{"id":103542,"date":"2026-07-02T21:22:39","date_gmt":"2026-07-02T21:22:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103542"},"modified":"2026-07-02T21:22:39","modified_gmt":"2026-07-02T21:22:39","slug":"atc194-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc194-2020\/","title":{"rendered":"ATC194-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC194-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2019-00021-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2017). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el pasado 21 de enero, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Patricia Herrera Cabarcas contra la Juez Segunda Civil del Circuito Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Pasto, si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante, actuando en nombre propio, reclama el amparo de los derechos fundamentales \u00aba un debido proceso, a la salud, al m\u00ednimo vital, a una vida en condiciones dignas y, por virtud de la condici\u00f3n de debilidad manifiesta en que me encuentro por mi edad, siendo as\u00ed titular del derecho a una estabilidad laboral reforzada [sic]\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, expone que se desempe\u00f1a como escribiente en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pasto, nombrada en provisionalidad y que, como cumpli\u00f3 los requisitos de edad y tiempo de cotizaci\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, \u00abtiene derecho al amparo que me confiere la ley 790 de 2002\u00bb y permanecer en el empleo \u00abpor el tiempo necesario hasta que Colpensiones, en cumplimiento previo de sentencia que declare la ineficacia de mi traslado y el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, con inclusi\u00f3n efectiva en n\u00f3mina de pensionados\u00bb. <\/p>\n

Afirma que mediante Resoluci\u00f3n 0029 de 23 de octubre de 2019, la titular del despacho acept\u00f3 el traslado de Cristian Fernando Garc\u00eda Troya y lo design\u00f3, en propiedad, para ocupar el cargo en cuesti\u00f3n, sin embargo desconoci\u00f3 su condici\u00f3n de \u00abprejubilable\u00bb, determinaci\u00f3n que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n por ella incoado. <\/p>\n

3.\tPor lo anterior, solicita declarar que \u00abcumpl[e] con los requisitos para considerar que [se] encuentr[a] en [la condici\u00f3n] que alude la Ley 790 de 2002\u2026\u00bb y, como consecuencia de ello, \u00abse ordene a la se\u00f1ora jueza\u2026 [la] sostenga en el cargo\u2026 en provisionalidad\u2026 mientras se tramita [su] retorno a Colpensiones y esta a su vez cumple con la obligaci\u00f3n de incluir[la] en n\u00f3mina de pensionados\u00bb (fls. 1 a 6, cd. 1). <\/p>\n

4.\tEl tribunal a quo concedi\u00f3 el auxilio al precisar que el acto administrativo cuestionado se apart\u00f3 al precedente constitucional \u00abcontenido en las sentencias T-017 de 2012, T-186 de 2013 y T-326 de 2014\u00bb am\u00e9n que la nominadora no realiz\u00f3 un adecuado test de ponderaci\u00f3n entre la situaci\u00f3n del aspirante al aludido traslado con la de la aqu\u00ed actora, de cara a su antecedentes m\u00e9dicos y personales (fls. 160 a 168, ib\u00eddem). <\/p>\n

5.\tLa anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por Cristian Fernando Garc\u00eda Troya, quien fuera vinculado al tr\u00e1mite dado el directo inter\u00e9s que le asiste en el resultado (fls. 179 a 181, ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n

No obstante ser la acci\u00f3n de tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013 a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n

El factor de competencia de la herramienta supralegal se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991; sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio delas facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del demandado. <\/p>\n

2.\tDefinici\u00f3n de la competencia. <\/p>\n

Al revisar el diligenciamiento de este asunto, advierte la Corte la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, como quiera que si bien es cierto la demanda se dirige contra un Juzgado Civil del Circuito de esa especialidad, del cual esa corporaci\u00f3n es su superior funcional, en esta oportunidad no se debate aspecto alguno de orden jurisdiccional sino administrativo. <\/p>\n

En efecto, dentro de las reglas para el conocimiento de la tutela contenidas en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, en su numeral 5 establece que el amparo constitucional dirigido \u00abcontra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n

No obstante, como la queja a la que hace menci\u00f3n la accionante no entra\u00f1a una actuaci\u00f3n jurisdiccional de la funcionaria querellada, sino que versa sobre la decisi\u00f3n de nombrar a una persona que se postul\u00f3 para ejercer un cargo en propiedad y por ende integrar la planta de personal del Juzgado, claramente se vislumbra que la situaci\u00f3n corresponde a una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter administrativo como nominador de un empleo p\u00fablico, frente a la cual no aplica la disposici\u00f3n transcrita. <\/p>\n

Esta postura ha venido siendo sostenida por esta Sala, precisando que si el juez censurado funge como autoridad administrativa, se torna inaplicable la regla de competencia reservada para aquellos casos en donde se controvierte su actuaci\u00f3n como funcionario en el \u00e1mbito jurisdiccional, pues en tales circunstancias: <\/p>\n

