{"id":103514,"date":"2026-07-02T21:20:16","date_gmt":"2026-07-02T21:20:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103514"},"modified":"2026-07-02T21:20:16","modified_gmt":"2026-07-02T21:20:16","slug":"atc133-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc133-2020\/","title":{"rendered":"ATC133-2020"},"content":{"rendered":"
ATC133-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2019-02466-01 <\/p>\n

Ser\u00eda del caso desatar la impugnaci\u00f3n formulada por Nelson Rodolfo Castellanos Su\u00e1rez contra el fallo emitido el 13 de diciembre de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda que le impetr\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades y al liquidador de Transporte Zonal Integrado S.A.S., si no fuera porque la actuaci\u00f3n est\u00e1 viciada de la anomal\u00eda prevista en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del estatuto adjetivo, ya que los intervinientes del litigio objeto de queja constitucional no fueron debidamente \u00abnotificados\u00bb de este rito. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor acus\u00f3 a la \u00abSuperintendencia de Sociedades\u00bb y al \u00abliquidador de Transporte Zonal Integrado S.A.S.\u00bb de infringir sus derechos en la liquidaci\u00f3n de dicha empresa (rad. 2019-01-406657). A aqu\u00e9lla, porque rechaz\u00f3 por falta de competencia la solicitud que elev\u00f3 para que se \u00abreconozca y pague\u00bb el cr\u00e9dito que le fue concedido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 1 de octubre de 2018, y a \u00e9ste, porque a pesar de las distintas peticiones que le efectu\u00f3 con ese fin, las desestim\u00f3, arguyendo que \u00abconforme al art\u00edculo 26 de la Ley 1116 de 2006 ya transcurri\u00f3 el t\u00e9rmino para realizar el inventario de acreencias y cr\u00e9ditos\u00bb. <\/p>\n

2.- La Corporaci\u00f3n de origen en auto del pasado 9 de noviembre admiti\u00f3 la querella, y le orden\u00f3 a la entidad recriminada \u00ab(\u2026) acreditar que del inicio de esta acci\u00f3n constitucional enter\u00f3 a todas las partes e intervinientes en el proceso promovido por Transporte Zonal Integrado S.A.S. \u2013 en Liquidaci\u00f3n\u00bb (fl. 206, cuaderno 1). <\/p>\n

3.- En cumplimiento de dicha directriz el \u00abFuncionario Delegado con atribuciones jurisdiccionales\u00bb en las \u00abactuaciones de la liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n\u00bb profiri\u00f3 auto en el que dispuso: \u00abNotificar al liquidador de la concursada, las partes y terceros interesados en el proceso, la acci\u00f3n de tutela No. 2019-02466-00 promovida por el se\u00f1or Nelson Rodolfo Castellanos Su\u00e1rez contra la Superintendencia de Sociedades, que cursa en la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, cuya admisi\u00f3n fue notificada a esta Entidad con memorial 2019-01-470021 de fecha 11 de diciembre de 2019, en el que adem\u00e1s se indic\u00f3 que se le concedi\u00f3 a esta Entidad un t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda pata contesta la referida acci\u00f3n de tutela. Notif\u00edquese y c\u00famplase\u00bb. <\/p>\n

3.- El ruego se deneg\u00f3 (fls. 320 a 322), decisi\u00f3n que la Secretar\u00eda del Tribunal notific\u00f3 al actor y a los convocados (fls. 324 a 327). Por otra parte, el 16 siguiente fij\u00f3 aviso en el que puso en conocimiento a \u00abpartes, terceros, intervinientes e interesados en el proceso de liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n adelantado por la Superintendencia de Sociedades con el radicado 85890\u00bb, la aludida determinaci\u00f3n (fl. 331). <\/p>\n

4.- El peticionario refut\u00f3 lo resuelto. Concedida la impugnaci\u00f3n, se remiti\u00f3 la causa a esta Corporaci\u00f3n para que la dirimiera. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, pauta que ratifica el art\u00edculo 5 del Decreto 306 de 1992, al se\u00f1alar que <\/p>\n

