{"id":103583,"date":"2026-07-02T21:26:50","date_gmt":"2026-07-02T21:26:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103583"},"modified":"2026-07-02T21:26:50","modified_gmt":"2026-07-02T21:26:50","slug":"atc282-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc282-2020\/","title":{"rendered":"ATC282-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC282-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-02527-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 23 de enero de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la salvaguarda promovida por Soledad Mar\u00eda Granda Casta\u00f1eda, Sandra Borda Guzm\u00e1n, Sergio Alejandro Mart\u00edn Vergara, Andr\u00e9s Juan Guerrero, Alejandro Brice\u00f1o D\u00edaz, Ana Benilda \u00c1ngel Orjuela, Alexandra Paola Gonz\u00e1lez Zapata, Fabi\u00e1n de Jes\u00fas Laverde Doncel, Cristian Ra\u00fal Delgado Bola\u00f1os, Aleida Murillo G\u00f3mez, Jenny Alejandra Romero Gonz\u00e1lez, Carlos Sleyter Obreg\u00f3n Ram\u00edrez, Juan Felipe Casta\u00f1eda Dur\u00e1n, Olga Luc\u00eda Quintero Sierra, Alirio Andr\u00e9s Mojica Monta\u00f1ez, Paola Marcela Silva P\u00e9rez, H\u00e9ctor Alejandro Alba Siboche, Mar\u00eda Fernanda Ovalle Alvarado, Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt, Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, \u00c1ngel Duv\u00e1n Ortiz Rodr\u00edguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter Esteban Santiesteban Castillo, Mar\u00eda Alejandra L\u00f3pez Mendoza, Diana Carolina Ojeda Ojeda, Victoria Lucena G\u00f3ez, Mari\u00e1ngela Villamil Cancino, Alejandra Soriano Wilches, Carolina Moreno Vel\u00e1squez, Carlos Perdomo Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro Iturralde, Natalia Ram\u00edrez Bustamante, Carlos Juli\u00e1n Mantilla Copete, Johan Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Vargas, Fabi\u00e1n Dar\u00edo Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison Steven Valderrama Palencia, David Ricardo P\u00e9rez Castro, Carol Tatiana G\u00f3mez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique C\u00e1ceres T\u00e9llez, Cristian Andr\u00e9s Aristizabal Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo G\u00f3mez Olarte, Mar\u00eda Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jes\u00fas Andrade Gait\u00e1n contra el Presidente de la Rep\u00fablica, los Ministros de Defensa e Interior, la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, el Director General de la Polic\u00eda, el Comandante General de la Polic\u00eda Metropolitana de esta ciudad, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los \treclamantes imploran \tla \tprotecci\u00f3n de sus prerrogativas a la protesta pac\u00edfica, \tparticipaci\u00f3n ciudadana, vida, integridad personal, debido \tproceso, \u201cno \tser sometidos a desaparici\u00f3n forzada\u201d, \ty a las libertades de expresi\u00f3n, reuni\u00f3n, circulaci\u00f3n \ty movimiento, presuntamente amenazadas por las autoridades \taccionadas. <\/p>\n

2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n

Los impulsores afirman que, desde el a\u00f1o 2005 al presente, el Estado, frente a protestas o manifestaciones pac\u00edficas, ha desplegado conductas constantes, reiterativas y persistentes, para socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin temor, exigiendo cambios de pol\u00edticas a las distintas autoridades. <\/p>\n

Entre los comportamientos que, seg\u00fan los promotores, identifican las aludidas pr\u00e1cticas, se encuentran (i) la intervenci\u00f3n sistem\u00e1tica, violenta y arbitraria de la fuerza p\u00fablica en manifestaciones y protestas; (ii) \u201cestigmatizaci\u00f3n\u201d frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de qu\u00edmicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresi\u00f3n y de prensa. <\/p>\n

