{"id":103464,"date":"2026-07-02T21:15:57","date_gmt":"2026-07-02T21:15:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103464"},"modified":"2026-07-02T21:15:57","modified_gmt":"2026-07-02T21:15:57","slug":"atc030-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc030-2020\/","title":{"rendered":"ATC030-2020"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC030-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-02792-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de enero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide el incidente de desacato formulado por Alfredo Mart\u00ednez de la Hoz contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. Los fundamentos del incidente <\/p>\n

1. El \tlibelista, quien se desempe\u00f1a como Juez 33 Civil del Circuito \tde la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., present\u00f3 acci\u00f3n de \ttutela contra las Salas Jurisdiccionales disciplinarias del Consejo \tSeccional y Superior de la Judicatura porque, en su sentir, aquellas \tautoridades vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, \tigualdad, m\u00ednimo vital, independencia y autonom\u00eda \tjudicial, dignidad humana y defensa, al sancionarlo \tdisciplinariamente por haber proferido decisiones que posteriormente \tfueron revocadas por su superior funcional, sin que se encontraran \tdebidamente acreditados en ese juicio los presupuestos de ilicitud \tsustancial y culpabilidad, indispensables para soportar un castigo \tde aquella naturaleza, aunado a que no se expusieron los fundamentos \tpara considerar que sus providencias fueron dictadas con desapego a \tla ley. <\/p>\n

2. El conocimiento \tdel asunto correspondi\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n, que \ten prove\u00eddo de 28 de agosto de 2019 lo admiti\u00f3 a \ttr\u00e1mite y orden\u00f3 ponerlo en conocimiento de las \tautoridades accionadas para los fines de rigor. <\/p>\n

3. Mediante \tsentencia emitida el 11 de septiembre de 2019, se concedi\u00f3 el \tamparo constitucional invocado \trespecto de la autoridad ad quem, por encontrar que el fallo \tdisciplinario atacado \u00ab\u2026no \tanaliz\u00f3 el principio de ilicitud sustancial consagrado en el \tart\u00edculo 5\u00ba del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico, \tpues solamente se\u00f1al\u00f3 que el quejoso incumpli\u00f3 \tlo estipulado en las mencionadas normas, pero no estableci\u00f3 \thasta qu\u00e9 punto esa conducta conllev\u00f3 a la trasgresi\u00f3n \tde los fines esenciales del Estado y de la administraci\u00f3n de \tjusticia.\u00bb y, \tde otra parte, \tporque \t\u00ab\u2026tampoco \tse ve que las autoridades convocadas hubieren realizado un verdadero \tan\u00e1lisis sobre la intenci\u00f3n del disciplinado, pues el \tfallo de segunda instancia se limit\u00f3 a corroborar lo expuesto \tpor el a quo (\u2026) es decir que parti\u00f3 del supuesto que \tpor raz\u00f3n de la amplia experiencia del accionante \u00e9ste \tno debi\u00f3 interpretar las normas de la manera en que lo hizo, \tsituaci\u00f3n que llev\u00f3 a calificar su conducta como \tdolosa, cuando esta circunstancia no es suficiente para arribar a \ttal conclusi\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

En consecuencia, se orden\u00f3 a la autoridad Ad quem, proferir una nueva decisi\u00f3n que consultara la argumentaci\u00f3n expuesta en precedencia. <\/p>\n

4. La \tdeterminaci\u00f3n fue objeto de impugnaci\u00f3n, censura que \tactualmente se encuentra en curso ante la Sala de Casaci\u00f3n \tLaboral de esta Corte. <\/p>\n

5. El 4 \tde octubre de 2019, el tutelante promovi\u00f3 incidente de \tdesacato a la orden de amparo emitida por esta Corporaci\u00f3n, \tbasado en que la autoridad accionada la incumpli\u00f3, pues si \tbien dict\u00f3 un nuevo pronunciamiento respecto del juicio \tdisciplinario que se adelant\u00f3 en su contra, en \u00e9l se \tse\u00f1al\u00f3 que exist\u00eda ilicitud sustancial \u00absolo \tcon \tun presunto perjuicio causado a la parte demandante, perjuicio que \tfue creado en la sentencia\u00bb \ty se calific\u00f3 su conducta como dolosa, a pesar que el juez \tconstitucional determin\u00f3 que \u00e9sta no era premeditada, \tni da\u00f1ina. <\/p>\n

