{"id":103529,"date":"2026-07-02T21:21:41","date_gmt":"2026-07-02T21:21:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103529"},"modified":"2026-07-02T21:21:41","modified_gmt":"2026-07-02T21:21:41","slug":"atc160-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc160-2020\/","title":{"rendered":"ATC160-2020"},"content":{"rendered":"
ATC160-2020 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Veinte Civil Municipal de Oralidad de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por John Jhansen Aguado Cabal contra la Universidad Francisco de Paula Santander y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (CNSC). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante dirigi\u00f3 su escrito introductor al \u00abJUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA\u00bb de Cali, pretendiendo que se ordene a las precitadas autoridades \u00abllevar a cabo la correcci\u00f3n de mi estado dentro del proceso de selecci\u00f3n No. 437-2017 \u2013Valle del Cauca, pasando al estatus de \u201cAdmitido\u201d, y en ese sentido se corrijan los resultados de las pruebas b\u00e1sicas, realizando la respectiva calificaci\u00f3n y contin\u00fae dentro del proceso de selecci\u00f3n previsto por la CNSC\u00bb. <\/p>\n

Como sustento de la queja constitucional, se\u00f1al\u00f3 que particip\u00f3 en el concurso de m\u00e9ritos previsto en la Convocatoria 437 de 2017, pero que hubo presuntas irregularidades en la elaboraci\u00f3n de las preguntas por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander, as\u00ed como en la respectiva calificaci\u00f3n realizada por la CNSC. <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Veinte Civil Municipal, al que inicialmente correspondi\u00f3 conocer el asunto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que \u00abla Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil es el ente encargado de regular el acceso a los empleos p\u00fablicos a Nivel Nacional y por lo tanto es el ente convocante para la realizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los concursos, teniendo entonces la calidad de accionado\u00bb; por lo que, al ser una entidad del orden nacional con domicilio en Bogot\u00e1, su conocimiento corresponde al Juez Civil del Circuito (reparto) de esa localidad. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n

3.\tEl estrado judicial receptor, esto es, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00abel accionante tiene su domicilio en el municipio de Cali, e interpone acci\u00f3n de tutela con el prop\u00f3sito de que se protejan sus derechos fundamentales los cuales considera conculcados con ocasi\u00f3n de la Convocatoria de cargos p\u00fablicos del Valle del Cauca \u2013proceso de selecci\u00f3n 437 de 2017. As\u00ed las cosas, contaba el accionante con la posibilidad de interponer la tutela a prevenci\u00f3n en Cali, donde adem\u00e1s la vulneraci\u00f3n produce sus efectos\u00bb. Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n

Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir este asunto por cuanto involucra a dos despachos de diferentes distritos judiciales, respecto de los cuales por la materia de la causa, se detenta condici\u00f3n de superior funcional com\u00fan; ello de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

2.1. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n

En lo atinente al criterio por el factor territorial de competencia para el conocimiento de las acciones de tutela el canon 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abSon competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Concuerda el anterior precepto con el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, el cual se\u00f1ala que \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n

De esta manera, es claro que la solicitud de amparo es formulada para lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales, por ello el an\u00e1lisis que verse sobre la competencia para resolver el asunto requiere de unas particulares consideraciones en relaci\u00f3n con el lugar en el que ocurre la vulneraci\u00f3n o amenaza, y donde se concreten las consecuencias de la presunta transgresi\u00f3n; lo anterior, sin desconocer la selecci\u00f3n del juzgador al que hubiere acudido el interesado para reclamar la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, circunstancias que deber\u00e1n ser ponderadas al momento de decidir. <\/p>\n

Ello resulta coherente con las precisiones que esta Corporaci\u00f3n ha realizado en asuntos de similar contorno, en los que ha determinado lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848, ATP, 21 ene. 2010, rad. 46.120 y ATC2816-2017. 4 may. rad. 00913-00). <\/p>\n

Conforme con ello, es claro que tanto los jueces de Bogot\u00e1, como los de Cali, son competentes, prima facie, para conocer del resguardo; no obstante, en el presente asunto el promotor acudi\u00f3 a los juzgados de la ciudad de Cali, lugar en el que afirma se produce la vulneraci\u00f3n deprecada, siendo este el factor determinante para realizar la asignaci\u00f3n. <\/p>\n

2.2.\tSobre la calidad de la entidad demandada. <\/p>\n

En el sub ex\u00e1mine, se tiene que la autoridad demandada es la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, entidad aut\u00f3noma del orden nacional1, por lo que se colige v\u00e1lidamente que son los jueces con categor\u00eda de circuito de la precitada localidad quienes deben asumir su resoluci\u00f3n, y no los despachos en contienda, como pasa a explicarse. <\/p>\n

En efecto, n\u00f3tese que, como se se\u00f1al\u00f3 en precedencia, el lugar donde se materializa la presunta conculcaci\u00f3n es la ciudad de Cali, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que no es ninguno de los funcionarios en conflicto quien debe asumir el conocimiento de este tr\u00e1mite constitucional, sino que la competencia radica en el Juzgado Civil del Circuito de Cali (reparto), comoquiera que: (i) es all\u00ed donde se producen los efectos de las actuaciones que se relacionan como vulneradoras de las prerrogativas del convocante; (ii) el actor escogi\u00f3 dicha especialidad para interponer el amparo; y (iii) la entidad querellada es del orden nacional, como previamente se expuso. <\/p>\n

3.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

En definitiva, se impone ratificar que la competencia para conocer del presente resguardo no es de los falladores involucrados en esta colisi\u00f3n, sino de los Juzgados Civiles del Circuito de Cali \u2013por las razones desarrolladas en precedencia\u2013, entre quienes se ordenar\u00e1 repartir las presentes diligencias para lo de su cargo. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. DECLARAR competente a los Juzgados Civiles del Circuito de Cali (reparto) para conocer la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al Centro de Servicios Judiciales de la precitada localidad, para que someta la demanda en referencia al respectivo reparto. <\/p>\n

TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia. <\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tAcuerdo 01 de 2004, por el cual se aprueba y \tadopta el reglamento de organizaci\u00f3n y funcionamiento de la \tComisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil. Art\u00edculo 2 \tNaturaleza Jur\u00eddica: La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio \tCivil es un \u00f3rgano constitucional, aut\u00f3nomo e \tindependiente de las ramas del Poder P\u00fablico, de \tcar\u00e1cter permanente del nivel nacional, \tdotada de autonom\u00eda administrativa, personalidad jur\u00eddica \ty patrimonio propio.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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