{"id":103571,"date":"2026-07-02T21:24:48","date_gmt":"2026-07-02T21:24:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103571"},"modified":"2026-07-02T21:24:48","modified_gmt":"2026-07-02T21:24:48","slug":"atc258-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc258-2020\/","title":{"rendered":"ATC258-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC258-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00008-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de marzo dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de marzo de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, con lo resuelto al interior del procedimiento administrativo policivo de recuperaci\u00f3n de un bien fiscal adelantado en su contra. <\/p>\n

Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Jefe de la Oficina de Inspecciones y Comisar\u00edas de Familia de la Alcald\u00eda de Barranquilla, \u00abdej[ar] sin efectos la Resoluci\u00f3n No. 036 del 21 de octubre de 2019 y en su defecto proceda a estudiar y resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por [su] apoderado judicial (\u2026) en la audiencia de septiembre 26 de 2019 y sustentado en memorial de octubre 1 de 2019\u00bb (fl. 4, cdno. 1) <\/p>\n

2.\tComo apoyo f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que en la referida diligencia adelantada el 26 de septiembre de 2019 por la Inspectora 14 de Polic\u00eda Urbana de Barranquilla, sin que mediara notificaci\u00f3n previa, dicha autoridad procedi\u00f3 junto con unos vigilantes privados, \u00aba derrumbar dos viviendas, destruir cultivos y tomar en posesi\u00f3n quince mil metros que [\u00e9l] manten\u00eda en posesi\u00f3n\u00bb; que no obstante se opuso a la diligencia, al final del acta elevada fue declarado junto con otras personas all\u00ed presentes, \u00abinfractores (\u2026) por comportamientos contrarios a la protecci\u00f3n de bienes inmuebles donde el Distrito es titular del domino del bien ubicado en la Manzana 157 Sector 2 de la Loma, Secci\u00f3n 1, aplicando el despacho la medida correctiva dispuesta en el numeral 1\u00ba que dispone la restituci\u00f3n y la protecci\u00f3n del inmueble en un t\u00e9rmino de 45 minutos\u00bb. <\/p>\n

Afirma que en el curso de la actuaci\u00f3n le hab\u00eda sido reconocida personer\u00eda a un abogado al que \u00e9l le confiri\u00f3 poder, quien apel\u00f3 la precitada decisi\u00f3n, alegando que no se le permiti\u00f3 solicitar pruebas \u00abpara demostrar que se encontraba en un predio de propiedad privada\u00bb; no obstante, al resolverse la alzada mediante Resoluci\u00f3n No. 036 del 21 de octubre siguiente de la Oficina de Inspecciones y Comisar\u00edas de Familia de Barranquilla, en la parte final se consider\u00f3 que su mandatario no estaba legitimado para representar sus intereses, porque \u00abno [se] recibi\u00f3 poder\u00bb, confirm\u00e1ndose por ende lo determinado en primer grado, situaci\u00f3n que en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n

3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque \u00abestudiado el caudal probatorio se pudo establecer que el accionante tiene a su disposici\u00f3n otra v\u00eda judicial (las acciones de recuperaci\u00f3n de la presunta posesi\u00f3n alegada) para discutir las decisiones emitidas por la Inspecci\u00f3n 14 de Polic\u00eda Urbana de Barranquilla y el Jefe de Inspecciones, lo que hace improcedente el camino constitucional por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, sumado a que tampoco logr\u00f3 probarse el posible perjuicio irremediable para la procedencia excepcional de la tutela\u00bb (fls. 188 al 198, ib\u00eddem). <\/p>\n

4. Impugnada la sentencia por el promotor (fls. 206 al 209, ib\u00edd.), las diligencias fueron remitidas a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De \tlo anteriormente relatado, y comoquiera que esta Corporaci\u00f3n \tha indicado que, son los cargos esbozados en el escrito de tutela \tlos que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las \tautoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n \tconstitucional, para de ah\u00ed determinar el competente para \tconocer del amparo, se colige que con la misma \tse cuestiona el proceder de unas autoridades de polic\u00eda al \tinterior de la diligencia llevada a cabo para recuperar un bien \tfiscal, \tde lo que se \tadvierte primeramente, que en el presente tr\u00e1mite no est\u00e1 \ten discusi\u00f3n una decisi\u00f3n policiva proferida en \tejercicio de funciones jurisdiccionales, sino de \u00edndole \tadministrativa, tem\u00e1tica \tsobre la que ha precisado la Corte Constitucional que, <\/p>\n

