{"id":103446,"date":"2026-07-02T21:13:48","date_gmt":"2026-07-02T21:13:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103446"},"modified":"2026-07-02T21:13:48","modified_gmt":"2026-07-02T21:13:48","slug":"atc006-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc006-2020\/","title":{"rendered":"ATC006-2020"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC006-2020 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2019-00115-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de enero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

1. Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 12 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la salvaguarda de Elver Pimienta Effer, Francisco Jos\u00e9 Maya Pimienta, Serelda Teresa M\u00e1rquez Sierra, Luis Fernando Maya Berandinelli, Josefina Mar\u00eda Uriana, Patricia Leonor y Ang\u00e9lica Esther Maya Pimienta, Rosmery Subiria Reales y Nelson Gnecco Pimienta contra la \u00abDefensor\u00eda del Pueblo- Fondo Para la Defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb, extensiva a Promigas S.A.S., y al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, de no ser porque se advierte una causal de \u00abnulidad\u00bb que afecta lo tramitado, seg\u00fan pasa a explicarse.
\n2. Los gestores pidieron la protecci\u00f3n del debido proceso y de otras prebendas presuntamente quebrantados por los querellados y solicitaron que, en consecuencia, se le ordene a la Defensor\u00eda del Pueblo (Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos) que \u00abpague a las v\u00edctimas la indemnizaci\u00f3n que se consign\u00f3 en el contrato de transacci\u00f3n celebrado entre v\u00edctimas y promigas S.A.S., el 25 de marzo de 2019, o que devuelva tales sumas a esa empresa para que \u00e9sta haga dicho desembolso\u00bb. <\/p>\n

3. En respaldo indicaron, en s\u00edntesis, que el Juzgado Administrativo Oral de Riohacha conden\u00f3 a Promigas S.A. EPS y al Ministerio de Minas y Energ\u00eda a resarcirles los perjuicios sufridos a ra\u00edz de la explosi\u00f3n ocurrida el 21 de octubre de 2016 en el gaseoducto Ballenas, ubicado en Riohacha (26 sep. 2014), lo cual fue confirmado en segunda instancia (25 may. 2017). <\/p>\n

Agregaron que el 25 de marzo de 2019 realizaron una \u00abtransacci\u00f3n\u00bb con Promigas S.A. ESP., quien se comprometi\u00f3 a saldarles la mitad de la obligaci\u00f3n impuesta, acord\u00f3 desistir del recurso de revisi\u00f3n eventual cursante ante el Consejo de Estado y consign\u00f3 dos mil doscientos ochenta y un millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y nueve pesos ($2.281.888.599) al Fondo para la Defensa e Intereses Colectivos de la Defensor\u00eda del Pueblo con el fin de que les fueran entregados, mientras que el Ministerio de Minas y Energ\u00eda deposit\u00f3 dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) con ese mismo prop\u00f3sito. <\/p>\n

Por \u00faltimo, contaron que el Consejo de Estado revoc\u00f3 la directiva estimatoria (4 jun. 2019) porque Promigas S.A. ESP nunca radic\u00f3 la renuncia del embate propuesto, circunstancia que los movi\u00f3 a instar la nulidad de ese fallo, as\u00ed como su aclaraci\u00f3n, sin que tales peticiones hayan sido solventadas, sumado a que el Fondo para la Defensa e Intereses Colectivos de la Defensor\u00eda del Pueblo se ha resistido a entregarles los dineros que obran puestos a su disposici\u00f3n aduciendo que la providencia con base en la cual se hizo la \u00abtransacci\u00f3n\u00bb fue derruida por el Consejo de Estado, lo cual afecta sus privilegios superiores. <\/p>\n

4. Como se logra entender, el supuesto agravio deriva de una omisi\u00f3n endilgada -\u00fanica y exclusivamente- a la Defensor\u00eda del Pueblo, tanto as\u00ed que la pretensi\u00f3n se contrae a que se le ordene \u00abpagarle a las v\u00edctimas la indemnizaci\u00f3n que se consign\u00f3 en el contrato de transacci\u00f3n celebrado entre v\u00edctimas y Promigas S.A.S. el 25 de marzo de 2019, o que devuelva tales sumas a esa empresa para que \u00e9sta haga dicho desembolso\u00bb. <\/p>\n

En ese contexto, es patente que la facultad para conocer del resguardo la tienen -en primera instancia- los \u00abJueces del Circuito de Riohacha\u00bb, al as\u00ed preverlo el Decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 1983 de 2017, que en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 2\u00ba, establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb.
\nAcontece de ese modo, en rigor, porque la postulaci\u00f3n se dirigi\u00f3, en concreto, contra la \u00abDefensor\u00eda del Pueblo\u00bb por ser, seg\u00fan se dijo, la llamada a zanjar la tem\u00e1tica sobre la que recae la inconformidad de los impulsores, lo que indica que la potestad para arbitrar la queja incumbe por ley a los \u00abJuzgados del Circuito de esta ciudad\u00bb y no a la Colegiatura que la asumi\u00f3. <\/p>\n

5. En suma, es claro que, en el sub lite, el autorizado para dirimir la controversia supralegal lo era, en primer grado, un \u00abJuzgado del Circuito de esta ciudad\u00bb, m\u00e1s no la Sala Civil Familia Laboral que lo hizo; luego el prove\u00eddo impugnado est\u00e1 viciado de nulidad por \u00abfalta de competencia\u00bb funcional, de acuerdo al art\u00edculo 16 la Ley 1564 de 2012, aplicable a estos asuntos por \u00abremisi\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 1992, la que, al ser funcional, es insubsanable. <\/p>\n

V\u00e9ase que en CSJ ATC, 3 feb. 2017, rad. 2016-02612-01, reiterado en ATC1224-2019, esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3 que: <\/p>\n

(\u2026) El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (\u2026) (CSJ ATC, 3 feb. 2017, rad. 2016-02612-01). <\/p>\n

En adici\u00f3n, es pertinente traer a colaci\u00f3n que no era dable aplicar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017, conforme al cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del\u2026 Defensor del Pueblo\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb, habida cuenta que es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de la investidura del funcionario mencionado a espacio, esto es, del Defensor del Pueblo \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en primera instancia\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01 y ATC1065-2019), sino m\u00e1s bien a la instituci\u00f3n. <\/p>\n

6. Por ello se invalidar\u00e1 el desenlace opugnado, y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del dossier a la Oficina de Reparto de los Juzgados del Circuito de Riohacha, para que haga la asignaci\u00f3n a uno de ellos. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 12 de noviembre de 2019 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en el caso de la referencia, sin perjuicio de la validez de lo actuado, salvo aquel veredicto, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados del Circuito de Riohacha, con el fin de que sea repartido a cualquiera de ellos. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al juez a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

4<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente ATC006-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2019-00115-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de enero de dos mil veinte (2020). 1. Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 12 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103446","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103446"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103446\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}