{"id":103494,"date":"2026-07-02T21:18:27","date_gmt":"2026-07-02T21:18:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103494"},"modified":"2026-07-02T21:18:27","modified_gmt":"2026-07-02T21:18:27","slug":"atc099-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc099-2020\/","title":{"rendered":"ATC099-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC099-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2019-02403-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de diciembre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sthefanny Feney Gallo Herrera y Jonh William Garc\u00eda Castro contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, Ministerio de Defensa, Polic\u00eda Nacional, Ej\u00e9rcito Nacional, Fecode, Comit\u00e9 Nacional del Paro, Senado de la Rep\u00fablica, Centrales Unitarias de Trabajadores, Comit\u00e9 Universitario Estudiantil, Senadores Iv\u00e1n Cepeda, Gustavo Petro y Gustavo Bol\u00edvar, y Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan \u2013FARC; si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos solicitantes, actuando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, trabajo y \u00abmovilidad\u00bb, presuntamente vulnerados con ocasi\u00f3n del denominado \u00abParo Nacional\u00bb que inici\u00f3 el 21 de noviembre de 2019, \u00abhasta la fecha de interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Relataron que, los d\u00edas 21, 22 y 26 de la mencionada calenda, en Bogot\u00e1 se presentaron disturbios, bloqueos en varias estaciones de Transmilenio, y \u00abresultaron muert[a]s dos personas\u00bb; lo que afect\u00f3 \u00abel libre desplazamiento de los ciudadanos\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1alaron que las precitadas manifestaciones se han mantenido por varios d\u00edas y en distintas ciudades, aunado a que a trav\u00e9s de las redes sociales se han difundido nuevos llamados para seguir con \u00abel amotinamiento y la violencia contra la ciudadan\u00eda y (\u2026) la fuerza p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n

Por lo anterior, pidieron que se ordene a las autoridades y organizaciones accionadas \u00ababstenerse de crear m\u00e1s p\u00e1nico a los ciudadanos y obstruir el libre derecho CONSTITUCIONAL (sic) AL TRABAJO, MOVILIDAD Y VIDA\u00bb, y \u00abse [proh\u00edba] incitar a los manifestantes a bloquear v\u00edas y da\u00f1os a la propiedad privada y al transporte p\u00fablico, [garantizando] la movilidad de los ciudadanos de bien en un t\u00e9rmino no mayor a las 36 horas\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl tribunal a-quo deneg\u00f3 el amparo, tras considerar \u00abque el derecho a la paz es colectivo y por ende, la tutela no es el mecanismo apropiado para su protecci\u00f3n\u00bb. De otra parte, porque no se probaron \u00abafectaciones desproporcionadas de los derechos invocados\u00bb, ya que \u00ablos accionantes estar\u00edan llamados a soportarlas leg\u00edtimamente porque devienen del ejercicio de derechos que por su estrecha conexi\u00f3n con la garant\u00eda de la democracia constitucional prevalecen prima facie\u00bb. <\/p>\n

3.\tEl precitado fallo fue impugnado por la parte convocante, reiterando los argumentos esgrimidos en el escrito introductor. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013 a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n

El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n

2.\tDefinici\u00f3n de competencia. <\/p>\n

Al revisar las presentes diligencias, advierte la Corte que la pretensi\u00f3n cardinal se encuentra dirigida a que las demandadas entidades del orden nacional, organizaciones sociales y dem\u00e1s autoridades p\u00fablicas \u00abse abstengan (\u2026) de crear p\u00e1nico a los ciudadanos y obstruir, [entre otros] (\u2026) el derecho a la movilidad\u00bb; y, contrario a lo sostenido por el Tribunal, deviene claro que no se endilga ning\u00fan reproche puntual frente alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica, como err\u00f3neamente se expres\u00f3 en la providencia que se cuestiona. <\/p>\n

Entonces, bajo esa perspectiva, y considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del orden nacional radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2 del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, el cual dispone que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb Se resalta. <\/p>\n

De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, resulta indudable que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional le corresponde tramitarlo a los jueces del circuito del distrito judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n

3.\tLa actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para conocer en primera instancia este auxilio; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, se itera, a los Juzgados del Circuito (reparto) de Bogot\u00e1. <\/p>\n

As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a quo el pasado 12 de diciembre de 2019, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin, atendiendo la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

4.\tSobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

Esta Sala, en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n

[E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n

5.\tDe la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n

Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 12 de diciembre de 2019, en el asunto de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados con categor\u00eda de circuito de Bogot\u00e1 (reparto) para que asuman el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC099-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2019-02403-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103494","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103494","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103494"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103494\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103494"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}