{"id":103436,"date":"2026-07-02T21:11:47","date_gmt":"2026-07-02T21:11:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103436"},"modified":"2026-07-02T21:11:47","modified_gmt":"2026-07-02T21:11:47","slug":"ahc1791-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/ahc1791-2020\/","title":{"rendered":"AHC1791-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

AHC1791-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01087-01
\nBogot\u00e1, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de julio de 2020, dentro de la solicitud de h\u00e1beas corpus presentada por Martha Liliana Ardila Rodr\u00edguez actuando en representaci\u00f3n de Arnold Fernando Ardila Rodr\u00edguez. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tLa accionante solicita la excarcelaci\u00f3n de su \u00abpariente\u00bb, privado de la libertad desde el 3 de junio de 2019 en virtud de medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Promiscuo Municipal de Control de Garant\u00edas de Cota. <\/p>\n

Sostuvo que la afectaci\u00f3n del derecho invocado se ha prolongado de forma ilegal dado el vencimiento de los t\u00e9rminos procesales previstos en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 317, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004); al respecto, se\u00f1al\u00f3 que su agenciado ajust\u00f3 detenido \u00abm\u00e1s de 430 d\u00edas [\u2026] sin que su situaci\u00f3n jur\u00eddica sea resuelta\u00bb; y agreg\u00f3 que, aunque la audiencia de juicio oral inici\u00f3 el 20 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal del Circuito de Funza, \u00aba la fecha no\u2026ha dado lectura del fallo\u00bb, as\u00ed como tampoco \u00abha prorrogado su competencia para conocer del caso (sic)\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl asunto correspondi\u00f3 por reparto a una magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1, quien, mediante auto de 27 de julio de 2020, admiti\u00f3 el escrito y solicit\u00f3 a la autoridad demandada \u2013 Juzgado Penal del Circuito de Funza \u2013 rindiera el informe respectivo. Se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite al Juzgado Promiscuo Municipal de Control de Garant\u00edas de Cota, y a la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Suba. <\/p>\n

2.1\tFrente a lo pedido, el Juzgado accionado, inform\u00f3 que el ac\u00e1 demandante viene siendo procesado por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, y relacion\u00f3 detalladamente todo lo acontecido en el juicio, as\u00ed mismo, se refiri\u00f3 a cada uno de los motivos por los que alguna de las diligencias programadas no se llev\u00f3 a cabo. <\/p>\n

De otro lado, indic\u00f3 que la defensa de Ardila Rodr\u00edguez, present\u00f3 ante el Juzgado Penal Municipal de Mosquera, solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, denegada mediante auto de 15 de mayo de este a\u00f1o, decisi\u00f3n confirmada por la Juez Penal del Circuito \u2013 Transitorio \u2013 de Funza el 17 de junio de pasado, y explic\u00f3 que la petici\u00f3n liberatoria fue denegada, b\u00e1sicamente, porque el juicio oral \u00ab(\u2026) no ha podido culminarse por causas atribuibles a la defensa, toda vez que no ha presentado sus testigos a pesar de los m\u00faltiples requerimientos para que ello suceda\u00bb. <\/p>\n

EL AUTO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

La magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional invocada, tras precisar que las providencias reprochadas, que a su turno desestimaron la petici\u00f3n de libertad incoada en sede de control de garant\u00edas, no se advert\u00edan caprichosas ni arbitrarias, pues concluyeron v\u00e1lidamente que, \u00ab(\u2026) de los 175 d\u00edas transcurridos en la fase de pruebas y fallo, 52 eran atribuibles a maniobras y omisiones de la defensa del acusado para extender injustificadamente tal fase del juicio al no gestionar prontamente la presencia personal o virtual de los testigos de descargo, por tanto, para aqu\u00e9l entonces, no se hab\u00eda superado el lapso m\u00e1ximo\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la representante del afectado reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. Insisti\u00f3 en que s\u00ed se superaron los t\u00e9rminos del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 317 de la codificaci\u00f3n procesal penal pues, desde que se dio inicio a la audiencia de juicio oral, pasaron m\u00e1s de \u00ab177 d\u00edas\u00bb; seguidamente, adujo, que incluso descont\u00e1ndose de dicho tiempo los aplazamientos solicitados por el apoderado del procesado, sumar\u00eda un total de \u00ab169 d\u00edas\u00bb, por lo que, seg\u00fan su comprensi\u00f3n, el conteo efectuado por los despachos judiciales fue errado. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tNaturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n constitucional del h\u00e1beas corpus. <\/p>\n

