{"id":103535,"date":"2026-07-02T21:22:06","date_gmt":"2026-07-02T21:22:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103535"},"modified":"2026-07-02T21:22:06","modified_gmt":"2026-07-02T21:22:06","slug":"atc173-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc173-2020\/","title":{"rendered":"ATC173-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2019-00120-03
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

La Corte procede a resolver la consulta respecto de la decisi\u00f3n proferida el 20 de enero del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del incidente de desacato formulado por Liliana Jim\u00e9nez Correa contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, mediante la cual se impuso al doctor H\u00e9ctor F\u00e9lix Campo Rodr\u00edguez, titular del citado Despacho, un (1) d\u00eda de arresto y multa de un (1) s.m.l.m.v. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa peticionaria a trav\u00e9s de gestor judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, por considerarlos conculcados por la citada autoridad jurisdiccional, con la sentencia de segunda instancia emitida en audiencia el 22 de julio de 2019, dentro del proceso ejecutivo singular que promovi\u00f3 frente a Ever Bola\u00f1os Jojoa, con radicado No. 2018-00218-00, pues en su sentir, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abDERIVADA DE LA ALTERACI\u00d3N DEL T\u00cdTULO VALOR\u00bb, tras realizar una indebida valoraci\u00f3n probatoria, dado que el Juez acusado dio por probados hechos sin estarlo, y \u00able cambi\u00f3 totalmente el alcance a las pruebas practicadas\u00bb, sumado a que, dice, invirti\u00f3 la carga de la prueba en perjuicio de sus intereses. <\/p>\n

2.\tEn decisi\u00f3n del 26 de agosto de ese mismo a\u00f1o, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, con sustento en que la determinaci\u00f3n atacada estaba fundamentada en argumentos razonables y en la jurisprudencia vigente sobre la tem\u00e1tica discutida. <\/p>\n

3.\tImpugnada dicha resoluci\u00f3n, mediante providencia del 9 de octubre siguiente, esta Corporaci\u00f3n la revoc\u00f3, y en consecuencia, concedi\u00f3 la salvaguarda rogada, tras considerar que el estrado judicial encartado incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos ausencia de motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente, por lo que dej\u00f3 sin efecto la sentencia criticada, y, orden\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, \u00abque dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda nuevamente a resolver el recurso de apelaci\u00f3n que el ejecutado formul\u00f3 contra la sentencia emitida el 27 de mayo hoga\u00f1o en la citada ejecuci\u00f3n, en relaci\u00f3n a la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cDERIVADA DE LA ALTERACI\u00d3N DEL TITULO VALOR\u201d, exclusivamente, atendiendo la parte motiva de la presente providencia\u00bb (fls. 6 a 17, cdno. 1). <\/p>\n

4.\tComoquiera que el 14 de noviembre de 2019, la tutelante inform\u00f3 a la citada Colegiatura que la mentada disposici\u00f3n no hab\u00eda sido acatada por la referida autoridad judicial (fls. 2 a 5, Cit.), el 2 de diciembre siguiente se requiri\u00f3 al titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito para que cumpliera la referida orden constitucional, o en caso contrario, allegara copia de los documentos que acreditaran esa situaci\u00f3n1 (fl. 30, \u00eddem), decisi\u00f3n que le fue comunicada v\u00eda correo electr\u00f3nico (fl. 31, ejusdem). <\/p>\n

5. El juez accionado a trav\u00e9s de memorial radicado el 6 de diciembre subsiguiente inform\u00f3, que el 12 de noviembre anterior celebr\u00f3 audiencia donde resolvi\u00f3 nuevamente de fondo el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, acatando lo dispuesto por el juez constitucional (fls. 33 y 34, Cfr.); sin embargo, mediante prove\u00eddo del d\u00eda 11 del mismo mes y a\u00f1o, el mentado Tribunal dio apertura al incidente de desacato contra el citado funcionario, a quien se le corri\u00f3 traslado por tres (3) d\u00edas para que ejerciera su derecho de defensa (fl. 41, ib\u00eddem), remiti\u00e9ndose para el efecto las comunicaciones respectivas (fl. 44, Cit.), lapso dentro del cual el incidentado reiter\u00f3 lo manifestado (fl. 47, ib.). <\/p>\n