2.1. En cuanto a \u201cla intervenci\u00f3n sistem\u00e1tica de la fuerza p\u00fablica en manifestaciones y protestas\u201d, los accionantes aducen que en el a\u00f1o 2017, durante una convocatoria ind\u00edgena -Minga Nacional-, miembros de la comunidad Way\u00fau fueron agredidos, sin justificaci\u00f3n alguna, por el personal del ESMAD1. <\/p>\n

En septiembre de ese mismo a\u00f1o, en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca \u2013sede Soacha-, algunos estudiantes se mostraron inconformes por la elecci\u00f3n del rector, ante lo cual agentes de la polic\u00eda y el GOES2 <\/p>\n

\u201c(\u2026) [ingresaron al campus] rompiendo vidrios (\u2026) golpea[ndo a las personas,] lanza[ndo] gases lacrim\u00f3genos (\u2026) [y] usa[ando] armas de fuego (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Durante el procedimiento, trece (13) estudiantes fueron retenidos (\u2026) y subidos a un cami\u00f3n, supuestamente para ser trasladados por protecci\u00f3n; no obstante, dadas las gestiones de la comunidad, (\u2026) fueron puestas en libertad (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

En el ruego tuitivo se relata que, en septiembre de 2019, integrantes de la Universidad Distrital, se agruparon en sus instalaciones de la misma para expresar su desaprobaci\u00f3n, por presuntos actos de corrupci\u00f3n en la instituci\u00f3n, lugar en donde fueron embestidos por la Polic\u00eda Nacional y ESMAD. <\/p>\n

El hecho se repiti\u00f3 el 24 de septiembre de esa anualidad, en la calle 40 con carrera 7\u00aa, pues all\u00ed, tales entes agredieron e hirieron, otra vez, a estudiantes de la Universidad Javeriana, utilizando \u201c(\u2026) gases lacrim\u00f3genos, [munici\u00f3n] aturdidora y balas de goma (\u2026)\u201d. De tal acontecer fueron testigos las demandantes Diana Carolina Ojeda Ojeda y Victoria Lucena G\u00f3ez. <\/p>\n

En octubre de 2019, ante una congregaci\u00f3n de \u201ceducandos\u201d de la Universidad del Atl\u00e1ntico \u2013Barranquilla-, se hizo presente, de un lado, el Ej\u00e9rcito Nacional, quien realiz\u00f3 \u201cdisparos al aire\u201d y, de otro, el ESMAD, cuyo actuar termin\u00f3 lesionando a m\u00e1s de quince (15) personas. <\/p>\n

Los precursores relatan que el 4 de octubre de 2019, varias organizaciones estudiantiles, ind\u00edgenas, campesinas y sindicatos, convocaron para el 21 de noviembre ulterior a una movilizaci\u00f3n general con el prop\u00f3sito oponerse a algunas medidas econ\u00f3micas del Presidente de la Rep\u00fablica, demandar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y exigir el \u201ccese de asesinatos de l\u00edderes y lideresas sociales\u201d. <\/p>\n

La Universidad de los Andes, aseveran los gestores, previo a las manifestaciones del 21 de noviembre de 2019, divulg\u00f3 en internet el \u201cmanual 070 de autoprotecci\u00f3n contra el ESMAD\u201d en donde se especificaron los riesgos a los cuales se exponen quienes hacen uso de la prerrogativa a la protesta pac\u00edfica. <\/p>\n

Dicho documento se expidi\u00f3, por cuanto, en su sentir, la Polic\u00eda Nacional tiende a lastimar de gravedad, o a detener de manera abusiva a los manifestantes; por ello, en ese folleto se consignaron distintas medidas para evitar ser v\u00edctima de atropellos y c\u00f3mo proceder en caso de padecerlos. Acotan, si bien la mencionada entidad esa publicaci\u00f3n, el ente universitario rechaz\u00f3 tal solicitud. <\/p>\n

Los inicialistas comentan que en Bogot\u00e1, el 21 de noviembre de 2019, fecha establecida para dar inicio a una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica y multitudinaria4, aun cuando en horas de la ma\u00f1ana las \u201cmarchas\u201d trascurrieron tranquilamente, el ESMAD us\u00f3 de manera excesiva su fuerza, seg\u00fan lo advirtieron directamente, diez (10) de los aqu\u00ed tutelantes. <\/p>\n

