{"id":103499,"date":"2026-07-02T21:18:47","date_gmt":"2026-07-02T21:18:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103499"},"modified":"2026-07-02T21:18:47","modified_gmt":"2026-07-02T21:18:47","slug":"atc105-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc105-2020\/","title":{"rendered":"ATC105-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC105-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03266-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Jos\u00e9 Reynel Tangarife Quintero frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela instaurada por aqu\u00e9l respecto de esa autoridad, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00ba 2017-00246, incoado por el quejoso a Ivanhoe Lozano Penagos. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl gestor acude a esta actuaci\u00f3n porque, en su sentir, se inobserv\u00f3 el fallo de 17 de octubre de 2019, mediante el cual esta Sala le concedi\u00f3 el amparo rogado y, en consecuencia, le orden\u00f3 al colegiado atacado <\/p>\n

\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir del momento en que sea enterada de la presente decisi\u00f3n, deje sin efecto el fallo reprochado por esta v\u00eda -9 de junio de 2019-, y todos los otros pronunciamientos derivados del mismo y, en su lugar, provea de nuevo sobre la alzada elevada por Ivanhoe Lozano Penagos contra la providencia de 11 de mayo de 2018, proferida en el decurso auscultado, siguiendo para ello los par\u00e1metros fijados en la parte motiva de esta determinaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.\tEl censor Jos\u00e9 Reynel Tangarife Quintero inici\u00f3 el resguardo rese\u00f1ado frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para rebatir el fallo emitido el 9 de junio de 2019, que revoc\u00f3 la sentencia de 11 de mayo de 2018, estimatoria de las pretensiones, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble \u201carrendado\u201d incoado por el gestor a Ivanhoe Lozano Penagos por cuanto, en s\u00edntesis, el ad quem, \u201c(\u2026) incurri\u00f3 en un error de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las referidas piezas procesales, el contrato de arrendamiento y los testimonios\u201d, al pretermitir que lo pactado fue el uso y goce de un \u201cestablecimiento de comercio\u201d, del cual hac\u00eda parte el bien ra\u00edz \u201carrendado\u201d. <\/p>\n

3.\tEl promotor impulsa el presente asunto, pues, si bien el tribunal emiti\u00f3 una nueva decisi\u00f3n el 12 de noviembre 2019, en acatamiento del mandato constitucional transcrito, el mismo, en su sentir, no atendi\u00f3 a lo considerado por esta Corte. <\/p>\n

Anota, el estrado judicial denunciado persiste en la transgresi\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues: i) declar\u00f3 v\u00e1lidos los pagos aportados por el demandado, respecto de mensualidades causadas en el curso del litigio, aun cuando \u00e9stos se sufragaron por fuera del plazo fijado en el contrato de arrendamiento; y ii) efectu\u00f3 una err\u00e1tica valoraci\u00f3n probatoria que lo conduce a sentenciar el preanotado conflicto en contra de sus intereses. <\/p>\n

Sobre \u00e9ste \u00faltimo reproche, acot\u00f3 el incidentante: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a argumentaci\u00f3n de la sala accionada en la que soporta el fallo de segunda instancia, carece de [apoyo] probatorio, constituy\u00e9ndose en apreciaciones muy personales, alejadas de la realidad procesal y legal; vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, con ocasi\u00f3n de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas por juicio contraevidente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4.\tEl 11 de diciembre de 2019, se puso en conocimiento de la autoridad tutelada lo alegado por la petente y se le exhort\u00f3 para que informara sobre el incumplimiento endilgado. <\/p>\n

5.\tEl estrado incidentado asever\u00f3 que mediante sentencia de 12 de noviembre de 2019, acat\u00f3 lo dispuesto por esta Corporaci\u00f3n en la decisi\u00f3n de 17 de octubre pasado. <\/p>\n

