00005-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la providencia dictada el 30 de mayo de 2020, por la Sala Civil \u2013 Familia -Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus promovida por Jos\u00e9 Raimundo Su\u00e1rez Medina en nombre de Darwin Estrada Tovar. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante aduce que su prohijado fue capturado por cuenta del decurso penal 2014-00196-01, seguido en su contra por el delito de extorsi\u00f3n, tr\u00e1mite donde el Juzgado Primero Promiscuo de Circuito de Puerto L\u00f3pez emiti\u00f3 sentencia condenatoria el 2 de mayo de 2016. <\/p>\n

Sostiene que, en calidad de abogado del procesado, inco\u00f3 apelaci\u00f3n frente a la referida decisi\u00f3n y, aunque el recurso fue asignado al despacho respectivo en el tribunal, desde el 7 de junio de 2016, a la fecha de formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, no ha sido definido, circunstancia que, asegura, evidencia la privaci\u00f3n ilegal e injusta de la libertad de su prohijado. <\/p>\n

Indica que, si bien respecto de Darwin Estrada Tovar se siguieron dos decursos penales m\u00e1s, en \u00e9stos, seg\u00fan le expuso el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, al resolver una solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria, no fue ordenada la detenci\u00f3n de su defendido. <\/p>\n

Reitera, \u201c(\u2026) la dilaci\u00f3n injustificada del proceso penal [2014-00196-01], extiende consecuencias jur\u00eddicas nefastas (\u2026)\u201d, pues la condena de su agenciado no ha cobrado firmeza y ello, seg\u00fan advierte, significa que contin\u00faa recluido bajo \u201cmedida de aseguramiento\u201d, habiendo transcurrido m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os \u201c(\u2026) entre la imputaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n en segunda instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Primero Promiscuo de Circuito de Puerto L\u00f3pez expuso que, en el asunto contra Estrada Tovar por extorsi\u00f3n, con radicado 2014-00196-01, emiti\u00f3 sentencia condenatoria el 2 de mayo de 2016, determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n y por lo cual remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
\n4.\tEl Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio manifest\u00f3 que el aqu\u00ed agenciado fue condenado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Orocu\u00e9 por extorsi\u00f3n, en el asunto 2013-00008, decisi\u00f3n modificada por Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal para fijar la sanci\u00f3n en ocho (8) a\u00f1os de prisi\u00f3n; asimismo, se le conden\u00f3 a ciento ocho (108) meses de c\u00e1rcel por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones dentro del radicado 2012-80504. <\/p>\n

Acot\u00f3 que, siendo vig\u00eda de ambas penas, el 3 de octubre de 2017, decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n de las mismas para dejarlas en ciento cincuenta y seis (156) meses de prisi\u00f3n; no obstante, el 16 de marzo de 2018, dispuso remitir la actuaci\u00f3n, por competencia, a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, al evidenciar que Estrada Tovar estaba privado de la libertad en esa municipalidad, por cuenta del asunto 2014-00196-01, seguido por extorsi\u00f3n. <\/p>\n

5.\tEl Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 las diligencias del despacho de ejecuci\u00f3n de Villavicencio; sin embargo, sostuvo, el ahora representado no se encuentra privado de la libertad por las causas bajo su conocimiento, sino con ocasi\u00f3n del decurso 2014-000196-01. Pese a ello, asegur\u00f3 que actualmente s\u00ed existe \u201c(\u2026) requerimiento por cuenta de las condenas acumuladas\u201d. <\/p>\n

1.1. Decisi\u00f3n de primera instancia <\/p>\n

El a quo deneg\u00f3 la acci\u00f3n propuesta, por cuanto no hall\u00f3 configurada la detenci\u00f3n ilegal aducida; sobre ello, acot\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) se advierte que en el caso bajo examen no tiene cabida el supuesto de prolongaci\u00f3n il\u00edcita de privaci\u00f3n de la libertad para habilitar el ejercicio de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, puesto que la restricci\u00f3n del derecho est\u00e1 fundada en una decisi\u00f3n judicial investida de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, conclusi\u00f3n que deriv\u00f3 en la condena a pena de prisi\u00f3n, sanci\u00f3n que debe cumplir de manera efectiva no por efecto de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, sino de la fuerza coercitiva de la sentencia, aunque penda del recurso vertical como garant\u00eda constitucional (art\u00edculo 31, superior), desde luego que sin perjuicio del subrogado o derecho que pueda plantear de manera sobreviniente a su juez natural en virtud del principio de favorabilidad que rige con mayor acento en materia penal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, expres\u00f3 que el censor no ha acudido al escenario natural a plantear las cuestiones aqu\u00ed aducidas, siendo inviable la procedencia de este mecanismo constitucional, dada su residualidad. <\/p>\n