Sostienen los interesados que, en esa data, el mencionado ente policial se comport\u00f3 de igual modo en Medell\u00edn, Cali y en Santander de Quilichao \u2013Cauca-. <\/p>\n

Los reclamantes afirman que el 22 de noviembre postrero, si bien un buen n\u00famero de personas se encontraban congregadas de manera pac\u00edfica en la Plaza de Bol\u00edvar de la capital, el ESMAD las atac\u00f3 sin motivo alguno con \u201c(\u2026) bombas aturdidoras y gases lacrim\u00f3genos (\u2026)\u201d. Ese evento fue atestiguado por tres (3) de los ac\u00e1 actores. <\/p>\n

En horas de la noche de ese d\u00eda, el entonces Alcalde Mayor de esta metr\u00f3poli, Enrique Pe\u00f1alosa Londo\u00f1o, expidi\u00f3 el acto administrativo N\u00b0 714, mediante el cual orden\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1\u00b0. Decretar el toque de queda en todo el territorio del Distrito (\u2026) prohibiendo la libre circulaci\u00f3n de las personas (\u2026). Art\u00edculo 4\u00b0: El incumplimiento de la presente restricci\u00f3n acarrear\u00e1 las sanciones previstas en los C\u00f3digos Nacional y Distrital de Polic\u00eda y dem\u00e1s normas vigentes sobre la materia (\u2026). Art\u00edculo 5\u00b0: Ordenar a los organismos de seguridad del Estado y a la fuerza p\u00fablica hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deber\u00e1n realizar los operativos de rigor en toda la ciudad y proceder\u00e1n a aplicar las medidas correctivas de su competencia (\u2026). Art\u00edculo 7\u00b0. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedici\u00f3n (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

El 23 de noviembre ulterior, varios ciudadanos, entre quienes se encontraban tres (3) de los ac\u00e1 reclamantes, realizaron una caminata pac\u00edfica en la mencionada urbe por la carrera 7\u00aa, en sentido norte a sur; empero, fueron interceptados por el ESMAD, quien les lanz\u00f3 \u201cgases lacrim\u00f3genos\u201d. <\/p>\n

En la misma calenda, en la Plaza de Bol\u00edvar se presentaron hechos similares y si bien un funcionario de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n6, se dirigi\u00f3 al comandante del ESMAD, presente en la zona, para lograr el cese de ese proceder, fue ignorado. <\/p>\n

El 27 de noviembre siguiente, se produjeron nuevas manifestaciones en la autopista norte con calle 170 de esta ciudad, en donde el ESMAD, aducen los precursores, reiter\u00f3 sus agresiones contra los civiles y, en Sogamoso, estudiantes del SENA y de la UPTC, terminaron, igualmente, atacados por ese cuerpo de polic\u00eda. <\/p>\n

Los suplicantes destacan que, el 4 de diciembre del a\u00f1o pasado en Medell\u00edn, en los sectores de la \u201cavenida regional\u201d y \u201cciudad del r\u00edo\u201d, el ESMAD arremeti\u00f3 violentamente contra los participantes en las protestas y, en Cali y Bogot\u00e1, se presentaron circunstancias similares. <\/p>\n

2.2. Atinente a \u201cla estigmatizaci\u00f3n de la protesta por parte de funcionarios p\u00fablicos\u201d, respecto a la convocatoria del 21 de noviembre de 2019, en varias ciudades del pa\u00eds y del mundo, sostienen los quejosos que agentes del gobierno y algunas entidades p\u00fablicas, emprendieron una campa\u00f1a para desmotivar el ejercicio de su derecho fundamental a la manifestaci\u00f3n pac\u00edfica. <\/p>\n