[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Sobre el particular en CSJ STC16051-2019 se dijo que <\/p>\n

(\u2026) dado que la normatividad rectora de la acci\u00f3n de tutela no contiene reglas espec\u00edficas que permitan establecer las circunstancias en las cuales las notificaciones efectuadas al interior del tr\u00e1mite constitucional constituyen garant\u00eda suficiente del debido proceso y defensa de los involucrados en el tr\u00e1mite constitucional, es necesario dar aplicaci\u00f3n, como lo precept\u00faa la disposici\u00f3n anterior, a los principios generales del estatuto procesal vigente, en particular aquellos contenidos en los art\u00edculos 11 y 12, referentes a que en la interpretaci\u00f3n de las normas adjetivas debe tenerse en cuenta que su objeto es la \u00abefectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb y que los vac\u00edos de las disposiciones instrumentales se llenar\u00e1n con preceptos que regulen casos semejantes. <\/p>\n

Por ello y sobre la base de que al imponer la notificaci\u00f3n de las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela a trav\u00e9s de un medio expedito y eficaz, los art\u00edculos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 propugnan por facilitar el derecho de defensa antes que por obstaculizarlo, se justifica la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las normas del C\u00f3digo General del Proceso que regulan el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n a las entidades de derecho privado. <\/p>\n

Lo precedente, porque tales disposiciones contienen las pautas que permiten dilucidar cuando se ha cumplido v\u00e1lidamente dicho acto y los requerimientos que para ese fin deben verificarse en aras de asegurar la vigencia material de las garant\u00edas procesales de que es titular el sujeto notificado. <\/p>\n

En varios de sus fallos, la Corte Constitucional acogi\u00f3 esta postura (A-091-02, A-065-13, A-088-16, entre otros), reiter\u00e1ndola en la sentencia T-286 de 2018 al ratificar que \u00ablas notificaciones en la acci\u00f3n de tutela no solo se rige por lo dispuesto en las normas previamente citadas (Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992), sino en las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -hoy C\u00f3digo General de Proceso- de conformidad con el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992\u00bb (CC, 23 jul. 2018, rad. T-6.641.196). <\/p>\n

Siendo as\u00ed, es claro, que la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb que en primer lugar debe intentarse para que aqu\u00e9lla sea eficaz y se garantice el \u00abderecho de defensa\u00bb de las \u00abpartes e intervinientes\u00bb en la \u00abtutela\u00bb, es la personal, reglada en el art\u00edculo 291 del estatuto adjetivo. Y de no lograrse, deber\u00e1 acudirse a otras subsidiarias. Frente al t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha puntualizado: <\/p>\n

Dentro de las decisiones que deben notificarse en el curso del proceso de tutela est\u00e1 el auto admisorio de la demanda, notificaci\u00f3n que es de suma importancia, pues es el mecanismo procesal a partir del cual se efect\u00faa la debida integraci\u00f3n del contradictorio (\u2026). Esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que, en principio, lo ideal es la notificaci\u00f3n personal. Sin embargo, si \u00e9sta es imposible de efectuar se debe proceder \u201ca informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019 (Auto 012A de 1996), y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador; adecuando en cada caso el desarrollo de la diligencia a la urgencia inherente a la acci\u00f3n de tutela, para lo cual el juez podr\u00e1 dar cumplimiento al art\u00edculo 319 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en la parte que indica que a falta de un t\u00e9rmino legal para un acto, \u2018el juez se\u00f1alar\u00e1 el que estime necesario para su realizaci\u00f3n de acuerdo con las circunstancias\u2019 (Auto 012A de 1996)\u201d (\u2026).
\n\u00a0
\nDe lo anterior se concluye que la notificaci\u00f3n es eficaz solamente cuando el interesado conoce efectivamente el contenido de la respectiva providencia, por lo que en el desarrollo de esa diligencia se le exige al juez desplegar toda su diligencia, de modo que si no es dable la notificaci\u00f3n personal deber\u00e1 acudir a otros medios de notificaci\u00f3n expeditos y oportunos (se enfatiza, C. Constitucional A123-2019). <\/p>\n