1.2. Impugnaci\u00f3n <\/p>\n

El solicitante impugn\u00f3 con argumentos similares a los expuestos en el escrito introductor. <\/p>\n

En adici\u00f3n, resalt\u00f3 que, en las dos causas referidas por los despachos de ejecuci\u00f3n, no se hab\u00eda ordenado la detenci\u00f3n de su defendido para cuando fue capturado por cuenta del decurso 2014-000196-01, asunto donde, reitera, no ha cobrado firmeza la condena, dada la tardanza en la definici\u00f3n de la alzada rese\u00f1ada. <\/p>\n

Lo expuesto, conforme aduce, evidencia \u201cuna privaci\u00f3n de la libertad excesivamente prolongada\u201d, pues han transcurrido m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os desde cuando fue detenido Estrada Tovar bajo \u201cuna simple\u201d medida de aseguramiento y, a la fecha, no hay condena ejecutoriada en su contra. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl h\u00e1beas corpus consagrado en el art\u00edculo 30 de la Carta Pol\u00edtica y reglamentado a trav\u00e9s de la Ley 1095 de 2006, es una acci\u00f3n p\u00fablica encaminada a la tutela de la libertad en aquellos eventos en los cuales una persona es privada de ella con violaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales y legales, o cuando la retenci\u00f3n se prolonga ilegalmente. <\/p>\n

2.\tLa instituci\u00f3n creada exclusivamente para la salvaguarda del derecho a la libertad personal y s\u00f3lo en cuanto aqu\u00e9l se conculque por vulneraci\u00f3n de las normas estatuidas para afectarlo leg\u00edtimamente, no puede tener un alcance ilimitado al punto de desnaturalizar el esquema dise\u00f1ado por el legislador para el curso de los juicios, de ah\u00ed que al juez de h\u00e1beas corpus no le sea dado inmiscuirse en los aspectos que son propios del proceso. <\/p>\n

3.\tEl promotor asevera que Darwin Estrada Tovar est\u00e1 privado de la libertad, de forma irregular, porque, si bien desde el 2 de mayo de 2016, dentro del radicado 2014-00196-01, se emiti\u00f3 sentencia condenatoria en su contra, la misma fue apelada y, a la fecha de formulaci\u00f3n de este mecanismo, tal recurso no ha sido definido. <\/p>\n

4.\tTal como lo ha esgrimido esta Corte en asuntos an\u00e1logos, cuando existe un proceso en curso, el h\u00e1beas corpus no puede utilizarse para: i) sustituir los procedimientos dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opini\u00f3n diversa -como instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas1. <\/p>\n

5.\tA la luz de lo expuesto, no resulta procedente acceder a lo reclamado por el solicitante porque la situaci\u00f3n reprochada, en estrictez, no constituye ninguna de las causales establecidas para acceder a la libertad pretendida. <\/p>\n

Justamente, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha destacado, de un lado, que desde la anunciaci\u00f3n del sentido de la sentencia condenatoria y cuando no procedan subrogados penales o la sustituci\u00f3n de la pena, es preciso aprehender al procesado y, de otro, que, estando pendiente la definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n frente a un fallo sancionatorio, aqu\u00e9l ya no se halla bajo medida de aseguramiento, sino que su captura se sustenta en la \u201cpresunci\u00f3n de acierto y legalidad\u201d del veredicto del a quo. <\/p>\n

En torno a lo discurrido, la Sala de Casaci\u00f3n especializada esgrimi\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) se hace necesario que los jueces observen que en los t\u00e9rminos de la Ley 906 de 2004 la ejecuci\u00f3n de la sentencia y las \u00f3rdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privaci\u00f3n de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposici\u00f3n de una pena privativa de la libertad cuya ejecuci\u00f3n no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanci\u00f3n impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem.\u201d (Resaltado nuestro). <\/p>\n