En tal prop\u00f3sito, relatan, el gobierno dispuso (i) militarizar ciudades con veh\u00edculos blindados en \u00e1reas visibles para los habitantes del pa\u00eds, a fin de advertir a la poblaci\u00f3n, infundadamente, que los manifestantes eran una \u201cfuerza peligrosa\u201d; (ii) activar \u201cla p\u00f3liza antiterrorista\u201d; (iii) expedir el Decreto 2087, mediante el cual se impartieron directrices a gobernadores y alcaldes para que adoptaran medidas de \u201ctoques queda\u201d; e (iv) influir en los medios de comunicaci\u00f3n, de amplia circulaci\u00f3n, para emitir \u201cpropaganda negativa\u201d, encaminada a catalogar peyorativamente a quienes quer\u00edan hacer uso de la rese\u00f1ada prerrogativa. <\/p>\n

Resaltan los petentes, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos \u2013OACNUDH-, el 20 de noviembre de 2019, expres\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado de prensa publicado en su p\u00e1gina web, que \u201c(\u2026) nota[ba] con preocupaci\u00f3n la expedici\u00f3n en las \u00faltimas horas [de las mencionadas disposiciones y actividades] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Los querellantes predican que, a su vez, empezaron a circular videos en redes sociales en donde \u201c(\u2026) grupos de ciudadanos (\u2026) amenazaban con ejercer violencia [hacia quienes participaran en las actividades en cuesti\u00f3n] (\u2026)\u201d, a cuyo efecto el aludido organismo internacional, as\u00ed se pronunci\u00f3 en el precitado informe: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [La entidad ha] hecho seguimiento, con preocupaci\u00f3n, a los persistentes mensajes de procedencia no identificada que han sido publicados [a trav\u00e9s de aplicaciones de interacci\u00f3n masiva] y medios de comunicaci\u00f3n que estigmatizan la protesta social, y otras que llaman al uso de violencia en las movilizaciones de m\u00faltiples sectores de la sociedad (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

Los gestores aseveran que el 20 de noviembre de 2019, esto es, una d\u00eda antes de las protestas, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n efectu\u00f3, de manera simult\u00e1nea, veintisiete (27) allanamientos en Bogot\u00e1, ocho (8) en Cali y cuatro (4) en Medell\u00edn, en los domicilios de periodistas, artistas, activistas y grupos sociales relacionados con las \u201cmarchas\u201d programadas para el 21 de noviembre ulterior. <\/p>\n

Los peticionarios sostienen que, la mayor\u00eda de dichas actuaciones, fueron declaradas ilegales por distintos jueces de control de garant\u00edas pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) no se aportaron elementos materiales probatorios [de] los cuales se pudiera inferir que las personas o los objetos del lugar estuvieren vinculados con alg\u00fan tipo de acto preparatorio para la comisi\u00f3n de conductas criminales (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

Agregan que se difundi\u00f3 en redes sociales el eslogan \u201c(\u2026) no paramos, avanzamos (\u2026)\u201d, fundada en la idea falsa de que \u201c(\u2026) el \u201cParo Nacional\u201d hace parte de una estrategia para derrocar al Presidente Iv\u00e1n Duque (\u2026)\u201d y el 30 de noviembre de 2019, la entonces Ministra del Interior, Nancy Patricia Guti\u00e9rrez, seg\u00fan arguyen los impulsores, escribi\u00f3 en su cuenta de \u201cTwitter\u201d lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) No pudieron (\u2026); Convocaron [a] un paro basados en mentiras (\u2026); Sembraron p\u00e1nico con falsas denuncias (\u2026); Atacaron a la fuerza p\u00fablica buscando que reaccionaran para acusarlos de violar los derechos humanos (\u2026)\u201d9. <\/p>\n

