{"id":103422,"date":"2026-07-02T21:09:10","date_gmt":"2026-07-02T21:09:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103422"},"modified":"2026-07-02T21:09:10","modified_gmt":"2026-07-02T21:09:10","slug":"ahc1133-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ahc1133-2020\/","title":{"rendered":"AHC1133-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

AHC1133-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2020-00132-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Leda Mercedes Urieles Fl\u00f3rez frente al prove\u00eddo proferido el 10 de junio \u00faltimo por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que no accedi\u00f3 a la solicitud de h\u00e1beas corpus que ella invoc\u00f3, en nombre de Jorge Luis P\u00e9rez Campo, contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad \u00abRodrigo de Bastidas\u00bb de esa ciudad y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del mismo lugar. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante rog\u00f3 el amparo de la prerrogativa fundamental a la libertad personal de su agenciado porque, en su sentir, su detenci\u00f3n intramural se ha prolongado injustamente. <\/p>\n

2.\tLa situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n

2.1.\tJorge Luis P\u00e9rez Campo est\u00e1 recluido en prisi\u00f3n descontando, desde el 2 de febrero de 20171, la pena de 76 meses que con sentencia del 14 de mayo del 2016 le impuso el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, al hallarlo responsable de los delitos de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, agravados (rad. 47001-31-87-002-2016-00408-00). <\/p>\n

2.2.\tAdujo la actora que el condenado actualmente cumple con los lineamientos temporales para ser beneficiario de la libertad condicional, acorde con el canon 64 de la Ley 599 de 2000, porque \u00abal sacar cuenta lleva m\u00e1s de las 3\/5… partes establecidas en este art\u00edculo, por [t]al motivo es menecer (sic) obligar a la oficina jur\u00eddica INPEC Rodrigo de Bastidas de Santa Marta a rendir informe antes de tomar decisiones improcedentes\u00bb, en tanto que \u00abno se ha tenido en cuenta… que… no entreg[\u00f3] el informe correspondiente…[,] donde a\u00fan falta agregar al tiempo de 2100… horas de trabajo, estudio y ense\u00f1anza\u00bb, y es por ello, sostuvo, que no se ha dispuesto el restablecimiento de la autonom\u00eda personal de P\u00e9rez Campo. <\/p>\n

Destac\u00f3 que el pasado 3 de marzo se solicit\u00f3 dicha libertad condicional ante el INPEC y que, en una anterior acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus que le fue denegada, todas las anteriores particularidades fueron desatendidas por el juzgador constitucional de turno. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta indic\u00f3 que \u00abesta acci\u00f3n no es solo abiertamente improcedente, sino que temeraria, ya que es la segund[a]… que presenta esta persona a favor del se\u00f1or… P\u00c9REZ, por los mismos hechos y circunstancias, siendo resuelta la primera… el 31 de mayo de 2020, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, rad. 2020-413\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed mismo, tras historiar las actuaciones que ha surtido, rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque \u00aben ning\u00fan momento se ha conculcado el derecho… a la libertad del se\u00f1or… P\u00c9REZ CAMPO\u00bb, comoquiera que \u00abla privaci\u00f3n de [su] libertad… obedece a… una orden impartida por \u00f3rganos que ejercen funciones judiciales, y no nos encontramos en presencia de una pena cumplida, ya que el tiempo de prisi\u00f3n descontado… dista de superar el quantum punitivo impuesto por el sentenciador\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta detall\u00f3 las diferentes causas a las cuales estuvo vinculado P\u00e9rez Campo y certific\u00f3 que en la actualidad purga la pena de 76 meses de prisi\u00f3n que le fue impuesta, cuya ejecuci\u00f3n vigila el Juzgado aqu\u00ed vinculado, de donde esta acci\u00f3n debe declararse improcedente, dado que \u00abno existe vulneraci\u00f3n y\/o afectaci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta tambi\u00e9n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque, en su momento, \u00abvigil\u00f3 el cumplimiento de distintas sanciones penales impuestas contra el se\u00f1or… PEREZ CAMPO\u00bb, pero las mismas ya se declararon extintas. <\/p>\n