B. El tr\u00e1mite incidental <\/p>\n

1. Por auto de 18 de octubre de 2019 se requiri\u00f3 a la autoridad accionada, previo a dar tr\u00e1mite al incidente de desacato, para que se pronunciara sobre los hechos referidos por el peticionario del amparo. [Folio 76, c.1] <\/p>\n

2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura inform\u00f3 que, en cumplimiento al mandato constitucional, se radic\u00f3 la sentencia sustitutiva el 17 de septiembre de 2019, la cual fue fallada en Sala No. 72 de 2 de octubre de 2019, en la que se resolvi\u00f3 confirmar el fallo de primera instancia, decisi\u00f3n en la cual \u00ab\u2026se desarrollaron los aspectos tenidos en cuenta en la sentencia de tutela, dejando claro que al tenor del par\u00e1grafo del art\u00edculo 171 de la ley 734 de 2002: \u201cel recurso de apelaci\u00f3n otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar \u00fanicamente los aspectos impugnados y aquellos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnaci\u00f3n\u201d, realizando el estudio de los elementos del tipo disciplinario con base en nuestra propia jurisprudencia por ser (\u2026) la competente para ello seg\u00fan lo contemplado (\u2026) en el art\u00edculo 112 de la Ley 270 de 1996(\u2026)\u00bb <\/p>\n

Acto seguido, transcribi\u00f3 apartes de la decisi\u00f3n objeto de reproche en este tr\u00e1mite incidental, para explicitar las razones que llevaron a confirmar la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta al investigado. <\/p>\n

Basada en lo anterior, la incidentada solicit\u00f3 rechazar la solicitud del accionante \u00ab\u2026al haberse dado cumplimiento a la acci\u00f3n de tutela proferida por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil el 11 de septiembre de 2019.\u00bb <\/p>\n

3. Por auto de 8 de noviembre de 2019 se dio apertura al tr\u00e1mite incidental y se dispuso el traslado de la solicitud presentada a la parte accionada, requiri\u00e9ndola para que informara las gestiones que adelant\u00f3 para acatar lo ordenado. [Folio 88, vuelto, c.1] <\/p>\n

3. En prove\u00eddo del 12 de diciembre siguiente, se decretaron las pruebas del incidente, teniendo como tales los documentos aportados a la actuaci\u00f3n. [Folio 93, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; en raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia. <\/p>\n

2. Inicialmente debe afirmarse, como materia propia de este especial tr\u00e1mite, que un fallo proferido en virtud de una acci\u00f3n de tutela no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo, a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento, so pena de incurrir en las sanciones de ley. <\/p>\n

Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento. <\/p>\n

Como lo ha comprendido la jurisprudencia, el desacato <\/p>\n

supone una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde. (CSJ. ATC 14 sep. 2009. rad. 01417-00) <\/p>\n

3. La sanci\u00f3n, entonces, est\u00e1 llamada a imponerse cuando el destinatario de la tutela no cumpliere la orden que se le imparte dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en la sentencia. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que subjetivamente el accionado haya desobedecido por voluntad propia, por incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante. <\/p>\n

4. A efectos de establecer si en el asunto, la autoridad incidentada incurri\u00f3 en el desacato que se le enrostra y como quiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si el receptor de ese mandato ha entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela, para lo cual es menester clarificar someramente los motivos que dieron lugar a la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n

4.1. En aquella providencia, la Corte analiz\u00f3 el fallo sancionatorio que dict\u00f3 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sede de segunda instancia contra el actor constitucional, en virtud de las decisiones judiciales que adopt\u00f3 en el proceso ejecutivo promovido por Luis Carlos Polan\u00eda y C\u00eda Ltda, contra Industria Qu\u00edmica Andina S.A. (posteriormente Cabarr\u00eda y C\u00eda S.A.), para el cobro del capital, los intereses y el valor correspondiente al impuesto a las ventas por pagar, representados en una factura comercial. <\/p>\n