Asimismo, los promotores refieren que en la primera semana de diciembre de 2019, con ocasi\u00f3n de los se\u00f1alamientos efectuados por el Director General de la Polic\u00eda Nacional hacia estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia \u2013sede Bogot\u00e1-, \u00e9stos fueron agredidos \u201c(\u2026) de manera (\u2026) brutal por (\u2026) agentes del ESMAD (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Los accionantes Mar\u00eda Fernanda Ovalle Alvarado y Juan Felipe Casta\u00f1eda Dur\u00e1n, en su calidad de miembros de la \u201cAsamblea Popular de Engativ\u00e1\u201d, destacan que han sido fotografiados por miembros de la Polic\u00eda Nacional sin causa alguna e, igualmente, anotan, fueron testigos del amedrentamiento a personas para desincentivar su participaci\u00f3n en las protestas. <\/p>\n

2.3. En cuanto al \u201cuso de armas letales y exceso de fuerza\u201d, por parte de las autoridades durante \u201clas manifestaciones\u201d, los suplicantes aducen que esa pr\u00e1ctica es una constante que amenaza su prerrogativa a la libertad de expresi\u00f3n, por el temor que les genera ser v\u00edctimas de asesinato o lesiones personales. <\/p>\n

En tal sentido, el aqu\u00ed gestor Yuri Enrique Neira Salamanca, asevera que en el transcurso de unas protestas acaecidas el 1\u00b0 de mayo de 2005, un agente del ESMAD dispar\u00f3 un dispositivo denominado \u201ctrufly\u201d que impact\u00f3 a su hijo Nicol\u00e1s David Neira \u00c1lvarez, menor de edad, quien por las heridas falleci\u00f3 d\u00edas despu\u00e9s. <\/p>\n

Sobre ese hecho, afirma, un polic\u00eda revel\u00f3 que el ESMAD estaba ocultando el suceso y, por esa conducta \u201c(\u2026) Julio C\u00e9sar Torrijos Devia acept\u00f3 cargos en el a\u00f1o 2017 por el delito de encubrimiento del homicidio de Nicol\u00e1s (\u2026)\u201d.
\nAseveran, el 22 de septiembre de ese a\u00f1o, en un mitin estudiantil en la Universidad del Valle \u2013sede Cali-, Jhony Silva Aranguren, descendiente de los ac\u00e1 promotores Wilman Silva Betancourt y Eneried Aranguren, fue herido por un proyectil de arma de fuego de dotaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional y, posteriormente, falleci\u00f3 por esa lesi\u00f3n. <\/p>\n

\u00d3scar Leonardo Salas, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, hijo de la petente Benilda Orjuela \u00c1ngel, el 8 de marzo de 2006, en el recinto de dicho claustro, donde, se aduce, el ESMAD lanz\u00f3 una \u201cbola de cristal o canica\u201d a gran velocidad, muri\u00f3 porque ese artefacto se aloj\u00f3 en su cr\u00e1neo. <\/p>\n

El 28 de marzo de 2017, el tutelante, Johan Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Vanegas, sin estar involucrado en las manifestaciones de esa data, fue golpeado en el rostro con un objeto arrojado por el ESMAD y, con ocasi\u00f3n de ello, perdi\u00f3 la funcionalidad de su ojo izquierdo. <\/p>\n

Agregan, en la mencionada anualidad, Peter Esteban Santiesteban, quien, igualmente, no era parte de un \u201cparo c\u00edvico\u201d promovido en Buenaventura, recibi\u00f3 un impacto de bala en el abdomen proveniente de la polic\u00eda. <\/p>\n

Se\u00f1alan, el 14 de marzo de 2019, en Cajib\u00edo \u2013Cauca-, durante una reuni\u00f3n de ind\u00edgenas, el actor, Cristian Ra\u00fal Delgado Bola\u00f1os, fue testigo de la forma como el ESMAD y el Ej\u00e9rcito Nacional los atacaba con sus armas de dotaci\u00f3n de largo alcance, resultando heridas varias personas. <\/p>\n