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

El Tribunal a-quo neg\u00f3 la salvaguarda al advertir que como \u00absobre el actor (sic) pesa una condena, …las solicitudes de libertad deben ser resueltas al interior del proceso penal\u00bb, y en el caso concreto aqu\u00e9l \u00abno ha acudido a ello ante el juzgado correspondiente\u00bb, exponiendo las situaciones que denunci\u00f3 en esta petici\u00f3n de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n

Resalt\u00f3 la necesidad de que el condenado \u00abplantee [su] solicitud ante el juez ordinario, y no ante el INPEC[,] para que se eval\u00faen las circunstancias aqu\u00ed planteadas, y de considerar desacertada la posici\u00f3n de los jueces de ejecuci\u00f3n tendr\u00e1 los recursos y acciones que la ley le otorgu\u00e9 para ese efecto\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que era inviable efectuar \u00abla rectificaci\u00f3n solicitada respecto de la providencia\u00bb que neg\u00f3 la inicial acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, en tanto que \u00absi exist\u00eda inconformidad con tal providencia se deb\u00eda oportunamente impugnar\u00bb, lo cual no ocurri\u00f3. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa aduciendo que, contrario a lo sostenido en el fallo de primer grado, s\u00ed se solicit\u00f3 la libertad condicional de P\u00e9rez Campo, \u00aba trav\u00e9s de un escrito… del 03 de marzo de 2020\u00bb; sin que le fuese imputable el hecho de que el \u00abINPEC no haya realizado los tramites correspondiente[s] (sic)\u00bb, lo cual constituye un \u00abdesacato, puesto que ya se le ha solicitado… que… env\u00ede la solicitud del Juzgado… y han hecho caso omiso\u00bb, por lo cual rog\u00f3 \u00abse env\u00eden las copias a la defensor\u00eda del pueblo y la procuradur\u00eda para que se investigue [ese] proceso\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa regla 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, instituy\u00f3 el h\u00e1beas corpus como una acci\u00f3n constitucional consagrada para la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad de las personas cuando se encuentren privadas de ella y creyeren estarlo ilegalmente. <\/p>\n

A su turno, el precepto 1\u00b0 de la Ley 1095 de 2006 la define como \u00abun derecho fundamental y, a la vez, una acci\u00f3n constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales o legales, o \u00e9sta se prolongue ilegalmente\u00bb, por tal virtud, \u00abesta acci\u00f3n \u00fanicamente podr\u00e1 invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisi\u00f3n se aplicar\u00e1 el principio pro homine\u00bb. <\/p>\n

Justamente, sobre sus caracter\u00edsticas relevantes, la Corte ha puntualizado: <\/p>\n

Si bien para decidir la acci\u00f3n p\u00fablica de H\u00e1beas Corpus debe aplicarse el principio \u2018pro homine\u2019, seg\u00fan el cual al basarse el modelo del Estado Social de Derecho en la dignidad del ser humano, entre otros valores y principios, toda interpretaci\u00f3n debe hacerse en funci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales, tambi\u00e9n es cierto que la protecci\u00f3n de tales contenidos superiores debe brindarse en los casos en que son conculcados. Trat\u00e1ndose de la libertad personal, la violaci\u00f3n de ese derecho fundamental tiene lugar cuando alguien es privado de la misma con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales o legales, o en los eventos en que a pesar de haberse observado esas garant\u00edas, la privaci\u00f3n de la libertad se prolonga ilegalmente, tal cual lo establece el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1095 de 2006 (CSJ AHP, 18 dic. 2006, rad. 26665). <\/p>\n

En armon\u00eda con lo anterior, los instrumentos internacionales de los derechos humanos consagran la garant\u00eda fundamental de la libertad del individuo; as\u00ed por ejemplo, el canon 9\u00b0 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos dispone que \u00ab[n]adie podr\u00e1 ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado\u00bb; de igual manera, el art\u00edculo XXV de la Declaraci\u00f3n de Derechos y Deberes del Hombre manda que ning\u00fan individuo puede ser privado de su libertad \u00absino en los casos y seg\u00fan las formas establecidas por leyes preexistentes\u00bb; del mismo modo, el art\u00edculo 9\u00b0 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos tambi\u00e9n establece la prerrogativa a un pronta resoluci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica luego de que una persona es capturada por causas legales y la posibilidad de recurrir ante un tribunal la legitimidad de su detenci\u00f3n para obtener su libertad; igualmente, el precepto 7\u00b0 de la Convenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos prev\u00e9, entre otras cosas, que \u00ab[n]adie puede ser sometido a detenci\u00f3n o encarcelamiento arbitrarios\u00bb. <\/p>\n