La actuaci\u00f3n disciplinaria inici\u00f3 el 7 de abril de 2014, con la queja interpuesta por la parte ejecutante, que aleg\u00f3 la dilaci\u00f3n injustificada del juicio compulsivo y la negativa del juzgador a informar a la DIAN sobre la existencia de la factura que se present\u00f3 para el cobro, pese a que las dos decisiones que hasta ese momento hab\u00eda emitido, hab\u00edan sido objeto de revocatoria por parte de su superior funcional. <\/p>\n

4.1.1. Esta \u00faltima autoridad judicial consider\u00f3, en el caso del primer auto relacionado, que la falta de acreditaci\u00f3n del pago del impuesto a las ventas \u00abno constituye una causa para inadmitir, menos a\u00fan, rechazar la demanda\u00bb toda vez que corresponde al juez dar noticia a la DIAN siempre que se encuentre un instrumento negociable de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n

4.1.2. En relaci\u00f3n con el segundo prove\u00eddo, en sede de segunda instancia, se estableci\u00f3 que era viable la emisi\u00f3n del mandamiento ejecutivo, porque la factura de venta contaba con los requisitos legales para tales efectos al estar suscrita por su creador y haber sido presentada en original, aunado a que, en criterio del Tribunal, el requisito del estado del pago del precio o remuneraci\u00f3n y sus condiciones, s\u00f3lo es exigible cuando se efectu\u00f3 un abono por parte del comprador de las mercanc\u00edas o servicios, caso en el cual deber\u00e1 dejarse constancia de ese pago parcial \u00ab\u2026o si se fij\u00f3 una forma de pago en instalamentos\u2026, o si se establecen determinadas condiciones para que se produzca el pago de la obligaci\u00f3n incorporada en el t\u00edtulo\u00bb, cosa que no ocurr\u00eda en el asunto. <\/p>\n

4.1.3. Por \u00faltimo, el fallador Ad quem revoc\u00f3 el auto emitido el 14 de enero de 2015 por el disciplinado, al encontrar que incurri\u00f3 en yerro por confundir el inicio del proceso con la integraci\u00f3n del contradictorio y esa circunstancia llev\u00f3 al rechazo de la sucesi\u00f3n procesal solicitada por la ejecutante, cuando era viable autorizarla. <\/p>\n

Con fundamento en esta \u00faltima decisi\u00f3n, el Tribunal orden\u00f3 a su inferior funcional volver a pronunciarse sobre las medidas cautelares requeridas por la parte actora. <\/p>\n

4.2. Con base en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura sancion\u00f3 con dos (2) meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo e impuso inhabilidad especial por el mismo tiempo al accionante, decisi\u00f3n que fue confirmada por la incidentada en providencia de 22 de mayo de 2019. <\/p>\n

4.3. Sin embargo, esta Corporaci\u00f3n, obrando como juez de tutela de primera instancia, analiz\u00f3 el \u00faltimo pronunciamiento acusado de violar las garant\u00edas fundamentales del disciplinado, tras lo cual encontr\u00f3 que, en efecto, el funcionario judicial fue sancionado sin el lleno de los requisitos legales para ello, puesto que la autoridad accionada no verific\u00f3 la concurrencia de los presupuestos de ilicitud sustancial y culpabilidad, indispensables para la imposici\u00f3n de un correctivo de aquella naturaleza, aunado a que no valor\u00f3 el contenido de las decisiones del funcionario, de las cuales no se extrae arbitrariedad ni capricho, sino una simple disparidad de criterios con el Tribunal. <\/p>\n

Concretamente, se destac\u00f3, frente al primer t\u00f3pico que <\/p>\n

\u00abla autoridad accionada no analiz\u00f3 el principio de ilicitud sustancial consagrado en el art\u00edculo 5\u00ba del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico, pues solamente se\u00f1al\u00f3 que el quejoso incumpli\u00f3 lo estipulado en las mencionadas normas, pero no estableci\u00f3 hasta qu\u00e9 punto esa conducta conllev\u00f3 a la trasgresi\u00f3n de los fines esenciales del Estado y de la administraci\u00f3n de justicia.\u00bb <\/p>\n

