{"id":103496,"date":"2026-07-02T21:18:32","date_gmt":"2026-07-02T21:18:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103496"},"modified":"2026-07-02T21:18:32","modified_gmt":"2026-07-02T21:18:32","slug":"atc101-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc101-2020\/","title":{"rendered":"ATC101-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC101-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2019-02291-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 5 de diciembre de 2019, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Daira Lucum\u00ed Arce contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n, su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad, si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante, actuando mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n

En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que figur\u00f3 como apoderada del se\u00f1or Rodrigo Ahmed Herr\u00e1n (q.e.p.d.), y promovi\u00f3 proceso laboral para el reconocimiento de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, luego de agotadas las respectivas instancias ante el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, acord\u00f3 con su entonces representado que interpondr\u00edan recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para lo cual este \u00faltimo contrat\u00f3 al abogado Gustavo Ru\u00edz Montoya. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que la tarea exclusiva de dicho jurista era hacerse cargo de todo lo relacionado con ese medio impugnativo excepcional, por lo que ella continuaba siendo \u00abla apoderada principal\u00bb, en tanto el poder nunca le fue revocado. <\/p>\n

Luego del fallecimiento del se\u00f1or Herr\u00e1n en octubre de 2019, la ahora sucesora procesal del causante, su esposa Constanza P\u00e9rez, promovi\u00f3 la ejecuci\u00f3n del reconocimiento pensional que se ratific\u00f3 en sede de casaci\u00f3n, a trav\u00e9s del abogado Ru\u00edz Montoya, por lo que la actora recalc\u00f3 que no se debe continuar el tr\u00e1mite porque, en su criterio, ella sigue siendo la mandataria desde la causa primigenia. <\/p>\n

Por lo anterior, pidi\u00f3 \u00abDECLARAR la ILEGALIDAD del Auto Interlocutorio No. 2825 del 01\/10\/2019, proferido dentro del curso del proceso ejecutivo [que se lleva] ante el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Oralidad de Santiago de Cali\u00bb; y, en consecuencia, \u00abDEJAR sin EFECTO JUR\u00cdDICO todos y cada uno de los actos dentro del referido proceso\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl tribunal a-quo deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que \u00ablo decidido descansa sobre criterios de interpretaci\u00f3n razonable y es fruto de un serio y completo an\u00e1lisis frente a la situaci\u00f3n evaluada en ese momento. De tal suerte, la actual inconformidad no vislumbra la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas, sino la insistencia en una pretensi\u00f3n que fue v\u00e1lidamente atendida en la instancia respectiva\u00bb. <\/p>\n

3.\tEl precitado fallo fue impugnado por el apoderado de la convocante, reiterando los argumentos esgrimidos en el escrito introductor. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013 a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n

El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n

2.\tDefinici\u00f3n de competencia. <\/p>\n

Al revisar las presentes diligencias, advierte la Corte que la pretensi\u00f3n cardinal se encuentra dirigida a que se dejen sin efectos las determinaciones proferidas por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, mediante las cuales ha dado continuidad al tr\u00e1mite ejecutivo laboral de la referencia, en el cual la aqu\u00ed convocante afirma ser apoderada principal, pese a que la sucesora procesal ya otorg\u00f3 mandato a un jurista diferente; por lo que deviene claro que el reclamo no se hace extensivo a las autoridades que resolvieron en el curso del proceso laboral (entre ellas, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n), sino al despacho que lleva el ejecutivo en virtud de tales reconocimientos prestacionales. <\/p>\n

Entonces, bajo esa perspectiva, y considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra autoridades judiciales corresponde a su superior, al tenor de lo previsto en el numeral 5 del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, el cual dispone que: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. (Se resalta). <\/p>\n

De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, resulta indudable que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional le corresponde tramitarlo a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que de forma err\u00f3nea remiti\u00f3 las diligencias a esta Corporaci\u00f3n (f. 61 cd. 2). <\/p>\n

3.\tLa actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n para conocer en primera instancia este auxilio; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, se itera, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n

As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, que advierte que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a quo el pasado 5 de diciembre de 2019, se dispondr\u00e1 que la autoridad habilitada para tal fin, atendiendo la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

4.\tSobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

Esta Sala, en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n

[E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d.
\n\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n

5.\tDe la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n

Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de diciembre de 2019, en el asunto de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para que asuma el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC101-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2019-02291-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103496","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103496"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103496\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}