Aseguran, en septiembre de 2019, Sergio Alejandro Mart\u00edn Vergara y Andr\u00e9s Juan Guerrero, aqu\u00ed querellantes, estaban en las instalaciones de la Universidad Distrital de Bogot\u00e1 y, al salir, el ESMAD le lanz\u00f3, al primero, una \u201cgranada de gas lacrim\u00f3geno\u201d, la cual le caus\u00f3 la p\u00e9rdida de su ojo izquierdo y, al segundo, un impacto que le gener\u00f3 el \u201cestallido de su globo ocular derecho\u201d. <\/p>\n

Aducen, el 8 de octubre postrero, en Bucaramanga, Paola Marcela Silva P\u00e9rez, fue golpeada por la Polic\u00eda Nacional, hasta padecer un \u201csangrado abundante\u201d. <\/p>\n

En Bogot\u00e1, exponen, el 21 de noviembre ulterior, varias de las demandantes10 fueron agredidas, directamente, por el ESMAD en los sectores de la Catedral Primada y el centro comercial Gran Estaci\u00f3n. <\/p>\n

Ese mismo d\u00eda, a\u00f1aden, H\u00e9ctor Alejandro Alba Siboche, cuando se encontraba en las instalaciones de la Universidad Nacional, perdi\u00f3 su agudeza visual despu\u00e9s de recibir la detonaci\u00f3n de una \u201cgranada de gas\u201d tirada por el ESMAD. <\/p>\n

Indican, en horas de la noche de la calenda rese\u00f1ada, los comunicadores gr\u00e1ficos Cristian Angarita Lizarazo y Diana Roc\u00edo Pinz\u00f3n Corredor, fueron golpeados por polic\u00edas frente al edificio Franco de la Universidad de los Andes, lugar en donde Pinz\u00f3n Corredor fue dejada inconsciente y a Angarita Lizarazo se le detuvo arbitrariamente. <\/p>\n

Relatan, el 22 de noviembre de 2019, Angye Katherine Rojas Rivera, quien se encontraba en calle 128 con autopista norte de esta urbe, recibi\u00f3 un golpe en el rostro por parte de la polic\u00eda que le produjo una incapacidad de treinta d\u00edas (30). <\/p>\n

Afirman, en las inmediaciones de la calle 19 con carrera 5\u00aa de la capital, el 23 de diciembre siguiente, Dylan Mauricio Cruz fue herido en la cabeza por el ESMAD con munici\u00f3n tipo \u201cbeang bag\u201d y, con ocasi\u00f3n de las lesiones sufridas, muri\u00f3 el 25 de noviembre postrero. <\/p>\n

El 4 de diciembre ulterior, en la mencionada metr\u00f3poli, el ESMAD atac\u00f3 con una granada de gas el \u00e1rea facial del tutelante Alejandro Brice\u00f1o D\u00edaz y, por ello, requiri\u00f3 ocho (8) puntos de sutura en la cara. <\/p>\n

2.4. Tocante a las \u201cdetenciones arbitrarias e ilegales por parte de la fuerza p\u00fablica\u201d, nueve (9) de los ac\u00e1 actores adujeron haber sido v\u00edctimas de golpes y arrestos injustificados durante las protestas realizadas en Bogot\u00e1 a partir de noviembre de 2019 e, inclusive, agregaron, algunos fueron retenidos y conducidos por la polic\u00eda en veh\u00edculos particulares sin raz\u00f3n alguna.
\nLos reclamantes afirman que en esta urbe, se registraron ochocientos treinta y cinco (835) casos similares, veintis\u00e9is (26) en Popay\u00e1n y veinticinco (25) Barranquilla. <\/p>\n

2.5. En lo referente a los \u201cataques a la libertad de prensa\u201d, siete (7) accionantes refieren haber sido agredidos por la fuerza p\u00fablica durante el cubrimiento period\u00edstico realizado a las manifestaciones del 21 de noviembre de 2019. <\/p>\n

Asimismo, indican que en tales eventos, se registraron cuarenta y siete (47) casos de actos violentos, en su mayor\u00eda atribuibles a la polic\u00eda y al ESMAD, sobre personas en el desarrollo de actividades period\u00edsticas. <\/p>\n