\u00ablas decisiones que se tomen en\u00a0 el curso de un proceso policivo que se adelanta para solicitar la restituci\u00f3n de un bien fiscal o de un bien de uso p\u00fablico, no son decisiones de car\u00e1cter jurisdiccional, sino de car\u00e1cter administrativo que pueden ser controvertidas en la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso- Administrativo. Al respecto el Consejo de Estado ha se\u00f1alado que en esos casos \u201cno hay conflicto entre dos partes que sea dirimido por la autoridad policiva, como bien puede suceder en los amparos posesorios\u201d. Y ha establecido que en estos eventos: \u201cla Administraci\u00f3n no act\u00faa en ejercicio de competencias jurisdiccionales, sino como autoridad administrativa en ejercicio del poder de polic\u00eda; en consecuencia, dichos actos est\u00e1n sometidos a control jurisdiccional, el cual se ejerce por parte de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u201d.\u00bb (T-613 de 2013, reiterado en T-544 de 2016). <\/p>\n

2.\tEn ese orden de ideas, al presente asunto no era aplicable el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 que se\u00f1ala, que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n

3.\tAl quedar entonces la competencia para conocer del presente tr\u00e1mite determinada por la naturaleza jur\u00eddica de las autoridades que se acusan de haber transgredido los derechos fundamentales invocados, encuentra la Sala que, tanto la Inspecci\u00f3n 14 de Polic\u00eda Urbana de Barranquilla, como la Oficina de Inspecciones y Comisar\u00edas de Familia de la Alcald\u00eda de la misma ciudad, que conocieron de las actuaciones objeto de cuestionamiento, son una dependencia de la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de la prenombrada urbe, conforme qued\u00f3 establecido en el numeral 13 del Art\u00edculo 26 del Decreto acordal 0941 del 28 de diciembre de 2016, \u00abmediante el cual se adopta la estructura org\u00e1nica de la administraci\u00f3n central de la Alcald\u00eda del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla\u00bb, y, seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto acordal 936 del 27 de diciembre de 2016, \u00abpor el cual se determina el n\u00famero de inspecciones de polic\u00eda, comisar\u00edas, corregidur\u00edas del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y se establece su Jurisdicci\u00f3n\u00bb, siendo por ende ambas autoridades del orden municipal. <\/p>\n

4.\tAhora, como el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017 consagra, que la acci\u00f3n de tutela que se interponga contra \u00abcualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb, resulta evidente, entonces, que la salvaguarda debi\u00f3 ser conocida en primera instancia por un estrado de esa categor\u00eda, mas no por un Tribunal Superior, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, si se tiene en cuenta que, \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto entre otros CSJ ATC554-2019 y ATC798 – 2019). <\/p>\n

6.\tPor esta senda, al tenor del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, el asunto corresponde repartirlo es a los juzgados con categor\u00eda de municipal \u00abcon jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb, para que asuman su conocimiento en primera instancia, estrados que en este caso corresponden a los civiles municipales de Barranquilla, en tanto seg\u00fan se extrae del escrito inicial, la protecci\u00f3n que se solicita mediante este tr\u00e1mite no solo fue generada a instancias de un tr\u00e1mite seguido por una autoridad de dicha ciudad, sino que la falta de su otorgamiento tendr\u00e1 efectos all\u00ed mismo. <\/p>\n

7.\tResta se\u00f1alar, que en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n

\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ib). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO.\tEn consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados Civiles Municipales de la ciudad de Barranquilla, a trav\u00e9s del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que sea sometida a reparto, y se dicte el fallo constitucional que por esta v\u00eda se anula. <\/p>\n

TERCERO.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC258-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00008-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de marzo dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de marzo de dos mil veinte (2020).- ANTECEDENTES 1. El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103571","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103571"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103571\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}