{"id":103609,"date":"2026-07-02T21:30:04","date_gmt":"2026-07-02T21:30:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103609"},"modified":"2026-07-02T21:30:04","modified_gmt":"2026-07-02T21:30:04","slug":"atc355-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc355-2020\/","title":{"rendered":"ATC355-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC355-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2020-00033-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 19 de febrero de 2020 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Evila S\u00e1nchez Villanueva contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de L\u00e9rida y Segundo Promiscuo Municipal de Venadillo, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales a la dignidad humana, m\u00ednimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n

Indic\u00f3 la accionante que con Resoluci\u00f3n 006 de 30 de marzo de 2001 fue nombrada en provisionalidad como escribiente del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Venadillo; que el 17 de octubre siguiente Orlando Pel\u00e1ez R\u00edos tom\u00f3 posesi\u00f3n de dicho puesto en propiedad, fecha en la que solicit\u00f3 licencia no remunerada para ejercer como oficial mayor en provisionalidad del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de L\u00e9rida, por lo que ella retorn\u00f3 a su puesto en provisionalidad. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que desde que Orlando Pel\u00e1ez R\u00edos se posesion\u00f3 en su cargo nunca lo ha ocupado, ya que siempre ha gozado de licencia no remunerada, incluso hace m\u00e1s de diez a\u00f1os funge como secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de L\u00e9rida; y que ella es quien ha desempe\u00f1ado el cargo de escribiente desde hace aproximadamente 18 a\u00f1os. <\/p>\n

Adujo que se le comunic\u00f3 que Orlando Pel\u00e1ez R\u00edos present\u00f3 renuncia a la licencia no remunerada, por lo que en Resoluci\u00f3n 002 de 30 de enero de 2020 fue dispuesto su reintegro; que desconoce el acto administrativo de aceptaci\u00f3n de la renuncia, o sin en realidad es una solicitud de reintegro o declaratoria de insubsistencia; que ha permanecido vinculada a la Rama Judicial por 25 a\u00f1os, desempe\u00f1ando distintos cargos en provisionalidad; y que si bien el se\u00f1or Pel\u00e1ez R\u00edos accedi\u00f3 al puesto a trav\u00e9s de carrera administrativa, \u00e9l viene laborando en otro despacho. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que cuenta con 58 a\u00f1os de edad; que se encuentra afiliada al Fondo Privado de Pensiones Porvenir; que el 27 de mayo de 2019 radic\u00f3 ante los Juzgado Laborales del Circuito de Ibagu\u00e9 la solicitud de traslado de Fondo a Colpensiones, correspondi\u00e9ndole al Juzgado Primero, tr\u00e1mite que en la actualidad no cuenta con sentencia. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que su salario constituye su \u00fanica fuente de ingresos y la de sus padres de la tercera edad que padecen de enfermedades; que carece de propiedades; que es un sujeto de especial protecci\u00f3n por tener la condici\u00f3n de prepensionada; que si bien es cierto existen otros mecanismos para discutir los actos administrativos censurados, se ha admitido la viabilidad excepcional del resguardo cuando se trata de un mecanismo transitorio, a mas que la tardanza en la resoluci\u00f3n del mismo lo torna inid\u00f3neo; que su condici\u00f3n da lugar a la flexibilizaci\u00f3n de los requisitos de procedencia. <\/p>\n

En consecuencia, solicita se \u00absuspendan los efectos del acto administrativo mediante el cual la Juez Primera Promiscuo Municipal de L\u00e9rida\u2026 desvincul\u00f3 de cargo de secretario al se\u00f1or Orlando Pel\u00e1ez R\u00edos (aceptaci\u00f3n de renuncia, declaratoria de insubsistencia o nombramiento en propiedad)\u00bb, as\u00ed como \u00abla Resoluci\u00f3n 002 del 29 de enero de 2020 por la cual la Juez Segunda Promiscuo Municipal de Venadillo\u2026 orden\u00f3 el reintegro del se\u00f1or Orlando Pel\u00e1ez R\u00edos, a partir del 1 de febrero de 2020 inclusive, al cargo de escribiente en propiedad\u00bb, hasta tanto \u00absea reconocida [su] mesada pensional por Colpensiones o Porvenir, incluida en n\u00f3mina y cancelada [su] primera mesada pensional\u00bb; y que en el evento de no acceder a dichas pretensiones, se disponga que el Consejo Seccional de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Seccional acusadas \u00abde manera conjunta y de acuerdo a sus competencias, garantice[n] [su] derecho a la estabilidad laboral reforzada ubic\u00e1ndo[la] en un cargo igual, similar o de superiores condiciones al que ocup[a], hasta tanto sea reconocida [su] mesada pensional\u2026\u00bb (folio 4, cuaderno 1). <\/p>\n

