{"id":103578,"date":"2026-07-02T21:26:17","date_gmt":"2026-07-02T21:26:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103578"},"modified":"2026-07-02T21:26:17","modified_gmt":"2026-07-02T21:26:17","slug":"atc270-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc270-2020\/","title":{"rendered":"ATC270-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC270-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03506-03
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de marzo de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Decide la Corte el incidente de desacato formulado por la Sociedad V\u00e1rix Center S.A.S., frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, integrada por los magistrados Amanda Janneth S\u00e1nchez Tocora, Benjam\u00edn de Jes\u00fas Yepes Puerta y Nelson Yesid Ru\u00edz Hern\u00e1ndez, dentro del tr\u00e1mite de la tutela instaurada por la incidentante respecto de la corporaci\u00f3n mencionada, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras adelantado por Flor de Mar\u00eda Granados, donde fungi\u00f3 como opositora la aqu\u00ed actora. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa gestora acude a esta actuaci\u00f3n porque, en su sentir, se inobserv\u00f3 el fallo de 25 de noviembre de 2019, mediante el cual esta Sala le concedi\u00f3 el amparo rogado y, en consecuencia, le orden\u00f3 al colegiado atacado:
\n\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, dej[ara] sin efecto la sentencia emitida el 19 de septiembre de 2019, en torno a lo definido sobre la oposici\u00f3n impetrada por la accionante, y proced[iera] a proveer sobre ella conforme a lo discurrido en este pronunciamiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.\tLa censora inici\u00f3 el resguardo rese\u00f1ado porque, en la determinaci\u00f3n de 19 de septiembre de 2019, se valor\u00f3, equivocadamente, el material probatorio, dado que no se analizaron \u201cadecuadamente las conductas desplegadas por [sus] mandantes\u201d, circunstancia por la cual la corporaci\u00f3n querellada neg\u00f3 su \u201coposici\u00f3n\u201d y no le otorg\u00f3 la compensaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n

3. La promotora impulsa el presente asunto, por cuanto, si bien el tribunal emiti\u00f3 una nueva decisi\u00f3n el 10 de diciembre de 2019, en cumplimiento del fallo de tutela, con la misma no se atendi\u00f3 lo considerado por esta Corte, pues, en su criterio, el incidentado se limit\u00f3 a <\/p>\n

\u201c(\u2026) transcribir el ac\u00e1pite en el que desarrolla este aspecto, los mismos argumentos y conclusiones que fueron objeto de reproche y materia de estudio por parte de la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, y frente a los cuales se hab\u00edan establecido algunos par\u00e1metros\u201d. <\/p>\n

Advierte que la colegiatura censurada se circunscribi\u00f3 a <\/p>\n

\u201c(\u2026) dar respuesta a los lineamientos establecidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia, como si se tratase de una contestaci\u00f3n de demanda y no de una sentencia de tutela proferida legalmente y que no fue objeto de reparo\u201d. <\/p>\n

Expone que el tribunal convocado incurri\u00f3 en desacato, por cuanto la orden tutelar fue clara en disponer un estudio concreto sobre la \u201cadjudicaci\u00f3n mediante Resoluci\u00f3n No. 0331 de 16 de julio de 2009, por parte del entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural a Franklin Pinto S\u00e1nchez y Lenis Gutierrez Pinz\u00f3n\u201d; empero, aqu\u00e9l omiti\u00f3 pronunciarse al respecto, pues se restringi\u00f3 \u201c(\u2026) nuevamente a reprochar, las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Corte, como si se tratase de una impugnaci\u00f3n del fallo de tutela\u201d. <\/p>\n

Sostiene que, en oposici\u00f3n a lo ordenado por esta Sala, la corporaci\u00f3n incidentada se mantiene en los argumentos esbozados en la decisi\u00f3n inicialmente proferida, neg\u00e1ndole el derecho a la quejosa de ser compensada; adem\u00e1s, no se efectu\u00f3 pronunciamiento alguno sobre el mejoramiento y la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio. <\/p>\n

4.\tEl 18 de diciembre de 2019, se requiri\u00f3 a la autoridad enjuiciada para que informara frente al cumplimiento a la sentencia donde se accedi\u00f3 a la salvaguarda (folio 55). <\/p>\n

5.\tEl incidentado remiti\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico la decisi\u00f3n donde, en su criterio, acat\u00f3 el fallo constitucional (folio 59). <\/p>\n

6. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia de 29 de enero de 2020, al desatar la impugnaci\u00f3n interpuesta por la colegiatura querellada, revoc\u00f3 la providencia de primer grado y, en consecuencia, deneg\u00f3 el amparo otorgado por esta Sala. <\/p>\n

7.\tPor no existir pruebas a decretar, por cuanto las obrantes son suficientes para resolver, ni m\u00e1s tr\u00e1mites que surtir, se procede a definir lo pertinente. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El desacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, fue erigido como un instrumento del cual dispone el juez de tutela para sancionar a quien hace caso omiso a las \u00f3rdenes impartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional, por cuanto, tal resguardo resultar\u00eda inocuo si no existiesen mecanismos como \u00e9ste, orientados a asegurar el cumplimiento de las instrucciones dispuestas para obtener la cesaci\u00f3n de la conducta lesiva o de las amenazas a las garant\u00edas superiores amparadas. <\/p>\n

