{"id":103493,"date":"2026-07-02T21:18:19","date_gmt":"2026-07-02T21:18:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103493"},"modified":"2026-07-02T21:18:19","modified_gmt":"2026-07-02T21:18:19","slug":"atc098-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc098-2020\/","title":{"rendered":"ATC098-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC098-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03024-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Rosa Alicia Garc\u00eda Castro frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela instaurada por aqu\u00e9lla respecto de esa autoridad, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario de responsabilidad civil contractual, radicado bajo el n\u00b0 2016-00084, seguido por la quejosa al Banco Popular S.A. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa gestora promueve la presente actuaci\u00f3n porque, el estrado incidentado no ha dado cumplimiento al fallo de tutela dictado por esta Sala el 25 de septiembre de 2019, donde se le orden\u00f3 <\/p>\n

2.\tLa censora inici\u00f3 el resguardo rese\u00f1ado, por cuanto, en s\u00edntesis, la magistratura confutada apuntal\u00f3 su tesis en un \u201cperitaje\u201d no sometido a controversia dentro del litigio fustigado y realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria que conllev\u00f3 a dictar un fallo adverso a sus reclamos. <\/p>\n

3.\tLa promotora impulsa ahora esta tramitaci\u00f3n, alegando el desconocimiento del mandato tutelar, pues la autoridad all\u00ed querellada no hab\u00eda proferido el fallo, en el plazo fijado por esta Colegiatura en la rese\u00f1ada providencia definitoria. <\/p>\n

4.\tEl 12 de noviembre de 2019, se puso en conocimiento de la autoridad involucrada, lo alegado por el petente y se le exhort\u00f3 para que informara sobre el incumplimiento endilgado. <\/p>\n

5.\tLa corporaci\u00f3n enjuiciada, en misiva de 14 de noviembre pasado, arguy\u00f3 que la titular del despacho, magistrada Claudia Yolanda Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, se encontraba incapacitada desde el 9 de octubre de 2019, situaci\u00f3n que se extender\u00eda hasta el 12 de diciembre siguiente, lo cual hab\u00eda impedido cumplir a plenitud con el mandato constitucional anunciado. <\/p>\n

6.\tEl 18 de diciembre anterior, la sala tutelada emiti\u00f3, nuevamente, la sentencia de segundo grado, conforme se desprende del acta obrante a folio 49 de la encuadernaci\u00f3n. <\/p>\n

7. Por no existir pruebas a decretar, por cuanto las obrantes son suficientes para resolver, ni m\u00e1s tr\u00e1mites que surtir, se procede a definir lo pertinente. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El \tdesacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de \t1991, fue erigido como un instrumento del cual dispone el juez de \ttutela para sancionar a quien hace caso omiso a las \u00f3rdenes \timpartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales \tde la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional, \tpor cuanto, tal resguardo resultar\u00eda inocuo si no existiesen \tmecanismos como \u00e9ste, orientados a asegurar el cumplimiento \tde las instrucciones dispuestas para obtener la cesaci\u00f3n de \tla conducta lesiva o de las amenazas a las garant\u00edas \tsuperiores amparadas.
\n2.\tEl presente decurso se circunscribe a determinar si el mandato impartido por esta Corte el 25 de septiembre de 2019, dentro de la salvaguarda incoada por Rosa Alicia Garc\u00eda Castro frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario de responsabilidad civil contractual, radicado bajo el n\u00b0 2016-00084, seguido por la quejosa al Banco Popular S.A., fue inobservado. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, en aquel pronunciamiento se le impuso a esa autoridad <\/p>\n

\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir del momento en que sea notificada de la presente decisi\u00f3n, deje sin efecto la sentencia reprochada por esta v\u00eda y todos los otros pronunciamientos derivados de la misma, y en su lugar, provea de nuevo sobre la apelaci\u00f3n incoada dentro del juicio declarativo auscultado, teniendo en cuenta lo trazado en el ac\u00e1pite considerativo de este prove\u00eddo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tAvizorado el reparo formulado por la incidentante, este se ci\u00f1e a protestar por la mora de la autoridad tutelada en zanjar, nuevamente, la segunda instancia en el subex\u00e1mine. <\/p>\n

Esta Colegiatura ha sido especialmente enf\u00e1tica al indicar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige \u2018al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato\u2019 y ha reiterado que \u2018el juicio de imputaci\u00f3n de la responsabilidad\u2019 en esa materia, \u2018no puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que en el tr\u00e1mite respectivo habr\u00e1 de establecerse que la orden judicial fue desatendida por negligencia de la persona obligada a cumplirla, aspecto \u00e9ste que deber\u00e1 ser demostrado en la correspondiente actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

4.\tRevisadas las explicaciones rendidas por la autoridad convocada, se advierte que la omisi\u00f3n endilgada, se apuntala en la incapacidad m\u00e9dica de la ponente, la cual se extendi\u00f3 entre el 9 de octubre y el 12 de diciembre de 2019, circunstancia que justifica la tardanza en el acatamiento del mandato constitucional en coment\u00f3. <\/p>\n

Aunado a ello, la pretermisi\u00f3n alegada, en todo caso, fue superada el 18 de diciembre pasado, al dictarse el fallo de segundo grado, cual se dispuso en el tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n

5.\tPor tanto, no se colige en la actuaci\u00f3n del tribunal denunciado rebeld\u00eda alguna, en orden a materializar el precepto tutelar, pues, como se indic\u00f3, ya realiz\u00f3 la gesti\u00f3n ordenada por esta Sala en la sentencia dictada el 25 de septiembre 2019. <\/p>\n

Desde el punto de vista subjetivo no se observa que la intenci\u00f3n del acusado hubiese sido la de desacatar el fallo de tutela, es decir, su patente responsabilidad a t\u00edtulo de culpa o de dolo en la falta enrostrada. <\/p>\n

6. T\u00e9ngase en cuenta que para sancionar, no s\u00f3lo deben mediar comportamientos objetivos manifiestos debidamente probados sino tambi\u00e9n los aspectos subjetivos en quien desacata la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse, ni debe olvidarse, que la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, no halla asiento en nuestro ordenamiento. <\/p>\n

Sobre ese aspecto, ha considerado la Corte Constitucional: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aqu\u00e9l es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

Para la Sala no se re\u00fanen los presupuestos objetivos ni subjetivos para aplicar sanci\u00f3n alguna por desacato a la orden constitucional. <\/p>\n

7.\tDesde esa perspectiva, existiendo evidencia del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela de 25 de septiembre de 2019, se torna inviable la imposici\u00f3n de las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNo imponer las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n1 \tCSJ. STC de 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00; reiterada en ATC \tde 5 de octubre de 2016, exp. 23001-22-14-000-2016-00414-01
\n23 \tCorte Constitucional Sentencia T- 763 de 1.998.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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