Ahora, una de las formas para practicar la \u00abnotificaci\u00f3n personal\u00bb, es trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico. As\u00ed se desprende del inciso final del numeral 4 del canon 291, pues reza: <\/p>\n

Cuando se conozca la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de quien deba ser notificado, la comunicaci\u00f3n podr\u00e1 remitirse por el secretario o el interesado por medio de correo electr\u00f3nico. Se presumir\u00e1 que el destinatario ha recibido la comunicaci\u00f3n cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejar\u00e1 constancia de ello en el expediente y adjuntar\u00e1 una impresi\u00f3n del mensaje de datos. <\/p>\n

De manera, que si se sabe la \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb de los \u00abinteresados\u00bb, debe ser utilizada con el prop\u00f3sito de obtener su \u00abvinculaci\u00f3n\u00bb a la guarda. <\/p>\n

2.- Bajo tales lineamientos, se advierte que en el sub lite, el \u00abenteramiento\u00bb del resguardo a los \u00abintervinientes\u00bb en el juicio acusado no cumple con tales exigencias, ya que para informarles sobre aqu\u00e9l, la Superintendencia simplemente emiti\u00f3 \u00aborden de notificarlos\u00bb, sin dirigirles a las \u00abdirecciones f\u00edsicas o electr\u00f3nicas\u00bb que figuran registradas en el expediente de la \u00abliquidaci\u00f3n\u00bb, comunicaci\u00f3n alguna, o al menos, no figura evidencia de ello en el expediente. Tanto as\u00ed, que cuando el Tribunal notici\u00f3 el \u00abfallo de tutela\u00bb, s\u00f3lo libr\u00f3 oficios al precursor y a los convocados, dejando de lado a quienes les asist\u00eda inter\u00e9s en las resultas de estas diligencias, a quienes \u00abnotific\u00f3\u00bb, de forma indeterminada, a trav\u00e9s de un \u00abaviso\u00bb. <\/p>\n

4.- Por otro lado, no debe perderse de vista, que si bien nada obsta para que el \u00abjuez de tutela\u00bb, cuando se enjuician \u00abactuaciones jurisdiccionales\u00bb, delegue al juzgador atacado la \u00abnotificaci\u00f3n de la providencia\u00bb que la \u00abadmite\u00bb a los \u00abintervinientes\u00bb del respectivo \u00abproceso\u00bb, le corresponde hacer un control de legalidad sobre tal labor, pues es, quien debe, por mandato del art\u00edculo 5 del Decreto 306 de 1992, \u00abvelar\u00bb porque \u00abel medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n

Por eso ha dicho, la Corte Constitucional <\/p>\n

(\u2026) el juez constitucional, como director del proceso, est\u00e9 obligado a\u00a0 -entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al tr\u00e1mite a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019 (A412-2015). <\/p>\n

Adem\u00e1s, de ello depender\u00e1 que logre la \u00abnotificaci\u00f3n del fallo\u00bb, toda vez que si no conoce los datos de los \u00abintervinientes del litigio\u00bb correspondiente, no podr\u00e1 darse cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual \u00ab[e]l fallo se notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento a m\u00e1s tardar el d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb (se resalta). <\/p>\n

5.- En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

Primero.- Declarar la nulidad de la sentencia de 13 de diciembre de 2019 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a fin que se entere, en debida forma, del inicio de este resguardo a los \u00abintervinientes\u00bb en la liquidaci\u00f3n de Transporte Zonal Integrado S.A.S, radicado bajo el n\u00famero 2019-01-406657. <\/p>\n

Lo dem\u00e1s, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, conserva validez. <\/p>\n

Segundo.- Devolver el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen para que reanude el procedimiento en los t\u00e9rminos se\u00f1alados. <\/p>\n

Tercero.- Comun\u00edquese lo resuelto a los implicados y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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