\u00ab[N]o se aplica la regla 2\u00aa del art\u00edculo 1\u00b0 del precitado decreto [Decreto 1382 de 2000], seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de tutela promovida contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado, porque \u00e9sta se predica del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues en trat\u00e1ndose de su gesti\u00f3n administrativa queda regulada por los criterios de reparto consagrados en la regla 1\u00aa (\u2026)\u00bb
\n(CSJ ATC, 6 may. 2010, rad. 2010-00234-01; reiterado en ATC, 10 may. 2012, rad. 00593-01; ATC6185-2015, 23 oct. 2015, rad. 00627-01, ATC8523-2016, 9 dic. 2016, rad. 00396-01 y ATC2685-2017, 10 may. 2017, rad. 00098-01). <\/p>\n

En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n no asumi\u00f3 la segunda instancia de un asunto y lo devolvi\u00f3 para que se conociera por el Juez de Circuito, al encontrar que: <\/p>\n

\u00abel objeto de la censura en el asunto de la referencia versa alrededor de una cuesti\u00f3n eminentemente administrativa\u2026raz\u00f3n por la cual la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para pronunciarse en primera instancia sobre la queja constitucional\u2026Por lo anterior, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, y teniendo en cuenta que no se est\u00e1 controvirtiendo una actuaci\u00f3n de \u00edndole judicial y adem\u00e1s se trata de una entidad del orden Departamental, esta Corporaci\u00f3n se abstendr\u00e1 de avocar el conocimiento por ser un asunto propio de competencia de los jueces anteriormente mencionados y dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Monter\u00eda, para que efect\u00fae el reparto correspondiente, por tener el accionado sede en esa capital. Sobre este t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u2018s\u00f3lo cuando la acci\u00f3n se promueve contra el Tribunal en calidad de Corporaci\u00f3n Judicial le compete a la Corte Suprema de Justicia conocer de las tutelas, en calidad de superior funcional, seg\u00fan mandato del numeral 2 de la norma citada. \u2018Los t\u00e9rminos \u2018superior funcional\u2019 implica la posibilidad de conocer en recurso de apelaci\u00f3n o alzada las decisiones jurisdiccionales que en ejercicio de sus funciones cumplan los inferiores jer\u00e1rquicos\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 27 ago. 2008, rad, 00597, reiterado en ATC, 22 abr. 2013, rad, 2013-00089; ATC3946-2014, 15 jul. 2014, rad. 01504-00 y ATC8523-2016, 9 dic. 2016, rad. 00396-01). <\/p>\n

De dicha manera, la competencia en el caso concreto se atribuye con vista en el numeral 1 del precitado art\u00edculo 2.2.3.1.2.1, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, en asuntos como \u00e9ste, donde invoca un supuesto comportamiento lesivo a derechos, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de un funcionario judicial con categor\u00eda de circuito, en aspectos de linaje administrativo, la Corte ha dicho que, \u00aben rigor, no cumple funciones jurisdiccionales y, por consiguiente, la competencia para conocer del amparo constitucional corresponde a los jueces municipales del lugar de ocurrencia de los hechos por mandato del inciso 3\u00ba, numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, porque en esas condiciones califica como \u201cuna autoridad del orden distrital o municipal\u00bb (CSJ ATC, 14 dic. 2007, rad. 2007-00121-01; reiterado, entre otros en ATC1941-2017, 23 mar. 2017, rad. 0033-01). <\/p>\n

Ahora bien, la facultad para tramitar el amparo en manera alguna podr\u00eda verse afectada con una posible vinculaci\u00f3n oficiosa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o, pues la actora no dirige reproche alguno en su contra, habida consideraci\u00f3n que su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a enviar la lista de elegibles para que el respectivo nominador procediera a proveer el cargo. <\/p>\n

Al respecto ha sostenido esta Sala que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC3603-2016, 9 jun. 2016, rad. 00045-01, y ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01, entre otros). <\/p>\n

3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

En este orden, de conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali para conocer en primera instancia de la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a los Juzgados Municipales (reparto) de Pasto para lo de su competencia. <\/p>\n

De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, a efecto de que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte un nuevo fallo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

Sobre esta potestad, esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026) <\/p>\n

5.\tDe la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n

En cuanto a la orden que en esta oportunidad se impartir\u00e1, se reitera que: <\/p>\n

\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC1941-2017, 23 mar. 2017, rad. 00033-01, entre otros). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Patricia Herrera Cabarcas, desde el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n

SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente, a los Juzgados Municipales de la ciudad de Pasto (reparto), para que asuman el conocimiento de la presente salvaguarda constitucional. <\/p>\n

TERCERO: Por un medio expedito, comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y a la Sala a quo. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC194-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2019-00021-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2017). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103542","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103542","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103542"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103542\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103542"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103542"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103542"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}