6.\tPor no existir pruebas a decretar, por cuanto las obrantes son suficientes para resolver, ni m\u00e1s tr\u00e1mites que surtir, se procede a definir lo pertinente. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El \tdesacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de \t1991, fue erigido como un instrumento del cual dispone el juez de \ttutela para sancionar a quien hace caso omiso a las \u00f3rdenes \timpartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales \tde la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional, \tpor cuanto, tal resguardo resultar\u00eda inocuo si no existiesen \tmecanismos como \u00e9ste, orientados a asegurar el cumplimiento \tde las instrucciones dispuestas para obtener la cesaci\u00f3n de \tla conducta lesiva o de las amenazas a las garant\u00edas \tsuperiores amparadas. <\/p>\n

2.\tEl presente decurso se circunscribe a determinar si fue incumplido el mandato impartido por esta Sede el 17 de octubre anterior, dentro del amparo incoado por por Jos\u00e9 Reynel Tangarife Quintero frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Flavio Eduardo C\u00f3rdoba Fuertes, Jos\u00e9 David Corredor Espitia y Juli\u00e1n Alberto Villegas Perea, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00ba 2017-00246, incoado por el quejoso a Ivanhoe Lozano Penagos. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, en dicho pronunciamiento se le impuso a la sede judicial denunciado <\/p>\n

\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir del momento en que sea enterada de la presente decisi\u00f3n, deje sin efecto el fallo reprochado por esta v\u00eda -9 de junio de 2019-, y todos los otros pronunciamientos derivados del mismo y, en su lugar, provea de nuevo sobre la alzada elevada por Ivanhoe Lozano Penagos contra la providencia de 11 de mayo de 2018, proferida en el decurso auscultado, siguiendo para ello los par\u00e1metros fijados en la parte motiva de esta determinaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tPara establecer si existi\u00f3 o no desacato, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que debe surtirse una comparaci\u00f3n entre lo resuelto y la supuesta omisi\u00f3n endilgada al destinatario de la orden1. <\/p>\n

Asimismo, esta Colegiatura ha sido especialmente enf\u00e1tica al indicar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige \u2018al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato\u2019 y ha reiterado que \u2018el juicio de imputaci\u00f3n de la responsabilidad\u2019 en esa materia, \u2018no puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que en el tr\u00e1mite respectivo habr\u00e1 de establecerse que la orden judicial fue desatendida por negligencia de la persona obligada a cumplirla, aspecto \u00e9ste que deber\u00e1 ser demostrado en la correspondiente actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4.\tEn la providencia presuntamente desobedecida, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 viable la protecci\u00f3n rogada por cuanto, evidenci\u00f3 que el tribunal, al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 11 de mayo de 2018, proferida Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali, incurri\u00f3 en los siguientes yerros: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l fallador fustigado omiti\u00f3 reflexionar acerca de la posibilidad o no de finiquitar, en esa tramitaci\u00f3n, el \u201carrendamiento\u201d de la rese\u00f1ada unidad econ\u00f3mica, carga argumentativa que le compet\u00eda, si pretend\u00eda, como en efecto lo hizo, denegar, en su integridad, las pretensiones restitutorias del petente, que inclu\u00edan tambi\u00e9n dicho \u201cestablecimiento de comercio\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La corporaci\u00f3n enjuiciada, tampoco efectu\u00f3 manifestaci\u00f3n sobre las causales de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento de \u201cestablecimiento de comercio\u201d y si alguna de ellas, se configur\u00f3 o no, en el conflicto sentenciado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]ese a haberse alegado por el entonces demandante, que el acusado no hab\u00eda cancelado c\u00e1nones desde el a\u00f1o 2016, la sala querellada, desat\u00f3 de fondo la alzada, sin corroborar si el recurrente acat\u00f3 lo preceptuado por el inciso 3\u00b0 del numeral 4\u00b0 del postulado 384 del estatuto ritual civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Se destac\u00f3, en esa oportunidad: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a motivaci\u00f3n del prove\u00eddo de 9 de junio de 2019, es insuficiente, pues pretermiti\u00f3 exteriorizar los raciocinios frente a los aspectos se\u00f1alados con antelaci\u00f3n, los cuales resultaban esenciales para la resoluci\u00f3n del conflicto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por lo descrito, se le impuso al colegiado querellado zanjar, una vez m\u00e1s \u201c(\u2026) la antelada alzada refiri\u00e9ndose a cada uno de los temas se\u00f1alados en el numeral anterior (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Precisado ello, se resalta que la autoridad incidentada para atender el mandato tutelar, en providencia dictada el 12 de noviembre de 2019, reflexion\u00f3 sobre: <\/p>\n