\u201cY h\u00e1gase notar que, de acuerdo al art. 308 del C.P.P., las decisiones atinentes a medidas de aseguramiento, corresponden por esencia al Juez de control de garant\u00edas, de quien debe complementarse que, a tono con el art. 154 ej\u00fasdem, ser\u00e1 competente para resolver de las peticiones de libertad que se presenten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo, momento de quiebre que no fue fijado como tal de manera caprichosa o infundada, sino comprendiendo que la libertad que se clama con posterioridad a este momento es de otra naturaleza, cual es, el cumplimiento de la pena. <\/p>\n

\u201cDe esta manera es que para esta Corporaci\u00f3n, resulta completamente atendible (\u2026) que cuando un asunto se encuentra pendiente de la resoluci\u00f3n de la segunda instancia, el sentenciado no se encuentra privado de la libertad por medida de aseguramiento alguna, la que valga decir que s\u00f3lo es dable de solicitar mientras se adelanta el tr\u00e1mite de primera instancia, sin ser posible el reclamo de la imposici\u00f3n de una de ellas cuando el proceso se halla ante el Juez de segundo nivel para resolver la apelaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n

\u201cAl respecto pi\u00e9nsese como quien ha sido absuelto con la sentencia de primer nivel, independiente de si estuvo cobijado o no con medida de aseguramiento durante el tr\u00e1mite de instancia, obtendr\u00e1 su inmediata libertad, por la existencia de una decisi\u00f3n de fondo que, si bien podr\u00eda no quedar ejecutoriada por la interposici\u00f3n de los recursos de ley, goza de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad, como igualmente es predicable del fallo de car\u00e1cter condenatorio, que crea en el mundo jur\u00eddico un fundamento para privar de la libertad, tal y como es el cumplimiento de una pena, escenario m\u00e1s elevado del juzgamiento en el que ya no hay lugar a la adopci\u00f3n, modificaci\u00f3n o revocatoria de medidas cautelares personales (subraya fuera de texto)2. <\/p>\n

De igual modo, en un caso equiparable al presente, la misma Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus indicando: <\/p>\n

6.\tAhora, si lo cuestionado por el censor es la supuesta tardanza injustificada del tribunal para desatar la apelaci\u00f3n contra el fallo condenatorio, ello no constituye causal para acceder a su liberaci\u00f3n por esta v\u00eda residual, pues al interior del decurso penal puede cuestionar esa circunstancia a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios correspondientes, tales como la recusaci\u00f3n del funcionario de conocimiento, asunto sobre el cual, <\/p>\n

\u201c(\u2026) [e]n una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c\u2018(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u2019 (CSJ STC 29 jun 2011, rad. 54769, reiterada en las de 20 jun 2012, rad. 011221-01; 25 jul 2012, rad. 01254-01, 13 mar 2013, rad. 00178 -01) (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

7.\tCon todo, la acci\u00f3n incoada resulta inviable porque la excarcelaci\u00f3n del aqu\u00ed agenciado no ha sido exigida ante los funcionarios judiciales que conocen del juicio y la consecuente sentencia. <\/p>\n

Sobre la competencia de tales autoridades para resolver una reclamaci\u00f3n como la enunciada, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en un caso similar, esboz\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]urante el tr\u00e1mite del proceso penal y hasta tanto no se haya emitido declaraci\u00f3n de responsabilidad penal en contra del acusado, la \u00fanica autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, es el Juez de Control de Garant\u00edas, tal como lo establecen los art\u00edculos 306, 308 y 318 de la Ley 906 de 2004. Empero, una vez proferida condena, as\u00ed no se encuentre en firme, lo atinente a la libertad del sentenciado le compete decidirlo al juez de conocimiento, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 40 del mismo compendio normativo as\u00ed: \u2018Anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en este c\u00f3digo, el juez de conocimiento ser\u00e1 competente para imponer las penas y medidas de seguridad. <\/p>\n

\u201cAdicionalmente, es oportuno precisar que una vez se haya anunciado el sentido de fallo condenatorio, toda pretensi\u00f3n relacionada con la libertad del procesado, deber\u00e1 ser estudiada a la luz de los requisitos legales exigidos para la concesi\u00f3n de los subrogados y sustitutos penales, en el entendido que ya en ese estadio procesal, la reclusi\u00f3n del penalmente responsable s\u00f3lo se justifica en funci\u00f3n del cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta. De suerte que, mientras cobra ejecutoria el fallo condenatorio, la competencia para resolver ese tipo de peticiones radica en el juez de conocimiento y una vez en firme la condena las mismas deber\u00e1n ser resueltas por el juez de ejecuci\u00f3n de penas (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