6. Vencido dicho t\u00e9rmino, por auto del 13 de enero de los corrientes se decretaron pruebas, entre ellas, las documentales allegadas por la incidentante y por la autoridad censurada, as\u00ed como el expediente de la ejecuci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis constitucional que fue remitido por el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Isnos (fl. 56, cdno. 1). <\/p>\n

7. El 20 de enero pasado, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva emiti\u00f3 la providencia materia de consulta, en la que luego de rese\u00f1ar los antecedentes, fundamentos jur\u00eddicos y medios de prueba aportados durante el diligenciamiento, y, de transcribir algunos apartes de la sentencia de reemplazo emitida el 12 de noviembre de 2019 por el Juez Segundo Civil del Circuito de Pitalito, puntualiz\u00f3, en suma, que dicho funcionario incumpli\u00f3 la orden constitucional que le fue impartida por esta Sala en fallo del 9 de octubre anterior, en la medida en que \u00abpese a no afirmar formal y tajantemente que a la demandante le correspond\u00eda probar la existencia y el contenido de la carta de instrucciones\u2026, desde el punto de vista material s\u00ed se realiz\u00f3 un traslado de la carga de la prueba al atribuirle a aqu\u00e9lla el deber de otorgar certidumbre sobre aspectos relacionados con el llenado del t\u00edtulo, lo cual, como bien lo explic\u00f3 la Corte, era carga del demandado\u00bb; pues, en definitiva, \u00abla orden constitucional de rehacer el fallo\u2026 no consist\u00eda simplemente en enmendar formalmente la inversi\u00f3n de la carga de la probatoria, sino que al hacerlo el Juez garantizara materialmente el derecho fundamental al debido proceso que con tal actuar se estaba conculcando\u00bb. <\/p>\n

En consecuencia, sancion\u00f3 al citado juez con arresto por un (1) d\u00eda y multa equivalente a un (1) s.m.l.m.v. (fls. 62 a 68, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De entrada cabe precisar, que acorde con lo previsto en el inciso 2\u00aa del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; en raz\u00f3n a lo cual no existe duda de la competencia de esta Sala para desatar el grado de consulta respecto de la sanci\u00f3n impuesta por el Tribunal Constitucional de instancia. <\/p>\n

2.\tAhora, de conformidad con la norma en cita, el \u00e1mbito de esta decisi\u00f3n ata\u00f1e en determinar si debe mantenerse o revocarse la sanci\u00f3n impuesta por el Tribunal de Neiva, circunstancia que impone verificar el destinatario de la orden, el t\u00e9rmino temporal para ejecutarla, y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se cumpli\u00f3 la orden impartida mediante la sentencia; de este modo, entonces, si de dicho an\u00e1lisis se concluye en la inobservancia de lo ordenado constitucionalmente, habr\u00e1 que determinarse si \u00e9ste fue total o parcial, y las razones por las cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad subjetiva del sujeto obligado, para finalmente, si \u00e9sta existe, imponerle la sanci\u00f3n y para esto, obviamente, es necesario darle tr\u00e1mite al incidente propuesto. <\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, la actividad que la Corte debe realizar, se ci\u00f1e a efectuar un ejercicio de comparaci\u00f3n o cotejo entre lo dispuesto en la decisi\u00f3n emitida dentro del memorado proceso constitucional, y la conducta calificada como indiferente, negligente o insuficiente que se reprocha, dado que como lo indicara esta Sala en oportunidad anterior al resolver un asunto de igual naturaleza al que ahora se examina, \u00abel desacato se predica de quien incumple la orden emanada del Juez de tutela, pues se parte del supuesto de que el sujeto contra quien se pronunci\u00f3 la decisi\u00f3n, debe ajustar estrictamente su conducta a los par\u00e1metros se\u00f1alados por el fallador, tendiente a ordenar que cese la vulneraci\u00f3n que motiv\u00f3 el proceso constitucional\u00bb (reiterado entre otras, en CSJ ATC3280-2017). <\/p>\n