En cuanto a lo segundo, se precis\u00f3: <\/p>\n

\u00ab\u2026tampoco se ve que las autoridades convocadas hubieren realizado un verdadero an\u00e1lisis sobre la intenci\u00f3n del disciplinado, pue el fallo de segunda instancia se limit\u00f3 a corroborar lo expuesto por el a quo, al indicar que \u201cel doctor ALFREDO MART\u00cdNEZ DE LA HOZ, Juez 33 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, es un funcionario con una muy amplia experiencia y formaci\u00f3n acad\u00e9mica, por lo cual no puede pensarse que de manera culposa desconociera la ley, interpret\u00e1ndola de manera equivocada pr\u00e1cticamente en todas las decisiones proferidas en un asunto determinado, pues v\u00e9ase que entre el mes de diciembre de 2012 a junio de 2015, el proceso ejecutivo \u2026 debi\u00f3 ser remitido en seis (sic) oportunidades al Tribunal \u2026, y en cada una de ellas se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, o se orden\u00f3 al funcionario realizar alguna actuaci\u00f3n echada de menos por la sociedad quejosa, lo cual implic\u00f3 una demora en el proceso ejecutivo\u2026\u201d es decir, que parti\u00f3 del supuesto que por raz\u00f3n de la amplia experiencia del accionante \u00e9ste no debi\u00f3 interpretar las normas de la manera en que lo hizo, situaci\u00f3n que llev\u00f3 a calificar su conducta como dolosa, cuando esta circunstancia no es suficiente para arribar a tal conclusi\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

Por ello, se accedi\u00f3 al amparo constitucional invocado y se orden\u00f3 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura emitir un nuevo pronunciamiento frente al recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 el investigado, atendiendo a las consideraciones expuestas en la sentencia de tutela. <\/p>\n

4.4. Aunque la decisi\u00f3n fue impugnada, el recurso se encuentra en tr\u00e1mite en la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n

4.5. En cumplimiento de la orden de protecci\u00f3n, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, emiti\u00f3 una nueva sentencia el 2 de octubre de 2019, para efectos de lo cual se refiri\u00f3 puntualmente a los aspectos que esta Corte ech\u00f3 de menos en el fallo inicial; sin embargo, dej\u00f3 de lado el estudio de las consideraciones puntuales que se dejaron sentadas en relaci\u00f3n con la razonabilidad de las decisiones judiciales cuestionadas al funcionario investigado y elabor\u00f3 un estudio insuficiente sobre los dem\u00e1s presupuestos de la sanci\u00f3n, por ello, si bien no hay lugar a predicar responsabilidad subjetiva de la accionada, si se advierte que el fallo no ha sido acatado en su integridad, dado que los argumentos que se expusieron para soportar el correctivo adoptado.
\nEn efecto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, obvi\u00f3 el an\u00e1lisis que esta Corporaci\u00f3n expuso en los folios 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la providencia de amparo, donde, acorde con la interpretaci\u00f3n normativa que se presenta en la jurisdicci\u00f3n civil, se clarific\u00f3 que si bien el juzgador pudo tener un criterio distinto al de su superior funcional, ello no pod\u00eda conllevar, per se, a la sanci\u00f3n disciplinaria, pues, como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional y lo record\u00f3 la accionada en la nueva providencia dictada (p\u00e1gina 47) <\/p>\n

\u2026es importante anotar tambi\u00e9n que incluso la revocaci\u00f3n en segunda instancia de una decisi\u00f3n judicial v\u00e1lidamente adoptada, lo que necesariamente har\u00eda suponer que hubo error por parte del funcionario que la hubiere adoptado, al menos bajo el criterio igualmente v\u00e1lido de su superior funcional, no implica la comisi\u00f3n de una falta disciplinaria por parte del a quo, siempre que la decisi\u00f3n as\u00ed reconsiderada tenga suficiente y razonable fundamento en la autonom\u00eda judicial de dicho funcionario. En estos casos, la existencia de los recursos ordinarios, as\u00ed como la de los extraordinarios en los casos en que ellos proceden, es le remedio adecuado previsto por el derecho para la correcci\u00f3n de las situaciones que en criterio del superior resulten desacertadas, lo que constituye una adicional garant\u00eda de la recta aplicaci\u00f3n del derecho, sin que por este solo hecho quepa deducir consecuencias disciplinarias, dado que, se insiste, el funcionario autor de la providencia revocada se encuentra amparado por la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n le reconocen. (C.C. T-238-2011) <\/p>\n