2.6. Para los impulsores, los hechos anteriormente descritos se han cometido de manera sistem\u00e1tica con el fin de atemorizarlos y disuadirlos de ejercitar su derecho a expresar sus ideas tranquilamente, en las calles y en recintos acad\u00e9micos, pues, aseguran, pueden verse expuestos a lesiones en su integridad f\u00edsica y a estigmatizaciones promovidas por agentes del Estado, en tanto las garant\u00edas de no repetici\u00f3n de los sucesos descritos son inexistentes. <\/p>\n

3. Solicitan, por tanto, ordenar (i) al Presidente de la Rep\u00fablica \u201cconformar una mesa de trabajo\u201d para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pac\u00edficas; (ii) a las autoridades encausadas, en lo sucesivo, abstenerse de incurrir en conductas como las ac\u00e1 denunciadas; (iii) al Ministerio P\u00fablico y a la Defensor\u00eda del Pueblo, acompa\u00f1ar a las personas en actos de protestas y brindarles asesor\u00eda jur\u00eddica a quienes resulten afectados en ellas; (iv) a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y Polic\u00eda Nacional, permitir que organizaciones defensoras de derechos humanos realicen verificaciones en casos de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de mitin; y (v) suspender las actividades del ESMAD, hasta tanto se produzcan cambios estructurales y de fondo en los procedimientos en los cuales intervienen. <\/p>\n

1. Si bien la acci\u00f3n de tutela fue instituida por el Constituyente como un tr\u00e1mite judicial para la defensa de los derechos fundamentales se caracteriza por su informalidad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, donde se prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias emitidas; as\u00ed lo disponen los mandatos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5\u00aa del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Esos preceptos cobran mayor relevancia cuando se trata de informar a los interesados respecto de la iniciaci\u00f3n del asunto y desde luego sobre su resultado, pues en esas oportunidades es posible ejercer la prerrogativa a la contradicci\u00f3n o de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

La irregularidad consistente en no convocar en debida forma a los terceros, eventualmente, afectados con la decisi\u00f3n o a quienes incluso puede estar dirigida la orden constitucional, est\u00e1 contemplada como causal de nulidad en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G.P., preceptiva aplicable a este mecanismo extraordinario en virtud de lo normado en el canon 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

2. Examinado el plenario, se evidencia la falta de vinculaci\u00f3n y enteramiento a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con pleno inter\u00e9s en el procedimiento constitucional, por versar los hechos y pretensiones del libelo en torno a supuestos allanamientos y detenciones ilegales dispuestas por ese ente, y relacionados con las prerrogativas aqu\u00ed invocadas. <\/p>\n

De igual forma, no se cit\u00f3 a los comandantes del (i) Ej\u00e9rcito Nacional; (ii) ESMAD11; (iii) COPES12; y (iv) GOES13, quienes, necesariamente, deben comparecer a este litigio, pues, el compendio f\u00e1ctico y los pedimentos de la demanda, cuestionan, directamente, sus actuaciones y las del personal bajo su mando. <\/p>\n

3. Ahora, esta Corte, dada la trascendencia del decurso que se estudia, estima pertinente que el tribunal a quo, adem\u00e1s de integrar al contradictorio a las autoridades referidas, llame a estas diligencias a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado porque al censurarse m\u00faltiples actividades de funcionarios, servidores p\u00fablicos e instituciones de la Rama Ejecutiva, su postura, en relaci\u00f3n a la contienda, es relevante, m\u00e1xime, si en la causa se endilgan responsabilidades, disciplinarias, fiscales, administrativas, penales y patrimoniales de gran impacto. <\/p>\n