Como se aprecia, el est\u00e1ndar internacional sobre la salvaguarda de la libertad es de gran importancia, pues proh\u00edbe expresamente la privaci\u00f3n arbitraria e ilegal de la misma e impone la obligaci\u00f3n a los Estados de que en sus ordenamientos posibiliten el acceso a un recurso efectivo, con el prop\u00f3sito de que la persona pueda impugnar la detenci\u00f3n a la que fue sometida. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que: <\/p>\n

Una detenci\u00f3n es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviaci\u00f3n de las facultades de detenci\u00f3n, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley.2 <\/p>\n

Y en relaci\u00f3n con el derecho a controvertir la legalidad de la privaci\u00f3n de la libertad ante una autoridad judicial, el Tribunal Internacional referido ha estimado que: <\/p>\n

La revisi\u00f3n de la legalidad de una detenci\u00f3n implica la constataci\u00f3n no solamente formal, sino sustancial, de que esa detenci\u00f3n es adecuada al sistema jur\u00eddico y que no se encuentra en violaci\u00f3n a ning\u00fan derecho del detenido. Que esa constataci\u00f3n se lleve a cabo por un Juez, rodea el procedimiento de determinadas garant\u00edas, que no se ven debidamente protegidas si la resoluci\u00f3n est\u00e1 en manos de una autoridad administrativa, que no necesariamente tiene la formaci\u00f3n jur\u00eddica adecuada, pero que en ning\u00fan caso puede tener la facultad de ejercer la funci\u00f3n jurisdiccional.3 <\/p>\n

2.\tAhora bien, la procedencia del h\u00e1beas corpus est\u00e1 condicionada a la privaci\u00f3n ilegal de la libertad de una persona o, a que habi\u00e9ndose efectuado con sujeci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico, la misma se prolongue injustificadamente; adem\u00e1s, la Corte ha considerado que este mecanismo es un instrumento excepcional que no puede utilizarse como medio \u00abalternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son propios al tr\u00e1mite de los procesos en que se investigan y juzgan hechos punibles\u00bb, por el contrario: <\/p>\n

\u2026se trata de una acci\u00f3n excepcional de protecci\u00f3n de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que por conducto de su afectaci\u00f3n puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y torturas, seg\u00fan lo determin\u00f3 la Corte Constitucional en el ya citado fallo de control previo C- 187 de 2006, que frente al \u00e1mbito de protecci\u00f3n que se busca a trav\u00e9s de la excepcional acci\u00f3n (\u2026)\u201d (CSJ AHP, 24 en. 2007, rad. 26811). <\/p>\n

A su vez, la jurisprudencia constitucional precisa la pertinencia de este remedio excepcional en los siguientes casos: <\/p>\n

[a] Cuando la aprehensi\u00f3n de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas especiales constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts. 28 C. Pol. 2 y 297 Ley 906\/94), flagrancia (arts. 345 Ley 600\/00 y 301 Ley 906\/04), p\u00fablicamente requerida (art. 348 Ley 600\/00) y administrativa (C-24 enero 27\/94), esta \u00faltima con fundamento directo en el art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n y por ello de no necesaria consagraci\u00f3n legal, tal como sucedi\u00f3 -y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000 (\u2026) <\/p>\n

[b.] Cuando ejecutada legalmente la captura la privaci\u00f3n de la libertad se prolonga m\u00e1s all\u00e1 de los t\u00e9rminos previstos en la Carta Pol\u00edtica o en la ley para que el servidor p\u00fablico i) lleve a cabo la actividad a que est\u00e1 obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposici\u00f3n judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisi\u00f3n que al caso corresponda (definir situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro del t\u00e9rmino, ordenar la libertad frente a captura ilegal. Arts. 353 Ley 600\/00 y 302 Ley 906\/04-, entre otras) (CC C-187\/06). <\/p>\n