En ese sentido, es necesario recabar en que la sola revocatoria de tres decisiones, a\u00fan si son dentro de un mismo proceso, no conllevan, necesariamente a concluir que un funcionario judicial incurri\u00f3 en desconocimiento de la ley, pues dentro de su autonom\u00eda tiene la potestad de interpretarla razonablemente, exponiendo, eso s\u00ed, los fundamentos en que se apoya, cosa que en este caso hizo el investigado y que, como ya se dijo, no evidencia ilegalidad. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, el legislador tipific\u00f3 las conductas que ameritan sanci\u00f3n y exige no s\u00f3lo que el comportamiento del servidor p\u00fablico se subsuma en uno de los comportamientos descritos, sino que, afecte el deber funcional sin justificaci\u00f3n alguna \u2013ilicitud sustancial- y solo son sancionables si se comenten a t\u00edtulo de dolo o culpa \u2013culpabilidad-. <\/p>\n

La ilicitud sustancial corresponde a la afectaci\u00f3n del deber funcional sin justificaci\u00f3n alguna o, en otras palabras, que atente contra los fines esenciales del Estado. En este asunto, la accionada sustent\u00f3 la concurrencia de este requisito en que las decisiones equivocadas del juez de la ejecuci\u00f3n, dilataron el proceso y permitieron que la parte deudora se insolventara, lo que gener\u00f3 \u00abgraves perjuicios a la entidad demandante, pues presentada la demanda desde el mes de diciembre del a\u00f1o 2012, pues los mismos implicaron que la entidad demandada tuviera la oportunidad para realizar cambios en su estructura societaria (sic), que dificultaron mucho la recuperaci\u00f3n de las cuantiosas sumas adeudadas.\u00bb <\/p>\n

4.5.1. En primer lugar, en la nueva sentencia emitida en cumplimiento de la orden de amparo no se analiz\u00f3 prueba alguna que permita afirmar que la ejecutada se insolvent\u00f3 o que los cambios societarios que hizo \u2013una fusi\u00f3n con otra firma comercial- le restaron capacidad econ\u00f3mica para cancelar sus deudas, pero, adicionalmente, se tiene que el 8 de marzo de 2019, el juzgado 8\u00ba Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, dict\u00f3 sentencia en el proceso ejecutivo objeto de la investigaci\u00f3n disciplinaria, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00ablas derivadas del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo; no prestaci\u00f3n del servicio y cobro de lo no debido\u00bb, circunstancia que deja sin piso las afirmaciones en que se soport\u00f3 la existencia de la ilicitud sustancial de la conducta y que torna necesario un nuevo an\u00e1lisis al respecto. <\/p>\n

4.5.2. En torno a del grado de culpabilidad en que se imput\u00f3 la responsabilidad al disciplinado, esto es, a t\u00edtulo de dolo, la autoridad demandada se\u00f1al\u00f3 que \u00abnos hallamos ante un comportamiento grave doloso, ya que el funcionario encartado desatendi\u00f3 las normas del C\u00f3digo Procesal Civil que eran de obligatorio cumplimiento, demostrando as\u00ed su actuar irregular, adem\u00e1s pese a que en reiteradas oportunidades las decisiones adoptadas por el disciplinado en el interior del expediente ejecutivo de marras, hubieren sido recurridas y revocadas por el superior funcional, segu\u00eda actuando de dicha forma gener\u00e1ndole perjuicios al usuario de la administraci\u00f3n de justicia, desatendiendo sus deberes funcionales. (\u2026) Por tal raz\u00f3n, concluye la Sala que el comportamiento del funcionario investigado se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros de la conducta en la modalidad dolosa en raz\u00f3n a que en su condici\u00f3n de Juez Civil del Circuito y con tantos a\u00f1os de experiencia, deb\u00eda saber el procedimiento dentro de los procesos ejecutivos (\u2026).\u00bb <\/p>\n