2. Para establecer si existi\u00f3 o no desacato, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que debe surtirse una comparaci\u00f3n entre lo resuelto y la supuesta omisi\u00f3n endilgada al destinatario de la orden1. <\/p>\n

Asimismo, esta Colegiatura ha sido especialmente enf\u00e1tica al indicar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige \u2018al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato\u2019 y ha reiterado que \u2018el juicio de imputaci\u00f3n de la responsabilidad\u2019 en esa materia, \u2018no puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que en el tr\u00e1mite respectivo habr\u00e1 de establecerse que la orden judicial fue desatendida por negligencia de la persona obligada a cumplirla, aspecto \u00e9ste que deber\u00e1 ser demostrado en la correspondiente actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3.\tDescendiendo al caso objeto de estudio, de entrada advierte la Sala que no hay lugar a imponer sanci\u00f3n por desacato al tribunal censurado. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto, como se adujo en los antecedentes, el fallo de tutela de primera instancia, proferido el 25 de noviembre de 2019, fue impugnado por la corporaci\u00f3n cuestionada y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el 29 de enero de 2020, al desatar la impugnaci\u00f3n, la revoc\u00f3, para, en su lugar, denegar el resguardo reclamado. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, por sustracci\u00f3n de materia, resulta inviable la imposici\u00f3n de las sanciones pretendidas por la sociedad querellante, por cuanto es palpable que la determinaci\u00f3n que concedi\u00f3 el amparo, al ser revocada, carece de efectos. <\/p>\n

Por tanto, como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional, <\/p>\n

\u201c(\u2026) [a]un cuando el cumplimiento inmediato del fallo de tutela es la regla general, [se] (\u2026) ha admitido que, excepcionalmente, puede darse la circunstancia de que la decisi\u00f3n de tutela sea de imposible cumplimiento. En ese caso el destinatario de la orden est\u00e1 obligado a demostrar tal circunstancia en forma inmediata, eficiente, clara y definitiva. As\u00ed, ha dicho la jurisprudencia que \u201c[a]nte la orden impartida en un fallo de tutela su destinatario tiene dos opciones: una, que es la regla, cumplirla de manera inmediata y adecuada (art. 86 C.P) y, dos, que es la excepci\u00f3n, probar de manera inmediata, eficiente, clara y definitiva la imposibilidad de cumplirla\u2019 (sentencia C-367 de 2014) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esta misma l\u00ednea, este Tribunal ha dispuesto de vieja data que en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, el juez de conocimiento debe garantizar los derechos fundamentales de la autoridad p\u00fablica o del particular incumplido, comunic\u00e1ndole la iniciaci\u00f3n del mismo y d\u00e1ndole la oportunidad de que manifieste por qu\u00e9 no ha acatado la orden proferida por dicho despacho. As\u00ed, ha establecido que el responsable puede, adem\u00e1s de manifestar que cumpli\u00f3 o que el cumplimiento est\u00e1 en tr\u00e1mite, alegar que la orden es de imposible cumplimiento (sentencia T-086 de 2003): <\/p>\n

\u201cPor otro lado, sin desconocer que el tr\u00e1mite incidental de desacato debe tramitarse, al igual que la tutela, de manera expedita, es obligaci\u00f3n del juez garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de la persona contra quien se ejerce, en virtud de lo cual deber\u00e1: \u201c(1) comunicar al incumplido sobre la iniciaci\u00f3n del mismo y darle la oportunidad para que informe la raz\u00f3n por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. Es preciso decir que el responsable podr\u00e1 alegar dificultad grave para cumplir la orden, pero s\u00f3lo en el evento en que ella sea absolutamente de imposible cumplimiento (sentencia T-511 de 2012), lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; as\u00ed mismo, debe (2) practicar las pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son indispensables para adoptar la decisi\u00f3n; (3) notificar la decisi\u00f3n; y, en caso de que haya lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior (sentencia T-459 de 2003) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDe lo expuesto se concluye que, esta Corporaci\u00f3n ha reconocido la existencia de eventos en los cuales hay imposibilidad f\u00edsica y\/o jur\u00eddica por parte del particular o la autoridad accionada para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes dadas en los fallos de tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, estando comprobada la carencia de objeto para cumplir lo resuelto en la sentencia de 25 de noviembre de 2019, se torna inviable asignar los correctivos consagrados en el canon 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tDISPONER que no hay lugar a imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, a la corporaci\u00f3n incidentada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n1 \tCSJ. Civil. Autos \tde 13 de enero de 2000, exp. 8150; de 4 de junio de 2013, exp. \t7600122210002013-00013-01, \tentre otras.
\n2 \tCSJ. STC de 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00; reiterada en ATC \tde 5 de octubre de 2016, exp. 23001-22-14-000-2016-00414-01
\n3 \tCorte Constitucional. Sentencia T-325 de 25 de mayo de 2015.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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