3.\tEn el asunto que convoca la atenci\u00f3n de la Corte, la petici\u00f3n se circunscribe a poner de presente que la privaci\u00f3n de la autonom\u00eda personal de Jorge Luis P\u00e9rez Campo se ha prolongado ilegalmente, por cuanto acorde con el t\u00e9rmino que ha descontado de la condena que le fue impuesta, en sentir de la accionante, debe conced\u00e9rsele la libertad condicional. <\/p>\n

La decisi\u00f3n del a-quo constitucional ser\u00e1 confirmada por las siguientes razones: <\/p>\n

a.)\tLa reclusi\u00f3n intramural del agenciado obedece al proceso penal seguido en su contra por los punibles de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, agravados (rad. 47001-31-87-002-2016-00408-00), en el cual fue condenado a 76 meses de prisi\u00f3n por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, mediante sentencia dictada el 14 de mayo del 2016. <\/p>\n

Por consiguiente, no se halla injustamente privado de la libertad, pues est\u00e1 claro que su confinamiento penitenciario deriva de una orden judicial. <\/p>\n

b.)\tAs\u00ed las cosas, destacando que acorde con lo acreditado en este tr\u00e1mite, las diferentes alegaciones expuestas en la demanda de amparo, entre ellas la falta de remisi\u00f3n de informaci\u00f3n por parte del INPEC, no han sido planteadas ante el funcionario natural de conocimiento del asunto (actualmente Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta), a quien legalmente compete hacer un pronunciamiento al respecto, el presente ruego tuitivo se torna inviable, dado que al juez constitucional de h\u00e1beas corpus le est\u00e1 vedado usurpar atribuciones que el legislador defiri\u00f3 al fallador ordinario. <\/p>\n

Sobre el particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: <\/p>\n

4. De la informaci\u00f3n suministrada a este Despacho… por el Juez encargado de vigilar la sanci\u00f3n impuesta al accionante…, se colige la improcedencia del auxilio. En efecto, el aludido juzgador… acot\u00f3 \u201c(\u2026) no haberle vulnerado… el derecho a la libertad, pues hasta el momento en el proceso no se evidencia petici\u00f3n alguna [en ese sentido] por parte del condenado\u201d. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es palmario el fracaso del resguardo, por cuanto es deber del supuesto afectado ventilar ante los jueces del conocimiento los aspectos presuntamente violadores de la citada garant\u00eda fundamental, antes de acudir a esta excepcional justicia. <\/p>\n

\u201c(\u2026) insubsistentes los mecanismos end\u00f3genos del proceso para proteger la libertad y vac\u00eda la tarea que el C\u00f3digo del Procedimiento entreg\u00f3 a los jueces y Fiscales. Si el proceso tiene acciones y recursos para intentar la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a la libertad, debe [el interesado] primero hacer uso de ellos, s\u00f3lo una vez advertido el funcionario competente y ante su obstinaci\u00f3n en prolongar ilegalmente la restricci\u00f3n de la libertad m\u00e1s all\u00e1 de los t\u00e9rminos legales, ser\u00eda ah\u00ed s\u00ed, necesaria y urgente la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u201d4. <\/p>\n

No ha de olvidarse <\/p>\n

\u201c(\u2026) que los tr\u00e1mites judiciales deben ser adelantados con \u201cobservancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u201d, de manera que la referida acci\u00f3n constitucional no puede de ning\u00fan modo sustituir o desplazar los mecanismos dispuestos por el legislador al interior de cada tr\u00e1mite. <\/p>\n

\u201c(\u2026) <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, resulta manifiestamente improcedente la pretensi\u00f3n del actor de acudir a la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus en procura de conseguir su libertad (\u2026) [por cuanto] [e]s palmario que una decisi\u00f3n (\u2026) sobre el particular en el curso de este tr\u00e1mite, comportar\u00eda una intromisi\u00f3n indebida en la actuaci\u00f3n del juez natural, en manifiesto quebranto del principio de independencia judicial\u201d5 (subl\u00ednea fuera de texto). <\/p>\n

En un pronunciamiento reciente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ratific\u00f3 la postura descrita en los prove\u00eddos anteriores, indicando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la procedencia de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus se encuentra sujeta a que el afectado con la privaci\u00f3n ilegal de la libertad, o con su prolongaci\u00f3n il\u00edcita, haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues lo contrario conduce a una injerencia indebida en las facultades que son propias del funcionario judicial que conoce de la actuaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n