Para la incidentada, entonces, la intenci\u00f3n de desconocer la interpretaci\u00f3n normativa del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, deriva de sus a\u00f1os de experiencia y de la cantidad de decisiones que le fueron revocadas \u2013tres-, argumentaci\u00f3n que de ninguna manera puede soportar la imputaci\u00f3n de tal grado de responsabilidad en la medida en que, como se dijo en la sentencia de tutela, de un lado, las decisiones del juzgador disciplinado cuentan con una interpretaci\u00f3n razonable, aunque diferente a la del Tribunal y, de otro, el juez es un ser humano y, por lo tanto puede errar, sin que por ese solo hecho pueda predicarse que obr\u00f3 con la intenci\u00f3n y el conocimiento de hacer da\u00f1o o de incumplir sus deberes legales, pues ello supondr\u00eda que toda revocatoria de decisiones por parte del superior e incluso la concesi\u00f3n de acciones de tutela contra providencias emanadas de las distintas jurisdicciones, incluyendo la disciplinaria, dar\u00edan lugar a sancionar a quien las dict\u00f3. <\/p>\n

En este asunto, no se mencion\u00f3 en la providencia sancionatoria que estuviera demostrado que el juez de la causa ten\u00eda alg\u00fan inter\u00e9s cierto en retardar el curso del proceso para favorecer al ejecutado, m\u00e1xime cuando lo que se observa es que la firma inicialmente demandada -Industria Qu\u00edmica Andina y Compa\u00f1\u00eda S.A.-, se fusion\u00f3 despu\u00e9s con otra sociedad an\u00f3nima \u2013Cabarr\u00eda y C\u00eda S.A.-, sin que tal transformaci\u00f3n societaria permita inferir la insolvencia de la que habla la autoridad disciplinaria, que, en todo caso, no conllevar\u00eda ning\u00fan perjuicio para la ejecutante, si en cuenta se tiene que el proceso fue resuelto, por otro juzgador, desfavorablemente a sus pretensiones. <\/p>\n

En ese sentido, es necesario resaltar que el da\u00f1o ni el dolo pueden acreditarse a partir de argumentaciones subjetivas que solo provengan del sentir particular del fallador, quien, por otra parte, est\u00e1 en el deber de analizar la concurrencia de tales presupuestos por tratarse de elementos inescindibles a la sanci\u00f3n disciplinaria; de modo que la falta de reproche en el recurso de apelaci\u00f3n, de ninguna manera pueden excusar la omisi\u00f3n de su estudio, so pena de incurrir en la violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales al procesado y, adicionalmente, en el desconocimiento de las normas y la jurisprudencia que regulan la acci\u00f3n disciplinaria, situaci\u00f3n que, precisamente, dio lugar a la concesi\u00f3n del amparo constitucional invocado. <\/p>\n

De modo que para que pueda hablarse de la presencia de los pluricitados requisitos de antijuridicidad y culpabilidad, es indispensable que se hallen probados hechos que demuestren que el funcionario dict\u00f3 las providencias que se le reprochan con intencionalidad y conciencia de su ilegalidad; tal ser\u00eda el caso de un servidor que se niegue injustificadamente a dar tr\u00e1mite a los recursos que se interpongan contra sus decisiones o se resista a apartarse del conocimiento del proceso o tenga cualquier relaci\u00f3n familiar o social con alguna de las partes del litigio y la oculte para favorecerla, etc. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n que el juez haya proferido tres decisiones diferentes que el Tribunal le revoc\u00f3 en su momento, no es, de ninguna manera, prueba suficiente del dolo. <\/p>\n