El art\u00edculo 28 de la Carta Pol\u00edtica, reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi\u00f3n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. <\/p>\n

Como mecanismo id\u00f3neo de protecci\u00f3n de dicha garant\u00eda se erigi\u00f3 el h\u00e1beas corpus, consagrado como derecho fundamental en el art\u00edculo 30 ejusdem, y reglamentado como acci\u00f3n constitucional por la Ley 1095 de 2006, que procede en dos eventos: <\/p>\n

\u00abCuando la aprehensi\u00f3n de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (art\u00edculos 28 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 2\u00b0 y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (art\u00edculos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura p\u00fablicamente requerida (art\u00edculo 348 de la Ley 600 de 2000), la captura excepcional (art\u00edculo 21 de la Ley 1142 de 2007) y la captura administrativa (sentencia C-24 del 27 de enero de 1994), esta \u00faltima con fundamento directo en el art\u00edculo 28 de la Carta y, por ello, de no necesaria consagraci\u00f3n legal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Y cuando, obtenida legalmente la captura, la privaci\u00f3n de la libertad se prolonga m\u00e1s all\u00e1 de los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n y en la ley lo que supone el examen concreto del proceder del funcionario judicial que regenta el proceso penal; en esos casos conviene analizar: <\/p>\n

\u00ab(i) la actividad a que est\u00e1 obligado dentro de sus facultades, por ejemplo: dejar a disposici\u00f3n judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc., y (ii) que adopte la decisi\u00f3n correspondiente al caso (definir situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro de los t\u00e9rminos legales sin dilaci\u00f3n injustificada, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras hip\u00f3tesis posibles)\u00bb (CSJ AP. 2 mar. 2009, rad. 31376). <\/p>\n

2.\tHip\u00f3tesis planteada de vulneraci\u00f3n y problema jur\u00eddico. <\/p>\n

En el presente asunto, sin mayor dificultad se descarta el primero de los eventos, por cuanto la privaci\u00f3n de la libertad del actor obedece a la imposici\u00f3n de una medida de aseguramiento cuyo control y verificaci\u00f3n de los presupuestos de legalidad correspondi\u00f3 a un juez de control de garant\u00edas, decisi\u00f3n que se encuentra ejecutoriada y que adem\u00e1s no es el objeto concreto del presente recurso. <\/p>\n

Entonces, el problema jur\u00eddico a resolver en esta sede consiste en determinar si dicha privaci\u00f3n de la libertad est\u00e1 siendo prolongada en desmedro de los plazos fijados por la normativa espec\u00edfica, y en concreto, el previsto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 20041. <\/p>\n

3.\tPresupuestos procedimentales. <\/p>\n

Suficientemente decantado est\u00e1 que el presente instrumento, si bien no es estrictamente residual y subsidiario, cuando existe un tr\u00e1mite judicial en curso no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n a trav\u00e9s de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opini\u00f3n diversa \u2013a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas. <\/p>\n

Ello es as\u00ed, excepto cuando, trat\u00e1ndose del ataque a una decisi\u00f3n judicial que interfiere en el derecho invocado pueda catalogarse como una v\u00eda de hecho vislumbr\u00e1ndose la prosperidad de alguna de las otras causales gen\u00e9ricas que hacen viable, por ejemplo, la acci\u00f3n de tutela; hip\u00f3tesis en las cuales, aun cuando se encuentre en curso un proceso, el h\u00e1beas corpus podr\u00e1 interponerse en protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental aludido cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garant\u00eda de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios. <\/p>\n

Empero, se ha precisado que incluso cuando al interior del juicio penal respectivo se han agotado los medios de defensa id\u00f3neos previstos para buscar la libertad, no es que autom\u00e1ticamente se habilite esta acci\u00f3n p\u00fablica, dado que s\u00f3lo es viable ante la configuraci\u00f3n de la hip\u00f3tesis antedicha. <\/p>\n

4.\tCaso concreto. <\/p>\n

Analizados los fundamentos de la queja constitucional, se observa que resultan incompatibles con este auxilio toda vez que lo pretendido es utilizarlo a modo de \u00abtercera instancia\u00bb, con miras a obtener un pronunciamiento diverso al emitido por los funcionarios judiciales que resolvieron su solicitud liberatoria. <\/p>\n