\u201cPor tanto, cuando existe un proceso o actuaci\u00f3n judicial (\u2026), no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n establecidos como mecanismos legales id\u00f3neos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opini\u00f3n diversa \u2014a manera de instancia adicional\u2014 de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona (CSJ AHP, 26 jun. 2008, rad. 30066)\u201d6 (subraya y negrilla original). <\/p>\n

5. En ese orden, deber\u00e1 el promotor, antes que nada, pedir al funcionario respectivo la inmediata observancia del aludido derecho si en su sentir, ha sido quebrantado, pues ese es el escenario natural y por dem\u00e1s legal, para generar debates como el ahora esbozado. <\/p>\n

Ha de tener presente el reclamante que es esa autoridad la llamada, en principio, a dilucidar si le asiste o no raz\u00f3n en sus alegatos, esto es, si los supuestos f\u00e1cticos aqu\u00ed trazados como puntal de su pretensi\u00f3n, se subsumen en alguna de las causales jur\u00eddicas previstas para decretar su liberaci\u00f3n, y de serle adverso ese pronunciamiento podr\u00e1, si a bien tiene, atacarlo a trav\u00e9s de los recursos dispuestos por el legislador para el efecto. <\/p>\n

6. Por los fundamentos antes narrados, el Despacho estima improcedente la acci\u00f3n constitucional deprecada… (CSJ AHC3729-2016, 16 jun., rad. 2016-00096-01). <\/p>\n

N\u00f3tese que, contrario a lo expuesto en la opugnaci\u00f3n, tal solicitud ante el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas no ha sido agotada, en los t\u00e9rminos establecidos en el canon 471 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, resultando desafortunadas las alegaciones de la impugnante en tal sentido, porque la petici\u00f3n presentada el pasado 3 de marzo se radic\u00f3 en la oficina de correspondencia del INPEC y se dirigi\u00f3 a la oficina jur\u00eddica de dicha instituci\u00f3n, sin que de all\u00ed se desprenda que, con ella, el condenado rog\u00f3 al Juzgado en cuesti\u00f3n la libertad condicional que aqu\u00ed se pretende. <\/p>\n

4.\tFinalmente, no es dable acceder a la petici\u00f3n de la censora respecto a que \u00abse env\u00eden… copias a la defensor\u00eda del pueblo y la procuradur\u00eda para que se investigue [ese] proceso\u00bb, por cuanto si ella considera que las autoridades involucradas en el asunto incurrieron en cualquier irregularidad, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, sin que sea este mecanismo excepcional la v\u00eda id\u00f3nea para pretender una indagaci\u00f3n precipitada de aqu\u00e9llas. <\/p>\n

En cuanto a ello insistentemente se ha sostenido que \u00absi el… convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016)\u00bb (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, se respaldar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En virtud de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, confirma el prove\u00eddo materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtase el expediente al funcionario de conocimiento. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado
\n1 \tData en que obtuvo la libertad al haber cumplido la pena de 32 de \tmeses de prisi\u00f3n que previamente le impuso, en otro asunto, \tcon sentencia del 4 de junio de 2015, el Juzgado Tercero Penal del \tCircuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, al \tencontrarlo responsable del punible de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico \ty porte de estupefacientes (rad. \t47001-31-87-002-2015-00294-00).
\n2 \tCaso \tCastillo Pezo contra Per\u00fa, P\u00e1rrafo 102 (1999). Tomado \tde O\u2019Donnell, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos \tHumanos, Normativa, Jurisprudencia y Doctrina de los Sistemas \tUniversal e Interamericano. Publicado por la Oficina del Alto \tComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. \tPrimera Edici\u00f3n. Bogot\u00e1, abril de 2004. P\u00e1g. \t285.
\n3 \tCaso \tLevoyer Jim\u00e9nez contra Ecuador. P\u00e1rrafo 67 (2000). \tIb\u00eddem. P\u00e1g. 336.
\n4 \tAuto, \t3 may. 2007, rad. 00002.
\n5 \tH\u00e1beas \tcorpus, \t12 mar. 2013, rad. 40891.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AHC1133-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2020-00132-01 Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Leda Mercedes Urieles Fl\u00f3rez frente al prove\u00eddo proferido el 10 de junio \u00faltimo por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103422","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103422"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103422\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}