5. En \tese orden de ideas, como se anticip\u00f3, de un cuidadoso \tan\u00e1lisis a la actuaci\u00f3n desplegada por los integrantes \tde la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la \tJudicatura, no se advierte que exista responsabilidad subjetiva de \tsu parte en el incumplimiento de la orden de amparo dictada por esta \tCorporaci\u00f3n el pasado 11 de septiembre de 2019, por lo que no \tse impondr\u00e1 sanci\u00f3n por desacato, sin perjuicio de \tadoptar las medidas necesarias para que cese la vulneraci\u00f3n a \tlas garant\u00edas superiores del incidentante. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que, en palabras de la Corte Constitucional, \u00ab\u2026[e]n el tr\u00e1mite del desacato siempre ser\u00e1 necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado:
\n\u00a0
\n\u00ab\u201c30.- As\u00ed mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoci\u00f3 el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligaci\u00f3n de determinar a partir de la verificaci\u00f3n de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cu\u00e1l debe ser la sanci\u00f3n adecuada \u2013 proporcionada y razonable \u2013 a los hechos[50].\u2019
\n\u00a0
\n31.-\u00a0De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerci\u00f3n que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, \u00e9stas tienen que seguir los principios del derecho sancionador.\u00a0En este orden de ideas, siempre ser\u00e1 necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunci\u00f3n de la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento.
\n\u00a0
\n32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuaci\u00f3n de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relaci\u00f3n de causalidad material conlleva a la utilizaci\u00f3n del concepto de responsabilidad objetiva, la cual est\u00e1 prohibida por la Constituci\u00f3n y la Ley en materia sancionatoria.\u00a0Esto quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo.\u201d[51]\u00bb (Corte Constitucional T-271 de 2015) <\/p>\n

6. No obstante, teniendo en cuenta que la finalidad de este tr\u00e1mite incidental no se limita a la determinaci\u00f3n de la procedencia de la imposici\u00f3n de las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, sino que, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, tambi\u00e9n debe encaminarse a adoptar medidas que tiendan al cumplimiento efectivo de la protecci\u00f3n otorgada en la sentencia, la Sala dejar\u00e1 sin valor ni efecto la providencia proferida el 2 de octubre de 2019 por la autoridad accionada, para que, en su lugar, profiera una nueva sentencia que tome en consideraci\u00f3n los argumentos expuestos en el fallo de tutela cuyo obedecimiento se impone, as\u00ed como en las precisiones que se hicieron en la parte motiva de este pronunciamiento, con ocasi\u00f3n del an\u00e1lisis efectuado frente a los requisitos de ilicitud sustancial y culpabilidad del investigado. <\/p>\n

Lo anterior, como quiera que la Corte Constitucional ha precisado, en cuanto al alcance del tr\u00e1mite incidental de desacato a fallos de tutela, que como su objetivo no se limita a la sanci\u00f3n del incumplimiento, sino que se extiende al logro del restablecimiento de los derechos protegidos, es viable que el juez constitucional adopte las gestiones de rigor. <\/p>\n

\u00ab\u2026si bien entre sus objetivos est\u00e1 sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales con ella protegidos[42].
\n\u00a0
\nDesde esa perspectiva, el incidente de desacato\u00a0\u201cdebe entenderse como un instrumento procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional a la administraci\u00f3n de justicia del accionante (art. 229 C.P.), puesto que \u00e9ste permite la materializaci\u00f3n de la decisi\u00f3n emitida en sede de tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan sus derechos fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional\u201d[43].\u00bb <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. DECLARAR no probada la responsabilidad subjetiva de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

SEGUNDO. ORDENAR, como medida para lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela dictada el 11 de septiembre de 2019, dejar sin valor ni efecto la providencia emitida el 2 de octubre de 2019 por la autoridad accionada, para que en su lugar, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, dicte un nuevo pronunciamiento que atienda las consideraciones expuestas en la orden de amparo y las precedentes, en relaci\u00f3n con la razonabilidad de las decisiones dictadas por el funcionario judicial investigado y la ausencia de an\u00e1lisis probatorio que sustente la ilicitud sustancial y el dolo de las conductas endilgadas. <\/p>\n

TERCERO. NOTIF\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente ATC030-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-02792-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de enero de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veinte (2020). Se decide el incidente de desacato formulado por Alfredo Mart\u00ednez de la Hoz contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103464","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103464"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103464\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}