{"id":103606,"date":"2026-07-02T21:29:40","date_gmt":"2026-07-02T21:29:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103606"},"modified":"2026-07-02T21:29:40","modified_gmt":"2026-07-02T21:29:40","slug":"atc351-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc351-2020\/","title":{"rendered":"ATC351-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

ATC351-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2020-00102-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 5 de febrero de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C., en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Andr\u00e9s Correa Quiceno contra el Juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del amparo constitucional aduce la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al m\u00ednimo vital y al debido proceso, presuntamente conculcados porque una anterior acci\u00f3n de tutela, en la sentencia que la dirimi\u00f3 12 de junio de 2015 le fue impuesta una sanci\u00f3n pecuniaria, por omitir pronunciarse acerca de esa petici\u00f3n de amparo, no obstante que dicha pena s\u00f3lo proced\u00eda mediante auto interlocutorio al tenor del art\u00edculo 39 del C.P.C, posibilitando recurrirlo en reposici\u00f3n; a m\u00e1s de que tampoco se le notific\u00f3 personalmente como dispone dicho precepto. <\/p>\n

2. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo porque no cumpl\u00eda con los requisitos de i) subsidiariedad, pues el tutelante no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a la decisi\u00f3n del 24 de octubre de 2019 en la que el despacho de circuito neg\u00f3 cesar los efectos de la sanci\u00f3n; ii) e inmediatez, porque se est\u00e1n censurando decisiones que datan de hace m\u00e1s de 6 meses, como son los fallos de tutela adoptados el 12 de junio de 2015, confirmado el 8 de julio siguiente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para decidir el presente asunto en primera instancia y, por ende, la carencia de la misma por parte de esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n propuesta, comoquiera que el auxilio supralegal resulta extensivo a aqu\u00e9lla, en tanto que las quejas invocados por el actor incluyen, la decisi\u00f3n que lo sancion\u00f3 con multa impuesta por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, confirmada en sede de segunda instancia por el Tribunal Superior de esa misma ciudad, en consecuencia, esta Corporaci\u00f3n no era competente para conocer del presente tr\u00e1mite constitucional en primera instancia, sino esta colegiatura en virtud del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso y por expreso mandato del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n

En esa medida, el referido Tribunal deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que le imped\u00eda resolver v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer, entonces, en primera instancia, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, conforme a lo previsto en los numerales 5\u00ba y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017), los cuales, en lo que aqu\u00ed interesa y en su orden, ense\u00f1an que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb; y que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n de la regla 4\u00aa del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

3.\tPor otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, esta Corporaci\u00f3n reiteradamente ha precisado que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n

4.\tEn atenci\u00f3n a lo aqu\u00ed considerado, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n

3.\tComunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

3<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO ATC351-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2020-00102-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 5 de febrero de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C., […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103606","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}