4.\tUna vez establecida la competencia funcional de esta Colegiatura en el escenario de la consulta prevista en la ley, es imperativo observar, en primer t\u00e9rmino, que mediante providencia calendada 9 de octubre de 2019, esta Corte, en sede de impugnaci\u00f3n, tras acceder a la protecci\u00f3n rogada por la se\u00f1ora Liliana Jim\u00e9nez Correa, dej\u00f3 sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 22 de julio anterior por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, dentro del proceso ejecutivo singular que aqu\u00e9lla adelant\u00f3 frente al se\u00f1or Ever Bola\u00f1os Jojoa, orden\u00e1ndole puntualmente a dicha autoridad, \u00abque dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda nuevamente a resolver el recurso de apelaci\u00f3n que el ejecutado formul\u00f3 contra la sentencia emitida el 27 de mayo hoga\u00f1o en la citada ejecuci\u00f3n, en relaci\u00f3n a la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cDERIVADA DE LA ALTERACI\u00d3N DEL TITULO VALOR\u201d, exclusivamente, atendiendo la parte motiva de la presente providencia\u00bb2. <\/p>\n

5. Sin embargo, escuchado el audio que contiene los pormenores de la audiencia donde se dict\u00f3 el fallo de reemplazo3, advierte sin mayor esfuerzo la Sala que habr\u00e1 de revocarse la sanci\u00f3n impuesta en este tr\u00e1mite incidental al doctor H\u00e9ctor F\u00e9lix Campo Rodr\u00edguez, en su calidad de titular del citado Despacho, comoquiera que, contrario a lo divisado por el Tribunal de Neiva, \u00e9ste s\u00ed atendi\u00f3 el mandato que se le dio en la providencia descrita l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n

Para llegar a esa conclusi\u00f3n, es necesario traer a colaci\u00f3n los razonamientos que tuvo esta Corporaci\u00f3n para adoptar el citado fallo, los que se transcriben a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab2.3. En la decisi\u00f3n que se revisa, el juez acusado traslad\u00f3 la carga de la prueba a la parte ejecutante, aqu\u00ed actora, atendiendo a que el extremo pasivo del litigio neg\u00f3 haber efectuado con \u00e9sta un negocio jur\u00eddico que diera lugar a la suscripci\u00f3n del t\u00edtulo valor objeto de recaudo, as\u00ed como haberle dado instrucciones para su llenado, tales negaciones no pueden enervar la obligaci\u00f3n que tiene el demandado de demostrar la mala fe del tenedor cuando alega que dicho instrumento fue alterado, a trav\u00e9s de cualquiera de los medios de prueba permitidos por la ley de enjuiciamiento civil, en atenci\u00f3n a la presunci\u00f3n de buena fe que lo cobija y la regla probatoria consignada en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Ello por cuanto que, \u00abconforme a principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto gen\u00e9rico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocaci\u00f3n de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante\u00bb y, \u00abante la perentoria fuerza vinculante que emerge de un t\u00edtulo valor, es al deudor a quien corresponde demostrar que no existieron instrucciones para completar el documento, ni en el momento de su creaci\u00f3n, ni despu\u00e9s, o que en todo caso, de haber existido, \u00e9stas fueron desatendidas por el acreedor\u2026\u00bb (Resalto ajeno al texto) (CSJ STC, 15 dic. 2009, Rad. 2009-00629-01, reiterada el 19 jul 2012, Rad. 2012-00059-01 y en STC14609-2014). \u00a0 <\/p>\n

2.4. Bajo tales raciocinios, no cabe duda, entonces, que en lo concerniente al estudio de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cDERIVADA DE LA ALTERACI\u00d3N DEL TITULO VALOR\u201d, el juez censurado, producto de invertir erradamente la carga probatoria en la ejecuci\u00f3n referenciada, se qued\u00f3 corto en el an\u00e1lisis de la misma, descuido que, indudablemente, transgredi\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante\u00bb. <\/p>\n

