{"id":103587,"date":"2026-07-02T21:27:43","date_gmt":"2026-07-02T21:27:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103587"},"modified":"2026-07-02T21:27:43","modified_gmt":"2026-07-02T21:27:43","slug":"atc293-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc293-2020\/","title":{"rendered":"ATC293-2020"},"content":{"rendered":"
ATC293-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-00772-00 <\/p>\n

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Pereira (Risaralda) y Veinticuatro Civil Municipal de Cali (Valle del Cauca), dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jonnatan Hern\u00e1ndez Melo contra el Instituto de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Pereira. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante dirigi\u00f3 su escrito introductor al \u00abJUEZ CONSTITUCIONAL\u00bb de Cali que por reparto corresponda, pretendiendo que se ordene al Instituto de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Pereira que resuelva la petici\u00f3n respetuosa formulada por \u00e9l, relacionada con la imposici\u00f3n de varias multas por presuntas infracciones de tr\u00e1nsito. <\/p>\n

Como sustento de la queja constitucional, se\u00f1al\u00f3 que ya se super\u00f3 el t\u00e9rmino de ley para que se diera contestaci\u00f3n a su solicitud, de modo que esta circunstancia, en su criterio, habilita el amparo.
\n2.\tEl Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali, al que inicialmente correspondi\u00f3 conocer el asunto, se apart\u00f3 de la causa, pretextando que, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el competente para conocer el resguardo es el hom\u00f3logo Civil Municipal de Pereira (reparto), por cuanto los hechos que originaron el amparo tuvieron su g\u00e9nesis en esa localidad, siendo esa la jurisdicci\u00f3n llamada a proveer. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n

3.\tEl estrado judicial receptor, esto es, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00abla decisi\u00f3n viene anclada en un argumento que no se ajusta a los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, en virtud del cual para los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, lo que dio lugar a ampliar el marco de competencia territorial tan restringido que tra\u00eda el art\u00edculo 37 citado\u00bb. <\/p>\n

Ello porque, \u00abno en pocas ocasiones, resultaba m\u00e1s complejo para el afectado promover y estar atento al desarrollo de su demanda de tutela, cuando la ten\u00eda que presentar exclusivamente donde se produc\u00eda el hecho\u00bb. Con los mencionados argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n

Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir este asunto por cuanto involucra a dos despachos de diferentes distritos judiciales, respecto de los cuales, por la materia de la causa, se detenta condici\u00f3n de superior funcional com\u00fan; ello, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tCompetencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n

En lo atinente al criterio por el factor territorial de competencia para el conocimiento de las acciones de tutela, el canon 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abSon competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Concuerda el anterior precepto con el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, el cual se\u00f1ala que \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n

Es claro que la solicitud de amparo es formulada para lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales, por ello el an\u00e1lisis que verse sobre la competencia para resolver el asunto requiere de unas particulares consideraciones en relaci\u00f3n con el lugar en el que ocurre la vulneraci\u00f3n o amenaza, y donde se concreten las consecuencias de la presunta transgresi\u00f3n, lo anterior, sin desconocer la selecci\u00f3n del juzgador al que hubiere acudido el interesado para reclamar la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, circunstancias que deber\u00e1n ser ponderadas al momento de decidir. <\/p>\n

Lo anterior, resulta coherente con las precisiones que esta Corporaci\u00f3n ha realizado en asuntos de similar contorno, en los que ha determinado lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848, ATP, 21 ene. 2010, rad. 46.120 y ATC2816-2017. 4 may. rad. 00913-00). <\/p>\n

3.\tCaso concreto. <\/p>\n

Revisadas las diligencias, prontamente se advierte que el competente para conocer el resguardo de la referencia es el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali, comoquiera que es en esa localidad donde se producen los efectos de las actuaciones denunciadas como trasgresoras de los derechos fundamentales del convocante, aunado a que ese es el lugar de residencia del promotor (f. 3 cd. 1). <\/p>\n

Lo anterior, en virtud de lo estatuido en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza\u00bb, norma sobre la cual esta Sala ha precisado que su finalidad es: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) facilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver, entre otros, CSJ ATC2439-2016). <\/p>\n

De modo que, contrario a lo sostenido por el primer funcionario involucrado en la causa, el factor determinante para radicar la competencia es el lugar donde se produce el presunto menoscabo o amenaza de los derechos fundamentales, siendo v\u00e1lida la elecci\u00f3n del actor. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

En definitiva, se colige que el competente para resolver el precitado amparo es el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali, de conformidad con las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para que asuma el conocimiento del asunto. <\/p>\n

TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia.
\nNotif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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