{"id":103500,"date":"2026-07-02T21:18:53","date_gmt":"2026-07-02T21:18:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103500"},"modified":"2026-07-02T21:18:53","modified_gmt":"2026-07-02T21:18:53","slug":"atc106-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc106-2020\/","title":{"rendered":"ATC106-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC106-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2019-00518-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 11 de diciembre de 2019, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Katerine Hinojoza Galvis contra los Juzgados Once Civil del Circuito y S\u00e9ptimo Civil Municipal, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del resguardo y el incidente de desacato promovido por la aqu\u00ed gestora frente a Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., quien es la vocera del patrimonio aut\u00f3nomo o fideicomiso Zenith. No obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad que afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental a la vida, presuntamente transgredida por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2. En sustento de su queja, manifiesta que en el decurso criticado el 21 de enero de 2019, se profiri\u00f3 fallo accedi\u00e9ndose a la salvaguarda por ella deprecada, providencia ratificada el 28 de febrero posterior. <\/p>\n

Asevera que promovi\u00f3 incidente de desacato, tr\u00e1mite en el cual el 9 de julio de 2019, se impuso sanci\u00f3n al incidentado orden\u00e1ndole \u201chacer los estudios y reparaci\u00f3n de los muros en riesgo de colapso que se encuentra dentro del predio del tutelado\u201d, determinaci\u00f3n confirmada, en sede de consulta, el 11 de julio siguiente. <\/p>\n

El 15 de noviembre de 2019, el despacho municipal reprochado, resolvi\u00f3 inaplicar la \u201csanci\u00f3n\u201d, pronunciamiento donde no se tuvo en cuenta, en criterio de la actora, que se encuentra \u201csin reparar el muro interno en riesgo de colapso\u201d; adem\u00e1s, el juzgado tuvo en cuenta, err\u00f3neamente, como estudio de vulnerabilidad y estabilidad del muro <\/p>\n

\u201c(\u2026) el elaborado por la Sociedad Santandereana de Ingenieros cuando apenas es un simple concepto t\u00e9cnico superficial, sin la realizaci\u00f3n de la experticia que requiere con las respectivas memorias de c\u00e1lculo conforme se requiri\u00f3 en el fallo de tutela del 21 de enero de 2019 y por la Oficina de Gesti\u00f3n de Riesgo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Sostiene que, a la fecha, no se ha dado efectivo cumplimiento a la orden tutelar y se mantiene en riesgo su vida por el posible colapso de la construcci\u00f3n. <\/p>\n

3. Solicita, en concreto, dejar sin efecto el auto censurado y requerir el acatamiento del fallo constitucional. <\/p>\n

4. El juzgado del circuito convocado, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el sublite y destac\u00f3 que la queja est\u00e1 enfilada \u00fanica y exclusivamente frente al a quo. Pidi\u00f3 denegar el amparo reclamado (folio 46). <\/p>\n

6. El tribunal neg\u00f3 el resguardo tras advertir que el pronunciamiento del fallador municipal no luc\u00eda arbitrario, por el contrario, seg\u00fan acot\u00f3, se supedit\u00f3 a las pruebas legalmente recaudadas de las cuales resultaba factible concluir la verdadera obediencia del veredicto (folios 133-148). <\/p>\n

7. Contra esa determinaci\u00f3n, la actora formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial (folios 169-171). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De las circunstancias narradas se desprende la falta de competencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para desatar la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

2. La queja, seg\u00fan lo precisa la accionante, se encuentra enfilada contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de esa ciudad, pues le reprocha, concretamente, el auto de 15 de noviembre de 2019, mediante el cual decret\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, propuesto por la aqu\u00ed censora. <\/p>\n

Por tanto, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, vigente desde el 30 de noviembre de 2017, la definici\u00f3n de esta demanda constitucional correspond\u00eda, en primer grado, a los juzgados civiles del circuito de Bucaramanga. <\/p>\n

No debi\u00f3 entonces, involucrarse al Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, dado que no se dirige reparo alguno frente a su gesti\u00f3n. Su llamamiento es meramente aparente porque ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n determinada, lesiva de derechos supralegales, le fue enrostrada. <\/p>\n

Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4.\tBajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d2. <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Bucaramanga, a fin de ser repartida entre los jueces civiles del circuito de esa ciudad, quienes son los competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n

En cuanto a la orden impartida, no est\u00e1 dem\u00e1s memorar lo indicado por esta Corte: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela promovida por Katerine Hinojoza Galvis contra los Juzgados Once Civil del Circuito y S\u00e9ptimo Civil Municipal, ambos de Bucaramanga, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, sin perjuicio de la validez de las pruebas. <\/p>\n

Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Bucaramanga, para ser repartido entre los jueces civiles del circuito de esa ciudad, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante telegrama. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

1 \tCSJ. ATC 24 \tde julio de 2007, Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, exp. \tNo. 2011-00430-01.
\n2 \tCSJ. \tATC \tde 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
\n3 \tCSJ. \tATC \tde 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; \treiterado el 9 de agosto de 2010, exp. \t63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. \t08001-22-13-000-2013-00648-01<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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