{"id":103461,"date":"2026-07-02T21:15:28","date_gmt":"2026-07-02T21:15:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103461"},"modified":"2026-07-02T21:15:28","modified_gmt":"2026-07-02T21:15:28","slug":"atc025-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc025-2020\/","title":{"rendered":"ATC025-2020"},"content":{"rendered":"
M\u00d3NICA LUC\u00cdA FERN\u00c1NDEZ MU\u00d1OZ
\nConjuez ponente <\/p>\n

ATC025-2020 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2019-03868-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Procede la Sala de Conjueces a resolver los impedimentos manifestados por los Honorables Magistrados Luis Alonso Rico Puerta, Ariel Salazar Ram\u00edrez, Luis Armando Tolosa Villabona, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Octavio Augusto Tejeiro Duque, para decidir la acci\u00f3n de tutela de la referencia, instaurada por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional contra el Juzgado Trece (13) Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barranquilla. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La entidad promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho al debido proceso, por considerar que la sede judicial acusada desconoci\u00f3 el principio de legalidad, el principio del juez natural y la garant\u00eda constitucional de la autonom\u00eda universitaria, en la medida que el alcance, efectos y contenido de la decisi\u00f3n proferida en la Audiencia de Restablecimiento del Derecho (adelantada los d\u00edas 13 y 14 de septiembre de 2018 dentro del proceso penal radicado 2017-01150) excedi\u00f3 el \u00e1mbito de su competencia, configurando una v\u00eda de hecho, dado que la orden impartida por el Juez convocado, con relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica a ese Ministerio, le impone una carga ajena a sus funciones y en consecuencia, una orden con cuyo cumplimiento dicha Cartera Ministerial podr\u00eda causar un perjuicio en raz\u00f3n a su ejecuci\u00f3n arbitraria y por fuera de las normas reguladoras de la educaci\u00f3n superior. <\/p>\n

2.- La presente acci\u00f3n constitucional, radicada inicialmente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, fue remitida por competencia a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en raz\u00f3n a que el Tribunal ha entendido necesario vincular a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia por sus pasadas participaciones en otras acciones de tutela que han sido impetradas contra la misma autoridad judicial y con similar pretensi\u00f3n de suspender o dejar sin efecto las medidas de restablecimiento del derecho, dictadas en la Audiencia adelantada los d\u00edas 13 y 14 de septiembre de 2018 dentro del proceso penal radicado 2017-01150. <\/p>\n

3.- Una vez radicada la acci\u00f3n de tutela ante esta Corporaci\u00f3n, correspondi\u00f3 por reparto al doctor Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, quien, al igual que los dem\u00e1s Magistrados integrantes de esta Sala, expresaron motivo de apartamiento para conocer de la misma al considerar configurada la causal 6\u00aa del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, bajo el entendido que la petici\u00f3n de resguardo involucra la decisi\u00f3n adoptada en el fallo del pasado 19 de noviembre de 2019 (STC 14453-2019), en cuya discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n participaron. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Los impedimentos han sido establecidos para preservar la recta administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos pilares ejemplares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que seg\u00fan el legislador pueda afectar su buen juicio. De este modo, s\u00f3lo pueden admitirse como impedimentos aquellas circunstancias que estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley \u2013 en el caso de la acci\u00f3n de tutela, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013, dado que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica (CSJ ATC, 8 abr. 2005, rad. 00142-00, citado el 18 ago. 2011, rad. 2011-01687). <\/p>\n

De manera reiterada ha expuesto esta Corte, en doctrina que mantiene vigencia, que las causales de impedimento \u00ab(\u2026) ostentan naturaleza taxativa, restrictiva, limitativa y son de interpretaci\u00f3n estricta sin extenderse a situaciones diversas a las tipificadas ni admitir analog\u00eda legis o iuris\u00bb (CSJ. AC de 19 de enero de 2012, rad. n\u00ba 00083, reiterado en AC2400 de 2017, rad. n\u00ba 2009-00055-01). Igualmente, conforme a la doctrina de la Corte Constitucional, los impedimentos tienen un car\u00e1cter taxativo y su interpretaci\u00f3n debe efectuarse de forma restringida, dado su car\u00e1cter de orden p\u00fablico y a fin de evitar que se conviertan en una limitaci\u00f3n excesiva al derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (Auto 039 de 2010; T-800 de 2006). <\/p>\n