2. El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que los actos administrativos por medio de los cuales se acept\u00f3 la renuncia de Orlando Pel\u00e1ez R\u00edos y su reintegro al cargo que ostenta en propiedad, gozan de presunci\u00f3n de legalidad, por lo que si se pretende controvertir los mismos, tiene a su alcance la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, en donde puede solicitar la suspensi\u00f3n de dichos actos; que si bien la Corte Constitucional ha indicado que se puede disponer el reintegro de un trabajador cuando se demuestren condiciones especiales, se advierte que con las pruebas allegadas no se demostr\u00f3 que la peticionaria gozara de estabilidad laboral reforzada por tener condici\u00f3n de prepensionada, pues se encuentra en r\u00e9gimen de ahorro individual, a mas que declar\u00f3 que estaba realizando los tr\u00e1mites para el traslado de sistema, sin que haya acreditado que tenga capital acumulado superior al 110% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente; y que si la promotora consideraba que ten\u00eda derecho al reconocimiento de una mesada pensional, cuenta con otras v\u00edas judiciales para reclamarlo. <\/p>\n

3. La accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que se acaba de rese\u00f1ar (folios 337 a 340, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aportados con el mismo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues las pretensiones de la gestora involucran al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, por lo que pasa a explicarse. <\/p>\n

En efecto, t\u00e9ngase en cuenta que a voces del art\u00edculo 103 de la Ley 270 de 1996, los \u00abDirector[es] Seccional[es] de la Rama Judicial\u00bb ejercen sus funciones \u00aben el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, disposici\u00f3n que compagina con el canon 98 de la misma norma, que a su turno define a la precitada Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional como \u00abel \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u2026\u00bb (Se resalt\u00f3). <\/p>\n

Debido a ello, se concluye que si bien la solicitud de protecci\u00f3n constitucional fue dirigida, entre otros, frente a la \u00abDirecci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9\u00bb, lo all\u00ed esgrimido se hace extensivo al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, atendiendo la relaci\u00f3n funcional de tales entes. <\/p>\n

2. Lo anteriormente esbozado impide a esta Sala desatar v\u00e1lidamente en impugnaci\u00f3n la salvaguarda, dado que como lo prescribe el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017): \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura… ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia… y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto\u00bb; \u00faltimo precepto que, en lo pertinente, ense\u00f1a que el reglamento interno \u00abde la Corte Suprema de Justicia… determinar\u00e1 la conformaci\u00f3n de salas de decisi\u00f3n, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporaci\u00f3n, a las que se refiere el [memorado] numeral 8\u2026\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, en aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica y anal\u00f3gica de esas normas y, en concordancia con el art\u00edculo 44 del Reglamento Interno de esta Colegiatura (Acuerdo 006 de 2002), se considera que la solicitud de resguardo debi\u00f3 someterse a reparto a trav\u00e9s de la Presidencia de la Sala Plena de esta Corte. <\/p>\n

En lo ata\u00f1edero, en reciente pronunciamiento se dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n

(\u2026) Una vez revisadas las actuaciones procesales, esta Sala observa que la acci\u00f3n va dirigida de manera puntual contra el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 – Casanare y la Unidad de Carrera Administrativa; de ah\u00ed que, a efectos de determinar la competencia para conocer el tr\u00e1mite constitucional, habr\u00e1 de aplicarse el Decreto 1983 de 2017 que en su art\u00edculo 1\u00ba numeral 8 establece: <\/p>\n

Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se hace necesario invalidar la actuaci\u00f3n viciada, a partir del auto admisorio calendado 11 de enero de 2019, inclusive, debi\u00e9ndose rehacer el tr\u00e1mite correspondiente y vincular a las autoridades correspondientes, no sin antes advertir que las pruebas recaudadas conservar\u00e1n su validez. <\/p>\n

Ahora bien, como al tenor de lo dispuesto en el decreto citado y en el art\u00edculo 44 del Acuerdo n \u00ba 006 de 2002, la acci\u00f3n de tutela debi\u00f3 ser repartida por Sala Plena, entre todos los Magistrados de la Corporaci\u00f3n, por lo que deber\u00e1 remitirse a esta, para que se someta al reparto correspondiente y se proceda de conformidad\u2026 (ATL289-2019, 27 feb., rad. 83147). <\/p>\n

3. En consecuencia, el fallo proferido en este plenario por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n

5. Por lo consignado en precedencia, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala Plena de esta Corte, a fin de que sea asignado en primera instancia, de acuerdo con el reparto, el reclamo constitucional de marras. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n

3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n1 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad \te improrrogabilidad \tde la jurisdicci\u00f3n y la competencia. \tLa \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3]<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC355-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2020-00033-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de marzo de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 19 de febrero de 2020 por la Sala Civil – Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103609","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103609","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103609"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103609\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103609"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103609"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103609"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}