De este modo, al abordar nuevamente el juez censurado la apelaci\u00f3n propuesta por el demandado en la rese\u00f1ada ejecuci\u00f3n, preliminarmente ilustr\u00f3, con apoyo en jurisprudencia de esta Sala sobre la intelecci\u00f3n de la regla probatoria consignada en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, que alude a que \u201c[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, particularmente, cuando como en el caso en estudio, el obligado excepciona alteraci\u00f3n del t\u00edtulo por haberse llenado sin instrucciones; luego, al entrar en materia, aunque volvi\u00f3 a valorar el interrogatorio de parte efectuado a la aqu\u00ed interesada, una denuncia penal elevada por \u00e9sta en contra de aqu\u00e9l por violencia intrafamiliar, y, la prueba grafol\u00f3gica realizada al t\u00edtulo valor objeto de recaudo por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo hizo para desvirtuar, a partir de este \u00faltimo medio de prueba, el cual fue recaudado a instancia del ejecutado, lo que los otros medios de convicci\u00f3n a su juicio exhiben; en otras palabras, a consecuencia de las inferencias probatorias que extrajo de la aludida prueba, rest\u00f3 m\u00e9rito a los otros elementos de persuasi\u00f3n, circunstancia que, a la luz del alcance de la orden impartida, indudablemente evidencia su acatamiento. <\/p>\n

6. Ahora, importa recordar, que la tarea del juez de la consulta es verificar \u201c(i) si hubo incumplimiento y si este fue total o parcial, apreciando en ambos casos las circunstancias del caso concreto \u2013la causa del incumplimiento\u2013 con el fin de identificar el medio adecuado para asegurar que se respete lo decidido\u201d y, \u201c(ii) si existe incumplimiento, deber\u00e1 analizar si la sanci\u00f3n impuesta en el incidente de desacato es la correcta, en esta etapa, se corrobora que no haya una violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n o de la Ley y que la sanci\u00f3n es adecuada, dadas las circunstancias espec\u00edficas de cada caso, para alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la acci\u00f3n de tutela, es decir, asegurar el goce efectivo del derecho tutelado por la sentencia\u201d (C.C. SU-034\/18); de ah\u00ed que, como en este caso el mandato dado no se\u00f1al\u00f3 en qu\u00e9 sentido deb\u00eda volver a fallar el juez acusado la defensa meritoria que denomin\u00f3 el ejecutado \u201cDERIVADA DE LA ALTERACI\u00d3N DEL TITULO VALOR\u201d, resulta improcedente entrar a valorar en este escenario las inferencias probatorias realizadas por aqu\u00e9l, las que de considerarse por parte de la tutelante erradas, y por ende, lesivas de sus derechos fundamentales, pueden ser cuestionadas por otro mecanismo, m\u00e1s no a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n

7.\tEn este orden de ideas, toda vez que constituye la finalidad del incidente de desacato la eficacia de las \u00f3rdenes proferidas tendientes a proteger los derechos fundamentales reclamados, y no se advierte un comportamiento que lleve a concluir que existi\u00f3 el incumplimiento denunciado frente a la determinaci\u00f3n del Juez Constitucional, no resulta justificado aplicar la sanci\u00f3n impuesta en la providencia materia de an\u00e1lisis, por lo que la decisi\u00f3n consultada habr\u00e1 de revocarse, pues est\u00e1 probado que el juez accionado profiri\u00f3 una sentencia de reemplazo en el juicio compulsivo tantas veces mencionado sin hacer una inversi\u00f3n en la carga probatoria. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, REVOCA la resoluci\u00f3n sancionatoria impuesta el 20 de enero del presente a\u00f1o por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, al doctor H\u00e9ctor F\u00e9lix Campo Rodr\u00edguez Germ\u00e1n L\u00f3pez como Juez Segundo Civil del Circuito de Pitalito. <\/p>\n

Previa notificaci\u00f3n a las partes por el medio m\u00e1s expedito, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida a la oficina judicial de origen para que forme parte del respectivo expediente. Of\u00edciese. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon Ausencia Justificada
\n1 \tDebido a que dicho escrito fue presentado ante esta Colegiatura, \tquien la remiti\u00f3 a la autoridad competente mediante prove\u00eddo \tdel 15 de noviembre (fls. 18 y 19, Ob.).
\n2 \tFolios \t62 a 68, cdno. 1.
\n3 \tFolio \t28, CD Min. 43:20 a 1:18:36.
\n11<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2019-00120-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020). La Corte procede a resolver la consulta respecto de la decisi\u00f3n proferida el 20 de enero del a\u00f1o en curso por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103535","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103535"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103535\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103535"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}