Por tanto, al no agotarse los instrumentos a disposici\u00f3n del procesado para obtener la libertad aqu\u00ed pretendida, esta acci\u00f3n resulta improcedente. <\/p>\n

Se destaca, tal como esta Corte lo ha esgrimido en casos similares, <\/p>\n

\u201c(\u2026) si la persona ha sido aprehendida por orden de autoridad competente y al interior de un proceso judicial en tr\u00e1mite, cualquier solicitud de libertad debe ser formulada, en principio, ante el mismo funcionario que para el efecto ha designado el legislador, esto es, el juez natural; adem\u00e1s que, contra la negativa deben interponerse los recursos ordinarios, en lugar de promover la excepcional v\u00eda aqu\u00ed escogida (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLa acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus no puede ser entendida, entonces, como un procedimiento o mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo de los distintos instrumentos que consagran las normas adjetivas para controvertir las diferentes decisiones que adopta la judicatura en un diligenciamiento penal pues, situaciones como las planteadas (\u2026), han de ventilarse ante el servidor judicial correspondiente dentro de la \u00f3rbita de sus propias competencias (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLa herramienta constitucional no tiene por finalidad instaurar una justicia penal paralela, ni puede convertirse en una instancia permanente, en lugar de la instituida dentro del orden jer\u00e1rquico para hacer control de las motivaciones de m\u00e9rito de los jueces ordinarios; el fallador de h\u00e1beas corpus no est\u00e1 facultado para sustituir al natural, y en su lugar tomar determinaciones como definir si es procedente la concesi\u00f3n de la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

Se insiste, los cuestionamientos aqu\u00ed advertidos deben ser desatados en virtud de los medios ordinarios de defensa dispuestos por el legislador para el efecto, un an\u00e1lisis contrario, dejar\u00eda <\/p>\n

No ha de olvidarse <\/p>\n

\u201c(\u2026) que los tr\u00e1mites judiciales deben ser adelantados con \u201cobservancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u201d, de manera que la referida acci\u00f3n constitucional no puede de ning\u00fan modo sustituir o desplazar los mecanismos dispuestos por el legislador al interior de cada tr\u00e1mite. <\/p>\n

\u201c(\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, resulta manifiestamente improcedente la pretensi\u00f3n del actor de acudir a la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus en procura de conseguir su libertad (\u2026) [por cuanto] [e]s palmario que una decisi\u00f3n (\u2026) sobre el particular en el curso de este tr\u00e1mite, comportar\u00eda una intromisi\u00f3n indebida en la actuaci\u00f3n del juez natural, en manifiesto quebranto del principio de independencia judicial\u201d8 (subl\u00ednea fuera de texto). <\/p>\n

8.\tCon sustento en lo expuesto, el Despacho estima improcedente la acci\u00f3n constitucional deprecada por Jos\u00e9 Raimundo Su\u00e1rez Medina en nombre de Darwin Estrada Tovar. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia,
\nRESUELVE: <\/p>\n

CONFIRMAR el prove\u00eddo de fecha y procedencia arriba anotados. <\/p>\n

Notif\u00edquese lo decidido, de la forma m\u00e1s expedita, a todos los interesados, y devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado
\n1 \tCSJ. \tAHP4005 \tde 18 de septiembre de 2018
\n2 \tCSJ. \tSTP16197-2017 \tde octubre de 2017, radicaci\u00f3n \tN\u00b0 94392
\n3 \tCSJ. AHP4839-2019 de 17 de noviembre de 2019, radicaci\u00f3n N\u00b0 \t56516
\n4 \tCSJ. Civil. Sentencia de \t18 de diciembre de 2014, exp. 11001-02-04-000-2014-02258-01, \treiterada el 8 de octubre de 2015, exp. \t11001-02-03-000-2015-02360-00
\n5 \tCSJ. AHP \tde \t8 de mayo de 2019, rad. 55131.
\n6 \tC.S.J. AHP4133-2018 \tde \t24 de septiembre de 2018, radicaci\u00f3n n\u00b0 53785.
\n7 \tC.S.J. Auto \tde 3 de mayo de 2007, exp. 00002.
\n8 \tC.S.J. AHP de \t12 de marzo de 2013, expediente 40891.
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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