Asimismo, se estima pertinente convocar a (i) la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos \u2013OACNUDH-; (ii) la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de G\u00e9nero y el Empoderamiento de las Mujeres \u2013ONU Mujeres-; (iii) la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo \u2013OIT-; (iv) el comandante de la Decimotercera Brigada de la Quinta Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional; (v) Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica; (vi) Fundaci\u00f3n para la Libertad de Prensa \u2013FLIP-; (vii) Universidad Nacional de Colombia; (viii) Universidad Distrital; (ix) Universidad de los Andes; (x) Universidad Javeriana; (xi) Universidad de Antioquia; (xii) Universidad del Valle; (xiii) Universidad del Atl\u00e1ntico; (xiv) Universidad Pedag\u00f3gica y Tecnol\u00f3gica de Colombia; (xv) Universidad Industrial de Santander; (xvi) Servicio Nacional de Aprendizaje \u2013SENA-; (xvii) Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia \u2013ONIC-; y (xviii) la Central Unitaria de Trabajadores \u2013CUT-, pues para la Sala, resultan necesarias y pertinentes la intervenci\u00f3n que tales autoridades e instituciones efect\u00faen sobre las tem\u00e1ticas aqu\u00ed planteadas para su definici\u00f3n. <\/p>\n

4. Siguiendo el criterio de la Corte Constitucional, esta Sala <\/p>\n

\u201c(\u2026) ha hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n\u00a0del tr\u00e1mite que se origina\u00a0 con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que (\u2026) la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos\u00a0 y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa (\u2026), el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026)\u201d14. <\/p>\n

Lo anterior genera, por tanto, la invalidez de lo surtido a partir del auto admisorio, inclusive, conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 \u00eddem, pues se le obstruy\u00f3 a las entidades y personas referidas, la facultad de intervenir en este particular escenario, expresar sus argumentos y, de ser el caso, aportar los elementos de convicci\u00f3n que pretendieran hacer valer. <\/p>\n

5. Tal como lo ha hecho esta Corporaci\u00f3n en otras oportunidades15, no se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo previsto en el canon 137 \u00eddem, por contrariar los principios de celeridad y eficacia de esta salvaguarda, los cuales se encuentran comprometidos con la presente nulidad. <\/p>\n

3. DECIS\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto admisorio; sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para que reponga la actuaci\u00f3n, disponiendo la vinculaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n de las entidades y funcionarios se\u00f1alados en los numerales 2\u00b0 y 3\u00b0 de la parte motiva de esta providencia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO: Notificar telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed decidido a todos los interesados. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado
\n1 \t\u201cEscuadrones \tM\u00f3viles Antidisturbios de la Polic\u00eda Nacional\u201d.
\n2 \t\u201cGrupo \tde Operaciones Especiales de la Polic\u00eda Nacional\u201d.
\n3 \tFols \t157 y 158, C1.
\n4 \tFol \t162, C1. Parque \tNacional, Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, Hospital San Juan de \tDios, el sector de la Sevillana con autopista sur, el SENA de la 30 \tcon 1\u00b0 de mayo, la Plazoleta de la Hoja, la carrea 30 con calle \t19; la Universidad Nacional de Colombia de la avenida calle 26 y la \tcalle 100 con carrera 11.
\n5 \tFols. \t394 a 397, C1.
\n6 \tFol. \t163. Felipe Clavijo. <\/p>\n

8 \tFol. \t159, C1.
\n9 \tFol. \t161, C1.
\n10 \tAlexandra \tGonz\u00e1lez, Aleida Murillo G\u00f3mez y Mar\u00eda \tAlejandra L\u00f3pez Mendoza.
\n11 \t\u201cEscuadrones \tM\u00f3viles Antidisturbios de la Polic\u00eda Nacional\u201d.
\n12 \t\u201cComando \tde Unidades Operativas Especiales de la Polic\u00eda Nacional\u201d.
\n13 \t\u201cGrupo \tde Operaciones Especiales de la Polic\u00eda Nacional\u201d.
\n14 \tCSJ. Civil. Auto \tde \t30 \tde abril de 2015, exp. 41001-22-14-000-2015-00044-01.
\n15 \tCSJ. \tATC de 1\u00b0 de abril de 2016, exp. 15693-22-08-003-2015-00284-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente ATC282-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-02527-01 Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020) Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 23 de enero de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103583","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103583"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103583\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}