Insistentemente se ha dicho que, aun cuando la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus no es subsidiaria ni residual, no por ello se convierte en un mecanismo alternativo, supletorio, sustitutivo o paralelo del proceso penal, de ah\u00ed que el juez constitucional no pueda ni deba inmiscuirse en la investigaci\u00f3n, la valoraci\u00f3n probatoria, la conformaci\u00f3n del contradictorio, los elementos de la conducta punible, las causales de excarcelaci\u00f3n o libertad, la concesi\u00f3n de subrogados, etc., pues de lo contrario se desquiciar\u00eda la actuaci\u00f3n judicial ordinaria y el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

Y es que los alegatos en que funda su actual pretensi\u00f3n el ac\u00e1 querellante \u2013 por intermedio de quien lo agencia \u2013 se circunscriben a denunciar el supuesto desconocimiento de los t\u00e9rminos procesales consagrados en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 317 del estatuto adjetivo penal, dado que, para el momento en que promovi\u00f3 este resguardo, no se ha dictado el fallo que culminara la instancia, teniendo en cuenta que el juicio oral tuvo su inicio el 20 de noviembre de 2019, luego, para el 15 de mayo de 2020, seg\u00fan el conteo particular que plantea, habr\u00edan transcurrido 169 d\u00edas, descontando los que asume la defensa; adicionalmente, aleg\u00f3 que \u00ab(\u2026) [t]anto primera como segunda instancia [\u2026] quiz\u00e1s por error involuntario, omite audiencias que s\u00ed se llevaron a cabo (audiencia 24 de marzo) t\u00e9rminos que se usaron en contra del procesado y que no debieron descontarse; es as\u00ed que, indica [la] segunda instancia que los t\u00e9rminos descontables a la defensa son de 52 d\u00edas. En ese sentido no se encuentra demostrada la raz\u00f3n ni f\u00e1ctica ni jur\u00eddica que lleven a tal conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En todo caso, resulta indiscutible que fue ante los jueces competentes (primera y segunda instancia) donde se discuti\u00f3 si se reun\u00edan las condiciones legales para ordenar la excarcelaci\u00f3n de Ardila Rodr\u00edguez y frente a la conclusi\u00f3n negativa de aqu\u00e9llos, el procesado acude ahora al h\u00e1beas corpus con la intenci\u00f3n de trasladar el debate a esta sede constitucional como si se tratara de una instancia superior, a efectos de obtener una revisi\u00f3n de los argumentos de los funcionarios judiciales u opini\u00f3n diversa respecto de sus alegaciones; sin embargo, olvida el quejoso que esta justicia especial no fue instituida precisamente para examinar las decisiones de los jueces ordinarios. <\/p>\n

Dicha premisa es un criterio sostenido y consistente de la Sala Penal de esta Corte, acorde con el cual el mencionado instrumento no se concibi\u00f3 para recriminar los fundamentos que tuvo la judicatura para restringir la libre locomoci\u00f3n o la negativa a restablecerla, pues son aspectos que corresponden cuestionarse al interior del respectivo proceso penal (AHC 27 nov. 2006, rad. 26503; AHC 11 oct. 2007, rad. 28549; AHC 26 jun. 2008, rad. 30066; AHC 15 mar. 2012, rad. 38597, entre otros). <\/p>\n

Es que el control que hace el juez de h\u00e1beas corpus se limita a verificar el respeto de las formalidades de rango constitucional y legal que rodean la privaci\u00f3n de la libertad de un individuo, pero de ninguna forma puede acudirse a \u00e9ste como una instancia adicional, para efectuar un estudio de los motivos tenidos en cuenta por la autoridad judicial para ordenar la limitaci\u00f3n personal, pues dicha labor corresponde, se insiste, al juez ordinario. <\/p>\n

La Hom\u00f3loga Especializada, en auto de 26 de marzo de 2007 al resolver una acci\u00f3n de esta misma naturaleza dijo: <\/p>\n

\u00abEl n\u00facleo del h\u00e1beas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definici\u00f3n de quien tiene la facultad para hacerlo y ante \u00e9l se dan por el legislador diferentes medios de reacci\u00f3n que conjuren el desacierto, nadie duda que el h\u00e1beas corpus est\u00e1 por fuera de \u00e9ste \u00e1mbito y pretender aplicarlo es invadir \u00f3rbitas funcionales ajenas\u00bb. <\/p>\n