i. El \tcar\u00e1cter mercantil del contrato b\u00e1culo de la \tpretensi\u00f3n restitutoria, en atenci\u00f3n a la calidad de \tcomerciante de los pactantes y al tener como objeto el arrendamiento \tde un establecimiento de comercio, junto con sus instalaciones \tlocativas; en consecuencia, se reg\u00eda por el estatuto \tcomercial, el cual impon\u00eda al demandante enunciar qu\u00e9 \tcausal o causales pretend\u00eda hacer valer: \tel \tincumplimiento del contrato; la necesidad de ocuparlo para \tdestinarlo a un negocio sustancialmente diferentes o; la \treconstrucci\u00f3n del bien que exigiese la necesidad de \tdesocuparlo. <\/p>\n

ii. El \tactor, al incoar la demanda, \tno aludi\u00f3 a la mora en el pago de los c\u00e1nones pactados \tpara configurar el incumplimiento contractual atribuido al \taccionado, pues aqu\u00e9l siempre se apuntal\u00f3 en la \tfinalizaci\u00f3n del plazo convenido para el arrendamiento y a \tcircunstancias diversas (cierre temporal por orden de autoridad \tadministrativa). Y, <\/p>\n

iii. Al \tno de mostrarse que el all\u00ed querellante desahuci\u00f3 a \tIvanhoe Lozano Penagos, antes de la expiraci\u00f3n del lapso \tfijado en el acuerdo de voluntades, el tenedor ten\u00eda derecho \ta la renovaci\u00f3n autom\u00e1tica o la pr\u00f3rroga \u201cseg\u00fan \tel caso\u201d. <\/p>\n

Ata\u00f1edero a la verificaci\u00f3n en el pago de los instalamentos generados durante el decurso, si bien no se hizo expresa referencia a ese aspecto, de la lectura concienzuda del comentado prove\u00eddo definitorio emerge que el colegiado fustigado se pronunci\u00f3 sobre el particular, as\u00ed: <\/p>\n

ii) \u201c(\u2026) [E]l demandado demuestra el pago de los c\u00e1nones inclusive hasta la anterior mensualidad. Al punto es de referenciar que el art\u00edculo 1628 del [C\u00f3digo Civil] impone que acreditados los tres \u00faltimos per\u00edodos se ha de presumir el pago de los anteriores, siempre que debieran efectuarse entre las mismas partes (\u2026). Aqu\u00ed se [acreditan] no solo los \u00faltimos tres pagos, sino anualidades completas, por lo que a\u00fan de tomarse como causal, que se insiste no fue alegada debiendo serlo, [se halla] demostrado el pago (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Las elucubraciones relatadas demuestran el debido acatamiento del fallo dictado por esta Sala el 17 de octubre de 2019, pues fueron observados los lineamientos all\u00ed trazados, sin que pueda decirse que la valoraci\u00f3n efectuada se muestre abiertamente caprichosa. <\/p>\n

N\u00f3tese, esta Corte orden\u00f3 al tutelado que precisara sus raciocinios frente a tres aspectos nodales, para la resoluci\u00f3n del caso: i) la posibilidad o no de finiquitar, en esa tramitaci\u00f3n, el \u201carrendamiento\u201d de la rese\u00f1ada unidad econ\u00f3mica; ii) la aplicaci\u00f3n de las causales de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento de \u201cestablecimiento de comercio\u201d en el subex\u00e1mine; y iii) la verificaci\u00f3n del cumplimiento a lo impuesto por el inciso 3\u00b0 del numeral 4\u00b0 del postulado 384 del estatuto ritual civil, todo los cuales, como se anot\u00f3, fueron estudiados y definidos a la luz de las reglas mercantiles pertinentes. <\/p>\n