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, no procede la causal de apartamiento cuando la misma se cimienta en la intervenci\u00f3n en una decisi\u00f3n distinta a la censurada por v\u00eda supralegal, cuando la acci\u00f3n no se dirige contra esta Corporaci\u00f3n, ni tampoco cuando a trav\u00e9s de la providencia cuestionada no se ha abordado el fondo de la cuesti\u00f3n objeto de la nueva tramitaci\u00f3n (CSJ ATC, 10 abr. 2019, rad. 2019-00631-00; ATC891-2018, 24 abr., rad. 2017-03485). <\/p>\n

2.- En este orden de ideas, en este asunto ninguna raz\u00f3n se encuentra para admitir los impedimentos analizados, por cuanto, las circunstancias fundamento de los mismos, no se subsumen en la causal prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, comoquiera que los Magistrados integrantes de la Sala justificaron su declaraci\u00f3n de dimisi\u00f3n en el hecho de haber participado en la Sala de Decisi\u00f3n en la que se discuti\u00f3 y aprob\u00f3 el referido fallo de tutela STC 14453-2019, pero \u00e9ste no est\u00e1 siendo cuestionado por el censor, ni el resguardo se dirigi\u00f3 contra esta Corte; por el contrario, el Ministerio de Educaci\u00f3n aduce que la conculcaci\u00f3n de los derechos constitucionales por parte del Juzgado accionado deriva de la imposici\u00f3n de una carga ajena a las funciones de ese Ministerio, que desborda su competencia y que por consiguiente, genera una consecuente imposibilidad en su cumplimiento. <\/p>\n

Confrontado, entonces, el libelo introductorio actual con la providencia del 19 de noviembre de 2019 (STC 14453-2019), que en concepto de los H. Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, resulta involucrada en la presente acci\u00f3n de amparo, emerge que la censura de ahora no se relaciona directamente con lo resuelto en ese entonces por la Corte, cuando concedi\u00f3 la tutela a la accionante Ivonne Acosta Acero por considerar que el mismo Juzgado Trece (13) Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barranquilla, incurri\u00f3 en mora judicial al no impulsar el tr\u00e1mite judicial a su cargo, pues en su criterio: <\/p>\n

\u201c\u2026 dentro de las diligencias que razonablemente deben realizarse para que haya una eficiente administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1n las de impulsar el tr\u00e1mite de los recursos y responder las peticiones elevadas por las v\u00edctimas reconocidas dentro del pleito, y al no haber procedido as\u00ed el funcionario encargado de ello ni aducir la existencia de un hecho imprevisible o ineludible, tal omisi\u00f3n refleja una mora judicial que conlleva la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso sin dilaciones injustificadas\u2026\u201d <\/p>\n

De esta manera, la Sala Civil en la mencionada sentencia STC 14453-2019, orden\u00f3 al funcionario encartado proceder a impulsar el proceso penal radicado 2017-01150, gestionando la conclusi\u00f3n del tr\u00e1mite de apelaciones en lo que a ese despacho concierne y orden\u00f3 igualmente responder con precisi\u00f3n y claridad la solicitud de desacato elevada el 02 de agosto de 2019 por la accionante en tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

No aceptar los impedimentos expresados por los Honorables Magistrados LUIS ALONSO RICO PUERTA, ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ, LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO, AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO y OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE, para conocer de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

Para continuar con la actuaci\u00f3n respectiva, por la Secretar\u00eda de la Sala ingr\u00e9sense las diligencias al despacho del Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, a quien por reparto le fue asignado el presente asunto. <\/p>\n

Comun\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n

M\u00d3NICA LUC\u00cdA FERN\u00c1NDEZ MU\u00d1OZ
\nConjuez Ponente <\/p>\n

ALVARO BARRERO BUITRAGO
\nConjuez <\/p>\n

AUSENCIA JUSTIFICADA
\nDORA CONSUELO BENITEZ TOBON
\nConjuez <\/p>\n

FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA
\nConjuez <\/p>\n

PEDRO LAFONT PIANETTA
\nConjuez <\/p>\n

JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N.
\nConjuez <\/p>\n

3<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

M\u00d3NICA LUC\u00cdA FERN\u00c1NDEZ MU\u00d1OZ Conjuez ponente ATC025-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2019-03868-00 Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veinte (2020). Procede la Sala de Conjueces a resolver los impedimentos manifestados por los Honorables Magistrados Luis Alonso Rico Puerta, Ariel Salazar Ram\u00edrez, Luis Armando Tolosa Villabona, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103461","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103461","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103461"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103461\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103461"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103461"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103461"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}