4.2.\tEn todo caso, cabe se\u00f1alar que, como en otras ocasiones lo ha dicho la Corporaci\u00f3n, \u00abla providencia que resuelve en forma adversa una solicitud de libertad provisional no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, de donde: <\/p>\n

\u00abno solamente el juez constitucional est\u00e1 impedido para valorar la legalidad de las determinaciones relacionadas con la garant\u00eda superior que el accionante estima vulnerada, dentro de la autonom\u00eda e independencia funcionales que le reconocen la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley a las autoridades judiciales en el marco de sus competencias, sino que \u00e9ste \u00abpuede insistir en la excarcelaci\u00f3n pretendida y frente a lo resuelto al interior del proceso\u00bb (AHC1090-2016), lo que descarta cualquier posibilidad de \u00e9xito de obtener por esta v\u00eda lo pretendido\u00bb (CSJ AHC2121-2016). <\/p>\n

Igualmente esta Sala, en providencia AHC1255-2016, 4 mar. rad. 00040-01, explic\u00f3: <\/p>\n

\u00abLa presente acci\u00f3n no es un mecanismo para definir las cuestiones relacionadas con la excarcelaci\u00f3n o sus incidencias, como si se tratara de una instancia alterna. <\/p>\n

Como las solicitudes del imputado sobre tal materia deben dilucidarse ante el funcionario de control de garant\u00edas correspondiente, quien tiene la competencia para ello, le queda vedado al juez constitucional injerir en el tr\u00e1mite para decidir si ocurri\u00f3 el supuesto vencimiento de t\u00e9rminos, en reemplazo de las facultades que la ley le confiere al fallador natural. De esta manera, cualquier discusi\u00f3n sobre el incumplimiento de las oportunidades contempladas en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, entre otros preceptos, se debate dentro de la causa y ante el funcionario investido de atribuciones para tomar los correctivos necesarios en la salvaguarda de los derechos fundamentales conculcados, de as\u00ed advertirlo\u00bb. <\/p>\n

Por consiguiente, y conforme lo discurrido, ning\u00fan reparo merece la decisi\u00f3n de la magistrada a quo que neg\u00f3 la salvaguarda invocada, correspondiendo su ratificaci\u00f3n. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

No es procedente trasladar a esta senda especial pol\u00e9micas interpretativas sobre la aplicaci\u00f3n de dispositivos normativos que consagran causales espec\u00edficas de libertad, planteando una una v\u00eda de hecho, como si este mecanismo constitucional fuese una tercera instancia. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al funcionario del conocimiento. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tART\u00cdCULO \t317. CAUSALES DE LIBERTAD. Las \tmedidas de aseguramiento indicadas en los anteriores art\u00edculos \ttendr\u00e1n vigencia durante toda la actuaci\u00f3n, sin \tperjuicio de lo establecido en el par\u00e1grafo 1o del art\u00edculo \t307 del presente c\u00f3digo sobre las medidas de aseguramiento \tprivativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se \tcumplir\u00e1 de inmediato y solo proceder\u00e1 en los \tsiguientes eventos: \t<\/p>\n

(\u2026) \t6. \tCuando transcurridos ciento cincuenta (150) d\u00edas contados a \tpartir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya \tcelebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. \t<\/p>\n

(\u2026) \tPAR\u00c1GRAFO \t3o. \tCuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o \tterminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se \tcontabilizar\u00e1n dentro de los t\u00e9rminos contenidos en \tlos numerales 5 y 6 de este art\u00edculo, los d\u00edas \templeados en ellas. \t<\/p>\n

Cuando \tla audiencia no se hubiere podido iniciar o terminar por causa \trazonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, \tajenos al juez o a la administraci\u00f3n de justicia, la \taudiencia se iniciar\u00e1 o reanudar\u00e1 cuando haya \tdesaparecido dicha causa y a m\u00e1s tardar en un plazo no \tsuperior a la mitad del t\u00e9rmino establecido por el legislador \ten los numerales 5 y 6 del art\u00edculo 317.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente AHC1791-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01087-01 Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de julio de 2020, dentro de la solicitud de h\u00e1beas corpus […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103436","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103436"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103436\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}