As\u00ed, la providencia cuyo incumplimiento se alega, no impuso el sentido del fallo, \u00fanicamente, requiri\u00f3 del ad quem, un pronunciamiento explicito en torno a los se\u00f1alados t\u00f3picos que se estimaban esenciales para una sustentar la postura defendida en la sentencia confutada, por tanto, lo criticado por el quejoso, se insiste, escapa de lo dispuesto por la Sala al desatar la salvaguarda. <\/p>\n

Con todo, cabe precisar a la c\u00e9lula jurisdiccional atacada que, en el marco del proceso de restituci\u00f3n de tenencia, la verificaci\u00f3n de la observancia del demandado a la imposici\u00f3n establecida en el susodicho precepto 384 del estatuto ritual civil3 -pago de los c\u00e1nones generados en el curso de esa clase de litigios-, no requiere la solicitud expresa por parte del extremo actor, como equ\u00edvocamente lo se\u00f1al\u00f3, es un carga cuyo cumplimiento debe constatar el sentenciador antes de dirimir el conflicto. <\/p>\n

Ello, por cuanto, si la parte encartada desatiende la comentada obligaci\u00f3n, dejan de ser escuchados sus argumentos defensivos, por ende, el funcionario cognoscente no podr\u00eda pronunciarse de fondo sobre las manifestaciones de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Sin embargo, cual se acot\u00f3 con antelaci\u00f3n, lo expresado en la providencia censurada permite inferir que, al emitirla, el querellado se encontraba al d\u00eda en los arrendamientos, sin que fuera del resorte de la discusi\u00f3n, determinar si los pagos fueron tempestivos o no porque sobre el punto, nada refiri\u00f3 el legislador. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, no se colige en la actuaci\u00f3n del incidentado rebeld\u00eda alguna, en orden a acatar el precepto tutelar. <\/p>\n

Desde el punto de vista subjetivo no se observa que la intenci\u00f3n del acusado hubiese sido la de desobedecer el fallo de tutela, es decir, su patente responsabilidad a t\u00edtulo de culpa o de dolo en la falta endilgada. <\/p>\n

6. T\u00e9ngase en cuenta que para sancionar, no s\u00f3lo deben mediar comportamientos objetivos manifiestos debidamente probados sino tambi\u00e9n los aspectos subjetivos en quien desacata la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse, ni debe olvidarse, que la responsabilidad objetiva, en materia sancionatoria, no halla asiento en nuestro ordenamiento. <\/p>\n

Sobre ese aspecto, ha considerado la Corte Constitucional: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aqu\u00e9l es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

El desacato, consiste ante todo en aquella conducta contraria a la orden judicial impartida por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n

Para la Sala no se re\u00fanen a plenitud los presupuestos objetivos ni subjetivos para imponer sanci\u00f3n alguna por desacato a la orden constitucional de tutela. <\/p>\n

7.\tDesde esa perspectiva, existiendo evidencia del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela de 17 de octubre de 2019, se torna inviable la imposici\u00f3n de las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNo imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, a la corporaci\u00f3n incidentada.
\nSEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n1 \tCSJ. Civil. Autos \tde 13 de enero de 2000, exp. 8150; de 4 de junio de 2013, exp. \t7600122210002013-00013-01, \tentre otras.
\n2 \tCSJ. STC de 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00; reiterada en ATC \tde 5 de octubre de 2016, exp. 23001-22-14-000-2016-00414-01
\n3 \t\u201c(\u2026) \tCualquiera \tque fuere la causal invocada, el demandado tambi\u00e9n deber\u00e1 \tconsignar oportunamente a \u00f3rdenes del juzgado, en la cuenta \tde dep\u00f3sitos judiciales, los c\u00e1nones que se causen \tdurante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejar\u00e1 \tde ser o\u00eddo hasta cuando presente el t\u00edtulo de \tdep\u00f3sito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al \tarrendador, o el de la consignaci\u00f3n efectuada en proceso \tejecutivo \t(\u2026)\u201d.
\n43 \tCorte Constitucional Sentencia T- 763 de 1.998.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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